El Caso Purga es el término mediático que designa a un proceso judicial penal en Ecuador en el que el Ministerio Público ha presentado cargos contra varios funcionarios públicos y operadores de justicia, buscando probar los vínculos entre la política , la justicia y el narcotráfico . [1] [2]
“El Caso Purga es una demostración de cómo se generó la corrupción desde las más altas esferas de la política legislativa, que puso a su servicio y, obviamente, al servicio del narcotráfico, la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas , a través de la cual las economías criminales habían encontrado un vehículo operativo muy rentable para que floreciera la impunidad”, afirmó la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar . [3] [4] [5]
La fase de investigación abarca un periodo de 90 días en el proceso penal relacionado con la delincuencia organizada dentro del caso Purga, el cual inició el 5 de marzo de 2024. Durante esta etapa se dictaron órdenes de prisión preventiva para ocho de los implicados, tres están sujetos a medidas de presentación periódica con prohibición de salida del país. Adicionalmente, una persona fue puesta bajo arresto domiciliario. [6] El caso Purga inicia con un expediente fiscal integrado por 490 tomos. [6]
El 4 de marzo de 2024, la Corte Nacional de Justicia fue escenario de una audiencia crucial de formulación de cargos relacionada con el caso Purga, que involucra a 12 personas acusadas de crimen organizado . Al frente de esta sesión estuvo el juez Javier de la Cadena de la Corte Nacional de Justicia, quien, en su papel crucial, evaluó la solicitud de la Fiscalía para determinar medidas cautelares apropiadas para los acusados. El caso dio un giro inesperado cuando, luego de una audiencia extensa y minuciosa que se extendió desde las 9:00 p.m. del 4 de marzo hasta la madrugada del día siguiente, el magistrado decidió imponer prisión preventiva para 11 de los 12 acusados, mientras que a uno de ellos, por avanzada edad, se le concedió la alternativa del arresto domiciliario. [2] En los 43 allanamientos realizados dentro del caso Purga, la Fiscalía incautó teléfonos celulares , computadoras portátiles , dispositivos de almacenamiento de información, licor , joyas y dinero en efectivo. Los operativos se llevaron a cabo en las provincias de Guayas y Pichincha . [7]
Entre los nombres que resonaron en la sala de la Corte Nacional de Justicia durante esa jornada se encontraban figuras destacadas como el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. Ambos fueron implicados como parte de la presunta trama de crimen organizado. Este importante proceso judicial se caracterizó por su complejidad y la gravedad de las acusaciones, generando un importante interés tanto en la opinión pública como en los círculos políticos y judiciales del país.
La audiencia, que se extendió hasta la madrugada, fue suspendida y reanudada más tarde, demostrando la complejidad y el análisis detallado que el juez De la Cadena aplicó al evaluar cada caso. La determinación de medidas cautelares no sólo impactó en la vida de los imputados sino que desató debates y discusiones en torno a la aplicación de la justicia en casos de esta magnitud, marcando así un capítulo relevante en la historia judicial del país. [8]
El caso Purga revela una trama de corrupción que involucra a figuras del ámbito jurídico. Este informe desentraña las conexiones y actividades que apuntan a una red de corrupción que ha permeado diferentes niveles del sistema judicial. [9] [10]
En una sesión judicial llena de tensión, el magistrado Javier de la Cadena ordenó prisión preventiva contra dos figuras destacadas: Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y el juez Johan Marfetán. Ambos enfrentan acusaciones de liderar una red de crimen organizado en el caso Purga, según la Fiscalía. Este veredicto marcó un hito en el proceso legal que se desarrolló el 5 de marzo de 2024, a las 8:00 a.m. Sin embargo, el caso también reveló una situación particular con Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, quien alegó depresión para evitar la prisión preventiva. A pesar de la presentación de certificados médicos que mencionaban trastornos depresivos, ansiedad e hipertensión arterial, el juez desestimó estos argumentos, enfatizando que no calificaban como casos especiales contemplados en el Código Penal. [33]
Luego de un receso de más de 10 horas, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, reanudó la audiencia de formulación de cargos contra los 12 detenidos por el caso Purga. La llegada de los aprehendidos, escoltados por un fuerte escolta policial, coincidió con el ingreso de la Fiscal General Diana Salazar, quien portaba un chaleco antibalas. Durante esta fase crucial, el magistrado consideró el pedido de la Fiscalía, que contemplaba la imposición de prisión preventiva para la mayoría de los detenidos y arresto domiciliario para el juez Bernardo Cevallos, aduciendo su avanzada edad, más de 70 años. Este momento destacado de la audiencia reflejó la complejidad y minuciosidad con la que se abordaron las decisiones judiciales. [34]
Luego de escuchar los argumentos de los abogados defensores de los imputados, el juez Javier de la Cadena abandonó la sala para deliberar sobre la solicitud de prisión preventiva de la fiscal Diana Salazar. La audiencia, inicialmente prevista para reanudarse a las 16:00 horas, sufrió una postergación y finalmente se reanudó a las 18:00 horas. Este prolongado episodio subrayó la importancia y sensibilidad del proceso judicial, manteniendo en vilo a la opinión pública y generando expectativas respecto de las decisiones judiciales que determinarían el destino de los involucrados en el caso Purga. [35]
Ante la emergencia en la Corte del Guayas, en rueda de prensa el 8 de marzo de 2024, Álvaro Román, Presidente del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, Vocal del Consejo de la Judicatura, y Ana María Ayala, Directora Provincial del Guayas, explicaron que se nombrarían nuevos jueces en la Sala Penal. Se han mantenido los sueldos de los 7 jueces aprehendidos por el caso Purga, y los montos salariales de estos siete magistrados se mantendrán hasta que haya una resolución. [36]
Estrechamente vinculada a supuestas irregularidades dentro del sistema judicial ecuatoriano, su mención en conversaciones entre Mayra Salazar y el juez penal Guillermo Valarezo Coello revela su presencia en momentos críticos del proceso. La solicitud de Fabiola Gallardo para que Celi se una a la discusión sugiere su posible influencia o involucramiento en los hechos relacionados con el caso, creando un ambiente de tensión y preocupación. Además, las declaraciones de Salazar señalan directamente a Celi como una de las principales operadoras de la trama de corrupción, resaltando su papel como ex vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Su renuncia justo antes del juicio político para remover al vocal titular Fausto Murillo sugiere una posible conexión entre los hechos y su posterior salida, levantando interrogantes sobre su papel en la red de influencia y corrupción que rodea el caso Purga. [32]
“Pagan el piso, pagan la mano de obra y perjudican con 30 millones de dólares a Metropolitan. Una entidad pública que favorece a un grupo del crimen organizado dentro de la administración de justicia. Y no termina ahí, también con la participación de la ex vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) que renunció hace un par de días. Ella era la operadora en este caso”. [32]
Según la Procuraduría, la participación de Elsy Celi en el caso Purga arroja luz sobre la complejidad y gravedad de las denuncias de corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano. Su presunta participación como operadora dentro de una red de influencias y favores ilícitos revela la profundidad de los problemas sistémicos que enfrenta la administración de justicia en el país. [37] La renuncia estratégica de Celi en medio de un contexto político tenso, marcado por el impeachment de Fausto Murillo, sugiere una posible maniobra para evitar la exposición pública de sus actividades ilícitas. Su conexión con otros actores clave, como Mayra Salazar y el juez penal Guillermo Valarezo, sugiere una red de complicidades que apunta a un marco más amplio de corrupción que socava la integridad del sistema judicial ecuatoriano. [38] [39] La revelación de su papel en el caso Purga plantea desafíos importantes para la lucha contra la corrupción y el restablecimiento de la confianza en las instituciones judiciales del país. [32]
El 10 de agosto de 2023, Daniel Salcedo se vio envuelto en un intrigante episodio, según la versión presentada por la Fiscalía. En esa fecha, el imputado solicitó a Mayra Salazar, mediante un intercambio de mensajes, que difundiera en redes sociales un video atribuido al grupo conocido como “GDO Los Lobos”. En dicho material audiovisual, Los Lobos hacían declaraciones respecto al reciente asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido un día antes. [40] El fiscal, durante la audiencia, compartió un fragmento del audio donde una voz identificada como parte de Los Lobos manifestaba rechazo al asesinato del candidato presidencial, señor Fernando Villavicencio, y negaba su participación en actos violentos contra el gobierno o civiles. La instrucción de Salcedo a Mayra Salazar, según el fiscal, fue clara: “Para que se viralice… súbelo a las redes”. La respuesta de Salazar, registrada en los mensajes, reveló un tono irónico: “ Jaja ...
En definitiva, la información aportada en la audiencia por el fiscal arrojó luz sobre la participación de Daniel Salcedo en la difusión del video, presentando un elemento sustancial que ahora forma parte de la investigación más amplia que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato de Fernando Villavicencio.
Mayra Salazar, conocida inicialmente por su detención en el caso Metástasis y por ser pareja de Leandro Norero, según la acusación presentada, operaba un "centro de trolls" diseñado para favorecer a Pablo Muentes mediante la difusión de mensajes comisionados. Adicionalmente, habría adquirido conocimiento sobre el sistema de asignación de causas, utilizando esta información en su propio beneficio. El expediente que sustenta estas afirmaciones contiene, entre otras pruebas, conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono de Mayra Salazar. Según la Fiscalía, estas conversaciones ilustran, por ejemplo, un acercamiento entre el juez Gallardo y el abogado de 'Fito', con la intención de favorecerlo en una causa que buscaba liberarlo de 'La Roca'. Tales intercambios también revelarían comunicaciones entre Mayra Salazar y Daniel Salcedo, otro imputado en los casos Metástasis y corrupción hospitalaria. La Fiscalía sostiene que en esos chats, Salazar informaba sobre "arreglos en los sorteos de causas judiciales", que involucraban al exconsejero de la Judicatura, Xavier Muñoz, también procesado en el caso Independencia Judicial. [1] [24] Las pruebas presentadas por la Fiscalía arrojan luz sobre la compleja red de influencias y manipulaciones en las que habría estado involucrada Mayra Salazar. La capacidad para dirigir un “troll center” orientado a beneficiar a Muentes pone de relieve el alcance de su supuesto papel en prácticas que distorsionaron la integridad del sistema judicial. [24] Las conversaciones de WhatsApp no solo revelan las supuestas conexiones de Salazar con el juez Gallardo y el abogado de Fito sino que también sugieren una coordinación activa con Daniel Salcedo en la manipulación de sorteos judiciales. Estos elementos, presentados como parte del expediente del caso, alimentan las sospechas de la Fiscalía sobre la posible complicidad de Salazar en prácticas judiciales corruptas y sus vínculos con otros actores involucrados en casos de trascendencia nacional. [42] En definitiva, el contenido de las conversaciones de WhatsApp desenreda una intrigante trama donde la figura de Mayra Salazar emerge como un eslabón clave en la supuesta manipulación del sistema judicial. Los detalles específicos sobre los “arreglos en los sorteos de las causas judiciales”, resaltados por la Fiscalía, añaden una dimensión adicional a la complejidad del caso, enfatizando la necesidad de un análisis minucioso para desentrañar a fondo las prácticas corruptas que pudieron haber afectado el funcionamiento de la justicia. En el celular de Mayra Salazar, las conversaciones abarcan desde ofertas de negocios para Los Lobos hasta cómo involucrarse en el narcotráfico. Ella mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Metástasis, que cumple en la Casa de Confianza de Chillogallo, ubicada en el sur de Quito.
Entre los casos que llevan los jueces actualmente detenidos están los de Leandro Norero, Efraín Ruales y Junior Roldán. [14] En el epicentro del caso Purga, las salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas han sido testigos de procesos judiciales de gran trascendencia nacional, que abarcan desde políticos hasta conocidos narcotraficantes. Estos casos, en su mayoría supervisados por el ahora cuestionado juez Reinaldo Cevallos, han puesto de relieve la complejidad de la justicia en la provincia. Entre los implicados, el líder de Los Choneros, Leandro 'El Patrón' Norero, y sus asociados 'Fito' y 'JR', solicitaron medidas cautelares para salir de prisión, así como el ex legislador socialcristiano Pablo Muentes, detenido por delincuencia organizada derivada del caso Metástasis. El juez Johan Marfetán Medina de la Corte Provincial de Justicia del Guayas jugó un papel clave en la apelación de la prisión preventiva de Israel Norero, hermano de 'El Patrón'. Su nombre apareció en los chats de Leandro Norero con sus familiares, y en 2015, Marfetán fue suspendido junto a otros dos magistrados por revocar una condena en un caso de homicidio. En otro frente, el caso de corrupción hospitalaria que involucra al juez Reinaldo Cevallos Cercado, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se centró en la compra a sobreprecio de bolsas para cadáveres e insumos en el Hospital Los Ceibos del Seguro Social por parte de Daniel Salcedo. La oficina de Cevallos Cercado fue allanada en 2023 en una investigación por presunto prevaricato, y en agosto del mismo año, la Sala Penal, de la que formaba parte, falló a favor del capo de la droga Adolfo Macías, alias 'Fito', impidiendo su traslado a cualquier lugar que no fuera la Cárcel Regional de Guayaquil. El Consejo de la Judicatura deploró en 2014 el hallazgo de armas de grueso calibre en la residencia del juez Cevallos Cercado, artículos prohibidos por la ley. [43]
Pedro Moreira, exjuez de garantías penitenciarias, enfrenta acusaciones de prevaricación por parte de la Fiscalía General del Estado. La entidad alega que Moreira otorgó ilegalmente un habeas corpus a favor de Junior Roldán, conocido como Junior, quien posteriormente fue asesinado en mayo de 2023 en Colombia. En abril de 2022, el Consejo de la Judicatura dio por terminada la designación temporal de Moreira luego de conceder el recurso legal a favor del líder de Los Choneros. Durante la audiencia oral, Moreira anunció parcialidad en la concesión del recurso, ordenando el traslado de Roldán a un centro de salud. Sin embargo, en la resolución escrita le otorgó prisión domiciliaria. Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral, presentó una denuncia ante la Judicatura del Guayas para la suspensión de Moreira, quien se encuentra entre los implicados en el caso Purga. Este proceso investiga la presunta manipulación de beneficios a favor de grupos criminales, involucrando a exmiembros de la Corte Provincial, jueces. [25] [26]
La fiscal Diana Salazar anunció la vinculación del entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Hugo Manuel González Alarcón, en el caso “Purga”. Este escándalo, que derivó en la detención de personajes destacados como el exasambleísta Pablo Muentes y siete jueces, entre ellos la expresidenta Fabiola Gallardo Ramia, destapó una red de corrupción destinada a manipular la administración de justicia en la provincia. González, quien asumió la presidencia en enero de 2024, fue señalado por la fiscal Salazar como parte de la estructura criminal que buscaba mantener el control de la Corte Provincial. [44] [20] [45] [46] El exasambleísta Pablo Muentes y Mayra Salazar trabajaron intensamente para colocar a Hugo González como presidente de la Corte del Guayas. El 8 de marzo de 2024, tras la persistente presión mediática para obtener alguna respuesta respecto a las acusaciones realizadas por la Fiscalía, Hugo González renunció a su cargo para enfrentar las acusaciones en su contra. [47]
Desde 2009, Junior Roldán, segundo al mando de Los Choneros, acumula 10 condenas que suman 83 años de prisión, entre ellas cargos por homicidio, crimen organizado, daños a la propiedad y contrabando de artículos prohibidos a prisión. A pesar de su amplio historial delictivo, en 2019, un juez penitenciario de Cuenca le redujo la pena a 35 años, prevista hasta julio de 2043. Posteriormente, obtuvo libertad condicional en diciembre de 2022 por buena conducta, pero tras un incidente armado, fue detenido de nuevo. Un cambio de fiscal y un nuevo habeas corpus llevaron al sobreseimiento del caso. El 14 de febrero de 2023 fue puesto en libertad con un grillete para cumplir el resto de su condena, pero en marzo fue agredido en El Triunfo, le quitaron el grillete y fue declarado prófugo. Las autoridades colombianas confirmaron su muerte el lunes, poniendo fin a la saga de Roldán. [48] Guillermo Valarezo Coello, juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, participó en la sala penal que en 2022 revocó el habeas corpus a favor del narcotraficante Junior Roldán. [49] Este último, líder de la banda criminal Los Águilas, pretendía obtener prisión domiciliaria o ser trasladado a un centro de salud antes de ser asesinado. Estos hechos judiciales de trascendencia ponen de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema judicial en la provincia del Guayas. [50] [51]
El conflicto legal entre Pablo Muentes y el Banco del Pacífico, relacionado con un préstamo de USD 314.800 otorgado en 1998, agregó complejidad al panorama judicial. La institución financiera acusó a Muentes de falsificar 13 notas de pago del préstamo, acusación que el político negó. El caso se hizo público en 2019 cuando Muentes presentó un habeas data para que el banco registrara la cancelación de su deuda, evento que estuvo bajo la supervisión del entonces juez de primera instancia, Reinaldo Cevallos, quien luego fue detenido en relación con el caso Purga. Pese al descontento de Muentes, Cevallos accedió a la solicitud del político y ordenó al banco aceptar el pago, aunque la institución no registró la transacción en sus registros contables. Este polémico fallo derivó en el ascenso de Cevallos como juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. [43] Según la investigación de la Fiscalía General del Estado en el Caso Purga, se reveló que Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, lideraba una red de crimen organizado para influir en la administración de justicia en el Guayas a su favor. Su papel como uno de los cabecillas de la organización criminal se destaca en las acciones que presuntamente comprometieron la integridad jurídica en la provincia. [52]
En el informe publicado por la Fiscalía se indicó que Muentes y su esposa, Mónica Álvarado, se beneficiaron de sentencias judiciales que les otorgaron una indemnización cercana a los USD 3,9 millones por parte del Banco del Pacífico, en reclamo de los daños y perjuicios ocasionados. Este beneficio se originó a partir de una acción de habeas data contra la institución bancaria, donde presuntamente presentaron documentos falsificados y alterados para sustentar el pago de préstamos recibidos en 1989 y 1999. En ese contexto, Nelson Mecías Ponce Murillo y Ramos Alberto Lino Tumbaco, jueces civiles del Guayas, formaron parte de la Corte Provincial que examinó el juicio de falsificación de instrumentos privados interpuesto por el Banco del Pacífico. A pesar de las irregularidades presentadas por Muentes y su esposa, la Corte, por mayoría de votos, rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión del juez de primera instancia, desestimando la demanda del banco y beneficiando al ex asambleísta con cerca de USD 4 millones mediante supuesto tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. [52]
En el marco del Caso Purga, una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado revela que Fausto Alfonso Alarcón Gómez, primo de Pablo Bolívar Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), habría obtenido de manera ilegal 12 hectáreas de terreno en Durán. [53] Provincia del Guayas. Se indica que Alarcón Gómez se benefició de recursos de habeas data para adquirir un inmueble valorado en USD 200.000, sin respaldo documental que validara la transacción. El esquema de corrupción involucra la intervención de Muentes en decisiones judiciales y la presunta manipulación de actas registrales. La investigación resalta la falta de ingresos proporcionales a la adquisición del inmueble por parte de Alarcón Gómez, cuya actividad económica era la venta de bocadillos. El juez, mediante un habeas data correctivo, eliminó el registro catastral original y legitimó el del primo del exasambleísta, pese a carecer de respaldo documental. [54]
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar se refirió a los primos como “el dúo Muentes Alarcón”. A pesar de que Muentes no tiene propiedades a su nombre, la Fiscalía lo identifica como testaferro de Alarcón, quien, según la Unidad de Análisis Financiero, es dueño de aproximadamente nueve propiedades inmobiliarias sin movimientos bancarios significativos. Alarcón, gerente general de varias empresas, entre ellas El Sanduchoncorp, Cafechonero y Pigucord, ha declarado cero impuesto sobre la renta desde 2017, a pesar de su posición empresarial. [55] La adquisición de un terreno de 12 hectáreas en el cantón Eloy Alfaro, Durán, ha expuesto prácticas corruptas en notarías y ha revelado la capacidad de personas de bajos ingresos para comprar propiedades de alto valor sin la debida supervisión de las autoridades. En un caso emblemático, Eric Ramírez, ciudadano ecuatoriano-estadounidense, enfrentó intentos de invasión en 2014 y se encontró con una situación irregular al intentar vender su terreno en 2022. El certificado de tasación reveló que el lote estaba registrado a nombre de Fausto Alfonso Alarcón Gómez, vinculado a diversas actividades corporativas. Alarcón supuestamente logró adquirir propiedades por un total de $200,000, a pesar de sus aparentes bajos ingresos mensuales en El Sanduchón Corp. Además, se descubrieron registros catastrales falsos y transacciones sospechosas en notarías, lo que generó preguntas sobre la legalidad de las operaciones. Eric Ramírez ha iniciado acciones legales contra la jueza Andrea Patiño, además de interrogar a fiscales y policías involucrados en el caso. [56] Los primos Muentes Alarcón presuntamente obtuvieron resoluciones ilegales a través de habeas data falsos, con Muentes involucrado con el Banco del Pacífico y Alarcón con un terreno de 12 hectáreas en Durán, según la Fiscalía. La adquisición de este terreno por parte de Alarcón se habría realizado con documentación falsificada y sin documentos de respaldo que legitimaran la venta del inmueble perteneciente a la familia Ramírez. [55]
La Fiscalía General del Estado tenía previsto allanar y detener a trece personas, entre ellas Mercedes Leonor Villareal Vera, exdirectora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas, en relación con el caso Purga. Sin embargo, previo a los allanamientos, Villareal ya había salido del país con destino a España, evitando así su detención. La investigación se centra en un supuesto "grupo criminal" liderado por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo y el juez penal del Guayas Johan Marfetán. La estructura tenía como objetivo influir en el sistema de justicia para obtener fallos favorables en casos de interés, generando beneficios económicos y materiales. Aunque Mercedes Villareal Vera no fue imputada por delincuencia organizada en el caso Purga, la fiscal general Diana Salazar la mencionó significativamente durante la lectura de cargos a los detenidos. [57] Mercedes Villareal Vera está vinculada a la investigación debido a su presunta participación en la interposición de procedimientos administrativos mantenidos por Fabiola Gallardo. Según la teoría de la Fiscalía, el poder político, representado por Pablo Muentes, pretendía mantener a los miembros de la estructura “inmunes a las sanciones administrativas” para asegurar el control del Poder Judicial en el Guayas. El actual presidente del Poder Judicial, Álvaro Román, confirmó que Villareal fue destituida de su cargo luego de descubrirse que archivó procesos con declaratoria de competencia previa, procesos que implicaban la destitución de funcionarios. Al menos dos de los cuatro procesos administrativos fueron archivados por la exdirectora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en el Guayas. [57]
Mercedes Villareal Vera enfrenta acusaciones adicionales según la Fiscalía General del Estado, relacionadas con su presunta participación en cambios administrativos de jueces que no respaldaban los objetivos judiciales de la estructura criminal. Uno de los casos mencionados es el traslado del juez Ulises Manuel Torres, quien se negó a fallar a favor de los intereses en el caso del Banco del Pacífico. Pablo Muentes presuntamente solicitó a Fabiola Gallardo y Mercedes Villareal su traslado mediante un recurso administrativo. El juez recién nombrado, Alberto Lino Tumbaco, supuestamente fue asignado específicamente para ratificar el fallo deseado en el caso mencionado. Villareal fue designada durante la administración del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y posteriormente fue removida de su cargo por Álvaro Román, quien asumió el cargo después de la detención de Terán en el caso Metástasis. La nueva mayoría del Poder Judicial quedó integrada por los jueces Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. [57]