La parte acusadora planteó que Microsoft abusaba de su poder monopólico en las computadoras personales con núcleos Intel en cuanto a la gestión de las ventas del sistema operativo y del navegador web.

También es una empresa cuyos cargos ejecutivos no dudan en brindar testimonios superficiales para apoyar defensas espurias ante acusaciones de haber obrado mal.

El juez Colleen Kollar-Kotelly fue elegido para juzgar este caso.

El acuerdo propuesto requería que Microsoft compartiera sus application programming interfaces con otras empresas y designara un grupo de tres personas quienes tuvieran pleno acceso a los sistemas, registros y códigos fuentes de Microsoft durante cinco años para segurar se cumpliera con los términos del acuerdo.

[8]​ Sin embargo, el Departamento de Justicia no requería que Microsoft cambiara ninguna porción de su código ni prevenía que Microsoft "atara" otros software con Windows en el futuro.

Nueve estados (California, Connecticut, Iowa, Florida, Kansas, Minnesota, Utah, Virginia y Massachusetts) y el Distrito de Columbia (que habían trabajado en el caso junto con el Departamento de Justicia) no estuvieron de acuerdo con el acuerdo propuesto, sostenían que el mismo no tenía el alcance suficiente para recortar las prácticas empresariales anticompetitivas de Microsoft.

"[9]​ Andrew Chin, un profesor de leyes antimonopolio en la University of North Carolina at Chapel Hill que ayudó al juez Jackson a analizar el caso, escribió que el acuerdo le otorgaba a Microsoft "una inmunidad antimonopolio para licenciar Windows y otros 'softwares de plataforma' bajo condiciones contractuales que destruyen la libertad de competencia.

"[10]​[11]​[12]​ Eben Moglen destacó que la forma en que se le exigió a Microsoft que abriera sus APIs y protocolos solo era útil parar “interoperar con un Producto para el Sistema Operativo Windows”, y no para implementar soluciones para esos APIs y protocolos en cualquier otro sistema operativo competidor.