Defensoría del Pueblo de la Nación

[5]​ Cuenta con legitimación procesal e iguales inmunidades y privilegios que los legisladores.86 de la Constitución Nacional establece: El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.En diciembre de 1999 el Congreso nombró a Eduardo René Mondino como Defensor, quien fue reelegido en 2004 y finalizó su gestión en 2009.[2]​ A cargo de la Defensoría quedaron un secretario y luego un subsecretario, empleados administrativos que carecían de las funciones del Defensor y, por lo tanto, no podían iniciar ningún juicio contra el Estado.[6]​[7]​ Numerosas organizaciones reclamaron y demandaron en reiteradas oportunidades al Congreso que adoptara las medidas para iniciar el procedimiento de designación.Actúa siempre a nombre propio, por lo que sus actos no pueden ser atribuidos al Congreso Nacional.En relación con las segundas, hace uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades.Se sumaron a esta iniciativa, luego de los México, Canadá, Alemania y Dinamarca, y completaron el cuadro representantes de otras regiones por lo cual, con el apoyo del Special Envoy del GANHRI, Prof.Alan Miller, se conformó un Grupo de Trabajo Agenda 2030, representado por Dinamarca, con relación a Europa; Indonesia por Asia; Ghana por África; y Argentina por América.