Además, las empresas privadas tenderían a priorizar el beneficio propio sobre los intereses sanitarios de los pacientes.
Según estudios, las personas con un doble aseguramiento (público y privado) tienden a utilizar más recursos que quienes sólo utilizan un sistema privado, a pesar de lo cual presentarían un peor estado de salud.
Entre ellos está la Fundación Idis, dirigida por Juan Abarca Cidón,[13]que estuvo muy presente durante la pandemia Covid-19 para lograr diversos contratos con el sistema sanitario autonómico.
[14] En España, la sanidad privada está en manos de las aseguradoras, siendo las principales compañías: Adeslas (29,2%), Sanitas (15,7%), Asisa (13,4%) DKV (7,2%) y Mapfre (6,8%).
En 2024 existe un gran descontento entre los médicos por el trato económico recibido de las aseguradoras.
Según los facultativos se mantienen las mismas tarifas desde 1994, lo que supone una "humillación", "injusticia", "explotación" y hasta "esclavismo".
[16] El Manifiesto Dignifica describe la posición “dominante” de las aseguradoras, que puede llevar al sobrediagnóstico (exagerándose la gravedad para pedir más pruebas de las necesarias y cobrar más) y el no realizar procedimientos o la pasividad, porque el trabajo que precisa no se corresponde al pago recibido, lo que deja indefenso al paciente.