El Caso Zerrichera es la investigación de delitos de corrupción política relacionados con corrupción urbanística en torno a la finca protegida La Zerrichera, de Águilas, Región de Murcia, España.
El proyecto urbanístico La Zerrichera fue iniciado por el Grupo Hispania, propiedad del promotor Trinitario Casanova.
Una parte del territorio afectado está incluido en la Red Natura 2000.
El proyecto fue denunciado por Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.
El caso fue abierto por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, el 22 de febrero de 2007, que presentó una querella por prevaricación contra Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas, y un exconcejal, cuatro altos cargos de la Comunidad y un funcionario.