La Ley de Servicio Público de Filipinas , también conocida como Ley de la Mancomunidad N.º 146, es una ley filipina que fue promulgada por el presidente Manuel L. Quezón el 7 de noviembre de 1936 y que supervisa los servicios públicos en el país. La Ley, que se originó en 1936 durante la Mancomunidad de Filipinas, tiene como objetivo principal regular y supervisar los servicios públicos, asegurando su eficacia, confiabilidad y asequibilidad. En 2022, el presidente Rodrigo Duterte firmó la Ley de la República N.º 11659, que modificó de manera integral la Ley de Servicio Público. Estas modificaciones eliminaron las restricciones a la propiedad extranjera y redefinieron el alcance de los servicios públicos. [1]
Las disposiciones clave de la Ley de Servicio Público incluyen la definición de los servicios públicos , que abarcan diversas industrias como las telecomunicaciones , el transporte , la electricidad y el suministro de agua . La Ley describe los requisitos y procedimientos para que las entidades operen como servicios públicos, incluida la obtención de franquicias o certificados de conveniencia pública del gobierno.
La Ley también faculta al gobierno, a través de la Comisión de Servicio Público (PSC), a regular los servicios públicos, incluyendo la fijación de tarifas, la garantía de estándares de calidad y la resolución de disputas entre proveedores de servicios y consumidores.
La Ley de Servicio Público sufrió una importante modificación en 2022 con la aprobación de la Ley de la República N° 11659. La modificación tenía por objeto modernizar la regulación de los servicios públicos en el país. Las disposiciones clave de la modificación incluyen la redefinición de los servicios públicos, la eliminación de las restricciones de nacionalidad a las inversiones y la introducción de un marco regulatorio para fomentar la competencia y proteger los intereses de los consumidores. [1]
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley de la República Nº 11659 es la redefinición de los servicios públicos. Según la ley modificada, los servicios públicos se limitan a ciertos servicios esenciales, como la distribución de electricidad , la distribución de agua y los sistemas de alcantarillado . Esta redefinición aclara qué industrias están sujetas a regulaciones estrictas y limitaciones a la propiedad extranjera. [2]
Otro aspecto importante de la enmienda es la eliminación de las restricciones de nacionalidad a las inversiones en servicios públicos. Los inversores extranjeros ahora pueden ser propietarios absolutos de empresas de servicios públicos, siempre que cumplan con ciertas normas y requisitos establecidos por el gobierno. Se espera que este cambio atraiga más inversiones extranjeras y promueva la competencia en el sector de servicios públicos. [3]