En mayo de 2002 el gobierno disolvió la asociación por decreto.
El entonces Ministro de Justicia, Rubén Maye Nsue, creó un Consejo Superior de la Abogacía, presidido por él mismo, y declaró que todos los abogados debían solicitar a su ministerio el reconocimiento para su actividad.
[1] El Human Rights Institute de la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados) visitó el país en julio de 2003, y emitió un informe expresando honda preocupación.
[2] Un nuevo Colegio de Abogados se formó en enero de 2003, dirigido por Juan Oló Mba Nseng.
Un informe preparado por el ACNUR y publicado en 2004, afirmó que todos los miembros del nuevo Colegio de Abogados fueron nombrados por el Ministro de Justicia, estando bajo su control.