El derechista Partido Patriota (PP) se convirtió en la primera fuerza del Congreso, habiendo ganado un total de 56 escaños.

La mayoría de bloques legislativos con presencia en la anterior legislatura redujo su número considerablemente.

La VII Legislatura se convirtió en la más heterogénea de la época democrática, con catorce organizaciones representadas en el hemiciclo.

Los partidos Centro de Acción Social (CASA) y Unión Democrática (UD) perdieron su representación en el Congreso al no haber obtenido ninguna curul.

En 2014, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, suspendió al Partido Patriota y canceló a la entonces vicepresidente Roxana Baldetti como secretaria general del partido por haber efectuado una concentración para presentar a Alejandro Sinibaldi como precandidato, sin tener autorización legal para hacerlo.

Escobar fue elegida como magistrada, pero renunció una semana después de su elección, denunciado a Gudy Rivera ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por medio de una conversación que ella habría grabado y en la cual Rivera ejercería presión para que favoreciera al Partido Patriota y a la entonces vicepresidente Roxana Baldetti.

La CC amparó a la CICIG y ordenó que continuara el proceso contra Rivera, pues la CSJ no había fundamentado su fallo.

Por el mismo caso la Policía, el Ministerio Público y la CICIG capturaron en allanamientos domiciliares a Jorge Mario López Pellecer -director del IGSS en Chiquimula-, Francisco Cortez Bocaletti –Jefe de Servicios Contratados-, Alma Méndez Blanco, Lester Ortiz y Salvador Rolando Álvarez Mérida.

De ahí el cargo de asociación ilícita, que, además, permitió que Hichos López recuperara lo invertido en los trabajos físicos efectuados en el Plaza Minerva.

Los dos funcionarios indicaron que también los imputados ejecutaron ciertas operaciones en Guatecompras para aparentar legalidad en el contrato.

[9]​ Sin embargo, se evidenció que Rivera Cabrera es propietario de por lo menos cinco viviendas en varios puntos del país, valorada en varios millones de dólares y es propietario de por lo menos cinco vehículos entre marcas como Range Rover, Land Cruiser, Lincoln Navigator, entre otros.

[12]​ El secretario del partido indicó que esta medida aplica también para aquellos diputados que en el futuro estén involucrados en la misma situación: solicitud de antejuicio por corrupción.

Hasta quince agentes de su seguridad privada tenían plazas fantasma en el Congreso por las que percibían ocho mil quetzales mensuales, de los que le correspondían seis mil al diputado Muadi.

Bolaños indicó que trabajó con Muadi en la empresa «Productos, Servicios y Equipos» desde 2003, cuando ingresó en el puesto de ventas.

[22]​<[23]​ El comisionado Iván Velásquez Gómez señaló que toda la investigación, iniciada desde el segundo semestre del año pasado, está absolutamente documentada –incluso con escuchas telefónicas- que implicarían a los Barquín con uno de los principales involucrados en la banda, Francisco «Chico dólar» Morales Guerra, de Jutiapa.

Ese mismo día se produjeron allanamientos domiciliares –que dieron por resultado 11 capturas- principalmente en Jutiapa, desde donde la organización criminal, dijo Velásquez, manejaba el entramado en especial disfrazado vía «remesas familiares».

[22]​ Las autoridades investigativas solicitaron que se retire el antejuicio a Edgar Barquín, y los diputados de LIDER Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, por considerar que se vieron beneficiados con dinero que habría provenido de Francisco Edgar Morales Guerra, alias «Chico dólar», quien fue capturado ese día en Jutiapa como supuesto líder de la estructura dedicada al lavado de dinero.

Además agregó que iban a esperar el debido proceso y que «como le temblaba la voz al señor Comisionado, le gustaría encontrárselo para platicar con él».

[26]​ Según el MP y la CICIG, la presunta estructura delincuencial de Chico Dólar lavó dinero obtenido por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

[32]​ Tras perder la elección el 6 de septiembre, Barquín tuvo que someterse a los tribunales y quedó con arresto domiciliario.

El 4 de febrero de 2015, tras conocer un audio en el que la diputada Partido Patriota Emilennee Aquino Mazariegos conversaba con el dirigente del sindicato de Salud Luis Lara sobre un supuesto soborno a un periodista, el fiscal a cargo del caso, Alexánder Villeda, explicó que determinó que no se encuadra en ninguna figura delictiva para accionar de oficio.

Unidad Nacional de la Esperanza Encuentro por Guatemala Partido Republicano Institucional