Estados Unidos v. Southwestern Cable Co. , 392 US 157 (1968), es un caso en el desarrollo del derecho administrativo estadounidense .
El alcance de la autoridad de una agencia está determinado por el estatuto orgánico de la misma . Cuando el Congreso otorga a una agencia el poder de mantener y regular un área guiada por el "interés público, conveniencia o necesidad", tal concesión de poder puede incluir la regulación de áreas no contempladas explícitamente por el estatuto orgánico, siempre que estén dentro del alcance del propósito del estatuto original. Cuando la acción de la agencia es necesaria para cumplir con el objetivo final de la agencia, la Corte no puede prohibir dicha acción.
Nota: El enfoque en este caso adopta un enfoque mucho más expansivo que el caso anterior de ICC v. Cincinnati, New Orleans and Texas Pacific Railway Co. , que preveía poderes más limitados para las agencias administrativas. En concreto, la ICC sostuvo que los poderes regulatorios deben otorgarse expresamente por ley y no implícitamente, mientras que NBC v. US , 319 US 190 (1943), sostuvo que la emisión de reglamentos, aunque no se otorguen expresamente, es una forma aceptable para que la agencia cumpla con sus obligaciones legales de servir al "interés público, la conveniencia o la necesidad".
La FCC estableció normas sobre la televisión por antena comunitaria (CATV, o "cable") y emitió una orden sobre la base de esas nuevas normas. Southwestern Cable presentó una demanda para revisar la orden, argumentando que las normas eran inadmisibles. El Tribunal de Apelaciones falló a favor de Southwestern Cable.
La Corte Suprema revocó la decisión y dictaminó a favor de la FCC que las regulaciones eran permisibles.
La autoridad de la FCC se derivaba de la Ley de Comunicaciones de 1934 , con sus modificaciones. La Ley disponía que las responsabilidades de la Comisión eran:
Además, se le otorgó a la FCC:
Southwestern Cable argumentó que la Ley de Comunicaciones, correctamente entendida, no permite la regulación de la CATV, porque
El Tribunal toma nota luego de los informes de la Comisión que indican la importancia de regular la CATV, porque de no hacerlo, los beneficios de la CATV se verían "puestos en peligro por el crecimiento explosivo no regulado de la CATV".
La Corte señala finalmente que los precedentes judiciales indican que la Corte no puede, "en ausencia de evidencia convincente de que tal era la intención del Congreso... prohibir la acción administrativa imperativa para el logro de los propósitos finales de una agencia".