La Ley de Servicios Auxiliares ( en alemán : Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst ) fue una ley del Imperio alemán introducida durante la Primera Guerra Mundial el 6 de diciembre de 1916 para facilitar el Programa Hindenburg , un intento de los militares de movilizar recursos escasos, incluida mano de obra, más eficientemente para el esfuerzo bélico.
Según los términos de la ley, todo varón alemán de entre diecisiete y sesenta años, a menos que hubiera sido llamado a filas para el servicio militar, estaba obligado a prestar servicio nacional durante la guerra (§ 1). [1] Los tipos de trabajadores considerados en el servicio auxiliar nacional incluían aquellos empleados por autoridades públicas, agencias oficiales, industrias de guerra, agricultura y silvicultura, enfermería, organizaciones relacionadas con la guerra de cualquier tipo, o "en otras ocupaciones y oficios que son directa o indirectamente importantes para la guerra o la regulación económica" (§ 2). [1]
La Ley sobre el Servicio Auxiliar Patriótico marcó una etapa importante hacia la guerra total y, a largo plazo, en el desarrollo del derecho laboral alemán. La ley fue un paso hacia la militarización total de la economía y la movilización de todos los recursos materiales y personales en una búsqueda para preparar a Alemania para la guerra industrial. Sin embargo, para mantener el apoyo del Reichstag y la lealtad de los trabajadores, el gobierno alemán hizo numerosas concesiones para ayudar a evitar conflictos laborales. Así, la ley preveía un sistema de comités de mediación a nivel de taller. De esta manera, el Estado reconoció legalmente a los sindicatos como socios negociadores en pie de igualdad con los empleadores. También estableció las alianzas sociales entre las asociaciones económicas de trabajadores y empleadores. De este modo, bajo la autoridad del Reichstag se ampliaron tanto la participación de los empleados como la influencia de los sindicatos. [2]
El general prusiano Wilhelm Groener , jefe del recién formado Kriegsamt (equivalente a una Oficina para la Guerra Económica), fue responsable de implementar la ley. [3]
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