El Fondo de Cohesión ( FC ), uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de la Unión Europea , proporciona apoyo a los Estados miembros con una renta nacional bruta (RNB) per cápita inferior al 90 % de la media de la UE-27 para reforzar la cohesión económica, social y territorial de la UE. Se aplican disposiciones reglamentarias comunes a los cinco fondos EIE, junto con el Fondo de Transición Justa , el Fondo de Asilo, Migración e Integración , el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. [1] : Artículo 1
El objetivo del fondo incluye el apoyo a las inversiones en el ámbito medioambiental y en las redes transeuropeas en el ámbito de las infraestructuras de transporte ( RTE-T ). [1] : Preámbulo 22
Los Consejos Europeos celebrados en Lisboa , los días 26 y 27 de junio de 1992, y Edimburgo , los días 11 y 12 de diciembre de 1992, acordaron la creación del Fondo de Cohesión. [2] Éste se formalizó en 1993, como parte del paquete Delros II del Tratado de Maastricht , con el objetivo de reforzar la política regional de la UE. [3] Desde entonces, su objetivo ha sido la convergencia económica entre las regiones europeas, mediante inversiones públicas en infraestructuras de transporte y proyectos medioambientales. [4] Era una forma de compensar, en cierta medida, las estrictas políticas en materia de deuda pública que se habían pactado entre los miembros europeos: estos fondos permitían mantener tanto un déficit controlado como la inversión pública en áreas estratégicas. [5]
Los Fondos de Cohesión cubren períodos de financiación de siete años:
Originalmente, los receptores tradicionales de estos fondos eran Grecia, Portugal, España e Irlanda, entre otros; pero desde que nuevos países se unieron a la UE en 2004, 2007 y 2014, los fondos se han ubicado principalmente en Europa Central y Oriental. [6] Para el período 2021-2027, el Fondo de Cohesión está disponible para Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Se espera que el 37% de la asignación financiera total del Fondo de Cohesión contribuya a los objetivos climáticos. [7] Los Estados miembros con una producción económica per cápita superior a la media, incluido el Reino Unido antes del Brexit , no pueden acceder a los recursos del Fondo de Cohesión. [8]
La literatura científica sobre el tema es ambigua, algunos proyectos de investigación muestran un impacto positivo de los fondos en la economía de los países receptores, mientras que otros tienen resultados ambiguos; más raramente, encuentran un efecto negativo. [9] Algunos estudios señalan que el impacto depende del área de inversión: los fondos dedicados a la infraestructura de transporte y al sector energético tienen el mayor efecto positivo, mientras que la asignación a objetivos ambientales es negativa en el corto plazo, pero se vuelve positiva en el mediano y largo plazo. [9]
Una debilidad que suele asociarse a la asignación de los fondos de cooperación entre países es que se determina únicamente en función del ingreso nacional bruto (INB) per cápita . Los expertos han demostrado que, basándose en ese criterio, algunos países no están recibiendo fondos a pesar de estar en una situación socioeconómica peor que algunos de los verdaderos receptores. Esto es problemático desde el punto de vista de la UE, ya que la evidencia muestra una relación entre el euroescepticismo y las regiones de ingresos medios que no reciben fondos suficientes. [10] Para evaluar mejor la situación socioeconómica de los países receptores, se ha propuesto un índice que incluye más variables socioeconómicas. [11]
Otra preocupación de las instituciones de la UE y, más concretamente, de la Comisión Europea , es la falta de visibilidad de estos fondos. [12] La literatura sobre el tema revela que la conciencia de los ciudadanos sobre el FC no está vinculada a la cantidad de fondos invertidos en sus regiones. [13] En este sentido, los grupos más vulnerables de ciudadanos de la UE, como los desempleados, los beneficiarios de la asistencia social y los que viven en la indigencia económica, tienen la visión más escéptica de las instituciones europeas como proveedores de seguridad social. [14] Para abordar esto, la Comisión Europea está destacando la importancia de mejorar la comunicación con la ciudadanía y entre las diferentes partes interesadas (ONG, instituciones de la UE e instituciones nacionales de gestión). [14]