La vacunación contra la COVID-19 en Nueva Zelanda comenzó el 20 de febrero de 2021 [2] y continuará durante toda la pandemia con el objetivo de vacunar a todos los neozelandeses de 5 años o más que lo deseen. Los de entre 5 y 11 años deben ir acompañados de un padre, cuidador o tutor legal a la cita y dar su consentimiento para que se vacunen. [3] A partir del 1 de septiembre, cualquier persona en Nueva Zelanda, independientemente de su estatus migratorio, puede vacunarse. [4] [5]
Tasas de vacunación en Nueva Zelanda a las 23:59 horas del 26 de febrero de 2022 para mayores de 12 años. [6] [Nota 1]
Tasas de vacunación en Nueva Zelanda a las 23:59 horas del 26 de febrero de 2022 para niños de 5 a 11 años. [6] [Nota 2]
El Ministerio de Salud publica las cifras de vacunación casi a diario. [7] No hay estadísticas de vacunación planificadas a partir del 30 de agosto. La mayor demanda de vacunación causada por el brote de agosto de 2021 significa que los planes recopilados anteriormente no ofrecen un buen punto de comparación con las cifras de vacunación reales. Los siguientes gráficos son de las 23:59 horas del 7 de diciembre de 2021, hora de Nueva Zelanda . [6]
Cuadro de vacunación diaria en Nueva Zelanda [8]
Vacunas acumulativas en Nueva Zelanda
Porcentaje de población elegible completamente vacunada por etnia [9]
Números de vacunación planificados, recibidos y reales
La vacuna principal del gobierno de Nueva Zelanda y las vacunas de refuerzo son la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 (y, para los niños, la vacuna pediátrica Pfizer). [10] La vacuna Novavax contra la COVID-19 también está aprobada para mayores de 12 años (dosis primaria) o mayores de 18 años (para una dosis de refuerzo). [11] La vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 estuvo disponible para cualquier persona de 18 años o más desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2022. [12] [13]
Hasta el momento, el regulador gubernamental Medsafe ha aprobado cuatro vacunas : Pfizer-BioNTech, Novavax, Janssen y Oxford-AstraZeneca . Están aprobadas en virtud del artículo 23 de la Ley de Medicamentos, con condiciones. [10]
Estado de vacunación [14]
Las siguientes razones para viajar al exterior son elegibles para ser consideradas para una vacuna temprana: [29]
A fines de agosto de 2020, Stuff informó que varios empresarios y ex políticos (incluido el ex diputado nacional Ross Meurant y el ex líder del Partido Nacional y del partido ACT Don Brash ) habían intentado importar a Nueva Zelanda la vacuna rusa Gam-COVID-Vac (también conocida como Sputnik V), que no ha sido suficientemente probada. Habían creado una empresa llamada Covax-NZR Limited y habían presentado la documentación a través de la Embajada de Rusia para establecer acuerdos de suministro y distribución para importar la vacuna. Ross Meurant es el único director [30] y accionista [31] de la empresa. La vacunóloga de la Universidad de Auckland, Helen Petousis-Harris, advirtió que el uso de vacunas no probadas podría perjudicar los esfuerzos mundiales para desarrollar vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19. [32]
El 17 de agosto de 2021, la empresa de biotecnología francesa Valneva comenzó a realizar ensayos de su vacuna contra la COVID-19 en coordinación con Pharma Sols. La empresa está buscando 300 adultos en Nueva Zelanda que tengan más de 56 años, que no hayan contraído la COVID-19 ni hayan recibido una vacuna contra la COVID-19. El ensayo clínico de Nueva Zelanda se llevará a cabo en ocho sitios de la Red de Investigación del Pacífico en todo el país. [ necesita actualización ] Según el investigador coordinador principal del ensayo de Nueva Zelanda y director de Southern Clinical Trials Christchurch, el Dr. Simon Carson, se eligió a Nueva Zelanda debido a la menor cantidad de casos del país y a la tasa de vacunación más lenta. [23]
El 12 de octubre de 2020, el Gobierno de Nueva Zelanda firmó un acuerdo con Pfizer y BioNTech para comprar 1,5 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 , que es suficiente para 750.000 personas. El Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 también entabló negociaciones con otras empresas farmacéuticas para proporcionar vacunas. Además, el Gobierno estableció un fondo de 66,3 millones de dólares para apoyar un programa de inmunización contra la COVID-19 tan pronto como la vacuna esté lista. [33]
El 17 de diciembre, la primera ministra Jacinda Ardern anunció que el Gobierno de Nueva Zelanda había comprado dos vacunas más para Nueva Zelanda, las Islas Cook, Niue , Tokelau y sus socios del Pacífico Samoa , Tonga y Tuvalu a las compañías farmacéuticas AstraZeneca y Novavax . El Gobierno había comprado 7,6 millones de dosis (suficientes para 3,8 millones de personas) a AstraZeneca y 10,72 millones de dosis (suficientes para 5,36 millones de personas) a Novavax. Ambas vacunas requieren la administración de dos dosis. Ambas vacunas serán gratuitas para los neozelandeses. El Gobierno ya había comprado 750.000 dosis a Pfizer/BioNTech y 5 millones a Janssen Pharmaceutica . [34]
El 3 de febrero de 2021, Ardern aprobó provisionalmente la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 para su uso en Nueva Zelanda. Está previsto que los primeros lotes de la vacuna lleguen a finales de marzo de 2021, y se dará prioridad a los trabajadores de primera línea y a las personas vulnerables. [35] El 10 de febrero, el Gobierno había autorizado formalmente la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 para su uso en Nueva Zelanda. La vacuna se limitará a personas de 16 años o más. [36] El 8 de marzo, el Gobierno de Nueva Zelanda había conseguido 8,5 millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 [37]
El 4 de noviembre, la compañía farmacéutica estadounidense Novavax solicitó la aprobación provisional de Medsafe para utilizar su vacuna contra la COVID-19 en Nueva Zelanda. [38]
El 10 de noviembre, el Gobierno anunció que la vacuna Oxford-AstraZeneca contra la COVID-19 estaría disponible a partir de finales de noviembre de 2021 para un pequeño número de personas de 18 años o más que no pueden recibir la vacuna Pfizer por razones médicas. [39] [40]
A principios de agosto de 2021, el director general de Salud, Ashley Bloomfield, confirmó que el Ministerio de Salud estaba negociando con la empresa farmacéutica Pfizer la adquisición de vacunas de refuerzo para contrarrestar la posible disminución de la inmunidad. [41]
Tras el brote de la variante Delta en agosto de 2021, el portavoz del Partido Nacional de la oposición para la COVID-19 , Chris Bishop, pidió al Gobierno que adquiriera urgentemente dosis de refuerzo de Pfizer. Este llamamiento chocaba con el consejo de la Organización Mundial de la Salud de que no había pruebas suficientes de que fueran necesarias y de que la compra de existencias de vacunas por parte de los países ricos dificultaría a los países más pobres la adquisición de sus primeras dosis. [42] El 25 de agosto de 2021, las científicas Helen Petousis-Harris y Alison Campbell criticaron por inexactitud una publicación en las redes sociales del Partido Nacional en la que se afirmaba que las existencias excedentes de vacunas no son dosis de refuerzo. [43]
El 16 de abril de 2021, Jacinda Ardern anunció que Nueva Zelanda donaría 1,6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a través de un programa internacional de intercambio de vacunas. Esta cantidad será suficiente para vacunar a 800.000 personas, muchas de las cuales serán trabajadores sanitarios y personas vulnerables de las islas del Pacífico. Durante el anuncio, Ardern también abogó por un "equipo de 7.800 millones", basándose en la retórica del Gobierno de "equipo de 5 millones". [44]
El 9 de septiembre de 2021, la primera ministra Ardern confirmó que Nueva Zelanda había comprado 250.000 dosis adicionales de la vacuna Pfizer a España como parte de un acuerdo con el primer ministro español, Pedro Sánchez . El primer envío está previsto que llegue el 10 de septiembre. Además, Ardern confirmó que Nueva Zelanda recibiría 1,8 millones de dosis de Pfizer a lo largo del mes de septiembre. [45] [46]
El 12 de septiembre de 2021, Ardern confirmó que Nueva Zelanda había comprado 500.000 dosis de Pfizer a Dinamarca como parte de un acuerdo con la primera ministra danesa Mette Frederiksen . El primer envío llegó a mediados de la semana siguiente. [47] [48]
El 31 de marzo de 2022, el Gobierno de Fiji aceptó una oferta de Nueva Zelanda para suministrar 50.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer para los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19 en Fiji . [49]
El 20 de febrero, 100 enfermeras se convirtieron en las primeras personas de Nueva Zelanda en recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Los trabajadores sanitarios, los trabajadores esenciales y las personas con mayor riesgo serán vacunados en el segundo trimestre del año. La población general será vacunada en la segunda mitad del año. [50]
El 1 de marzo, 28 trabajadores portuarios de Tauranga recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. [51]
El 10 de marzo, el Ministro de Respuesta al COVID-19, Chris Hipkins, anunció el plan de implementación de la vacuna contra el COVID-19 utilizando la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. [52]
El 26 de marzo, la Junta de Salud del Distrito de Canterbury se vio obligada a desconectar su sistema de reserva de vacunas contra la COVID-19 después de que un miembro del público descubriera una vulnerabilidad de seguridad que exponía los datos de 716 personas que se habían registrado para utilizar el sistema. La persona que descubrió la vulnerabilidad calificó de incompetente al desarrollador del sistema. [53] Hasta la fecha, el sistema de reserva no ha vuelto a estar en línea. [ cita requerida ]
El 29 de marzo, la Junta de Salud del Distrito de Hawke's Bay criticó al Ministerio de Salud por fallas y demoras en el lanzamiento de la vacunación contra la COVID-19, alegando que había creado un espacio para que los antivacunas y las teorías conspirativas se arraigaran. [54]
El 7 de abril, el Ministerio de Salud informó que el número total de vacunaciones llegó a 90.286, de las cuales 19.273 fueron segundas dosis. [55]
El 12 de abril, Ardern confirmó que el 86% de los trabajadores de primera línea habían recibido al menos una vacuna contra la COVID-19, lo que representa 3.472 de 4.010 trabajadores. [56]
El 14 de abril, el número total de vacunaciones alcanzó las 135.585, de las cuales 30.194 fueron segundas dosis. [57]
El 15 de abril, el Ministro de Respuesta a la COVID-19, Hipkins, confirmó que los miembros del público que no estaban en la lista de prioridades para las vacunas contra la COVID-19 habían estado recibiendo las vacunas para evitar que se desperdiciaran los suministros. La respuesta de Hipkins se produjo tras los llamamientos de último momento del Gobierno al personal médico para que se vacunara antes de que caducasen las dosis y los informes anecdóticos de que en algunas clínicas se aceptaban "personas sin cita previa" por el mismo motivo. [58]
El 21 de abril, el número total de vacunaciones alcanzó las 183.351, de las cuales 42.771 fueron segundas dosis. [59]
El 28 de abril, el número total de vacunaciones alcanzó las 232.588, de las cuales 60.024 fueron segundas dosis. [60]
El 5 de mayo, el número total de vacunaciones alcanzó las 300.000, de las cuales 217.603 son primeras dosis y 87.297 son segundas dosis, lo que supera los objetivos generales del Gobierno en un 3%. [61]
El 10 de mayo, Stuff informó que las clínicas de medicina general en Auckland habían comenzado a vacunar al público en general, y que el Centro Médico Waiheke en Oneroa fue el primero de esos consultorios en comenzar a vacunar a los pacientes. [62]
El 12 de mayo, el número total de vacunaciones alcanzó las 388.877, de las cuales 120.090 fueron segundas dosis. [63]
El 19 de mayo, el número total de vacunaciones alcanzó las 474.435, de las cuales 152.933 son segundas dosis. [64]
El 9 de junio de 2021, el Ministro de Respuesta al COVID-19, Chris Hipkins, anunció que Nueva Zelanda recibiría un millón de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en julio, lo que elevaría el número total a más de 1,9 millones. [65]
El 21 de junio, Medsafe concedió la aprobación provisional para la vacuna Pfizer/BioNTech contra la COVID-19 que se administrará a jóvenes de 12 a 15 años. [66]
El 7 de julio, Medsafe otorgó la aprobación provisional para el uso de la vacuna de dosis única Janssen contra la COVID-19 en personas de 18 años o más. [16] [67]
El 19 de julio, el Otago Daily Times informó que la Facultad de Farmacia de la Universidad de Otago no pudo cumplir con una solicitud del Ministerio de Salud para capacitar a los vacunadores, ya que el curso de Otago requería un coordinador independiente para acreditarlo. La directora de inmunización del Ministerio de Salud, Kath Blair, confirmó que el Centro de Asesoramiento sobre Inmunización con sede en Auckland era el único proveedor de cursos de capacitación para vacunadores en el país. [68] Ese mismo día, el Ministro de Respuesta al COVID-19, Chris Hipkins, confirmó que un envío de más de 370.000 vacunas Pfizer había llegado a Nueva Zelanda, lo que permitió que la implementación comenzara a acelerarse después de desacelerarse durante el mes pasado. [69]
Para el 20 de julio, la Junta de Salud del Distrito Sur había informado de la administración de 100.000 dosis en Otago y Southland , centrándose en personas de 65 años o más y en aquellas con problemas de salud y discapacidades subyacentes. [70] El 19 de julio de 2021, el buque de guerra de la Marina Real de Nueva Zelanda HMNZS Wellington entregó 120 viales de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 al atolón Nukunonu de Tokelau , lo que es suficiente para vacunar a 720 personas. [71]
El 30 de julio de 2021, comenzó el primer evento de vacunación masiva en Nueva Zelanda en el sur de Auckland, en el Instituto de Tecnología de Manukau y el Centro de Eventos de Vodafone, con el objetivo de vacunar al menos a 15.500 personas durante tres días con la vacuna Pfizer/BioNTech en una de las zonas de mayor riesgo del país. Primero se enviaron invitaciones a 12.500 estudiantes y miembros del personal del instituto, a quienes se les dijo que también podían reservar para sus familiares. Sin embargo, después de que solo alrededor de 3.000 personas reservaran para vacunarse, las juntas de salud del distrito de Auckland terminaron enviando 140.000 invitaciones para alcanzar su objetivo de reservas. [72] El evento contó con una docena de vacunadores que intentaron administrar una vacuna cada 90 segundos en promedio para manejar el volumen de personas. [73]
Para el 4 de agosto, el número total de vacunaciones en Nueva Zelanda había llegado a 2.021.024, de las cuales 769.708 fueron segundas dosis. [74] Ese mismo día, el Ministerio de Salud rediseñó la tarjeta de vacunación. La tarjeta de vacunación se simplificó (eliminando los campos de "número de lote" y "hora indicada"), lo que hace que sea más rápido para los vacunadores completarla. Esto ayudará a que el proceso de vacunación sea más eficiente, en particular para entornos de gran volumen como eventos de vacunación masiva. La tarjeta tiene una muesca recortada para que pueda identificarse fácilmente, y se han aumentado el tamaño de la fuente y el contraste de color. Estos cambios mejoran la accesibilidad de la tarjeta para la comunidad ciega y con baja visión. [75]
El 12 de agosto, Ardern anunció que el Gobierno aceleraría la distribución de la vacuna permitiendo que las personas de todas las edades elegibles pudieran reservar su dosis antes del 1 de septiembre de 2021. Para el 12 de agosto, el 15,4% de la población había recibido una dosis, el 21,6% había sido completamente vacunado y el 63% seguía sin vacunarse. [76]
También el 12 de agosto, el Director General de Salud, Dr. Ashley Bloomfield, dijo que el tiempo estándar pasará a ser de 6 semanas entre la primera y la segunda dosis de la vacuna. En una declaración, el Dr. Bloomfield dijo: "Pasar a un intervalo más largo nos permite administrar una primera dosis a un mayor número de personas más rápido, lo que significa proporcionar a más personas una protección parcial antes. Esta es una parte importante de nuestra preparación para un posible brote de la variante Delta más infecciosa del virus". [77]
El 15 de agosto, el Gobierno reconoció que 828 (aproximadamente el 32%) de los 2.611 trabajadores portuarios del país no habían sido vacunados. En el seno de la Junta de Salud del Distrito de Bay of Plenty , 235 trabajadores portuarios habían sido completamente vacunados, mientras que 33 habían recibido una dosis y 249 no habían sido vacunados. [78]
El 17 de agosto, Ardern anunció que las vacunaciones se suspenderían por un período de 48 horas en respuesta al confinamiento de nivel de alerta 4 a nivel nacional. [79]
El 19 de agosto, Ardern anunció que el gabinete había aprobado la vacuna para su uso en niños de 12 a 15 años. Si los padres ya tienen reserva, pueden llevar a sus hijos elegibles con ellos para ser vacunados. [80] Debido a un malentendido entre el personal, el personal rechazó a las familias de un sitio de vacunación de Rotorua el 20 de agosto. Posteriormente, la Junta de Salud del Distrito de los Lagos se disculpó por el malentendido. [81] Ese mismo día, la Junta de Salud del Distrito Sur (SDHB) confirmó que se abrirían clínicas de vacunación masiva contra la COVID-19 en Dunedin e Invercargill . La SDHB también confirmó que estaba en conversaciones con 100 proveedores locales en las regiones de Southland y Otago para brindar servicios de vacunación. La farmacia Winton se convirtió en la primera farmacia rural en ofrecer vacunas en Southland. [82]
El 20 de agosto, el Ministerio de Salud amplió el grupo prioritario de vacunación 2 para incluir al "personal de primera línea que interactúa con los clientes y los servicios de transporte y logística que apoyan directamente el programa de vacunación", lo que incluye servicios de nivel de alerta 4 como supermercados, farmacias y gasolineras. [83]
El 21 de agosto, Ardern anunció que se había registrado un número récord de reservas para la vacuna, con más de 150.000 reservas el 20 de agosto. Ese mismo día, se vacunaron 56.843 personas. También hubo 1.700 centros de vacunación, incluidos médicos de cabecera y farmacéuticos. [84]
El 22 de agosto, Chris Hipkins anunció que más de 1.000.000 de neozelandeses habían sido completamente vacunados. Hasta el momento se han administrado 2,75 millones de dosis y hay 1,5 millones de reservas activas en el sistema Book My Vaccine. [85]
El 24 de agosto, el viceprimer ministro Grant Robertson anunció que el 23 de agosto Nueva Zelanda había administrado la mayor cantidad de vacunas hasta el momento, más de 63.000. [86] Ese pico se superó al día siguiente, con 80.000 dosis de vacunación administradas. [87]
El 26 de agosto, una madre de Papamoa informó que no podía vacunar a sus dos hijos, que tenían entre 12 y 15 años, a pesar de un anuncio del Gobierno que decía que los niños de entre 12 y 15 años podían vacunarse sin necesidad de hacer una reserva. El controlador de incidentes de la Junta de Salud del Distrito de Bay of Plenty, Trevor Richardson, reconoció más tarde que varios centros de vacunación estaban teniendo dificultades para hacer frente a una demanda récord de servicios de vacunación. [88]
El 27 de agosto, el proveedor de servicios de salud de la iwi maorí Ngāi Tahu , Te Kaika, anunció que abriría un nuevo centro de vacunación masiva en el estadio Forsyth Barr de Dunedin en coordinación con Te Roopu Maori y la Asociación de Estudiantes de las Islas del Pacífico de la Universidad de Otago . Su objetivo es vacunar a 6.000 estudiantes en un período de dos días. [89] Ese mismo día, el Pacific Trust Otago abrió un centro de vacunación destinado a la comunidad Pasifika en el suburbio de Caversham en Dunedin . [90]
El 29 de agosto, la Junta de Salud del Distrito de Bay of Plenty atrajo la atención de los medios después de que se les pidiera a las familias de las islas Pasifika en Tauranga que llevaran sus pasaportes para comprobar si eran trabajadores temporeros. El proveedor de salud local Sameli Tongatea comparó la terrible experiencia con las Redadas del Amanecer de la década de 1970, que se dirigieron desproporcionadamente a los residentes de las islas Pasifika que se quedaban más tiempo del permitido. Posteriormente, la Junta de Salud del Distrito de Bay of Plenty se disculpó por el daño que esto había causado. El Gobierno también aclaró que tanto los residentes como los no residentes podían vacunarse. [91] Ese mismo día, 49.500 personas habían sido vacunadas en todo el país, lo que estableció un nuevo récord nacional. Hasta el 29 de agosto, se habían administrado 3,33 millones de dosis; 2,17 millones recibieron su primera dosis y 1,16 millones recibieron su segunda dosis. Más del 50 por ciento de la población elegible ha recibido su primera dosis. [92]
Desde el 1 de septiembre de 2021, cualquier persona en Nueva Zelanda de 12 años o más (independientemente de su estatus migratorio) puede vacunarse. Además, el Gobierno confirmó que el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna se ampliará a seis semanas. [4] [5]
El 16 de septiembre, el Gobierno puso en marcha un programa de autobuses de vacunación conocido como "Shot Bro" para ayudar a llevar vacunas a las comunidades con tasas de vacunación más bajas o con dificultades para acceder a los servicios de vacunación. Los tres primeros autobuses se han prestado al Centro de Coordinación de Salud Regional del Norte. [93] El programa Shot Bro está basado en el programa australiano de autobuses de vacunación móviles "Jabba the Bus" y busca aumentar las tasas de vacunación dentro de las comunidades maoríes y pasifika, que tienen tasas de vacunación más bajas. El programa "Shot Bro" también complementa el programa de vacunación móvil de Te Hau Ora Ō Ngāpuhi en la ciudad de Kaikohe , en Northland . [94]
En respuesta a las bajas tasas de vacunación entre la comunidad Pasifika, los líderes de la comunidad samoana en Auckland, incluido el médico general senior de Baderdrive Doctors, el Dr. Sirovai Fuata'i, han lanzado eventos de vacunación en vehículos dirigidos a los suburbios del sur de Auckland con importantes poblaciones samoanas, entre ellas Māngere , Favona , Papatoetoe , Ōtara y Manurewa . [95]
En respuesta al confinamiento de Waikato implementado el 3 de octubre de 2021, la Primera Ministra Ardern declaró que los confinamientos continuarían a menos que las tasas de vacunación aumentaran a nivel nacional. [96]
El 7 de octubre, más de 7.000 habitantes de las Islas del Pacífico fueron vacunados en el evento con servicio en automóvil “Rally your Village”. [97]
El 11 de octubre, el Gobierno anunció que los trabajadores de la salud y de las personas con discapacidad, incluidos los médicos generales, las enfermeras y los farmacéuticos, tendrán que estar completamente vacunados antes del 1 de diciembre de 2021, mientras que todos los maestros y trabajadores de la primera infancia tendrán que estar completamente vacunados antes del 1 de enero de 2022. Aquellos que se nieguen a vacunarse pueden perder su trabajo. [98]
El 12 de octubre, Ardern y el Ministerio de Salud anunciaron que el 16 de octubre se celebraría en todo el país un evento televisado de "Super Sábado" "vaxathon" para impulsar las tasas nacionales de vacunación. El vaxathon será cubierto por varios medios de comunicación, entre ellos Newshub , Māori Television y la página de Facebook de Hahana. [99] [100] El ex primer ministro Sir John Key ha expresado su apoyo al vaxathon, habiendo propuesto por primera vez la idea durante una entrevista con los medios de comunicación Newstalk ZB en agosto de 2021. [101]
El 16 de octubre ("Super Sábado"), se celebró el teletón de vacunación a nivel nacional ("vaxathon") durante todo el día, con invitados famosos y profesionales de la salud en una transmisión multiplataforma coordinada en TVNZ 2 , Three , Māori Television , CH200 y varios canales en línea. [99] El evento resultó en cifras récord de vacunación, con más de 100.000 dosis administradas a las 3:00 p. m., con un objetivo establecido de 150.000 dosis. [102] El Super Sábado rompió récords de vacunación, con 39.025 primeras dosis y 90.977 segundas dosis administradas ese día, lo que significa que el 2,5% de toda la población del país recibió una vacuna ese día. [103] [104] Fue el mayor número de un solo día para los maoríes, con 21.815 vacunas administradas. Más de la mitad de las dosis administradas a la comunidad maorí fueron primeras dosis. [103] El evento también tuvo un gran éxito para los neozelandeses tonganos , ya que aproximadamente el 5% de la población tongana en Nueva Zelanda recibió una vacuna el Súper Sábado. [104]
El 23 de octubre, el Gobierno modificó la ordenanza sobre vacunas para reconocer varias vacunas internacionales además de la vacuna Pfizer. Esta decisión permitió que un grupo de pilotos de Air New Zealand que se habían quedado en tierra y se habían vacunado en el extranjero volvieran a trabajar. [105]
El 26 de octubre, Ardern y el ministro de Relaciones Laborales, Michael Wood, anunciaron un nuevo mandato de vacunación que exige que todos los trabajadores de empresas de hostelería y de determinadas industrias de servicios como gimnasios, barberías y peluquerías se vacunen en un plazo de cuatro semanas o corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo. [106] Este anuncio fue bien recibido por la directora ejecutiva de Hospitality New Zealand, Julie White, y la directora ejecutiva de la Restaurant Association, Marisa Bidois, que también expresaron su preocupación por la reticencia a vacunarse, que ha provocado la dimisión del personal y la escasez de mano de obra. El director ejecutivo de Retail NZ, Greg Harford, dio la bienvenida al mandato de vacunación, pero afirmó que los empleadores necesitaban protección legal para contrarrestar el riesgo de acciones legales por parte de los empleados que dudaban en vacunarse. [107]
Para el 31 de octubre, el 75% de la población elegible había sido completamente vacunada. Se han administrado 6,8 millones de dosis de vacunas, incluidas 3,1 millones de segundas dosis. El 80% de los habitantes de Auckland (aproximadamente 1,1 millones de personas) también han recibido ambas dosis de COVID-19. [108]
El 3 de noviembre, el Ministro de Respuesta al COVID-19, Chris Hipkins, confirmó que el Gobierno crearía un "proceso central" para aprobar exenciones de vacunas. El anuncio de Hipkins se produjo en medio de las preocupaciones de los profesionales de la educación y la salud sobre la distribución y venta de certificados de vacunas falsos por parte de médicos que dudan en vacunarse . Hipkins también aclaró que vender o regalar certificados de vacunas de forma gratuita era ilegal. [109] [110]
Para el 4 de noviembre, el 89% de los neozelandeses elegibles habían recibido su primera dosis, mientras que el 77% de la población elegible había sido completamente vacunada. [111]
Para el 7 de noviembre, las juntas sanitarias de los distritos de Waitematā , Auckland , Manukau , Capital and Coast , Canterbury y Sur habían alcanzado el umbral del 90 % para las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19. [112]
El 13 de noviembre, la Junta de Salud del Distrito de Auckland se convirtió en la primera junta de salud del distrito en superar el umbral del 95% para las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19. [113]
El 16 de noviembre, Hipkins lanzó el " My Vaccine Pass " del Gobierno , que se puede utilizar como certificado de vacunación para diversos eventos públicos, hospitalidad, reuniones comunitarias, deportivas y religiosas. [114] Ese mismo día, Ardern confirmó que el límite de Auckland se abriría a las personas vacunadas o examinadas a partir del 15 de diciembre. [115]
El 24 de noviembre, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó la Ley de Legislación de Respuesta al COVID-19 (Vacunación) de 2021 , que permite a las empresas despedir a los empleados que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19. [116]
El 26 de noviembre, el Gobierno extendió el mandato de vacunación a la Policía y la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda . El personal deberá vacunarse contra la COVID-19 antes del 17 de enero de 2022. [117]
En noviembre de 2021, el Grupo de Redes Consultivas de China celebró un evento de vacunación en el centro comercial South City de Christchurch, dirigido a las comunidades chinas de la ciudad. Esta iniciativa de vacunación contó con la participación de una enfermera de habla china y logró vacunar a 90 personas. Este evento de vacunación recibió financiación del fondo de vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Comunidades Étnicas . Para el 26 de diciembre de 2021, más del 99% de la comunidad asiática de Nueva Zelanda había sido completamente vacunada. [118]
El 1 de diciembre, Hipkins anunció que el Gobierno tenía planes de introducir la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de entre 5 y 11 años a partir de finales de enero de 2022. La agencia reguladora Medsafe también confirmó que estaba evaluando la seguridad de la vacuna para los niños de ese grupo de edad. Los ministros del gabinete deberán autorizar la vacuna una vez que haya sido aprobada por Medsafe. [119] [120]
A principios de diciembre, varios ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de Dunedin , el Ayuntamiento del Distrito de Timaru , el Ayuntamiento de Auckland y el Ayuntamiento de Wellington, introdujeron políticas que exigen a las personas mostrar pases de vacunación para acceder a las instalaciones del ayuntamiento, incluidas piscinas, bibliotecas, locales y oficinas. Otros ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Invercargill , el Ayuntamiento del Distrito de Southland , el Ayuntamiento del Distrito de Gore y los Ayuntamientos del Distrito de Waitaki , han declarado que permitirían a las personas acceder a sus instalaciones sin exigir pases de vacunación. [121]
El 21 de diciembre de 2021, Hipkins anunció que el intervalo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo se reduciría de seis meses a cuatro meses, lo que haría que el 82% de los neozelandeses vacunados fueran elegibles para una dosis de refuerzo a fines de febrero de 2022. Además, Hipkins anunció que todos los trabajadores fronterizos y sanitarios elegibles estarían obligados a recibir una dosis de refuerzo. Hipkins también confirmó que las dosis pediátricas de la vacuna Pfizer se distribuirían a los niños de entre 5 y 11 años a partir del 17 de enero de 2022. [122]
El 17 de enero de 2022, las personas mayores de 5 años podrán recibir la vacuna Pfizer. Recibirán una versión infantil de la vacuna Pfizer, con una dosis más baja y un volumen menor. [123] Como parte del lanzamiento, el 17 de enero se distribuyeron 120.000 dosis de Pfizer en las clínicas. [124]
El 17 de enero, el Ministerio de Salud anunció que se habían administrado 14.367 primeras dosis de vacunas pediátricas a niños de 5 a 11 años en toda Nueva Zelanda. [125]
El 9 de febrero, el líder del Partido Nacional de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, pidió al Gobierno que estableciera un cronograma claro para poner fin a los mandatos de vacunación. En respuesta, la Primera Ministra Ardern afirmó que los certificados y mandatos de vacunación solo se mantendrían mientras hubiera una sólida justificación de salud pública. Sentimientos similares fueron reflejados por el Ministro de Respuesta a la COVID-19, Hipkins, quien afirmó que los mandatos seguían siendo objeto de revisión constante. [126]
El 25 de febrero, Hipkins anunció que los niños y adolescentes no vacunados podrían participar en deportes escolares y actividades extracurriculares en el marco de la fase 3 del plan de respuesta Ómicron del país. También aclaró que el pase de vacunación y el requisito de vacunación no serían necesarios para quienes participaran en actividades organizadas por la escuela. [127]
El 1 de marzo, Hipkins confirmó que el Gabinete había aprobado la vacuna Novavax contra la COVID-19 para personas de 18 años o más. Se espera que las primeras dosis lleguen al país a finales de mes. [128]
El 23 de marzo, Ardern anunció que el Gobierno pondría fin a los mandatos de vacunación para el personal de educación, policía y fuerzas de defensa y las empresas que requieren pases de vacunación a partir de las 23:59 horas del 4 de abril de 2022. Además, los requisitos de My Vaccine Pass también se eliminarían a partir de las 23:59 horas del 4 de abril. Estos cambios son parte de una revisión más amplia de los requisitos de "configuración roja" del Marco de Protección COVID-19 del país . [129] [130]
Hasta el 29 de marzo, se habían distribuido 1.300 dosis de la vacuna Novavax en las últimas dos semanas. [131]
El 24 de mayo, The New Zealand Herald informó que el Gobierno había asignado un total de 473 millones de dólares neozelandeses del presupuesto de Nueva Zelanda para 2022 para la compra y distribución de una posible cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta cifra incluía la asignación de 284,3 millones de dólares neozelandeses para la implementación de la estrategia de inmunización contra la COVID-19 y la asignación de 189,2 millones de dólares neozelandeses para la compra de más vacunas de ARNm contra la COVID-19 en 2022 y 2023. [132]
El 21 de junio, el Parlamento modificó la Ley de Medicamentos de 1981 para permitir que las personas consideradas en riesgo de contraer COVID-19 recibieran una segunda dosis de refuerzo. El Gobierno también indicó que confirmaría los grupos de personas que reúnen los requisitos para recibir una cuarta dosis de la vacuna Pfizer. [133]
El 28 de junio, la Ministra de Respuesta a la COVID-19, Dra. Ayesha Verrall, anunció que el mandato de vacunación para los trabajadores penitenciarios y fronterizos se levantaría el 2 de julio de 2022. Para entonces, el 100% del personal penitenciario y el 97% de los trabajadores fronterizos activos habían sido completamente vacunados contra la COVID-19. [134]
El 12 de septiembre, Ardern anunció que los requisitos de vacunación y de pruebas para todos los viajeros que ingresen al país finalizarán a las 23:59 horas del 12 de septiembre. Además, el mandato de vacunación para todos los trabajadores de la salud y de las personas con discapacidad finalizará a las 23:59 horas del 26 de septiembre. Algunos empleadores pueden exigir que los empleados se vacunen debido a sus obligaciones legislativas en materia de salud y seguridad. [135] [136]
El 7 de noviembre, Radio New Zealand informó que la inmunidad de la población de Nueva Zelanda al COVID-19 había disminuido debido a los largos intervalos entre las dosis de refuerzo y las infecciones pasadas y las nuevas cepas de COVID en el extranjero, como XBB y BQ.1 . En respuesta, varios expertos en salud pública, entre ellos el epidemiólogo Michael Baker , la inmunóloga Anna Brooks y la vacunóloga Helen Petousis-Harris, pidieron el restablecimiento de los mandatos de uso de mascarillas y el apoyo del gobierno a los lanzamientos de vacunas, incluida la vacuna Bivalent . [137]
El 8 de noviembre, el Ministro de Respuesta al COVID-19, Verrall, admitió que el Gobierno actualmente no tenía planes de lanzar una dosis anual de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, pero que estaba consultando con expertos. [138]
Tras la aprobación provisional de Medsafe, el director general de Salud y los ministros del gobierno autorizaron el 16 de diciembre el uso de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 de Pfizer para niños de entre seis meses y cuatro años con riesgo de enfermedad grave si contraen la COVID-19. El Ministerio de Salud espera que la vacuna esté disponible a partir de febrero de 2023. [139]
El 21 de diciembre, Medsafe aprobó provisionalmente el uso de las dos vacunas de refuerzo bivalentes Omicron BA.1 y BA.4/5 de Pfizer para personas mayores de 12 años que hayan recibido sus dos primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19. [140]
El 9 de febrero, Medsafe aprobó una versión de la vacuna pediátrica de Pfizer para niños de entre 6 meses y cuatro años de edad. [141]
El 23 de febrero, la ministra de Salud , Ayesha Verrall, confirmó que una vacuna bivalente contra la COVID-19 estaría disponible para las personas mayores de 30 años a partir del 1 de abril de 2023. Esta vacuna bivalente incluye protección contra la variante ómicron. [142]
El 1 de abril, las personas de 30 años o más que no hayan recibido una dosis de refuerzo o una prueba positiva de Covid-19 en los últimos seis meses comenzaron a ser elegibles para recibir la vacuna bivalente Pfizer BA.4/5, que ataca a la variante Ómicron. [143]
El 2 de abril, el Primer Ministro Chris Hipkins y el Ministro de Salud Verrall participaron en un evento de vacunación contra la gripe y la COVID-19 para instar a las personas elegibles a vacunarse en el período previo a la temporada de gripe invernal. [144]
El 22 de mayo, la directora médica del Centro de Asesoramiento sobre Inmunización, Nikki Turner, expresó su preocupación por la falta de urgencia en torno a las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Para el 12 de mayo, los datos del Ministerio de Salud confirmaron que el 52,5% de las personas que cumplían los requisitos (aproximadamente 893.157 personas) habían recibido su segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Además, 289.402 personas habían recibido su tercera dosis de refuerzo. [143]
El 20 de diciembre, Medsafe aprobó una nueva vacuna Pfizer actualizada para tratar la cepa XBB.1.5 de COVID-19 en un esfuerzo por reducir la carga de trabajo del próximo invierno en los hospitales. [145]
A principios de febrero, un artículo publicado en la revista académica Vaccine titulado "El impacto de la vacunación contra la COVID-19 en Aotearoa Nueva Zelanda: un estudio de modelado" estimó que la vacunación contra la COVID-19 evitó entre 4000 y 12 000 muertes en Nueva Zelanda durante la fase ómicron de la pandemia de la COVID-19. El profesor Michael Plank, coautor de la investigación sobre la COVID-19 , atribuyó a la estrategia de eliminación del Gobierno la reducción de las cifras de hospitalizaciones por COVID-19 entre 34 000 y 56 000 durante ese período. [146] [147]
A partir de septiembre de 2020, Horizon Research, en asociación con la Escuela de Salud de la Población de la Universidad de Auckland, realizó una serie de encuestas de opinión pública sobre las actitudes y sentimientos de los neozelandeses adultos hacia la vacunación contra la COVID-19. Las dos primeras encuestas realizadas entre septiembre y diciembre de 2020 revelaron que el 69% de la población se vacunaría contra la COVID-19 "bien probada y aprobada", mientras que el 24% no se mostraría dispuesto a hacerlo y el 16% se opondría a hacerlo. El apoyo a la vacunación fue mayor entre los encuestados de 65 años o más, mientras que la reticencia a la vacuna fue mayor entre las comunidades maoríes y de las islas del Pacífico , los padres con hijos en el hogar y los que tenían ingresos familiares y calificaciones educativas más bajas. [148]
En febrero de 2021, una tercera encuesta de opinión pública reveló que el 71,4% de los 1.317 encuestados estaban dispuestos a vacunarse contra la COVID-19, mientras que el 7,2% no estaba seguro y el 21,4% era poco probable que se vacunara contra la COVID-19 si se lo ofrecieran. Las principales preocupaciones identificadas en la encuesta incluían inquietudes sobre los efectos a largo plazo de la vacunación y la información insuficiente. Las personas de 65 años o más y de 18 a 24 años eran las más receptivas a vacunarse contra la COVID-19. [148]
En marzo de 2021, una cuarta encuesta de opinión pública reveló que el 69% de los encuestados estaba dispuesto a vacunarse contra la COVID-19, mientras que el 15% (unos 612.200 adultos) se vacunaría inmediatamente si estuviera disponible. El número de personas que probablemente no se vacunarían se mantuvo en el 9,4%, mientras que el 20% de los encuestados (unos 798.000) no se vacunarían contra la COVID-19 si se les ofreciera. El porcentaje de maoríes y pasifika que probablemente no se vacunarían descendió de un pico del 27% y el 34% respectivamente en diciembre de 2020 al 18% y el 9%. Sin embargo, el porcentaje de quienes probablemente se vacunarán no ha cambiado tan significativamente. [148]
En abril de 2021, una quinta encuesta de opinión pública reveló que el 77% de los encuestados estaban dispuestos a vacunarse contra la COVID-19. El porcentaje de personas que probablemente no se vacunen se redujo al 12%, mientras que el de personas que "definitivamente no" se vacunarán se redujo al 7,8%. El número de maoríes dispuestos a vacunarse aumentó del 64% en marzo de 2021 al 71% en abril de 2021. El número de habitantes de las islas del Pacífico dispuestos a vacunarse aumentó del 59% al 79%. Las regiones de las juntas sanitarias de distrito en las que la probabilidad de que los encuestados acepten una vacuna es menor que el promedio nacional incluyen Waikato, Lakes, Tairawhiti, Whanganui, Hutt, Wairarapa, West Coast y South Canterbury. [148]
En mayo de 2021, una sexta encuesta de opinión pública reveló que el 80% de los encuestados estaban dispuestos a vacunarse contra la COVID-19. El porcentaje de personas que no estaban dispuestas a vacunarse se mantuvo estable en el 13%, mientras que el de personas que "definitivamente no" lo harían se mantuvo en el 7%. El número de maoríes dispuestos a vacunarse había aumentado al 75%, mientras que el número de personas del Pacífico dispuestas a vacunarse se redujo ligeramente al 78%. La encuesta reveló que el 77% de los encuestados cree que los neozelandeses pueden elegir si vacunarse o no. Además, el 72% de los encuestados cree que las personas vacunadas aún pueden contraer la COVID-19, un aumento con respecto al 57% en abril de 2021. [148]
En junio de 2021, una séptima encuesta de opinión pública reveló que el 72% de las personas que no estaban vacunadas tenían probabilidades de vacunarse, lo que representa una disminución respecto del 77% del mes anterior. El 66% de los encuestados maoríes y el 55% de los encuestados de las islas del Pacífico que no estaban vacunados tenían probabilidades de vacunarse. En general, el 81% de los encuestados consideró que era importante que todos los neozelandeses que pudieran vacunarse recibieran la vacuna. [148]
El 20 de mayo de 2020, una encuesta de Stickybeak a 605 personas realizada para The Spinoff concluyó que el 65 % de los encuestados se vacunaría si hubiera una vacuna contra la COVID-19 disponible. Por el contrario, el 20 % dijo que no estaba seguro, mientras que el 16 % dijo que no. [149]
En febrero de 2021, una encuesta de opinión pública de seguimiento de The Spinoff encontró que el 53% de los encuestados tomaría una vacuna contra la COVID-19 aprobada médicamente, el 25% se oponía a tomar una vacuna contra la COVID-19 y el 22% no estaba seguro. [150]
En marzo de 2021, una encuesta de opinión pública a 1.040 participantes realizada por el profesor de comunicaciones de la Universidad Massey, Jagadish Thaker, estimó que el 36% de los encuestados estaban entusiasmados con la posibilidad de recibir las vacunas contra la COVID-19, el 28% apoyaba las vacunas contra la COVID-19, el 24% dudaba en recibir las vacunas contra la COVID-19 y el 12% era escéptico con respecto a las vacunas contra la COVID-19. [151]
A mediados de noviembre de 2021, una encuesta de opinión pública de 1 News – Colmar Brunton reveló que el 74% de los neozelandeses apoyaba la política de vacunación obligatoria del Gobierno para los trabajadores de la educación, la atención sanitaria, los puertos, las fronteras y las prisiones. El 20% se oponía a la política de vacunación obligatoria, mientras que el 6% no sabía nada al respecto. Los segmentos que más apoyan la política de vacunación obligatoria incluyen a los partidarios del Partido Laborista (86%), las personas con un ingreso familiar anual superior a 150.000 dólares (85%) y las personas de 55 años o más (81%). Las personas que viven en Waikato (al menos el 30%) tenían más probabilidades de oponerse a la política de vacunación obligatoria. [152]
Varios líderes y denominaciones cristianas, entre ellos el reverendo Fitifiti Luatua de la Iglesia Cristiana Congregacional Samoana de Christchurch, las Iglesias Bautistas de Nueva Zelanda , la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica, han apoyado los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19. La Junta de Misiones Anglicanas organizó una campaña de recaudación de fondos para campañas de vacunación en los países más pobres, que había recaudado 80.000 dólares neozelandeses hasta el 11 de septiembre. La Iglesia Católica también lanzó una campaña "Ama a tu prójimo como a ti mismo" para combatir la desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19. [153]
Tras la muerte de un miembro de las Asambleas de Dios Samoanas Māngere el 6 de octubre de 2021, los líderes de la denominación local, entre ellos la primera dama Rebekah Toleafoa y el portavoz de la iglesia Jerome Mika, han pedido a los miembros que se vacunen. [154]
Para el 7 de noviembre de 2021, toda la congregación de 120 miembros de la Iglesia Metodista Samoana Māngere Central en Auckland había sido vacunada gracias a una campaña de concientización promovida por el reverendo Suiva'aia Te'o de la iglesia con la ayuda de los líderes del grupo de jóvenes de la iglesia. [155]
El 13 de diciembre , New Zealand Rugby , el organismo rector nacional del rugby union , anunció que todos los jugadores que deseen competir en rugby juvenil y comunitario en 2022 deberán estar completamente vacunados. Esta decisión fue respaldada por las 26 uniones provinciales de rugby del país. [156]
Varios líderes fundamentalistas cristianos , incluidos los pastores Murray y Nancy Watkinson del Celebration Centre en Christchurch, Brian y Hannah Tamaki de Destiny Church , el líder de City Impact Church , Peter Mortlock, y el teórico de la conspiración Billy Te Kahika , han criticado los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19, describiendo de forma variable la vacuna como la marca de la bestia , un exceso gubernamental y cuestionando su eficacia. [153]
A pesar de la oposición vocal de los Tamakis a las órdenes de vacunación y las políticas de confinamiento, la Iglesia del Destino alquiló su estacionamiento en Wiri , Auckland, para las operaciones de prueba de la Clínica Comunitaria Whānau Ora. La clínica, que ha realizado decenas de miles de vacunaciones contra la COVID-19 en su centro de vacunación masiva de Takanini , es propiedad de dos destacados miembros de la Iglesia del Destino, Raewyn Bhana y George Ngatai. [157]
El 8 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud confirmó que dos personas que habían recibido la vacuna Pfizer/BioNTech habían muerto. Se cree que estas personas tenían más de 80 años. No se ha establecido un vínculo directo entre la vacuna y sus muertes. El Centro de Monitoreo de Reacciones Adversas y el regulador nacional de medicamentos Medsafe están monitoreando la investigación sobre sus muertes. [158]
El 25 de agosto de 2021, el Ministerio de Salud reconoció que cinco personas que acudieron a la vacunación en Highbrook, en Auckland, habían recibido una solución salina en lugar de la dosis de Pfizer. [159] En respuesta, la vacunóloga Helen Petousis-Harris, miembro del grupo asesor de implementación de la inmunización contra la COVID-19 del Gobierno, atribuyó el incidente a errores cometidos durante el proceso de preparación de la vacuna Pfizer para su uso. El portavoz del Partido Nacional para la COVID-19 , Chris Bishop , y el líder del Partido ACT, David Seymour, exigieron transparencia al Gobierno sobre el problema del error de la solución salina. [160]
El 28 de agosto, el Ministerio de Salud reconoció que estaba contactando a 13 personas en la Región de Canterbury que habían recibido una dosis más baja de la vacuna Pfizer a principios de mes. [161]
El 30 de agosto, la Junta Independiente de Vigilancia de la Seguridad de las Vacunas contra la COVID-19 y el Ministerio de Salud confirmaron que una mujer había muerto de miocarditis , un efecto secundario poco común de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, lo que supuso la primera muerte registrada en el país relacionada con la vacuna. El caso ha sido remitido al forense para que determine la causa de la muerte. [162]
El 18 de diciembre, 1 News y el Otago Daily Times informaron que un hombre de Dunedin de 26 años llamado Rory Nairn había muerto de miocarditis relacionada con la vacuna en noviembre de 2021 después de recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer COVID-19. [163] A fines de agosto y septiembre de 2022, se escuchó una investigación forense sobre la muerte de Nairn en el Tribunal de Distrito de Dunedin. La investigación escuchó el testimonio del farmacéutico de Nairn, el vacunador, el Ministerio de Salud, Health New Zealand y MedSafe. A pesar de un aviso del Ministerio de Salud a fines de agosto de 2021 que advertía a los farmacéuticos y médicos sobre el riesgo de miocarditis, la farmacia de Nairn, su propietario y el vacunador no habían advertido a Nairn sobre el riesgo debido a información contradictoria de las autoridades sanitarias, incluido el Ministerio de Salud y el Centro de Asesoramiento sobre Inmunización. [164] [165] La patóloga Dra. Noelyn Hung también testificó que los resultados de las pruebas del corazón de Nairn descartaron medicamentos, un virus, una bacteria o una infección fúngica rara como causas de la miocarditis. [166] El 20 de mayo de 2024, el Comisionado de Salud y Discapacidad criticó a un farmacéutico por no brindarle suficiente información a Nairn antes de que recibiera la vacuna Pfizer contra la COVID-19. [167]
El 14 de diciembre de 2022, la Junta Independiente de Vigilancia de la Seguridad de las Vacunas contra la COVID-19 informó a Health New Zealand (Te Whatu Ora) que una cuarta muerte posiblemente estaba relacionada con la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer (Comirnaty). [168]
El esfuerzo gubernamental para implementar la vacuna contra la COVID-19 se ha topado con desinformación y desinformación por parte de varios grupos y medios de comunicación, incluidos " Voces por la Libertad " de Claire Deeks , el antiguo partido Advance New Zealand y la revista Real News de la empresa de medios alternativos Full Courts Press . [169] [170] En marzo de 2021, Voces por la Libertad se asoció con Advance NZ para distribuir copias de The Real News en buzones de correo; recaudando NZ$10,000 para imprimir y distribuir copias de la revista para mayo de 2021. [169] [171] Además, Voces por la Libertad distribuyó 2 millones de folletos que difundían desinformación sobre la vacuna Pfizer-BioNTech. [171]
A mediados de junio de 2021, la secretaria de Educación, Iona Holsted, advirtió que las escuelas estaban siendo blanco de los antivacunas. El Ministerio de Educación también expresó su preocupación por el hecho de que los líderes escolares no estaban abordando la desinformación en los boletines escolares y que algunos directores estaban promoviendo la reticencia a las vacunas . En respuesta, el Ministerio instó a los educadores a utilizar "fuentes apropiadas" para obtener información verificada. [172]
En agosto de 2021, el colaborador de la revista North & South, Emanuel Stoakes, informó que algunos medios de comunicación locales en idioma chino, en particular el Chinese Herald y el sitio web SkyKiwi, estaban promoviendo la desinformación sobre la eficacia de las vacunas occidentales contra la COVID-19 a favor de las vacunas chinas. El médico de East Auckland, David Wu, identificó la plataforma de redes sociales china WeChat como una fuente clave de desinformación sobre las vacunas y propaganda a favor de Pekín dentro de la comunidad china de Nueva Zelanda. La politóloga Anne-Marie Brady instó al Gobierno de Nueva Zelanda a monitorear los canales en idioma chino y brindar a los neozelandeses de habla china información sobre la COVID-19 en idioma chino para combatir la desinformación. [173]
En octubre de 2021, varios activistas antivacunación, incluido Billy Te Kahika, utilizaron un lenguaje emotivo que comparaba el mandato de vacunación del gobierno y las políticas de confinamiento con el Holocausto, y fueron criticados por varios líderes judíos, entre ellos la presidenta del Centro del Holocausto de Nueva Zelanda, Deborah Hart, la portavoz del Consejo Judío de Nueva Zelanda, Juliet Moses, y el líder de la Federación Sionista de Nueva Zelanda, Rob Berg, por considerarlos insensibles y dañinos para la comunidad judía . [174]
A principios de noviembre de 2021, el Proyecto de Desinformación Te Pūnaha Matatini de la Universidad de Auckland publicó un documento de trabajo que examinaba la desinformación y la información errónea sobre la COVID-19 desde que comenzó el brote de la variante Delta el 17 de agosto de 2021. El documento concluyó que las comunidades en línea de extrema derecha en Nueva Zelanda y en el extranjero estaban utilizando varias plataformas de redes sociales, incluido Telegram, para difundir desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19 y las políticas de confinamiento mediante el uso de memes , testimonios emotivos y motivos y símbolos maoríes. El documento también argumentó que los elementos antivacunas estaban reapropiándose de motivos y símbolos maoríes como el hīkoi y la bandera de las Tribus Unidas de Nueva Zelanda para promover la reticencia a las vacunas entre la población maorí y explotar las tensiones raciales. El documento argumentó que los elementos de extrema derecha estaban usando la vacunación contra la COVID-19 como un caballo de Troya para promover ideologías de extrema derecha en Nueva Zelanda en diversas cuestiones, incluido el control de armas , el sentimiento antimaorí, la homofobia , la transfobia , los valores familiares conservadores, la misoginia y la inmigración. [175] [176] [177]
En 2021, la enfermera de cuidados paliativos Amanda Turner fue despedida por la Junta de Salud del Distrito de Wairarapa por publicar información contra las vacunas en Facebook. Turner apeló sin éxito tanto a la Autoridad de Relaciones Laborales como al Tribunal de Empleo en 2022 y 2023 respectivamente. A fines de enero de 2024, Turner presentó una tercera apelación contra su despido ante el Tribunal de Apelaciones . Si su tercera apelación falla, Turner deberá pagar NZ$20,000 para cubrir parte de los costos legales incurridos por Te Whatu Ora (Health New Zealand), el sucesor de la Junta de Salud del Distrito de Wairarapa. [178]
A mediados de diciembre de 2021, el Consejo Médico de Nueva Zelanda confirmó que estaba investigando a tres médicos, el Dr. Peter Canaday, el Dr. Emanuel García y el Dr. Matthew Shelton, por difundir mensajes contra la vacunación. Los tres médicos también han sido suspendidos, lo que han apelado ante el Tribunal de Distrito, que debe escuchar sus casos el próximo año. Canaday había difundido información errónea sobre la vacuna Pfizer en videos en línea, mientras que Shelton había difundido información errónea sobre los efectos de la vacuna Pfizer en el programa Magic Talk de Media Works del presentador Peter Williams . [179] A principios de abril de 2022, Canaday y el Dr. Shelton apelaron con éxito la decisión del Consejo Médico de suspender sus licencias por expresar declaraciones contra las vacunas. El juez Stephen Harrop dictaminó que el consejo se había equivocado al suspender a la pareja antes de completar sus investigaciones y declaró que el consejo debería haberles permitido firmar compromisos voluntarios que restringieran sus declaraciones públicas. [180] [181] El abogado de Shelton, Matthew Clelland QC, y el abogado de Canaday, Adam Holloway, negaron que sus clientes fueran antivacunas. [181]
En diciembre de 2022, el Comisionado de Salud y Discapacidad descubrió que el ex médico general de Plimmerton, el Dr. Matt Shelton, había incumplido las normas al enviar un mensaje de texto no solicitado a 600 pacientes diciendo que no apoyaba la vacuna COVID-19 y dirigiéndolos a un sitio web que promovía desinformación sobre COVID-19. [182]
El 15 de agosto de 2023, la jueza del Tribunal de Distrito de Wellington, KD Kelly, revocó la suspensión por parte del Consejo Médico de la médica generalista Dra. Allison Goodwin, que había publicado vídeos contra la vacunación y firmado una carta abierta en la que impugnaba las políticas de vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Salud. Si bien la jueza Kelly dictaminó que el Consejo Médico no había considerado opciones disciplinarias "menos draconianas", rechazó la afirmación de Goodwin de que sus opiniones habían sido "presentadas de manera equilibrada". [183]
A mediados de octubre de 2023, la Comisionada de Salud y Discapacidad (HDC, por sus siglas en inglés) Morag McDowell admitió una denuncia contra el "Dr. B" por enviar información contraria a la vacunación sobre las vacunas contra la COVID-19 a una paciente. McDowell determinó que el médico no había cumplido ni con el Código de Derechos de los Consumidores de Servicios de Salud y Discapacidad ni con la declaración de orientación del Consejo Médico sobre la responsabilidad profesional de los profesionales de la salud al proporcionar información relacionada con la COVID. El Dr. B se disculpó por no verificar a fondo los documentos que habían compartido. McDowell ordenó al Doctor B que se disculpara con la mujer, completara los módulos de capacitación en línea del HDC sobre el Código y asistiera a una capacitación profesional y de comunicación. [184]
El 11 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud confirmó que estaba investigando a un hombre al que se le había pagado por vacunarse contra la COVID-19 diez veces en un día en nombre de otras personas. La vacunóloga y profesora asociada Helen Petousis-Harris describió el comportamiento del hombre como "increíblemente egoísta" y lo citó como un ejemplo de cómo otros se aprovechan de alguien que tiene poco dinero. [185]
A principios de diciembre de 2023, el servicio de salud pública Te Whatu Ora (Health New Zealand) inició una investigación sobre un administrador acusado de difundir información errónea sobre la COVID-19 utilizando datos obtenidos de la organización. El empleado había desarrollado una base de datos para la distribución de la vacuna y había citado datos de ese trabajo. Según Radio New Zealand , el empleado había sido entrevistado en un sitio web de teorías de la conspiración. [186] El 3 de diciembre, Te Whatu Ora presentó una denuncia policial contra el empleado por la filtración de datos de la distribución de la vacuna. [187] El 4 de diciembre, el empleado fue identificado como Barry Young, quien compareció ante el Tribunal de Distrito de Wellington bajo el único cargo de acceder a un sistema informático con fines deshonestos, lo que conlleva una pena máxima de siete años de prisión. [188] Después de ser puesto en libertad bajo fianza el 5 de diciembre, Young fue entrevistado por el teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones en su sitio web InfoWars . [189]
El 8 de diciembre, Te Whatu Ora solicitó los servicios de expertos internacionales en ciberseguridad y ciencia forense para investigar la filtración de datos de la vacuna contra la COVID-19. [190] A mediados de febrero de 2024, Health NZ reconoció que al menos 12.000 personas habían visto comprometida su información personal. [191]
El 18 de mayo de 2021, el Ministro de Salud, Andrew Little, anunció que el Gobierno enmendaría la Sección 23 de la Ley de Medicamentos de 1981 después de que la jueza del Tribunal Superior Rebecca Ellis fallara a favor de la afirmación de la Sociedad de Acción Médica Ngai Kaitiaki Tuku Ihu de que la decisión del Gobierno de aprobar la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 excedía los poderes de la legislación. La Sociedad de Acción Médica había argumentado que esta acción habría socavado la confianza pública en la vacuna y habría desperdiciado las existencias de vacunas que ya se utilizaban en el país. [192]
A principios de septiembre de 2021, 12 miembros de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda presentaron una apelación judicial ante el Tribunal Superior de Wellington impugnando una directiva del jefe de las Fuerzas de Defensa, el mariscal del aire Kevin Short , según la cual los miembros del servicio que se negaran a vacunarse serían dados de baja. Su abogado, Christopher Griggs, afirmó que la directiva era ilegal y violaba el derecho del grupo a rechazar el tratamiento médico en virtud de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990. [ 193] [194]
A mediados de octubre de 2021, diez de las 63 parteras registradas empleadas por la Junta de Salud del Distrito de Taranaki indicaron que dejarían sus trabajos antes que vacunarse contra la COVID-19. En respuesta, el Ministro de Respuesta a la COVID-19, Hipkins, defendió la orden de vacunación del Gobierno, afirmando que "es esencial que las personas que trabajan con niños se vacunen para mantenerlos a salvo". [195]
El 8 de noviembre de 2021, la Asociación de Médicos de Nueva Zelanda que Hablan sobre la Ciencia (NZDSOS), la Asociación de Maestros de Nueva Zelanda que Hablan sobre la Ciencia (NZTSOS) y un grupo de matronas representadas por el abogado Christopher Griggs solicitaron una revisión judicial de la orden gubernamental de vacunación contra la COVID-19 para los profesionales de la educación y la salud. Los demandantes impugnaron la sentencia de que los trabajadores de la educación y la salud que se negaran a vacunarse podrían perder sus vocaciones, alegando que era un abuso de las libertades civiles y del poder estatal. [196] El 12 de noviembre, el juez Matthew Palmer rechazó el argumento de los demandantes de que la orden gubernamental de vacunación violaba el derecho a rechazar el tratamiento médico y se negó a detener la aplicación de la orden a la espera de una nueva audiencia judicial de los demandantes el 22 de noviembre. [197]
El 18 de enero de 2022, un grupo de padres representados por un grupo llamado "Hood" impugnó la decisión de MedSafe de distribuir la vacuna Pfizer a niños de entre 5 y 11 años. La jueza Rachel Ellis escuchó la presentación de los demandantes en el Tribunal Superior de Wellington. Si bien Ellis concedió el anonimato a los demandantes y sus familias, rechazó su solicitud de una orden preliminar inmediata para detener la distribución de las vacunas a los niños. En una audiencia posterior en el Tribunal Superior, la jueza Ellis se negó a emitir una orden provisional para detener la distribución de las vacunas a los niños, a la espera de una audiencia de revisión judicial completa. [198] [199]
El 25 de febrero de 2022, el juez Cooke del Tribunal Superior dictaminó que la obligación de vacunación del Gobierno para la policía y las fuerzas de defensa violaba el derecho a rechazar el tratamiento médico en virtud de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990. También criticó la obligación de vacunación por no permitir otras formas de mantener a las personas seguras, como el trabajo a distancia o las pruebas periódicas de COVID-19 . El 6 de enero, tres miembros del personal no vacunados habían solicitado una revisión judicial de la obligación de vacunación, que afectaba a 164 miembros de la policía y 115 miembros de las fuerzas de defensa. Si bien falló a favor de los demandantes, Cooke también aclaró que la vacunación ha ayudado a reducir el riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19. [200] [201]
El 8 de abril de 2022, el juez Cooke del Tribunal Superior rechazó una revisión judicial presentada por los grupos "New Zealand Doctors Speaking Out on Science" y "New Zealand Teachers Speaking Out on Science" en la que se afirmaba que el mandato gubernamental de vacunación para los trabajadores de la salud y la educación violaba el derecho a rechazar el tratamiento médico en virtud de la Ley de la Carta de Derechos de 1990. Cooke dictaminó que los mandatos eran un "límite demostrablemente justificado" al derecho a rechazar el tratamiento médico. [202]
El 28 de junio de 2022, el grupo Hood presentó un segundo recurso para solicitar una revisión judicial de la distribución de la vacuna a los niños de entre 5 y 11 años. La jueza Rebecca Ellis había rechazado anteriormente la petición del grupo de detener de inmediato la distribución de la vacuna a los niños en febrero de 2022. En sus argumentos legales, el abogado del grupo, David Jones QC, había citado a varios médicos antivacunas, incluido el médico estadounidense Robert W. Malone . [203]
On 19 September 2022, a group of unvaccinated caregivers represented by lawyer Matthew Hague sought a judicial review of the Government's vaccine mandate for health workers, claiming they had lost thousands of dollars in income. Though the Health Ministry had initially exempted home caregives from the health workers' vaccine mandate, it subsequently extend the mandate to home caregivers. Disability advocate Jane Carrigan argued that the inclusion of home-based care givers in the vaccine mandate for health workers was unjust since the Health Ministry had denied them the same rights as other health workers for years.[204] On 10 March 2023, High Court Judge Van Bohemen ruled that the decision by the-then COVID-19 Response Minister Chris Hipkins to extend the vaccine mandate to family carers was invalid. He also stated that the caregivers were entitled to compensation for lost income and urged Prime Minister Hipkins to apologise to them.[205]
In late March 2023, former tertiary student Tahi Ricks sought NZ$1 million in compensation from the polytechnic Ara Institute of Canterbury. Ara had required all students and staff to be fully vaccinated by 14 February 2022. Unvaccinated people, with the exception of individuals with Ministry of Health vaccine exemptions, were barred from entering Ara's campuses from that date. Ricks alleged that the vaccine mandate had disrupted his study plans and that Ara had denied him distance learning options. Ricks represented himself during the hearing at the Christchurch High Court. Ara was represented by lawyer Olly Peers, who defended Ara's vaccine requirement policy as part of the Government's COVID-19 Protection Framework.[206]
On 7 July 2023, the Employment Court ruled that a South Island port employee nicknamed "GF" had been unjustifiable dismissed by his employer for refusing to take a COVID-19 vaccine during the COVID-19 pandemic. The Court ruled that the employer, whose identity remains suppressed, had failed to engage with GF, comply with tikanga (Māori customary values) in terms of staff employment relationships, and meet its "heightened obligations" under the Public Service Act 2020.[207]
On 16 July, Judge Penelope Ginnen of the Pukekohe Family Court ruled in favour of a five-year-old boy's mother who wanted her son to receive the Pfizer vaccine. The child's father had opposed vaccination on the grounds that the risks outweighed the benefits of the vaccine. In justifying decision, Judge Ginnen said that she was satisfied the vaccine was safe, citing clinical trials which found that children receiving the Pfizer vaccine had received only mild symptoms such as a sore arm, headache, and fatigue.[208]
In late November 2022, Te Whatu Ora—Health New Zealand sought legal guardianship of a baby boy (dubbed "Baby W") in need of heart surgery after the boy's parents refused to allow blood from COVID-19 vaccinated people to be used in the operation. The court case was heard at the Auckland High Court on 30 November by Justice Layne Harvey. Per policy, the national blood bank New Zealand Blood Service does not separate vaccinated and unvaccinated donated blood.[209] Health NZ was represented by Paul White while Baby W's parents were represented by anti-vaccination activist and lawyer Sue Grey. In addition, the parents were supported by former TVNZ broadcaster and anti-vaccination activist Liz Gunn. The initial hearing was picketed by 100 anti-vaccination protesters. Harvey scheduled an urgent hearing for 6 December 2022.[210]
On 7 December, Gault J of the Auckland High Court ruled on Te Whatu Ora, Health New Zealand, Te Toka Tumai v C and S. In his ruling, Gault J ruled that Baby W was to be under the guardianship of the court and two doctors would be appointed as agents of the court to provide consent for surgery, and thus the surgery would be held.[211][212][213] On 8 December, Grey and Gunn initially confirmed that the parents would not be appealing the Judge's decision to hand over guardianship of Baby W to Health New Zealand, citing the urgent medical needs of the baby.[214] Later that night, Police were dispatched to Starship Hospital to enforce the High Court's ruling after the parents attempted to prevent medical personnel from preparing Baby W for the heart surgery operation. Gault also issued an emergency order allowing the Police to use reasonable force to remove Baby W from his parents' custody and prevent them from obstructing surgical proceedings. In response to the planned operation, anti-vaccination protesters gathered outside the Auckland High Court, Starship Hospital, and Auckland City Hospital on 9 December.[215][216] On 9 December, Grey confirmed that Baby W had undergone a successful heart surgery operation and was recovering well.[216] On 10 December, Grey and the parents confirmed that they would continue challenging the Court's decision through the legal system.[217]
Following the Auckland August 2021 community outbreak, the Māori social services volunteer agency Whānau Waipareira launched a programme to boost Māori and Pasifika COVID-19 immunisation rates by giving them a priority access code at the Trusts Arena in West Auckland.[218][219] Due to long-standing socio-economic disparities, Māori have recorded lower COVID-19 vaccination rates than other New Zealand ethnic groups, even when accounting for the Māori population being younger than the New Zealand average. As of 3 September 2021, only 19.5% of Māori aged 12 and over had been fully vaccinated, and 37.9% had received one dose.[220][221][222]
On 6 September 2021, ACT Party leader David Seymour drew media coverage when he released the Māori vaccination access code to his followers on Twitter. His actions were criticised for allegedly sabotaging a campaign to improve Māori vaccination access and stirring racial tensions. His critics included National Hauora Coalition Director Dr Rawiri Jansen, Whānau Waipareira CEO John Tamihere, Māori Party co-leader Debbie Ngarewa-Packer, and Green Party co-leader Marama Davidson.[219][218][223][222] In response to criticism, Seymour refused to apologise and pushed back on the allegations, telling media that "the virus doesn't discriminate on race, so neither should the roll out."[224]
Several Māori leaders and civil society organisations including Māori Party co-leaders Ngarewa-Packer and Rawiri Waititi, and the National Iwi Chairs Forum have criticised the Government's new "traffic light" system for lifting lockdown restrictions based on vaccination rates, claiming that it does not address the lower Māori vaccination rates.[225]
On 26 October, the Whānau Ora Commissioning Agency (WOCA), which represents Māori providers in the North Island, challenged the Ministry of Health's refusal to hand over Māori vaccination information at the High Court in Wellington. The Health Ministry has only agreed to release the data of individuals who have registered with a Whānau Ora provider and other information that is anonymised. The Commission Agency responded that this level of information made it difficult to reach hard to reach communities and also claimed that the Ministry's refusal to share this information breached the Treaty of Waitangi. The Government countered that releasing the information would be a breach of privacy that could derail the Māori vaccination effort.[226]
By 31 October, 72% of Māori had received one COVID-19 vaccine dose while 53% had received both doses, compared with 88% and 75% respectively for the total eligible population.[227]
On 6 November 2021, the Ministry of Health declined to share Māori vaccination data with the Whanau Ora Commissioning Agency. The Agency had sought the contact details of all unvaccinated Māori living in the North Island so it could target areas with low vaccination rates. The Agency's chief executive Tamihere criticised the Health Ministry for obstructing its efforts to increase Māori vaccination rates. In response, Director-General of Health Bloomfield defended the Ministry's decision, stating that they had proposed an alternate way of sharing the personal health information of individual Māori with the Commissioning Agency.[228] On 24 November, the Health Ministry agreed to release a portion of the data relating to Māori. This included information that showed that over 52,000 Māori living between Auckland and Waikato were unvaccinated. On 25 November, the Commissioning Agency filed a second challenge at court to obtain information of all eligible Maori who had not yet been vaccinated. Tamihere accused the Health Ministry of being unwilling to help Māori communities.[229]
On 19 November 2021, several members of the New Zealand Māori Council including Archdeacon Harvey Ruru and Tā Edward Durie filed an application for an urgent inquiry by the Waitangi Tribunal into Government's response to the COVID-19 pandemic in Māori. The plaintiffs argued that the Government's vaccination rollout policies and plans to ease lockdown restrictions made Māori more at risk of contracting COVID-19.[230] On 21 December, the Waitangi Tribunal ruled that the Government's vaccination rollout breached the Treaty of Waitangi's principles of active protection and equity. The Tribunal criticised the Government's decision to prioritise those aged over 65 years during the vaccine rollout, finding that it failed to account for the youthful nature of the Māori population and its health vulnerabilities. The Tribunal also ruled that the Government's transition to the "traffic light system" failed to take into account the lower Māori vaccination rate and health needs. The Tribunal also found that Government had not adequately consulted with Māori health providers and leaders and determined that efforts to address Māori needs such as the "Māori communities Covid-19 fund" were inadequate. The Waitangi Tribunal recommended that the Government improve data collection, improve engagement with the Māori community, and provided better support for ongoing vaccination efforts, testing, contact tracing, and support for Māori infected with COVID-19.[231][232]
On 10 December 2021, Director-General of Health Bloomfield agreed to release more of the Health Ministry's data on unvaccinated Māori in the North Island following two judicial reviews. Bloomfield agreed to provide the Commissioning Agency and Whānau Tahi with information relating to all unvaccinated Māori in the Northland, Hawke's Bay, and Whanganui regions but with a reduced amount of information on those living in Wairarapa, the Lakes District Health Board and the Bay of Plenty as several of the iwi (tribes) in those areas opposed the release of the data to the Commissioning Agency, or were interested in a data-matching agreement with the Health Ministry. In response, Whānau Ora Commissioning Agency chief John Tamihere claimed that the release of the information data was "too little, too late" and accused the Health Ministry of obstruction.[233][234]
On 19 January 2022, Tamihere stated that the Whānau Ora Commissioning Agency was planning to pursue legal action against the Health Ministry to force the release of data on unvaccinated Māori children between the ages of five and 11 years old. Since the rollout of the Pfizer vaccine to children in that age group in mid January 2022, Whānau Ora has sought to boost Māori vaccination rates across different age groups.[235] After failing to convince the Health Ministry to release the data on Māori children, Whānau Ora confirmed that it was exploring taking its case against the Health Ministry to the High Court, Waitangi Tribunal or the Human Rights Commission. In response, the Health Ministry's national immunisation programme director Astrid Koornneef stated that previous High Court rulings did not consider the sharing of personal contact information and vaccination status of children. She added that the Ministry would continue to consult Māori leaders, stakeholders, service providers (including Whānau Ora), the Office of the Children's Commissioner (OCC) and the Privacy Commissioner about sharing children's personal data.[236]
By 21 September 2021, Stuff reported that only 29% of the 80,000 eligible members of the Samoan community in Auckland had been vaccinated. According to figures released by the Northern Region Health Co-ordination Centre (NRHCC) on 12 September, 23,791 of Samoans living in the Auckland metropolitan area had been fully vaccinated and a further 21,342 had received their first dose of the Pfizer vaccine. More than 35,000 had not been vaccinated. In response, Samoan community leaders launched a drive-through campaign to increase vaccination rates within that community.[95]
By 31 October, 85% of Pacific Islanders had received at least one dose while 69% had received both doses.[227]
On 7 March 2022, the Southern District Health Board acknowledged that 1,500 people who had received the Pfizer COVID-19 vaccine in the Queenstown Lakes and Central Otago between 1 December 2021 and 28 January 2022 may not be fully protected since their doses were stored at an incorrect temperature. The affected provider has ceased providing vaccination services while awaiting the results of an investigation. Queenstown Lakes District Mayor Jim Boult expressed disappointment with the vaccine storage issues and urged affected individuals to get a replacement dose.[237]
On 13 October 2021, a University of Otago study found that COVID-19 vaccination rates in rural areas was lower than urban areas. The number of people who have had at least one vaccine does was 11% lower in rural areas and up to 19% lower in remote rural areas compared with urban centres. The study also found that the rural Māori rate for having one dose was 10% lower than urban Māori. The study also identified longer driving times within rural areas and lower access to vaccination services as factors affecting lower rural vaccination rates. Jamie McFadden, owner of plant nursery Hurunui Natives, also attributed the lower vaccination rater among farmers to work-related time constraints.[238][239] To address low vaccination rates in the South Island's West Coast, a new mobile clinic was established to cater to whitebait fishermen and local farmers.[240]
In late October 2021, a Stuff report identified inflexible bookings and miscommunication as factors in deterring people from getting vaccinated. The report also found that Māori were uncomfortable with the online booking system due to their reluctance to share information and preferred a walk-in system.[241]
In mid December 2022, Radio New Zealand reported that a batch of 592,000 Pfizer COVD-19 vaccine doses were set to expire by 31 January 2022, citing figures released by Te Whatu Ora (Health New Zealand). About 64,000 vaccines are given out each month. The Health Ministry has asked Pfizer about extending the expiry dates of some batches. Vaccinologist Helen Petousis-Harris attributed the stalled booster uptake to a combination of vaccination fatigue and increased infection rates which meant that infected people could not receive vaccine doses.[242]
On 28 March 2023, Te Whatu Ora confirmed that it had destroyed 870,000 stocks of expired Pfizer COVID-19 vaccine doses with another 570,000 doses scheduled to be destroyed on 31 March.[243]
On 31 October 2021, the Pasefika Family Health Group in Panmure, Auckland was vandalised following a successful community vaccination event. In addition, staff received online abuse and threats from anti-vaxxers.[244]
On 13 December 2021, a Dunedin nurse named Lauren Bransgrove was referred by the Nursing Council of New Zealand to a professional conduct committee after making violent threats on the social media app Telegram against COVID-19 vaccinators and medical professionals prior to the Government's planned vaccination of children between the ages of 5 and 11 years. Bransgrove had also participated in anti-lockdown protests organised by anti-vaccination group Voices for Freedom in Dunedin.[245] Following media coverage, Bransgrove apologised for her post and promised not to harass vaccinators. In addition, the Medical Council of New Zealand, the Accident Compensation Corporation (ACC), Health Ministry, and Police confirmed that they were aware of her posts and conducting their own separate investigations.[246][247] In January 2021, Radio New Zealand reported that Bransgrove had been removed from the Nursing Council's public register, preventing her from practising medicine. In addition, she was dismissed from her job as a clinical advisor at ACC.[248][249]
On 27 December 2021, the Police launched an investigation of Destiny Church leader Brian Tamaki after he threatened to blow up mobile vaccination clinics in opposition to the rollout of COVID-19 vaccines to children between the ages of 5 and 11. According to The New Zealand Herald, Tamaki had made this alleged threat during a sermon held on 26 December, which was uploaded on Destiny Church's website. At the time, Tamaki was on bail pending trial for staging several anti-lockdown protests in Auckland in defiance of COVID-19 public health orders.[250]
On 8 February the Te Kaika vaccination and testing centre in St Kilda, Dunedin was targeted by anti-vaccination vandals, who spray painted the containers and facilities with anti-vaccination messages. Te Kaika chief executive Albie Laurence estimated that the graffiti would cost the community health trust NZ$50,000 to clean up. The previous year, vandals had targeted the Te Taika vaccination and testing centre, causing NZ$16,000 in damages.[251]
In mid April 2022, a group called "The Forgotten of New Zealand" threatened to take legal action against the Government over its ban on unvaccinated resident and permanent resident visa holders from entering the country. Due to the relaxation of border restrictions, unvaccinated New Zealand citizens were allowed to enter the country. The groups' lawyer Matthew Hague claimed there was no risk to changing the policy since all travellers entering New Zealand were tested and the high number of community cases. In response, epidemiologist Michael Baker expressed concerns that allowing more unvaccinated travellers to enter the country would increase the transmission of COVID-19 [how?]. COVID-19 Response Minister Chris Hipkins indicated that the country's COVID-19 border policies were being reviewed.[252] Paul Hunt of the Human Rights Commission urged the Government to reconsider its ban on unvaccinated permanent residents from entering the country.[253]
In early May 2022, Hipkins announced that unvaccinated visa holders, permanent residents, and Australian citizens residing in New Zealand would be able to travel to and from the country without having to undergo Managed Isolation and Quarantine (MIQ). He cited the lower health risks of overseas transmission and New Zealand's high vaccination rate as the basis of the Government's relaxation of border entry restrictions.[254]
In early November 2021, several educational leaders expressed concerns about vaccine hesitancy among teachers and early childhood workers. Secondary Principals Association president Vaughan Couillault and Principals Federation president Perry Rush estimated that there were 2,000 vaccine hesitant teachers within the secondary schools sector. Rush also reported that anti-vax medical personnel including osteopaths, homeopaths, general practitioners, physiotherapists, and midwives were issuing bogus vaccine exemption certificates to teaching staff. Te Rito Maioha Early Childhood New Zealand chief executive Kathy Wolfe said that her sector had only received a few queries about "resisters."[255]
In response to staff presenting vaccine certificates, the Post Primary Principals Association president Melanie Webber sought clarification from the Government on how to deal with vaccine hesitant staff. The Royal New Zealand College of General Practitioners also warned members not to issue further vaccine certificates until the Health Ministry and Immunisation Advisory Centre addressed an "apparent loophole" in the rules that dealt with "unspecified health issues." Under New Zealand law, any health practitioner registered under the Health Practitioners Competence Assurance Act 2003 including general practitioners, dentists, podiatrists and midwives can provide exemption certificates.[256]
In October 2021, the Medical Council of New Zealand (MCNZ) launched an investigation of Sophie Febery, a general practitioner at the Methven Medical Centre in Mid Canterbury who had espoused anti-COVID-19 vaccination views and unsuccessfully attempted to import ivermectin. Febery had previously been barred from seeing patients face-to-face for refusing to get vaccinated and participated in an anti-vaccination rally organised by the Freedoms and Rights Coalition.[257]
On 3 November 2021, the Voices for Freedom activist group organised an event at Newbury School in Palmerston North for people seeking vaccine exemptions. However, the school and Ministry of Education subsequently declined to allow Voices for Freedom to use its facilities, prompting the cancellation of the event. Social media posts promoting the event claimed that "registered practitioners" were selling vaccine certificates for $10 for individuals and $20 for families. A similar vaccine exemption signing event had been held at a Seventh-day Adventist Church in Palmerston North on 1 November. In response to the events in Palmerston North, COVID-19 Response Minister Hipkins announced that the Government would be establishing a centralised system to approve vaccine exemptions and clarified that the practise of selling vaccine certificates or offering them for free was illegal.[110][109]
In early December 2021, it was reported that media broadcaster Newshub had recorded a Kaiapoi–based general practitioner named Dr Jonie Girouard illegally selling medical certificates as exemptions for COVID-19 vaccines. This is in breach of regulations that only allow the Ministry of Health to grant medical exemptions relating to COVID-19. The doctor was also recorded making anti-vaccination statements and admitted that she not been vaccinated for COVID-19, in breach of the vaccine mandate for health workers.[258][259] In response the New Zealand Medical Association and Police confirmed that they were investigating Girouard with the assistance of the Ministry of Health for breaching the Crimes Act 1961 and the COVID-19 Public Health Response (Vaccinations) Order 2021.[259][260]
On 12 December, the Medical Council of New Zealand confirmed that they were investigating Girouard's husband Michael while the Health Ministry declined a "Temporary Significant Service Disruption Exemption" from Jonie following media coverage of their activities to enable her to treat patients in person without being vaccinated. The couple was criticised by both National MP Gerry Brownlee and Labour MP Duncan Webb, with the former calling for Dr Jonie to be suspended and the latter describing their actions as "defying the science."[261] On 10 January 2021, the Medical Council confirmed that Girouard was no longer registered as a general practitioner after she applied at her own request to be removed from the national register of doctors.[262][263] On 20 November 2023, the Health and Disability Commissioner (HDC) decision ruled that Dr Girouard was "wholly irresponsible for not complying with healthcare standards during the Covid-19 pandemic."[264]
In late March 2022, about 100 people from the group "Silent no More" delivered a 12,000 strong petition to Parliament demanding recognition for New Zealanders who claimed that they had been injured by COVID-19 vaccines. The delegation was met by National Member of Parliament Chris Penk, who had been informed of the petition by a constituent.[265]
On 11 November 2021, Southern District Health Board member Ilka Beekhuis resigned after she used her title to oppose Countdown's vaccine mandate on employees and voted against a DHB motion calling for a commitment to at least 90% vaccination rates across communities.[266]
On 17 November, 1,309 unvaccinated employees of the country's 20 district health boards' 80,000–strong work force had been stood down for not meeting the Government's vaccine mandate. 463 of the stood-down employees are nurses while 723 others include senior medical officers, midwives and registered medical officers.[267]
In early August 2022, Radio New Zealand reported that the College of Midwives chief executive Alison Eddy had written a letter to the Health Minister Andrew Little and the COVID-19 Response Minister Chris Hipkins in May 2022 urging them to reconsider lifting the ban on unvaccinated midwives in order to address the staffing shortage in the healthcare sector. In addition, other health leaders including Midwifery Employee Representation & Advisory Service (MERAS) co-leader Caroline Conroy and University of Auckland vaccinologist Helen Petousis-Harris expressed support for reviewing the vaccine mandate requirement for healthcare workers.[268] On 2 August, National Party COVID-19 spokesperson Chris Bishop called on the Government to lift its vaccine mandate requirement for nurses and health workers in order to address the staffing shortage in the healthcare sector.[269]
By 21 December 2022, The New Zealand Herald reported that 447 teachers in New Zealand had resigned or been dismissed for refusing to receive the COVID-19 vaccine in the period between November 2021 and 20 April 2022; citing figures released by the Ministry of Education under the Official Information Act.[270]
In February 2024, a study conducted by Auckland University of Technology, led by economics professor Gail Pacheco, found that vaccine mandates had a limited impact on increasing vaccine uptake among New Zealand's 171,486 health workers. While 90% of health workers had received two vaccines by the time the mandates were announced in October 2021, there was no sudden jump with vaccine coverage increasing at a steady rate until it reached 90 percent. Pacheco found that the mandates adversely affected unvaccinated health workers' employment prospects and pay, which declined 19% and 15% respectively during that period.[271]
In early April 2024, Radio New Zealand reported that 8,051 unvaccinated and partially vaccinated health workers were allowed to keep working between October 2021 and September 2022 because critical health services could not function without them. This figure included 3,935 care and support workers, 352 doctors, 992 admin workers, 788 allied health professionals and 1,984 nurses and midwives. Over five thousand were employed by district health boards while others were employed by clinics and home-health agencies.[271]
The COVID-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board (the Board) has notified Te Whatu Ora of a fourth death in New Zealand in which a link to the Pfizer COVID-19 vaccine (Comirnaty) could not be excluded.
Media related to COVID-19 vaccination in New Zealand at Wikimedia Commons