La crisis bancaria uruguaya de 2002 fue una de las mayores crisis bancarias que afectó a Uruguay en julio de 2002. En ella, una masiva retirada de depósitos de los bancos por parte de los depositantes (la mayoría de ellos de la vecina Argentina) provocó que el gobierno congelara las operaciones bancarias. La crisis fue causada por una contracción considerable de la economía uruguaya y por la excesiva dependencia de Argentina (aumento del turismo y la construcción), que atravesó una fase fuerte de crisis económica a fines de 2001. En total, se retiraron aproximadamente un tercio de los depósitos del país y cinco instituciones financieras quedaron insolventes. El valor del peso uruguayo cayó, perdiendo casi la mitad de su valor frente al dólar estadounidense en 2002.
Si las autoridades uruguayas hubieran regulado adecuadamente a los bancos, la crisis bancaria podría haberse evitado por completo. El Banco Central del Uruguay (BCU) confió en que los bancos internacionales se autorregularían adecuadamente y fue demasiado indulgente y lento a la hora de responder a la crisis.
En 1990, Chemical Overseas Holdings, Inc. (una subsidiaria de JPMorgan Chase ) junto con Dresdner Bank Latinamerika y Credit Suisse First Boston adquirieron el Banco Comercial del Uruguay (BCU), uno de los bancos nacionales más grandes y antiguos de ese país. Con el tiempo, Uruguay se convirtió en un gran centro bancario offshore para Argentina y Brasil , en gran medida como resultado de sus leyes bancarias laxas y la visión predominante entre los argentinos de que Uruguay era un lugar estable para sus ahorros.
Como resultado de la crisis bancaria, sólo en el BCU desaparecieron unos 800 millones de dólares. Al final, cinco instituciones financieras quebraron y cientos de miles de ahorristas en Uruguay, Argentina y Brasil quedaron en graves dificultades económicas al ver cómo sus cuentas bancarias literalmente desaparecían.
En enero de 2005, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París dictaminó que el gobierno uruguayo tendría que pagar 120 millones de dólares a JPMorgan Chase & Co., Dresdner Bank AG y Credit Suisse First Boston por no mantener la solvencia del BCU.
La crisis pone de relieve las dificultades que tienen los tres bancos para gestionar el riesgo en los países en desarrollo y tratar con socios locales en tiempos de crisis financiera. Como resultado, un grupo de antiguos depositantes del BC está demandando a los tres bancos internacionales y a los directores individuales que ellos designaron para el directorio del BC para recuperar las pérdidas sufridas como resultado del colapso del banco.
El presidente Jorge Batlle nombró a uno de sus políticos más respetados, Alejandro Atchugarry , como Ministro de Economía y Finanzas, una decisión que resultó vital para restablecer los fundamentos de la recuperación económica. [1] El papel del economista y académico Carlos Steneri fue considerado fundamental para la salida de la crisis. [2]