En ese año la Cancillería estableció la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional (DGCTI).
Posteriormente, en 1988 la cooperación internacional para el desarrollo se elevó a un rango constitucional (Artículo 89) como un principio normativo de la política exterior mexicana.
Esta agenda se basa en el reconocimiento de que, al igual que los donantes tradicionales, los nuevos donantes del Sur asumen responsabilidades frente a países más pobres, pero sobre la base de “responsabilidades diferenciadas”.
La AMEXCID utiliza diferentes esquemas de cooperación, incluidos los tradicionales como el bilateral, regional, multilateral, triangular y ayuda humanitaria.
En cambio, países de Centroamérica y el Caribe destacan por su alta dependencia: Nicaragua 5.2%, Haití 16.1%, Dominica 5.5%, Bolivia 2.6%.