Acuerdo Comercial Antifalsificación

ACTA (del inglés: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, traducido como Acuerdo comercial anti-falsificación) es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar la falsificación de bienes,[1]​ los medicamentos genéricos y la piratería en Internet.[2]​ Principalmente, las empresas beneficiadas son las RIAA y MPAA, empresas que dicen que compartir archivos entre usuarios sin ningún fin lucrativo es ilegal, desvirtuando a entidades por almacenar contenido con derechos protegidos u otorgados a un autor específico.Los participantes en estas negociaciones incluyen a: Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, la República de Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, y los Estados Unidos de América.Las discusiones en esta ronda de negociaciones se enfocaron en la restricción del entorno digital y rigidez criminal.[6]​ Ahora esta desea dar efecto su ley para inspeccionar cada webs y cada servicio darle un costo.Un documento, que se filtró, titulado Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement sugiere que los siguientes puntos serán incluidos en ACTA: nuevos regímenes legales para "incentivar a los proveedores de acceso a Internet (ISP) a cooperar con los titulares de derechos en la eliminación de materiales que infringen la ley, medidas penales e incremento del accionar aduanero en las fronteras.Los detalles publicados en febrero del 2009 indican que ACTA tiene seis capítulos principales.Además, reconoció el error de haber suscrito el pacto sin previo debate público.[9]​[10]​ En República Checa, el primer ministro Petr Necas declaró su preocupación por ACTA,[9]​ manifestando que “el gabinete no puede aceptar una situación en la que los fundamentos de la libertad y el acceso libre a la información estén en peligro”.La firma no fue informada oportunamente al Senado, cuyo pleno ya no se encuentra en periodo de sesiones, según lo ratificó el senador del PRI Eloy Cantú, quien formó parte de la comisión especial que revisó la conveniencia de firmar o no firmar este tratado.