Uruguay junto con Chile son los únicos países de América Latina que han logrado una cobertura casi universal de acceso a agua potable segura.

No existe, sin embargo, acceso universal a saneamiento adecuado, particularmente en Ciudad de la Costa (aunque allí las obras de saneamiento se encuentran en plena ejecución) y algunas de las ciudades del interior del país.

En estos lugares, las aguas servidas suelen ser transportadas mediante camiones cisternas hasta vertederos, donde son finalmente dispuestas, finalizando generalmente en el curso de corrientes hídricas menores.

Debido a estas carencias, la prioridad del gobierno es mejorar la eficiencia de los servicios y ampliar el acceso al servicio de alcantarillado y de saneamiento en zonas donde se utiliza saneamiento en sitio, que es la mayor parte del territorio.

Tal es así, que el agua podía ser bebida directamente desde la canilla/grifo sin ningún tipo de problemas.

En las elecciones presidenciales realizadas en el 2004, también se aprobó en un referendo una enmienda de la Constitución que prohíbe la participación del sector privado en el sector de agua potable.

[3]​ Como resultado, el gobierno canceló la concesión de URAGUA en el mismo año.

No obstante, el desempeño de la OSE aún presenta áreas deficientes.

El gasto de OSE entre 1990 y 2005 fue de US$ 797 millones, lo que resulta en US$ 15.3 per cápita y año o en promedio el 0.24% del PIB.