En el derecho constitucional canadiense , el principio de diálogo es un enfoque de interpretación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades , en el que se dice que la revisión judicial de la legislación forma parte de un "diálogo" entre las legislaturas y los tribunales. Implica específicamente que los gobiernos redacten leyes en respuesta a las sentencias judiciales y que los tribunales reconozcan el esfuerzo realizado si la nueva legislación es impugnada.
Este enfoque fue introducido por los constitucionalistas Peter Hogg y Allison Bushell y ha tenido aceptación en gran parte del mundo académico y en los tribunales. No obstante, sigue siendo un principio controvertido, ya que intenta justificar lo que muchos críticos ven como activismo judicial en los tribunales.