La eutanasia en España es legal desde el 25 de junio de 2021, cuandoentró en vigor la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia [1] , tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), tras ser aprobada por las Cortes Generales el 18 de marzo de 2021. [2] [3] Dicha ley despenaliza la ayuda médica para morir y especifica a quién, cuándo y con qué requisitos se puede proporcionar. [4] Con su aprobación, España se convirtió en el sexto estado del mundo en reconocer a nivel nacional el derecho a la eutanasia. [5] [6] Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, se estima que se han producido 370 casos de muertes por eutanasia. [7]
En 1984 se fundó la federación española Derecho a Morir Dignamente bajo el nombre de Asociación Derecho a Morir Dignamente - DMD. El 13 de diciembre de 1984 se registró en el Ministerio del Interior la asociación DMD con el número 57889 , legalizando un movimiento ciudadano por el respeto a la libertad del individuo al final de su vida. [8] Esta asociación considera a Carlos Gómez como el pionero de la lucha en España por el reconocimiento de la eutanasia. Gómez, un santanderino con leucemia , publicó ese mismo año de 1984 un foro de opinión en el diario El País titulado Atreverse a morir da vida . En él decía: «No cabe duda de que ha comenzado a resquebrajarse un tabú social mucho más represivo que el que funcionaba sobre el sexo. Me refiero al tabú de la muerte, o mejor, de la manera de morir». Carlos Gómez murió al año siguiente sin atender a su testamento vital . [9]
En 1986, la Ley General de Salud aprobada ese año permitió a los pacientes negarse al tratamiento solicitando el alta voluntaria. [10]
El caso de Ramón Sampedro , que tuvo una enorme repercusión, fue el que puso en la palestra actual la cuestión de la eutanasia en España. En 1993 Sampedro, tetrapléjico desde 1969, hizo público su deseo de que le ayudaran a morir. Como no consiguió el permiso legal para este suicidio asistido , pidió la colaboración de once personas para que cada una de ellas hiciera una parte del proceso que le llevaría a quitarse la vida y así protegerles de ser procesados. El 11 de enero de 1998, su amiga Ramona Maneiro dejó todo preparado, incluida la cámara que iba a grabar el suceso. Sampedro se suicidó al día siguiente. En la grabación reiteró su deseo de morir, y también quedó registrada la agonía que sufrió tras tomar el veneno. La policía detuvo a Ramona Maneiro, pero tuvieron que dejarla en libertad por falta de pruebas. Siete años después, cuando el delito había prescrito, Ramona Maneiro contó todo lo ocurrido. [11] En 2004 se estrenó la película Mar adentro , dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem en el papel de Ramón Sampedro.
En 2002, la Ley 41/2002 Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Sanitaria [12] (llamada Ley de Autonomía del Paciente) reafirmó la autonomía de los pacientes, permitiéndoles rechazar individualmente un tratamiento sin exigir justificación alguna para ello, lo que se conoce como eutanasia pasiva . [13] Cuatro años después, en octubre de 2006, Inmaculada Echevarría, que padecía distrofia muscular progresiva desde hacía 22 años, pidió acogerse a la ley pero el hospital religioso de Granada en el que estaba ingresada se negó a sedarla o a desconectarla del respirador que le permitía seguir con vida. La Junta de Andalucía tuvo que intervenir, y fue trasladada a un hospital público donde accedieron a su deseo y donde falleció al año siguiente. [14] Un caso similar fue el que le ocurrió a Pedro Martínez, paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), porque el equipo médico que le atendió en Sevilla se negó a sedarlo alegando que no se estaba muriendo. La solución fue cambiar de equipo médico. Falleció en diciembre de 2011. [15]
Posteriormente, hasta once comunidades autónomas aprobaron leyes para enfermos terminales que reconocían su derecho a renunciar al tratamiento y recibir sedación final. [16]
En 2005, el doctor Luis Montes Mieza —por entonces coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés— y el doctor Miguel Ángel López Varas fueron investigados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid , dirigida por Manuel Lamela Fernández, debido a dos denuncias anónimas en las que se les acusaba de sedación a altas dosis en pacientes terminales en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa. El informe presentado por la Consejería de Sanidad identificó 73 casos de sedación presuntamente realizados de forma incorrecta entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005. En 2005, el doctor Montes Mieza fue destituido del cargo de coordinador a petición de Lamela. En enero de 2008, los juzgados archivaron la causa ratificando el despido ya determinado en junio de 2007 y suprimiendo la base jurídica que hacía referencia a la mala praxis de los acusados. [17]
A principios de 2007 se conoció el suicidio de Madeleine Z., que padecía ELA y que había pedido consejo a DMD para poner fin a su vida. Por este motivo, se investigó a los voluntarios de DMD que la habían acompañado en el momento del suicidio y al periodista que informó del caso, pero el caso fue sobreseído. [18]
En 2009, el Dr. Marcos Ariel Hourmann fue el primer médico condenado por eutanasia. Fue condenado a un año de prisión por administrar cloruro de potasio intravenoso , poniendo fin a la vida y el sufrimiento de una mujer de 82 años que pidió expresamente su muerte debido a su dolor irreversible. [19]
En abril de 2017, José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, se suicidó y se grabó con una cámara para que hubiera constancia de que lo había hecho para acabar con su sufrimiento ya que los médicos que le atendieron consideraban que no se encontraba en situación terminal. «Lo que me queda es un deterioro hasta acabar siendo un vegetal. Quiero poder decidir el final. Y la situación actual no lo garantiza», en referencia a la inexistencia de una ley de eutanasia. [20]
En abril de 2019, María José Carrasco, enferma de Esclerosis Múltiple desde hacía 30 años, acabó con su vida con la ayuda de su marido Ángel Hernández. Grabaron en vídeo el suicidio, en el que él le preguntó si quería que la ayudara a acabar con su largo sufrimiento, a lo que ella respondió que sí, pudiendo observar entonces cómo bebía una solución tóxica con una pajita, utilizando la poca movilidad que le quedaba, lo que le provocó una muerte sin sufrimiento. [21] [22] Este suceso fue el germen de un mayor seguimiento y movilización popular a favor de una ley de eutanasia en España, que se venía reclamando desde hacía años sin éxito. [23] A fecha de 2020, el caso estaba en manos del juzgado número 25 de Madrid a la espera de resolución, pues Ángel Hernández estaba acusado de violencia contra su mujer. [24] En 2021, Hernández fue absuelto de todo delito. [25]
El 17 de diciembre de 2020, la XIV legislatura del Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley para regular el derecho a la eutanasia activa . [26] [27] Obtuvo 198 votos a favor ( PSOE , Unidas Podemos , BNG , ERC , Junts per Catalunya , Más País , Bildu , PNV , Nueva Canarias , Coalición Canaria , CUP , Ciudadanos ), 138 en contra ( PP , Vox , UPN ) y 2 abstenciones. [28] Tras ser aprobada con enmiendas en el Senado , la proposición volvió al Congreso de los Diputados donde finalmente fue aprobada, de manera que el 18 de marzo de 2021 la ley de eutanasia fue aprobada por las Cortes Generales y posteriormente entró en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. [29]
Sectores católicos liderados por la Conferencia Episcopal Española mostraron su oposición a la ley de eutanasia. [30]
En el ámbito biomédico, la Organización Médica Colegial expresó en un comunicado que el proyecto de ley “es contrario a nuestro Código de Deontología Médica y contradice las posiciones de la Asociación Médica Mundial ”. [31] De igual modo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región I (COEM), y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), en un comunicado conjunto, manifestaron su oposición al proyecto de ley. El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), aunque se mostró a favor de la ley, [32] advirtió de que el registro de los objetores de conciencia profesionales “puede no garantizar la preservación de este derecho constitucional”. En el mismo comunicado, apoyaron “potenciar los cuidados paliativos ”. [33]
En España, la eutanasia está regulada por la Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia, promulgada por las Cortes Generales en marzo de 2021. La ley se refiere a la eutanasia como la acción que provoca directa y activamente la muerte de una persona, por parte del personal sanitario, ya sea administrando una sustancia que provoca la muerte o prescribiéndola para que la persona se la autoadministre, ya sea en un centro asistencial o en su domicilio. Debe realizarse previamente un proceso de petición informada y reiterada a lo largo del tiempo, en un contexto de enfermedad crónica e invalidante grave e incurable, que provoca un sufrimiento intolerable. Todo el procedimiento se enmarcará en el sistema público de salud y será financiado con fondos públicos, mientras que el propio sistema sanitario tendrá que garantizar este derecho a quien lo desee y cumpla los requisitos. La muerte resultante de la prestación de ayuda para morir se considerará muerte natural a todos los efectos.
Para solicitar este trámite se deben cumplir cinco requisitos, los cuales se expresan de esta manera en el documento de ley: [34]
También podría darse el caso de que la persona haya escrito previamente un documento de directiva anticipada nombrando a una persona para que la represente.
En algún momento de este proceso, el profesional sanitario que lleva el caso podría llegar a considerar que la persona no tiene entendimiento ni autonomía para decidir, sin que ello tenga que suponer una incapacidad legal , y tendría que reclamar ante la comisión evaluadora encargada en cada comunidad autónoma . La falta de definición de este aspecto en la propia ley podría suponer un riesgo ya que en el caso en el que se considere que la persona no ha sido debidamente evaluada y se practicó la eutanasia, podría considerarse como cooperación al suicidio o incluso como homicidio. [35]
La ley reconoce el derecho individual de los profesionales sanitarios a ejercer el derecho de objeción de conciencia , y así no tener que atender aquellas demandas de actuación sanitaria que sean incompatibles con sus propias convicciones.
Según diversas encuestas, la mayoría de la población española apoya la despenalización de la eutanasia, así como su legalización para pacientes terminales —un 86% en 2018— y para pacientes no terminales —un 62% en 2018—. Las encuestas indican que el apoyo ha crecido a lo largo de los años. [36]
Según una encuesta del CIS realizada en 2009, el 75% de los encuestados se declaró a favor de la eutanasia activa (y de ellos el 60% estaba totalmente convencido), el 17% en contra (y de ellos el 11% totalmente convencido); si bien las respuestas podían variar según el caso clínico que se presentara. [37] [38]
En estadísticas realizadas posteriormente en 2017 y 2018, el porcentaje que responde a favor sube al 85%, encontrando grupos poblacionales donde este porcentaje disminuye, como entre las personas religiosas practicantes, las personas mayores de 65 años o los votantes conservadores, grupos donde el apoyo es superior al 60%. [39]
Entre los grupos médicos, el porcentaje es similar. Según una encuesta realizada en 2019 por los Colegios de varias comunidades, el 86,39% se mostró a favor (el 67% con total confianza y el 19% mostró ciertas dudas). [40]
La eutanasia ha sido tratada en películas españolas, como: