Durante los años de la Monarquía romana, la disposición constitucional se centró en el rey, que tenía la facultad de designar a sus asistentes y delegar en ellos sus competencias específicas.
El Senado, dominado por la aristocracia, fue el consejo asesor del rey.
A menudo, el rey pidió el voto del Senado sobre cuestiones diversas, pero era libre de ignorar los consejos recibidos.
El rey también podría solicitar una votación sobre diversos asuntos a la Asamblea popular, que también era libre de ignorar.
La Asamblea popular era el vehículo mediante el cual el pueblo de Roma podía expresar sus opiniones.