Oficina Antifraude de Cataluña
Se creó en 2008 siendo pionero en España y nace como una de las herramientas para dar cobertura a la exigencia ciudadana de un incremento tangible en la probidad institucional[1] (ver Ley-preámb).Comprobará cualquier acto de corrupción, práctica fraudulenta o conducta ilegal que afecte a los intereses generales.La Oficina tiene un papel como canal de comunicación seguro para los reveladores y también como filtro para purgar revelaciones validables de alegaciones gratuitas (ver Ley-art.1).[2][3] Al frente de la Oficina hay una directora o director, propuesto por el presidente de la Generalidad, en nombre del Gobierno, el cual tiene que comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente para ser evaluado a las condiciones requeridas para el cargo.El mandato del director o directora de la Oficina Antifraude es de nueve años desde la fecha en qué es elegido por el Parlamento, y no puede ser renovado.