[6][7] En muchos casos, las personas han estado detenidas durante años sin cargos ni un juicio previo.
En segundo lugar, una organización privada siempre apunta a maximizar las ganancias y, por lo tanto, buscará reducir los costos mediante medios tales como escatimar en las instalaciones penitenciarias y pagar mal a sus guardias, lo que socavará aún más los derechos de los presos.
En 2010, el Gobierno Nacional introdujo nuevamente las cárceles privadas y al conglomerado internacional Serco se le otorgó el contrato para dirigir la prisión de Mt Eden.
A Serco también se le ha otorgado el contrato para construir y administrar una prisión de 960 camas en Wiri.
En la Edad Moderna, Reino Unido fue el primer país europeo que empezó a utilizar prisiones con fines de lucro.
[20] El último contrato permitido en Inglaterra y Gales fue para la prisión HM de Northumberland, la cual fue transferida del sector público a Sodexo en 2013.
El concurso lanzado hoy buscará aprovechar la innovación y las diferentes formas de trabajo que el sector privado ha introducido previamente en el sistema.
Los gerentes afirmaron que este crecimiento se debía a un reporte mayor del uso de restricciones.
El director de la prisión y el YOI (Institución para Jóvenes Delincuentes) admitieron que “se puede mejorar”.
Las videos mostraban a niños supuestamente siendo maltratados y confirmaron que los trabajadores falsificaban las grabaciones de los incidentes violentos.
Khan dijo: “No veo ninguna diferencia si el bajo rendimiento está en el sector público, privado o voluntario ...
La prisión se hizo conocida como San Quentin, que sigue funcionando a día de hoy.
Las instalaciones y empresarios necesitaban buscar una alternativa para reemplazar la mano de obra una vez sus prisioneros fueran liberados.
[41] En 2013 se presentó un ligero descenso en la población privada de prisiones en comparación con 2012, ya que la tendencia general en la década anterior fue aumentando lentamente.
(anteriormente conocido como Wackenhut Securities), la Management and Training Corporation (MTC), y los Centros de Educación Comunitaria.
Otros grandes inversores incluyen al Bank of America, a Fidelty Investiments, General Electric y The Vanguard Group.
[44] El sociólogo John L. Campbell y el periodista Chris Hedges coinciden en que las prisiones de EE. UU.
El director del centro, Garland, asegura que la prisión necesita más de 700 camas para mantenerse en funcionamiento.
La compañía aseguraba que la ciudad ha ido manteniendo a menos detenidos federales por inmigración, dijo Garland.
UU. descubrió que los ahorros de costos prometidos por las prisiones “simplemente no se han materializado”.
Ese mismo estudio reveló que los asaltos a otros reclusos eran un 65% más frecuentes también en las privadas.
En un motín sangriento en la misma prisión, seis reclusos fueron llevados al hospital, uno de ellos con daño cerebral permanente.
Para ganar más dinero, algunos proporcionaron contrabando a los prisioneros, incluyendo drogas, teléfonos móviles y armas.
Le había pagado millones al corrupto comisionado del Departamento de Misisipi, Chris Epps, y sus conductos.
Al menos quince objetivos de la investigación que incluían a diez funcionarios en funciones o exfuncionarios electos, el jefe de personal del gobernador y cuatro cabilderos fueron considerados para un posible juicio, y una docena fueron acusados.
La investigación de un senador estatal demócrata no encontró nada mal, pero se emitieron diez acusaciones que incluían a seis legisladores estatales republicanos, dos cabilderos de casas intermedias, dos contratistas ricos y el senador estadounidense, Ted Stevens.
CoreCivic (anteriormente CCA), MTC y GEO Group han sido miembros del American Legislative Exchange Council (ALEC), una organización de políticas públicas con sede en Washington D. C. que desarrolla una legislación modelo que promueve principios de libre mercado como la privatización.
ALEC es conocido por desarrollar políticas que pueden amenazar las libertades civiles al aumentar las probabilidades de encarcelamiento y sentencias prolongadas (Cooper et al., 2016).
Los estados que firman dichos contratos con las empresas de la prisión deben reembolsarles las camas que no se utilicen; en 2011, Arizona acordó pagar a la Corporación de Administración y Capacitación 3 millones por camas vacías cuando no se alcanzó una cuota del 97 por ciento.
Muchas organizaciones han pedido una moratoria en la construcción de prisiones privadas, o por su abolición absoluta.