Ciudadano de segunda

[1]​ La ciudadanía de segunda clase generalmente es considerada como una violación a los derechos humanos.Los problemas más graves a los que se enfrenta un ciudadano de segunda son pérdida del derecho al voto, limitaciones a la hora de trabajar como funcionario público o alistarse en el ejército, así como también restricciones en el lenguaje, educación, libertad de tránsito y asociación, portación de armamento, matrimonio y derecho a la propiedad.En otras épocas estas personas se categorizaron como «miserables».[1]​ En contraste, un inmigrante residente puede tener derechos limitados en una determinada jurisdicción (tales como imposibilidad de votar), aunque recibe protección legal y es aceptado por la población local.Un ciudadano naturalizado posee prácticamente los mismos derechos y obligaciones cívico-políticas que cualquier otro (con excepción de ser elegido para desempeñar cargos públicos en ciertos países) y también goza de protección legal.