El delito político, en sentido amplio, es el delito cometido contra el Estado, pero su definición exacta es controvertida ya que hay estados, como España, que no lo incluyen en su Código Penal, aunque sí lo mencionan en los tratados de extradición con otros estados para excluir de los mismos a los acusados de haber cometido un delito político, siguiendo el mandato constitucional: "Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo" (Art.
"A partir de esa fecha, en algunos países europeos más lentamente que en otros, el Estado, la nación o el pueblo, más vastos y más abstractos, eran postulados como el objeto del crimen político, y no, o no exclusivamente, la persona del gobernante, su familia y sus servidores", afirma Edward Peters.
En este cambio en la consideración del delito político tuvieron mucho que ver las crecientes tensiones que se vivieron entre las potencias europeas en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, así como el proceso de "nacionalización de las masas" que experimentaron los Estados europeos durante esos mismos años.
"Ahora, el Estado, como la ley, representaba y hasta personificaba a un pueblo, y se la hacía funcionar de acuerdo con la voluntad del pueblo; quienes se oponían a él, criminales ordinarios o criminales políticos, se oponían a la voluntad del pueblo, y gradualmente el criminal político llegó a ser considerado más peligroso –y más repulsivo- que el criminal ordinario".
Una idea sobre la supuesta vulnerabilidad de los estados que se vio confirmada por la amenaza de los movimientos revolucionarios y cuya principal manifestación fue la irrupción del terrorismo anarquista en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX.