La Ley de las lenguas oficiales ( en francés : Loi sur les langues officielles ) es una ley canadiense que entró en vigor el 9 de septiembre de 1969, [1] que otorga al francés y al inglés el mismo estatus en el gobierno de Canadá . [2] Esto los convierte en idiomas "oficiales", teniendo un estatus preferente en la ley sobre todos los demás idiomas. Aunque la Ley de las lenguas oficiales no es la única pieza de ley lingüística federal, es la piedra angular legislativa del bilingüismo oficial de Canadá . Fue modificada sustancialmente en 1988. Ambos idiomas son iguales en el gobierno de Canadá y en todos los servicios que controla, como los tribunales.
La Ley [3] establece, entre otras cosas,
El gobierno federal ha establecido normas que establecen categorías lingüísticas (anglófona, francófona, bilingüe) para algunas funciones laborales dentro del servicio público. Los departamentos y agencias del gobierno federal deben cubrir estos puestos con personas que sean capaces de atender al público en inglés, en francés o en ambos idiomas. Los funcionarios públicos unilingües reciben incentivos para aprender el otro idioma oficial, y el gobierno proporciona capacitación en el idioma y ofrece un "bono por bilingüismo".
La Parte VI de la Ley establece que los canadienses de habla inglesa y los canadienses de habla francesa no serán discriminados por su origen étnico o su primera lengua aprendida cuando se trate de oportunidades de empleo y ascensos. [4]
La ley también creó el Comisionado de Idiomas Oficiales , un funcionario del Parlamento encargado de recibir quejas del público, realizar investigaciones y hacer recomendaciones respecto del estatus de los dos idiomas oficiales.
La Sección 32 de la Ley de las Lenguas Oficiales autoriza al Gobernador en Consejo ( es decir , el gabinete federal) a emitir reglamentos que definan las regiones geográficas en las que el gobierno federal ofrecerá servicios en la lengua minoritaria pertinente (inglés en Quebec y francés en el resto del mundo). [5] Esto proporciona una definición legal para el requisito, por lo demás vago, de que los servicios se presten en las lenguas oficiales minoritarias donde haya una "demanda significativa". La definición utilizada en los reglamentos es compleja, pero básicamente una zona del país se atiende en ambas lenguas si al menos 5.000 personas en esa zona, o el 5% de la población local (lo que sea menor), pertenece a la población de la minoría lingüística inglesa o francesa de esa provincia. [6] Los reglamentos se promulgaron por primera vez en 1991. [7]
La Ley de las lenguas oficiales fue una de las piedras angulares del gobierno de Pierre Trudeau . La ley fue un intento de implementar algunos de los objetivos de política delineados por la Comisión Real sobre Bilingüismo y Biculturalismo , creada en 1963 y que desde entonces había estado emitiendo informes periódicos sobre la manera desigual en que la administración federal trataba a las poblaciones de habla inglesa y francesa de Canadá. En ese momento, solo el 9% de los puestos de trabajo dentro del servicio público federal estaban ocupados por francófonos, [8] a pesar de que los francófonos constituían una cuarta parte de la población canadiense. La proporción de puestos de trabajo designados como bilingües aumentó al 14% en 1978 y al 25% en 2004. [9]
Una de las características más importantes de la ley de 1969 fue garantizar que los servicios del gobierno federal se prestaran en ambos idiomas oficiales, siempre que el tamaño de la población lo justificara.
Sus principios fueron incorporados posteriormente a la Constitución de Canadá , en la Sección 16 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades .
En 1988 se promulgó una nueva Ley de Lenguas Oficiales con el fin de lograr dos objetivos.
En primer lugar, fue necesario actualizar la ley de 1969 para tener en cuenta las nuevas obligaciones relacionadas con el idioma que el gobierno federal había asumido en virtud de las secciones 16 a 23 de la Carta de Derechos y Libertades , que se había promulgado en 1982. Por ejemplo, la sección 20 de la Carta de Derechos y Libertades garantiza el derecho del público canadiense a comunicarse en inglés y francés con cualquier oficina del gobierno central o con oficinas regionales cuando exista "una demanda significativa de comunicación y servicios de esa oficina". La demanda significativa no está definida en la Carta de Derechos y Libertades . Uno de los propósitos de la Ley de Idiomas Oficiales de 1988 fue remediar esta omisión. [ cita requerida ]
En segundo lugar, la nueva ley incluía disposiciones para la promoción por parte del gobierno de Canadá de la minoría anglófona de Quebec y de las minorías francófonas del resto del país. Los programas que caen bajo el paraguas de la "promoción" suelen estar diseñados para alentar a cada gobierno provincial a ofrecer servicios a su comunidad minoritaria de lengua oficial, y contienen un mecanismo para transferir fondos a los gobiernos provinciales con el fin de financiar una parte de esos programas. Según la constitución federal de Canadá, muchos servicios importantes, como la educación y la salud, son de jurisdicción provincial y, por lo tanto, están fuera del alcance de cualquier gasto federal directo. La transferencia de fondos federales, condicionada al cumplimiento por parte de cada gobierno provincial de condiciones detalladas establecidas en un acuerdo de financiación, es un método permitido por la Constitución para eludir esta restricción jurisdiccional.
Esto parece indicar que la Ley de lenguas oficiales y la Carta de la lengua francesa de Quebec (también conocida como "Ley 101") tienen objetivos fundamentalmente opuestos. Sin embargo, esta perspectiva no goza de aceptación universal. Por ejemplo, el ex líder liberal Michael Ignatieff ha declarado que "la Ley 101 y la Ley de lenguas oficiales no se oponen, sino que son complementarias". [10]
En 1969, la ley fue adoptada con el apoyo de todos los partidos en la Cámara de los Comunes de Canadá . A pesar de esto, no hubo un apoyo universal a la ley. Los primeros ministros de las tres provincias de las Praderas solicitaron, a principios de 1969, que el Proyecto de Ley de Idiomas Oficiales fuera remitido a la Corte Suprema de Canadá para determinar su constitucionalidad. Sostuvieron, junto con JT Thorson, el ex presidente del Tribunal de Hacienda de Canadá , que el proyecto de ley estaba fuera de los poderes del Parlamento de Canadá. [11] La referencia al tribunal nunca se hizo, pero la cuestión legal se resolvió en 1974, cuando la Corte Suprema dictaminó, en Jones v. Attorney General of New Brunswick , que el objeto del proyecto de ley estaba dentro de la jurisdicción federal.
En las décadas siguientes, la respuesta de los gobiernos provinciales al ejemplo dado por el gobierno federal ha sido mixta:
El apoyo público a los servicios bilingües había aumentado drásticamente entre mediados de los años 1960 y finales de los años 1970. No había ninguna encuesta directa sobre la popularidad de la Ley de Idiomas Oficiales en ese momento, pero los datos de las encuestas sobre cuestiones relacionadas dan una indicación de un cambio significativo en las actitudes de los canadienses de habla inglesa. Una encuesta de 1965 mostró que el 17% de los canadienses que vivían fuera de Quebec estaban a favor del uso de fondos públicos para financiar escuelas de lengua francesa. Esta proporción había aumentado al 77% en 1977 (aunque en respuesta a una pregunta ligeramente diferente sobre el apoyo a los gobiernos provinciales que ofrecían servicios en francés "cuando fuera posible"). [14]
En Quebec, los cambios en el tratamiento de los francófonos dentro del servicio público federal fueron recibidos con aprobación combinada con escepticismo de que esto realmente ayudara a la mayoría francófona unilingüe de los quebequenses, quienes continuaron siendo excluidos de todos los empleos federales designados como "bilingües", ya que por definición un empleo "bilingüe" requiere el uso del inglés.
Sin embargo, los cambios encontraron cierta oposición en el Canadá angloparlante. Braithwaither, columnista del Toronto Telegram, resume la posición de los opositores al proyecto de ley de la siguiente manera: "No tenemos miedo de ningún aspecto del proyecto de ley sobre el idioma, simplemente lo consideramos innecesario, políticamente motivado, costoso de implementar, divisivo y, como afecta al tercio no inglés ni francés de la población, totalmente discriminatorio". [15]
Según el proyecto de ley, algunos puestos en el sector público se designaron como bilingües. En la implementación del proyecto de ley, si un puesto bilingüe lo ocupaba un anglófono monolingüe, se le permitía mantener su puesto con la condición de que intentara aprender francés, y todos los titulares posteriores de ese puesto debían ser bilingües. En estas circunstancias, se temía que, debido a la mayor tasa de bilingüismo entre los francófonos, las personas cuya primera lengua oficial es el francés pasaran a estar sobrerrepresentadas en el sector público. Sin embargo, esto no ha sucedido. La proporción de hablantes de francés como primera lengua oficial respecto de hablantes de inglés como primera lengua oficial en el sector público es casi la misma que en la población general. [16] [17]
En cualquier caso, la adopción del bilingüismo oficial a nivel federal no hizo prácticamente nada para frenar el ascenso del movimiento soberanista. El nacionalista Parti Québécois logró su primer avance electoral significativo menos de un año después de la adopción de la Ley de lenguas oficiales , al ganar el 23% de los votos en las elecciones provinciales de Quebec de 1970 y reemplazar a la Union Nationale como principal vehículo electoral del nacionalismo quebequense . Seis años después, el Parti Québécois llegó al poder en las elecciones provinciales de 1976 .
El Comisionado para las Lenguas Oficiales señala de vez en cuando que los organismos federales sujetos a la ley no cumplen con sus obligaciones legales en materia de lenguas oficiales. En un informe publicado en 2004 con motivo del 35º aniversario de la Ley de Lenguas Oficiales , el Comisionado Dyane Adam señaló que sólo el 86% de los puestos calificados como "bilingües" en la función pública federal estaban ocupados por personas que dominaban efectivamente las dos lenguas oficiales. No obstante, esta cifra representaba un aumento con respecto a la de 1978, cuando sólo el 70% de los titulares de puestos calificados como "bilingües" eran capaces de hablar ambas lenguas a niveles aceptables. [18]
Según una encuesta realizada en 2002, el 98% de los quebequenses considera que el bilingüismo oficial es «muy importante» o «bastante importante». Esta proporción se reduce al 76% en las provincias del Atlántico, al 72% en Ontario, al 67% en las provincias de las Praderas y al 63% en Columbia Británica . [19] Otra encuesta, realizada en 2000, muestra que más de la mitad de los canadienses fuera de Quebec creen que se han hecho demasiados esfuerzos para promover el bilingüismo. En cambio, solo el 26% de los quebequenses comparte esta opinión. [20] Una encuesta realizada en 2012 reveló que el 63% de los canadienses estaban a favor del bilingüismo en todo Canadá, un aumento del 9% desde la última vez que se realizó esa misma encuesta en 2003. [21]
En 2016, se realizó otra encuesta que mostró un creciente apoyo al bilingüismo oficial en todas las provincias. Entre los encuestados por teléfono, el 88% de los canadienses dijeron que "apoyan firmemente" o "apoyan algo" los objetivos de la Ley de idiomas oficiales : el 91% en el Atlántico, el 94% en Quebec , el 87% en Ontario , el 83% en las Praderas, el 90% en Alberta y el 84% en Columbia Británica. El 84% de los encuestados por teléfono también dijeron que personalmente "apoyan firmemente" o "apoyan algo" el bilingüismo oficial. Los resultados fueron más mixtos en la parte en línea de la encuesta, donde el 78% de los encuestados dijeron que "apoyan firmemente" o "apoyan algo" los objetivos de la Ley de idiomas oficiales , y el 73% dijeron que personalmente "apoyan firmemente" o "apoyan algo" el bilingüismo oficial. En otra encuesta realizada sobre este tema el mismo año, el 67% de los encuestados en todo Canadá respondió "sí" a la pregunta "¿Está usted personalmente a favor del bilingüismo para todo Canadá?", mientras que el 31% dijo "no". [22]
En junio de 2021, el Gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley parlamentario para modernizar la Ley de Idiomas Oficiales en una sociedad cambiante y más digital. [23]
En 2022, el Gobierno de Canadá presentó el proyecto de ley C-13, que modifica la Ley de las lenguas oficiales y otras leyes relacionadas. [24] [25] [26] [27] El 15 de junio de 2023, el proyecto de ley C-13 pasó la tercera lectura en el Senado y está a la espera de la sanción real. [28]
La Ley de Idiomas Oficiales se aplica al inglés y al francés, pero no incluye protecciones formales para ningún otro idioma hablado en Canadá, sea indígena o no. En una alocución en Winnipeg durante su primer mandato, Pierre Elliott Trudeau dijo que el francés fue seleccionado como idioma oficial principalmente debido a su importante peso demográfico en Canadá. Por ello, si el ucraniano llegara a ser la lengua materna de, digamos, el 10% de la población, Trudeau aseguró a la multitud que se tomarían medidas para que el ucraniano fuera también un idioma oficial de Canadá. [29] [ verificación requerida ]
Más recientemente, Romeo Saganash , miembro del Parlamento del NDP por Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou de 2011 a 2019, propuso que todas las lenguas indígenas que todavía se hablan hoy en día se conviertan en lenguas oficiales de Canadá. [30] Saganash también aboga por el derecho a hablar lenguas indígenas en la Cámara de los Comunes y el Senado . [31]
La última gran reforma de la OLA se remonta a 1988, y los cambios intermedios en la dinámica lingüística de Canadá han dado lugar a nuevas realidades que requieren cambios en nuestro régimen lingüístico y su modernización.
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