La Primera Enmienda ( Enmienda I ) a la Constitución de los Estados Unidos impide al gobierno hacer leyes respecto al establecimiento de una religión ; prohibir el libre ejercicio de la religión ; o restringir la libertad de expresión , la libertad de prensa , la libertad de reunión o el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Fue adoptada el 15 de diciembre de 1791, como una de las diez enmiendas que constituyen la Carta de Derechos . En el borrador original de la Carta de Derechos, lo que ahora es la Primera Enmienda ocupaba el tercer lugar. Los dos primeros artículos no fueron aprobados, por lo que el artículo sobre la desestablecimiento y la libertad de expresión terminó siendo el primero.
La Carta de Derechos fue propuesta para apaciguar la oposición antifederalista a la ratificación constitucional . Inicialmente, la Primera Enmienda se aplicaba únicamente a las leyes promulgadas por el Congreso , y muchas de sus disposiciones se interpretaban de manera más estricta que en la actualidad. A partir de Gitlow v. New York (1925), la Corte Suprema aplicó la Primera Enmienda a los estados (un proceso conocido como incorporación ) a través de la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda .
En Everson v. Board of Education (1947), la Corte se basó en la correspondencia de Thomas Jefferson para pedir "un muro de separación entre la iglesia y el Estado", una metáfora literaria pero esclarecedora de la separación de las religiones del gobierno y viceversa, así como del libre ejercicio de las creencias religiosas que muchos Fundadores favorecían. A lo largo de décadas de litigios contenciosos, los límites precisos de la separación obligatoria se han adjudicado de maneras que periódicamente crearon controversia. Los derechos de expresión se ampliaron significativamente en una serie de decisiones judiciales de los siglos XX y XXI que protegieron varias formas de expresión política, expresión anónima, financiación de campañas , pornografía y expresión escolar ; estos fallos también definieron una serie de excepciones a las protecciones de la Primera Enmienda . La Corte Suprema revocó el precedente del derecho consuetudinario inglés para aumentar la carga de la prueba en las demandas por difamación y calumnia , sobre todo en New York Times Co. v. Sullivan (1964). Sin embargo, el discurso comercial está menos protegido por la Primera Enmienda que el discurso político y, por lo tanto, está sujeto a una mayor regulación.
La Cláusula de Libertad de Prensa protege la publicación de información y opiniones, y se aplica a una amplia variedad de medios de comunicación. En Near v. Minnesota (1931) y New York Times v. United States (1971), la Corte Suprema dictaminó que la Primera Enmienda protegía contra la censura previa a la publicación en casi todos los casos. La Cláusula de Petición protege el derecho a solicitar a todas las ramas y agencias del gobierno que tomen medidas. Además del derecho de reunión garantizado por esta cláusula, la Corte también ha dictaminado que la enmienda protege implícitamente la libertad de asociación .
Aunque la Primera Enmienda se aplica únicamente a los actores estatales , [a] [1] existe la idea errónea de que prohíbe a cualquiera limitar la libertad de expresión, incluidas las entidades privadas y no gubernamentales. [2] Además, la Corte Suprema ha determinado que la protección de la libertad de expresión no es absoluta. [3]
El Congreso no hará ninguna ley que establezca una religión, que prohíba su libre ejercicio, que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al Gobierno la reparación de agravios. [4]
El derecho a solicitar la reparación de agravios fue un principio incluido en la Carta Magna de 1215 , así como en la Carta de Derechos inglesa de 1689. En 1776, el segundo año de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos , la legislatura colonial de Virginia aprobó una Declaración de Derechos que incluía la frase "La libertad de prensa es uno de los mayores baluartes de la libertad, y nunca puede ser restringida excepto por gobiernos despóticos". Ocho de los otros doce estados hicieron promesas similares. Sin embargo, estas declaraciones fueron generalmente consideradas "meras advertencias a las legislaturas estatales", en lugar de disposiciones ejecutables. [5]
Después de varios años de un gobierno comparativamente débil bajo los Artículos de la Confederación , una Convención Constitucional en Filadelfia propuso una nueva constitución el 17 de septiembre de 1787, que incluía, entre otros cambios, un jefe ejecutivo más fuerte. George Mason , un delegado de la Convención Constitucional y redactor de la Declaración de Derechos de Virginia, propuso que la Constitución incluyera una carta de derechos que enumerara y garantizara las libertades civiles . Otros delegados, incluido el futuro redactor de la Carta de Derechos, James Madison , no estuvieron de acuerdo, argumentando que las garantías estatales existentes de las libertades civiles eran suficientes y que cualquier intento de enumerar los derechos individuales corría el riesgo de implicar que otros derechos no nombrados estaban desprotegidos. Después de un breve debate, la propuesta de Mason fue derrotada por un voto unánime de las delegaciones estatales. [6]
Sin embargo, para que la Constitución fuera ratificada, nueve de los trece estados debían aprobarla en convenciones estatales. La oposición a la ratificación ("antifederalismo") se basaba en parte en la falta de garantías adecuadas de la Constitución para las libertades civiles. Los partidarios de la Constitución en los estados donde el sentimiento popular estaba en contra de la ratificación (incluidos Virginia, Massachusetts y Nueva York) propusieron con éxito que sus convenciones estatales ratificaran la Constitución y solicitaran la adición de una declaración de derechos. La Constitución de los Estados Unidos finalmente fue ratificada por los trece estados. En el primer Congreso de los Estados Unidos , a petición de las legislaturas estatales, James Madison propuso veinte enmiendas constitucionales, y su borrador propuesto de la Primera Enmienda decía lo siguiente:
No se coartarán los derechos civiles de nadie por razón de creencias o cultos religiosos, ni se establecerá ninguna religión nacional, ni se violarán de ninguna manera ni bajo ningún pretexto los derechos plenos e iguales de conciencia. No se privará ni coartará al pueblo su derecho a hablar, escribir o publicar sus sentimientos; y la libertad de prensa, como uno de los grandes baluartes de la libertad, será inviolable. No se impedirá al pueblo reunirse pacíficamente y deliberar por su bien común, ni solicitar a la Legislatura, mediante peticiones o exhortos, la reparación de sus agravios. [7]
El Congreso condensó en gran medida este lenguaje y fue aprobado por la Cámara y el Senado casi sin debate registrado, lo que complicó la discusión futura de la intención de la Enmienda. [8] [9] El Congreso aprobó y presentó a los estados para su ratificación doce artículos de enmienda el 25 de septiembre de 1789. El texto revisado del tercer artículo se convirtió en la Primera Enmienda, porque los últimos diez artículos de los 12 artículos presentados fueron ratificados por el número requerido de estados el 15 de diciembre de 1791, y ahora se conocen colectivamente como la Declaración de Derechos . [10] [11]
La libertad religiosa, también conocida como libertad de religión, es "el derecho de todas las personas a creer, hablar y actuar -individualmente y en comunidad con otros, en privado y en público- de acuerdo con su comprensión de la verdad última". [13] El reconocimiento de la libertad religiosa como el primer derecho protegido en la Carta de Derechos apunta a la comprensión de los fundadores estadounidenses de la importancia de la religión para el florecimiento humano, social y político. [13] La libertad de religión [13] está protegida por la Primera Enmienda a través de su Cláusula de Establecimiento y Cláusula de Libre Ejercicio , que juntas forman las cláusulas de libertad religiosa de la Primera Enmienda. [14] La primera cláusula prohíbe cualquier "establecimiento de una religión" por parte del gobierno y la segunda prohíbe cualquier interferencia gubernamental con "el libre ejercicio de la misma". [15] Estas cláusulas de la Primera Enmienda abarcan "las dos grandes áreas de la religión en el derecho constitucional . Los casos de establecimiento tratan de la prohibición de la Constitución de que el Congreso respalde, promueva o se involucre demasiado con la religión. Los casos de libre ejercicio tratan de los derechos de los estadounidenses a practicar su fe". [16] Ambas cláusulas a veces compiten entre sí. La Corte Suprema en McCreary County v. American Civil Liberties Union (2005) aclaró esto con el siguiente ejemplo: Cuando el gobierno gasta dinero en el clero, entonces parece que está estableciendo una religión, pero si el gobierno no puede pagar a los capellanes militares , entonces muchos soldados y marineros se verían privados de la oportunidad de ejercer sus religiones elegidas. [15] La Corte Suprema desarrolló la doctrina de la posición preferente. [17] En Murdock v. Pennsylvania (1943) la Corte Suprema afirmó que "La libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de religión están en una posición preferente". [18] La Corte agregó:
Es evidente que una comunidad no puede suprimir, ni el Estado imponer un impuesto, la difusión de opiniones porque sean impopulares, molestas o desagradables. Si alguna vez se aprobara ese mecanismo, se habría creado un instrumento fácil para la supresión de la fe que cualquier minoría aprecia pero que no es favorable a ella. Eso sería un repudio total de la filosofía de la Declaración de Derechos . [18]
En su opinión disidente en McGowan v. Maryland (1961), el juez William O. Douglas ilustró las amplias protecciones que ofrecen las cláusulas de libertad religiosa de la Primera Enmienda:
La Primera Enmienda ordena al gobierno no tener interés en la teología o el ritual; amonesta al gobierno a interesarse en permitir que la libertad religiosa florezca, ya sea que el resultado sea producir católicos , judíos o protestantes , o encaminar a la gente hacia el camino de Buda , o terminar en una nación predominantemente musulmana , o producir a largo plazo ateos o agnósticos. En asuntos de este tipo, el gobierno debe ser neutral . Esta libertad incluye claramente la libertad de religión, con el derecho a creer, hablar, escribir, publicar y defender programas antirreligiosos. Board of Education v. Barnette , supra , 319 US 641. Ciertamente, la cláusula de "libre ejercicio" no requiere que todos adopten la teología de alguna iglesia o de alguna fe, u observen las prácticas religiosas de alguna secta mayoritaria o minoritaria. La Primera Enmienda, por su cláusula de "establecimiento", impide, por supuesto, la selección por parte del gobierno de una iglesia "oficial". Sin embargo, la prohibición claramente se extiende más allá de eso. En Everson v. Board of Education (330 US 1, 330 US 16) dijimos que sería un "establecimiento" de una religión si el Gobierno financiara una o varias iglesias. ¿Qué mejor manera de "establecer" una institución que encontrar el fondo que la sostenga? La cláusula de "establecimiento" protege también a los ciudadanos contra cualquier ley que seleccione una costumbre, práctica o ritual religioso, ponga la fuerza del gobierno detrás de ella y multe, encarcele o penalice de otro modo a una persona por no observarla. El Gobierno claramente no podría unir fuerzas con un grupo religioso y decretar una circuncisión universal y simbólica . Tampoco podría exigir que todos los niños fueran bautizados o dar exenciones impositivas sólo a aquellos cuyos hijos estuvieran bautizados. [19]
Quienes quieran renegociar los límites entre la Iglesia y el Estado deben, por tanto, responder a una pregunta difícil: ¿Por qué cambiaríamos un sistema que nos ha servido tan bien por uno que ha servido tan mal a otros?
-- La jueza Sandra Day O'Connor en su opinión concurrente en el caso McCreary County v. American Civil Liberties Union (2005). [20]
La Primera Enmienda no tolera ni la religión establecida por el gobierno ni la interferencia gubernamental en la religión. [21] Uno de los propósitos centrales de la Primera Enmienda, escribió la Corte Suprema en Gillette v. United States (1970), consiste en "asegurar la neutralidad gubernamental en asuntos de religión". [22] La historia de la Cláusula de Establecimiento y la Cláusula de Libre Ejercicio y la propia jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema con respecto a estas cláusulas se explicó en el caso de 1985 Wallace v. Jaffree . [23] La Corte Suprema señaló desde el principio que la Primera Enmienda limita por igual el poder del Congreso y de los estados para recortar las libertades individuales que protege. La Primera Enmienda fue adoptada para limitar el poder del Congreso de interferir con la libertad del individuo de creer, de adorar y de expresarse de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. La Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda impone a los estados las mismas limitaciones que la Primera Enmienda siempre había impuesto al Congreso. [24] Esta "proposición elemental de derecho" fue confirmada y respaldada una y otra vez en casos como Cantwell v. Connecticut , 310 US 296, 303 (1940) [b] y Wooley v. Maynard (1977). [c] [27] La libertad central que unifica las diversas cláusulas de la Primera Enmienda es la libertad de conciencia del individuo : [28]
Así como el derecho a hablar y el derecho a abstenerse de hablar son componentes complementarios de un concepto más amplio de libertad individual de pensamiento, también la libertad del individuo de elegir su propio credo es la contraparte de su derecho a abstenerse de aceptar el credo establecido por la mayoría. En un momento dado, se pensó que este derecho simplemente proscribía la preferencia de una secta cristiana sobre otra, pero no exigía el mismo respeto por la conciencia del infiel , el ateo o el seguidor de una fe no cristiana como el islam o el judaísmo. Pero cuando se ha examinado el principio subyacente en el crisol del litigio, la Corte ha concluido inequívocamente que la libertad individual de conciencia protegida por la Primera Enmienda abarca el derecho a elegir cualquier fe religiosa o ninguna en absoluto. Esta conclusión se apoya no sólo en el interés por respetar la libertad de conciencia del individuo, sino también en la convicción de que las creencias religiosas dignas de respeto son el producto de la elección libre y voluntaria de los fieles, y en el reconocimiento del hecho de que el interés político en prevenir la intolerancia se extiende más allá de la intolerancia entre sectas cristianas –o incluso la intolerancia entre “religiones”– para abarcar la intolerancia hacia los incrédulos y los inseguros . [29]
El significado preciso de la Cláusula de Establecimiento se remonta a principios del siglo XIX. Thomas Jefferson escribió sobre la Primera Enmienda y su restricción al Congreso en una respuesta de 1802 a los bautistas de Danbury , [30] una minoría religiosa que estaba preocupada por la posición dominante de la iglesia congregacionalista en Connecticut , que había escrito al presidente recién elegido sobre sus preocupaciones. Jefferson respondió:
Creyendo con vosotros que la religión es un asunto que compete únicamente al hombre y su Dios, que éste no debe cuentas a nadie por su fe o su culto, que los poderes legítimos del gobierno alcanzan sólo a las acciones, y no a las opiniones, contemplo con soberana reverencia aquel acto de todo el pueblo americano que declaró que su legislatura no debería "hacer ninguna ley respecto del establecimiento de una religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma", construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado . Adhiriéndose a esta expresión de la voluntad suprema de la nación en favor de los derechos de conciencia, veré con sincera satisfacción el progreso de aquellos sentimientos que tienden a restituir al hombre todos sus derechos naturales, convencido de que no tiene ningún derecho natural en oposición a sus deberes sociales. [31]
En Reynolds v. United States (1878), la Corte Suprema usó estas palabras para declarar que "puede aceptarse casi como una declaración autorizada del alcance y efecto de la enmienda así obtenida. El Congreso fue privado de todo poder legislativo sobre la mera opinión [religiosa], pero se le dejó libre para adoptar [solamente] aquellas acciones religiosas] que violaran los deberes sociales o subvirtieran el buen orden". Citando el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa de Jefferson, la corte afirmó además en Reynolds :
En el preámbulo de esta ley ... se define la libertad religiosa; y después de una exposición de que 'permitir que el magistrado civil invada sus poderes en el campo de la opinión y restrinja la profesión o propagación de principios suponiendo que su tendencia es mala, es una falacia peligrosa que destruye de inmediato toda libertad religiosa', se declara 'que ya es tiempo suficiente para que los propósitos legítimos del gobierno civil interfieran [sólo] cuando los principios [religiosos] estallan en actos abiertos contra la paz y el buen orden'. En estas dos oraciones se encuentra la verdadera distinción entre lo que pertenece propiamente a la iglesia y lo que pertenece al Estado.
Reynolds fue la primera decisión de la Corte Suprema en utilizar la metáfora "un muro de separación entre la Iglesia y el Estado". El historiador estadounidense George Bancroft fue consultado por el presidente de la Corte Suprema Morrison Waite en Reynolds con respecto a las opiniones sobre el establecimiento de los Padres Fundadores . Bancroft le aconsejó a Waite que consultara a Jefferson y Waite luego descubrió la carta citada anteriormente en una biblioteca después de hojear el índice de las obras recopiladas de Jefferson según el historiador Don Drakeman. [32]
La Cláusula de Establecimiento [33] prohíbe las leyes federales, estatales y locales cuyo propósito sea "el establecimiento de una religión". El término "establecimiento" denota en general la ayuda directa a la iglesia por parte del gobierno. [34] En Larkin v. Grendel's Den, Inc. (1982) la Corte Suprema declaró que "la razón fundamental que subyace a la Cláusula de Establecimiento es prevenir 'una fusión de funciones gubernamentales y religiosas', Abington School District v. Schempp , 374 US 203, 374 US 222 (1963)". [35] La Cláusula de Establecimiento actúa como una doble seguridad, ya que su objetivo es tanto la prevención del control religioso sobre el gobierno como la prevención del control político sobre la religión. [14] Los redactores de la Primera Enmienda sabían que entrelazar el gobierno con la religión podía conducir al derramamiento de sangre o a la opresión, porque esto sucedió con demasiada frecuencia históricamente. Para evitar este peligroso desarrollo, establecieron la Cláusula de Establecimiento como una línea de demarcación entre las funciones y operaciones de las instituciones de la religión y el gobierno en la sociedad. [36] El gobierno federal de los Estados Unidos , así como los gobiernos estatales, tienen prohibido establecer o patrocinar una religión, [14] porque, como observó la Corte Suprema en Walz v. Tax Commission of the City of New York (1970), el "establecimiento" de una religión implicaba históricamente patrocinio, apoyo financiero y participación activa del soberano en la actividad religiosa . [37] La Cláusula de Establecimiento sirve así para garantizar leyes, como dijo la Corte Suprema en Gillette v. United States (1970), que sean "seculares en su propósito, imparciales en su funcionamiento y neutrales en su impacto primario". [22]
La prohibición de la Primera Enmienda sobre el establecimiento de una religión incluye muchas cosas, desde la oración en entornos gubernamentales muy variados hasta la ayuda financiera para individuos e instituciones religiosas para comentar sobre cuestiones religiosas. [15] La Corte Suprema declaró en este contexto: "En estos entornos variados, los problemas sobre la interpretación del lenguaje inexacto de la Cláusula de Establecimiento, como los problemas de interpretación difíciles en general, surgen de la tensión de valores en competencia, cada uno constitucionalmente respetable, pero ninguno abierto a la realización hasta el límite lógico". [15] El Centro Nacional de la Constitución observa que, en ausencia de algunas interpretaciones comunes por parte de los juristas, el significado preciso de la Cláusula de Establecimiento no está claro y que las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos relacionadas con la Cláusula de Establecimiento a menudo se toman por 5 a 4 votos. [38] La Cláusula de Establecimiento, sin embargo, refleja un consenso ampliamente compartido de que no debería haber una iglesia establecida a nivel nacional después de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos . [38] En este contexto, el Centro Nacional de la Constitución afirma:
Prácticamente todos los juristas coinciden en que violaría la Cláusula de Establecimiento si el gobierno obligara a asistir o brindar apoyo financiero a una institución religiosa como tal, si el gobierno interfiriera en la selección del clero o la doctrina religiosa de una organización religiosa, si las organizaciones religiosas o figuras que actúan en calidad de religiosas ejercieran el poder gubernamental, o si el gobierno extendiera beneficios a algunas entidades religiosas y no a otras sin una justificación secular adecuada. [38]
Originalmente, la Primera Enmienda se aplicaba únicamente al gobierno federal, y algunos estados continuaron con las religiones estatales oficiales después de la ratificación. Massachusetts , por ejemplo, fue oficialmente congregacionalista hasta la década de 1830. [39] En Everson v. Board of Education (1947), la Corte Suprema incorporó la Cláusula de Establecimiento (es decir, la hizo aplicable contra los estados):
La cláusula de la Primera Enmienda que prohíbe el establecimiento de una religión por ley significa al menos lo siguiente: ni un estado ni el gobierno federal pueden establecer una iglesia. Tampoco pueden aprobar leyes que favorezcan a una religión, que favorezcan a todas las religiones o que prefieran una religión a otra ... en palabras de Jefferson, la cláusula [de la Primera Enmienda] que prohíbe el establecimiento de una religión por ley tenía por objeto erigir "un muro de separación entre la iglesia y el estado" ... Ese muro debe mantenerse alto e inexpugnable. No podemos aprobar la más mínima violación. [40]
Citando al juez Hugo Black en Torcaso v. Watkins (1961), la Corte Suprema repitió su declaración de Everson v. Board of Education (1947) en Abington School District v. Schempp (1963):
Reiteramos y reafirmamos una vez más que ni un Estado ni el Gobierno Federal pueden obligar constitucionalmente a una persona a “profesar una creencia o no creencia en ninguna religión”. Tampoco pueden aprobar leyes o imponer requisitos que favorezcan a todas las religiones frente a los no creyentes, ni pueden ayudar a aquellas religiones basadas en la creencia en la existencia de Dios frente a aquellas religiones fundadas en creencias diferentes. [42]
En el centro de la Cláusula de Establecimiento se encuentra el principio básico de neutralidad denominacional. [43] En Epperson v. Arkansas (1968) la Corte Suprema delineó el amplio principio de neutralidad denominacional ordenado por la Primera Enmienda: "El gobierno en nuestra democracia, estatal y nacional, debe ser neutral en asuntos de teoría, doctrina y práctica religiosa. No puede ser hostil a ninguna religión o a la defensa de la no-religión, y no puede ayudar, fomentar o promover una religión o teoría religiosa contra otra o incluso contra el opuesto militante. La Primera Enmienda ordena la neutralidad gubernamental entre religión y religión, y entre religión y no religión". [44] El mandato más claro de la Cláusula de Establecimiento es, según la Corte Suprema en Larson v. Valente , 456 U.S. 228 (1982), que una denominación religiosa no puede ser oficialmente preferida sobre otra. [45] En Zorach v. Clauson (1952), la Corte Suprema observó además: "El gobierno no puede financiar grupos religiosos ni llevar a cabo instrucción religiosa ni mezclar educación sectaria y secular ni utilizar instituciones seculares para imponer una o algunas religiones a ninguna persona. Pero no encontramos ningún requisito constitucional que obligue al gobierno a ser hostil a la religión y a oponerse a los esfuerzos por ampliar el alcance efectivo de la influencia religiosa. El gobierno debe ser neutral en lo que respecta a la competencia entre sectas. No puede imponer ninguna secta a ninguna persona. No puede hacer obligatoria una observancia religiosa. No puede obligar a nadie a asistir a la iglesia, a observar una festividad religiosa o a recibir instrucción religiosa. Pero puede cerrar sus puertas o suspender sus operaciones a quienes quieran acudir a su santuario religioso para adorar o recibir instrucción". [46] En McCreary County v. American Civil Liberties Union (2005) la Corte explicó que cuando el gobierno actúa con el propósito ostensible y predominante de promover la religión, entonces viola ese valor central de la Cláusula de Establecimiento de la neutralidad religiosa oficial, porque no hay neutralidad cuando el objetivo ostensible del gobierno es tomar partido. [47]
En Torcaso v. Watkins (1961), la Corte Suprema dictaminó que la Constitución prohíbe a los estados y al gobierno federal exigir cualquier tipo de prueba religiosa para los cargos públicos . En el mismo caso, la Corte Suprema también dejó en claro que los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen prohibido aprobar leyes o imponer requisitos que favorezcan a todas las religiones en contra de los no creyentes, así como ayudar a aquellas religiones basadas en la creencia en la existencia de Dios en contra de aquellas religiones fundadas en creencias diferentes. En Board of Education of Kiryas Joel Village School District v. Grumet (1994), [48] la Corte concluyó que "el gobierno no debería preferir una religión a otra, o la religión a la irreligión". [49] En una serie de casos en la primera década del 2000— Van Orden v. Perry (2005), [50] McCreary County v. ACLU (2005), [51] y Salazar v. Buono (2010) [52] —la Corte consideró la cuestión de los monumentos religiosos en tierras federales sin llegar a un razonamiento mayoritario sobre el tema.
Everson utilizó la metáfora de un muro de separación entre la iglesia y el estado , derivada de la correspondencia del presidente Thomas Jefferson . Se había establecido desde hacía mucho tiempo en las decisiones de la Corte Suprema, comenzando con Reynolds v. United States (1878), cuando la Corte revisó la historia de la República temprana para decidir el alcance de las libertades de los mormones. El presidente de la Corte Suprema Morrison Waite, quien consultó al historiador George Bancroft , también analizó con cierta extensión el Memorial and Remonstrance against Religious Assessments de James Madison, [54] quien redactó la Primera Enmienda; Madison utilizó la metáfora de una "gran barrera". [55]
En Everson , la Corte adoptó las palabras de Jefferson. [53] La Corte lo ha afirmado a menudo, con apoyo mayoritario, pero no unánime. Warren Nord, en Does God Make a Difference?, caracterizó la tendencia general de los disidentes como una lectura más débil de la Primera Enmienda; los disidentes tienden a estar "menos preocupados por los peligros del establecimiento y menos preocupados por proteger los derechos de libre ejercicio, particularmente de las minorías religiosas". [56]
A partir de Everson , que permitió a las juntas escolares de Nueva Jersey pagar el transporte a las escuelas parroquiales, el Tribunal ha utilizado diversas pruebas para determinar cuándo se ha traspasado el muro de separación. Everson estableció la prueba de que existía un establecimiento cuando se brindaba ayuda a la religión, pero que el transporte era justificable porque el beneficio para los niños era más importante.
En su opinión concurrente en el caso McCollum v. Board of Education (1948), Felix Frankfurter pidió una estricta separación entre el Estado y la Iglesia: "Separación significa separación, no algo menos. La metáfora de Jefferson al describir la relación entre la Iglesia y el Estado habla de un 'muro de separación', no de una delgada línea que se puede traspasar fácilmente... 'El gran principio americano de la separación eterna' -la frase de Elihu Root merece ser repetida- es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional para asegurar que las unidades entre nuestro pueblo sean más fuertes que nuestras diversidades. Es deber de la Corte hacer cumplir este principio en su plena integridad". [57]
En los casos de oración en las escuelas de principios de los años 1960, Engel v. Vitale y Abington School District v. Schempp , la ayuda parecía irrelevante. El Tribunal falló sobre la base de que una acción legítima tenía un propósito secular y no ayudaba principalmente a la religión.
En Walz v. Tax Commission of the City of New York (1970), la Corte dictaminó que una acción legítima no podía enredar al gobierno con la religión. En Lemon v. Kurtzman (1971), estos puntos se combinaron en la prueba Lemon , declarando que una acción era un establecimiento si: [58]
La prueba Lemon ha sido criticada por jueces y académicos legales, pero ha seguido siendo el medio predominante por el cual la Corte hizo cumplir la Cláusula de Establecimiento. [59] En Agostini v. Felton (1997), la vertiente de enredo de la prueba Lemon se convirtió en un simple factor para determinar el efecto del estatuto o práctica impugnada. [36] En Zelman v. Simmons-Harris (2002), la opinión de la Corte consideró el propósito secular y la ausencia de efecto primario; una opinión concurrente consideró que ambos casos habían tratado el enredo como parte de la prueba del propósito primario. [59] Se han desarrollado otras pruebas, como la prueba de respaldo y la prueba de coerción , para determinar si una acción gubernamental violó la Cláusula de Establecimiento. [60] [61]
En Lemon , el Tribunal afirmó que la separación entre la Iglesia y el Estado nunca podría ser absoluta: "Nuestras resoluciones anteriores no exigen una separación total entre la Iglesia y el Estado; la separación total no es posible en un sentido absoluto. Es inevitable que exista cierta relación entre el gobierno y las organizaciones religiosas", escribió el Tribunal. "Las advertencias judiciales contra el enredo deben reconocer que la línea de separación, lejos de ser un 'muro', es una barrera borrosa, indistinta y variable que depende de todas las circunstancias de una relación particular". [62]
Después de la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Kennedy v. Bremerton School District (2022), la prueba Lemon puede haber sido reemplazada o complementada con una referencia a prácticas y entendimientos históricos. [63] [64] [65]
Los acomodacionistas , [66] por el contrario, argumentan junto con el juez William O. Douglas que "somos un pueblo religioso cuyas instituciones presuponen un Ser Supremo". [67] [d] Además, como observó el presidente del Tribunal Supremo Warren E. Burger en Walz v. Tax Commission of the City of New York (1970) con respecto a la separación de la iglesia y el estado: "No es realmente posible una separación perfecta o absoluta; la existencia misma de las Cláusulas de Religión es una especie de involucramiento, que busca marcar límites para evitar un enredo excesivo". [37] También acuñó el término "neutralidad benévola" como una combinación de neutralidad y acomodamiento en Walz para caracterizar una forma de asegurar que no haya conflicto entre la Cláusula de Establecimiento y la Cláusula de Libre Ejercicio. [68] [e] El sucesor de Burger, William Rehnquist , pidió el abandono de la metáfora del "muro de separación entre la Iglesia y el Estado" en Wallace v. Jaffree (1985), porque creía que esta metáfora se basaba en una mala historia y resultaba inútil como guía para juzgar. [70]
David Shultz ha dicho que los acomodacionistas afirman que la prueba Lemon debería aplicarse selectivamente. [67] Como tal, para muchos conservadores , la Cláusula de Establecimiento únicamente impide el establecimiento de una iglesia estatal , no los reconocimientos públicos de Dios ni "el desarrollo de políticas que fomenten creencias religiosas generales que no favorezcan a una secta en particular y sean consistentes con los objetivos del gobierno secular". [71] [72] En Lynch v. Donnelly (1984), la Corte Suprema observó que el "concepto de un "muro" de separación entre la iglesia y el estado es una metáfora útil, pero no es una descripción precisa de los aspectos prácticos de la relación que de hecho existe. La Constitución no requiere una separación completa de la iglesia y el estado; ordena afirmativamente la acomodación, no meramente la tolerancia, de todas las religiones, y prohíbe la hostilidad hacia cualquiera de ellas". [73]
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El reconocimiento de la libertad religiosa como el primer derecho protegido en la Carta de Derechos apunta a la comprensión de los fundadores estadounidenses de la importancia de la religión para el florecimiento humano, social y político. La Primera Enmienda deja claro que buscaba proteger "el libre ejercicio" de la religión, o lo que podría llamarse "igualdad en el libre ejercicio". [13] El libre ejercicio es la libertad de las personas de alcanzar, mantener, practicar y cambiar creencias libremente según los dictados de la conciencia. La Cláusula de Libre Ejercicio prohíbe la interferencia gubernamental en las creencias religiosas y, dentro de ciertos límites, en la práctica religiosa. [14] "La libertad de religión significa la libertad de mantener una opinión o creencia, pero no de emprender acciones que violen los deberes sociales o sean subversivas para el buen orden". [74] La cláusula retira del poder legislativo, estatal y federal , el ejercicio de cualquier restricción al libre ejercicio de la religión. Su propósito es asegurar la libertad religiosa en el individuo prohibiendo cualquier invasión de la misma por parte de la autoridad civil. [75] "La puerta de la Cláusula de Libre Ejercicio permanece herméticamente cerrada ante cualquier regulación gubernamental de las creencias religiosas como tales, Cantwell v. Connecticut , 310 US 296, 310 US 303. El gobierno no puede obligar a la afirmación de una creencia repugnante, Torcaso v. Watkins , 367 US 488; ni penalizar o discriminar a individuos o grupos porque tengan opiniones religiosas aborrecibles para las autoridades, Fowler v. Rhode Island , 345 US 67; ni emplear el poder tributario para inhibir la difusión de opiniones religiosas particulares, Murdock v. Pennsylvania , 319 US 105; Follett v. McCormick , 321 US 573; cf. Grosjean v. American Press Co. , 297 US 233." [76]
La Cláusula de Libre Ejercicio ofrece una doble protección, ya que es un escudo no solo contra prohibiciones absolutas con respecto al libre ejercicio de la religión, sino también contra sanciones al libre ejercicio de la religión y contra la coerción gubernamental indirecta. [77] Basándose en la División de Empleo v. Smith (1990) [78] y citando a la Iglesia de Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah (1993) [79], la Corte Suprema declaró en la Iglesia Luterana Trinity de Columbia, Inc. v. Comer (2017) que los observadores religiosos están protegidos contra el trato desigual en virtud de la Cláusula de Libre Ejercicio y las leyes que apuntan a los religiosos por "discapacidades especiales" basadas en su "estatus religioso" deben estar cubiertas por la aplicación de un escrutinio estricto . [80]
En Reynolds v. United States (1878), la Corte Suprema determinó que si bien las leyes no pueden interferir con las creencias y opiniones religiosas, las leyes pueden regular prácticas religiosas como el sacrificio humano o la obsoleta práctica hindú del suttee . La Corte declaró que dictar otra sentencia "sería hacer que las doctrinas profesadas de la creencia religiosa fueran superiores a la ley del país y, en efecto, permitir que cada ciudadano se convirtiera en ley para sí mismo. El gobierno existiría solo de nombre en tales circunstancias". [81] Si el propósito o el efecto de una ley es impedir la observancia de una o todas las religiones, o es discriminar de manera envidiosa entre religiones, esa ley es constitucionalmente inválida, aunque la carga pueda caracterizarse como solo indirecta. Pero si el Estado regula la conducta mediante la promulgación de una ley general dentro de su poder, cuyo propósito y efecto es promover los objetivos seculares del Estado, la ley es válida a pesar de su carga indirecta sobre la observancia religiosa, a menos que el Estado pueda lograr su propósito por medios que no impongan tal carga. [82]
En Cantwell v. Connecticut (1940), la Corte sostuvo que la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda aplicaba la Cláusula de Libre Ejercicio a los estados. Si bien el derecho a tener creencias religiosas es absoluto, la libertad de actuar de acuerdo con dichas creencias no lo es. [83] La libertad religiosa es un derecho universal de todos los seres humanos y todas las religiones, que establece el libre ejercicio de la religión o la igualdad en el libre ejercicio . Debido a su naturaleza fundamental para la fundación de los Estados Unidos y para el ordenamiento de la sociedad humana, se la considera con razón un derecho caprichoso, es decir, universal, amplio y profundo, aunque no absoluto. [13] El juez Field lo expresó claramente en Davis v. Beason (1890): "Por libre que sea el ejercicio de la religión, debe estar subordinado a las leyes penales del país, aprobadas con referencia a acciones consideradas por el consentimiento general como propiamente objeto de legislación punitiva". [84] Además, la Corte Suprema en Employment Division v. Smith dejó en claro que "el derecho al libre ejercicio no exime a un individuo de la obligación de cumplir con una "ley válida y neutral de aplicabilidad general sobre la base de que la ley proscribe (o prescribe) la conducta que su religión prescribe (o proscribe)". Estados Unidos v. Lee , 455 US 252, 455 US 263, n. 3 (1982) ( STEVENS, J. , concurriendo en la sentencia); véase Minersville School Dist. Bd. of Educ. v. Gobitis , supra , 310 US en 310 US 595 (recopilación de casos)". [f] [86] [16] Smith también sentó el precedente [87] "de que las leyes que afectan ciertas prácticas religiosas no violan el derecho al libre ejercicio de la religión siempre que las leyes sean neutrales, de aplicación general y no motivadas por animosidad hacia la religión". [88]
La aceptación de cualquier credo o la práctica de cualquier forma de culto no puede ser obligada por ley, porque, como afirmó la Corte Suprema en Braunfeld v. Brown (1961), la libertad de tener creencias y opiniones religiosas es absoluta. [89] Por lo tanto, la legislación federal o estatal no puede convertir en delito tener cualquier creencia u opinión religiosa debido a la Cláusula de Libre Ejercicio. [89] La legislación de los Estados Unidos o de cualquier estado constituyente de los Estados Unidos que obligue a alguien a abrazar cualquier creencia religiosa o a decir o creer algo que esté en conflicto con sus principios religiosos también está prohibida por la Cláusula de Libre Ejercicio. [89] En este contexto, la Corte Suprema afirmó que la Cláusula de Libre Ejercicio protege ampliamente las creencias y opiniones religiosas:
El libre ejercicio de la religión significa, ante todo, el derecho a creer y profesar cualquier doctrina religiosa que uno desee. Así, la Primera Enmienda excluye obviamente toda "regulación gubernamental de las creencias religiosas como tales". Sherbert v. Verner supra, 374 US en 374 US 402. El gobierno no puede obligar a la afirmación de la creencia religiosa, véase Torcaso v. Watkins , 367 US 488 (1961), castigar la expresión de doctrinas religiosas que crea falsas, United States v. Ballard , 322 US 78, 322 US 86–88 (1944), imponer discapacidades especiales sobre la base de opiniones religiosas o estatus religioso, véase McDaniel v. Paty , 435 US 618 (1978); Fowler v. Rhode Island , 345 US 67, 345 US 69 (1953); cf. Larson v. Valente , 456 US 228, 456 US 245 (1982), o prestar su poder a una u otra parte en controversias sobre autoridad religiosa o dogma, véase Presbyterian Church v. Hull Church , 393 US 440, 393 US 445–452 (1969); Kedroff v. St. Nicholas Cathedral , 344 US 94, 344 US 95–119 (1952); Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich , 426 US 696, 426 US 708–725 (1976). Pero el "ejercicio de la religión" a menudo implica no sólo la creencia y la profesión , sino también la realización de (o la abstención de) actos físicos: reunirse con otros para un servicio de adoración , participar en el uso sacramental del pan y el vino , hacer proselitismo , abstenerse de ciertos alimentos o ciertos medios de transporte. Sería cierto, pensamos (aunque ningún caso nuestro ha involucrado el tema), que un estado estaría "prohibiendo el libre ejercicio [de la religión]" si intentara prohibir tales actos o abstenciones sólo cuando se realizan por razones religiosas, o sólo debido a la creencia religiosa que muestran. Sin duda sería inconstitucional, por ejemplo, prohibir la fundición de "estatuas que se van a utilizar con fines de adoración", o prohibir inclinarse ante un becerro de oro ". [90]
En Sherbert v. Verner (1963), [91] la Corte Suprema exigió a los estados que cumplieran con el criterio de " escrutinio estricto " cuando se negaban a aceptar una conducta motivada por la religión. Esto significaba que el gobierno debía tener un "interés imperioso" en relación con tal negativa. El caso involucraba a Adele Sherbert, a quien Carolina del Sur le negó los beneficios de desempleo porque se negó a trabajar los sábados, algo prohibido por su fe adventista del séptimo día . [92] En Wisconsin v. Yoder (1972), la Corte dictaminó que una ley que "grava indebidamente la práctica de la religión" sin un interés imperioso, aunque pudiera ser "neutral a primera vista", sería inconstitucional. [93] [94]
La necesidad de un interés gubernamental imperioso se redujo en Employment Division v. Smith (1990), [95] que sostuvo que no se requería tal interés bajo la Cláusula de Libre Ejercicio con respecto a una ley neutral de aplicabilidad general que afecta una práctica religiosa, a diferencia de una ley que apunta a una práctica religiosa particular (que sí requiere un interés gubernamental imperioso). [96] En Church of Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah (1993), [97] en el que el significado de "ley neutral de aplicabilidad general" fue elaborado por el tribunal, [98] la Corte Suprema dictaminó que Hialeah había aprobado una ordenanza que prohibía el sacrificio ritual, una práctica central para la religión de la santería , al tiempo que proporcionaba excepciones para algunas prácticas como el sacrificio kosher . Dado que la ordenanza no era "generalmente aplicable", la Corte dictaminó que necesitaba tener un interés imperioso , que no tenía, y por lo tanto fue declarada inconstitucional. [99] En este caso, la Corte Suprema también afirmó que las investigaciones sobre si las leyes discriminan en función de la religión no terminan con el texto de las leyes en cuestión. La neutralidad aparente de las leyes (es decir, leyes que son aparentemente neutrales en su lenguaje pero que en realidad discriminan a un grupo en particular) no es determinante en estas investigaciones, porque tanto la Cláusula de Libre Ejercicio como la Cláusula de Establecimiento se extienden más allá de la discriminación aparente. [100] La Corte Suprema explicó que "[l]a acción oficial que apunta a la conducta religiosa para un tratamiento distintivo no puede protegerse con el mero cumplimiento del requisito de neutralidad aparente" y "[l]a Cláusula de Libre Ejercicio protege contra la hostilidad gubernamental tanto encubierta como abierta". [100] La neutralidad de una ley también es sospechosa si las libertades de la Primera Enmienda se restringen para prevenir daños colaterales aislados que no están prohibidos por la regulación directa. [101] La Corte también observó: "La Cláusula de Libre Ejercicio "protege a los observantes religiosos contra el tratamiento desigual", Hobbie v. Unemployment Appeals Comm'n of Fla. , 480 US 136, 148 (1987) (STEVENS, J., concurriendo en la sentencia), y la desigualdad resulta cuando una legislatura decide que los intereses gubernamentales que busca promover son dignos de ser perseguidos sólo contra una conducta con una motivación religiosa. El principio de que el gobierno, en pos de intereses legítimos, no puede imponer de manera selectiva cargas sólo sobre la conducta motivada por la creencia religiosa es esencial para la protección de los derechos garantizados por la Cláusula de Libre Ejercicio". [102]
En 1993, el Congreso aprobó la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act , RFRA), que buscaba restablecer el requisito de interés imperioso aplicado en Sherbert y Yoder . En City of Boerne v. Flores (1997), [103] la Corte anuló las disposiciones de la RFRA que obligaban a los gobiernos estatales y locales a proporcionar protecciones que excedían las requeridas por la Primera Enmienda, con el argumento de que si bien el Congreso podía hacer cumplir la interpretación de la Corte Suprema de un derecho constitucional, el Congreso no podía imponer su propia interpretación a los estados y localidades. [104] El Congreso puede promulgar legislación para ampliar los derechos de libre ejercicio de la Primera Enmienda a través de sus poderes de aplicación en la Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda , pero para hacerlo "debe haber una congruencia y proporcionalidad entre el daño que se debe prevenir o remediar y los medios adoptados para ese fin". [105] La decisión en el caso City of Boerne anuló la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) en la medida en que se aplicaba a los estados y a otros municipios locales dentro de ellos, [105] de modo que, en parte como respuesta a ella, 21 estados promulgaron Leyes de Restauración de la Libertad Religiosa Estatal desde 1993. [106] Según el fallo del tribunal en el caso Gonzales v. UDV (2006), [107] la RFRA sigue siendo aplicable a las leyes federales y, por lo tanto, esas leyes deben seguir teniendo un "interés imperioso". [108]
La RFRA garantiza la visión del Congreso sobre el derecho al libre ejercicio en virtud de la Primera Enmienda y proporciona un recurso para reparar las violaciones de ese derecho. [109] La Corte Suprema decidió a la luz de esto en Tanzin v. Tanvir (2020) que la disposición de recursos expresos de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa permite a los litigantes, cuando corresponda, obtener daños monetarios contra funcionarios federales en sus capacidades individuales. [110] Esta decisión es significativa "no solo para los demandantes sino también para los casos que involucran violaciones de los derechos religiosos en general". [111] En el caso United States v. Lee (1982) (1982) de la Corte Suprema de los Estados Unidos , la Corte declaró: "El Congreso y los tribunales han sido sensibles a las necesidades que emanan de la Cláusula de Libre Ejercicio, pero no se puede proteger a todas las personas de todas las cargas inherentes al ejercicio de cada aspecto del derecho a practicar creencias religiosas. Cuando los seguidores de una secta particular entran en una actividad comercial como una cuestión de elección, los límites que aceptan a su propia conducta como una cuestión de conciencia y fe no deben superponerse a los esquemas legales que son vinculantes para otros en esa actividad". [112] [113] La Corte Suprema en Estate of Thornton v. Caldor, Inc. (1985) se hizo eco de esta declaración al citar al juez Learned Hand de su caso de 1953 Otten v. Baltimore & Ohio R. Co. , 205 F.2d 58, 61 (CA2 1953): "La Primera Enmienda ... no le da a nadie el derecho a insistir en que, en pos de sus propios intereses, otros deben conformar su conducta a sus propias necesidades religiosas". [114] En Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. (2014) la Corte Suprema tuvo que decidir, con vistas a la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa federal, "la profunda cuestión cultural de si una empresa privada con fines de lucro organizada como una corporación puede "ejercer" la religión y, si puede, hasta qué punto está protegida de la interferencia del gobierno". [115] La Corte decidió que las corporaciones con fines de lucro y de capital cerrado tienen derechos de libre ejercicio bajo la RFRA, [116] pero su decisión no se basó en las protecciones constitucionales de la Primera Enmienda. [117]
En Locke v. Davey (2004), la Corte declaró, "dado el interés estatal histórico y sustancial en cuestión, no se puede concluir que la negación de fondos para la instrucción religiosa vocacional por sí sola sea inherentemente sospechosa desde el punto de vista constitucional", [118] explicando que negar la financiación de una beca cuando se iba a utilizar para la educación en teología y cuando la constitución de ese estado prohíbe la ayuda estatal a las instituciones religiosas "no era presuntamente inconstitucional, porque el estado no estaba criminalizando ni penalizando el estudio de la teología". [119] Por lo tanto, la Corte dictaminó que un estado tiene un "interés estatal sustancial" en negar la financiación de una beca cuando se iba a utilizar para la educación en teología y cuando la constitución de ese estado prohíbe la ayuda estatal a las instituciones religiosas. [119] En Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer (2017), [120] la Corte dictaminó que negar un beneficio público generalmente disponible debido a la naturaleza religiosa de una institución viola la Cláusula de Libre Ejercicio. [121] En Espinoza v. Montana Department of Revenue (2020), [122] la Corte dictaminó que la Cláusula de Libre Ejercicio prohibía a un estado negar un crédito fiscal sobre la base de una Enmienda Blaine en la constitución de ese estado, que según la Corte está sujeta al "escrutinio más estricto" y solo puede sobrevivir si está "estrictamente adaptada" para promover "intereses del más alto orden". [123] Citando Lyng v. Northwest Indian Cemetery Protective Association (1988), la Corte Suprema decidió en el caso de seguimiento de Espinoza Carson v. Makin (2022) que la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda protege contra la "coerción indirecta o las sanciones al libre ejercicio de la religión, no solo las prohibiciones directas". [124]
La Primera Enmienda protege ampliamente los derechos de libertad de expresión y de prensa libre. [125] La libertad de expresión significa la expresión libre y pública de opiniones sin censura, interferencia o restricción por parte del gobierno. [126] [127] [128] [129] El término "libertad de expresión" incorporado en la Primera Enmienda abarca la decisión de qué decir y qué no decir. [130] La libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda cubre muchas formas de expresión y, por lo tanto, protege lo que las personas dicen, así como la forma en que se expresan. [131] La libertad de prensa significa el derecho de los individuos a expresarse mediante la publicación y difusión de información, ideas y opiniones sin interferencia, restricción o persecución por parte del gobierno. [132] [133] En Murdock v. Pennsylvania (1943), la Corte Suprema declaró que "la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de religión están en una posición preferente". [134] La Corte agregó que una comunidad no puede suprimir, ni el estado imponer un impuesto, a la difusión de opiniones porque sean impopulares, molestas o desagradables. Eso sería un repudio total de la filosofía de la Carta de Derechos , según la Corte. [135] En Stanley v. Georgia (1969), la Corte Suprema afirmó que la Primera Enmienda protege el derecho a recibir información e ideas, independientemente de su valor social, y a estar generalmente libre de intrusiones gubernamentales en la privacidad de uno y del control de los propios pensamientos. [136]
La Corte Suprema de los Estados Unidos caracterizó los derechos de libertad de expresión y de prensa como derechos y libertades personales fundamentales y señaló que el ejercicio de estos derechos se encuentra en la base del gobierno libre por hombres libres. [137] [138] La Corte Suprema afirmó en Thornhill v. Alabama (1940) que la libertad de expresión y de prensa garantizada por la Constitución de los Estados Unidos abarca al menos la libertad de discutir públicamente y verazmente todos los asuntos de interés público, sin restricción previa o temor a castigo posterior. [139] En Bond v. Floyd (1966), un caso que involucraba el escudo constitucional en torno al discurso de los funcionarios electos, la Corte Suprema declaró que el compromiso central de la Primera Enmienda es que, en palabras de New York Times Co. v. Sullivan (1964), "el debate sobre asuntos públicos debe ser desinhibido, sólido y abierto". [140] La Corte explicó además que, así como las declaraciones erróneas deben ser protegidas para darle a la libertad de expresión el espacio que necesita para sobrevivir, también las declaraciones que critican las políticas públicas y su implementación deben ser protegidas de manera similar. [140] La Corte Suprema en el caso Chicago Police Dept. v. Mosley (1972) dijo:
"Pero, por sobre todas las cosas, la Primera Enmienda significa que el gobierno no tiene poder para restringir la expresión debido a su mensaje, sus ideas, su tema o su contenido... Para permitir la construcción continua de nuestra política y cultura, y para asegurar la autorrealización de cada individuo, a nuestro pueblo se le garantiza el derecho a expresar cualquier pensamiento, libre de la censura gubernamental. La esencia de esta censura prohibida es el control del contenido. Cualquier restricción a la actividad expresiva debido a su contenido socavaría por completo el "profundo compromiso nacional con el principio de que el debate sobre temas públicos debe ser desinhibido, sólido y abierto". [125]
El nivel de protección que otorga la Primera Enmienda a la libertad de expresión y de prensa no es ilimitado. Como se indicó en su opinión concurrente en el caso Chicago Police Dept. v. Mosley (1972), el presidente de la Corte Suprema Warren E. Burger dijo:
"Numerosos fallos de este Tribunal dan fe de que la Primera Enmienda no significa literalmente que "se nos garantiza el derecho a expresar cualquier pensamiento, libre de la censura gubernamental". Esta afirmación está sujeta a algunas salvedades, como por ejemplo las de Roth v. United States , 354 US 476 (1957); Chaplinsky v. New Hampshire , 315 US 568 (1942). Véase también New York Times Co. v. Sullivan , 376 US 254 (1964)." [141]
Junto con los derechos básicos de libertad de expresión y de prensa hay varios derechos periféricos que hacen que estos derechos básicos sean más seguros. Los derechos periféricos abarcan no sólo la libertad de asociación , incluida la privacidad en las asociaciones de uno, sino también, en palabras de Griswold v. Connecticut (1965), " la libertad de toda la comunidad universitaria ", es decir, el derecho a distribuir, el derecho a recibir y el derecho a leer, así como la libertad de investigación, la libertad de pensamiento y la libertad de enseñar. [142] La Constitución de los Estados Unidos protege, según la Corte Suprema en Stanley v. Georgia (1969), el derecho a recibir información e ideas, independientemente de su valor social, y a estar generalmente libre de intrusiones gubernamentales en la privacidad de uno y el control de los propios pensamientos. [143] Como afirmó el Tribunal en Stanley : "Si la Primera Enmienda significa algo, significa que un Estado no tiene por qué decirle a un hombre, sentado solo en su propia casa, qué libros puede leer o qué películas puede ver. Todo nuestro patrimonio constitucional se rebela ante la idea de dar al gobierno el poder de controlar las mentes de los hombres". [144]
La Primera Enmienda prohíbe al Congreso "restringir la libertad de expresión o de prensa". El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos John Paul Stevens comentó sobre esta fraseología en un artículo de revista de 1993: "Hago hincapié en la palabra 'la' en el término 'la libertad de expresión' porque el artículo definido sugiere que los redactores pretendían inmunizar una categoría o subconjunto de expresión previamente identificado". Stevens dijo que, de lo contrario, la cláusula podría inmunizar absurdamente cosas como el falso testimonio bajo juramento. [145] Al igual que Stevens, el periodista Anthony Lewis escribió: "La palabra 'la' puede leerse como lo que se entendía en ese momento que estaba incluido en el concepto de libertad de expresión". [146] Pero lo que se entendía en ese momento no está 100% claro. [147] A fines de la década de 1790, el autor principal de las cláusulas de expresión y prensa, James Madison , argumentó en contra de limitar esta libertad a lo que había existido bajo el derecho consuetudinario inglés :
La práctica en Estados Unidos merece mucho más respeto. En todos los estados, probablemente en la Unión, la prensa ha ejercido una libertad al promover los méritos y las medidas de los hombres públicos de todo tipo, que no se ha limitado a los estrictos límites del derecho consuetudinario. [148]
Madison escribió esto en 1799, cuando se encontraba en una disputa sobre la constitucionalidad de las Leyes de Extranjería y Sedición , que era una legislación promulgada en 1798 por el Partido Federalista del presidente John Adams para prohibir la difamación sediciosa . Madison creía que esa legislación era inconstitucional, y sus adversarios en esa disputa, como John Marshall , defendían la estrecha libertad de expresión que había existido en el derecho consuetudinario inglés. [148]
Hasta el siglo XX, la Corte Suprema se negó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de cualquier ley federal relacionada con la Cláusula de Libertad de Expresión. Por ejemplo, la Corte Suprema nunca se pronunció sobre las Leyes de Extranjería y Sedición ; tres jueces de la Corte Suprema que viajaban por el circuito presidieron juicios de sedición sin indicar ninguna reserva. [149] Los principales críticos de la ley, el vicepresidente Thomas Jefferson y James Madison, argumentaron a favor de la inconstitucionalidad de las Leyes basándose en la Primera Enmienda y otras disposiciones constitucionales. [150] Jefferson sucedió a Adams como presidente, en parte debido a la impopularidad de los procesos por sedición de este último; él y su partido revocaron rápidamente las Leyes y perdonaron a los encarcelados por ellas. [151] En la opinión mayoritaria en New York Times Co. v. Sullivan (1964), [152] la Corte señaló la importancia de este debate público como precedente en la ley de la Primera Enmienda y dictaminó que las Leyes habían sido inconstitucionales: "Aunque la Ley de Sedición nunca fue puesta a prueba en esta Corte, el ataque a su validez ha triunfado en la corte de la historia". [153] [154]
Durante el fervor patriótico de la Primera Guerra Mundial y el Primer Terror Rojo , la Ley de Espionaje de 1917 impuso una sentencia máxima de veinte años para cualquiera que causara o intentara causar "insubordinación, deslealtad, motín o negativa a cumplir con el deber en las fuerzas militares o navales de los Estados Unidos". Específicamente, la Ley de Espionaje de 1917 establece que si alguien permite que cualquier enemigo entre o sobrevuele los Estados Unidos y obtenga información de un lugar relacionado con la defensa nacional, será castigado. [155] Siguieron cientos de procesamientos. [156] En 1919, la Corte Suprema escuchó cuatro apelaciones resultantes de estos casos: Schenck v. United States , Debs v. United States , Frohwerk v. United States y Abrams v. United States . [157]
En el primero de estos casos, el funcionario del Partido Socialista de Estados Unidos Charles Schenck había sido condenado en virtud de la Ley de Espionaje por publicar panfletos instando a la resistencia al reclutamiento. [158] Schenck apeló, argumentando que la Ley de Espionaje violaba la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda. En Schenck v. United States , la Corte Suprema rechazó por unanimidad la apelación de Schenck y confirmó su condena. [159] El debate continuó sobre si Schenck había actuado en contra del derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda. El juez Oliver Wendell Holmes Jr. , escribiendo para la Corte, explicó que "la cuestión en cada caso es si las palabras utilizadas se utilizan en tales circunstancias y son de tal naturaleza como para crear un peligro claro y presente de que provocarán los males sustanciales que el Congreso tiene derecho a prevenir". [160] Una semana después, en Frohwerk v. United States , el tribunal confirmó nuevamente una condena por Ley de Espionaje, esta vez la de un periodista que había criticado la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras. [161] [162]
En Debs v. United States , la Corte elaboró sobre la prueba del "peligro claro y presente" establecida en Schenck . [163] El 16 de junio de 1918, Eugene V. Debs , un activista político, pronunció un discurso en Canton, Ohio , en el que habló de "los camaradas más leales estaban pagando la pena a la clase trabajadora: estos eran Wagenknecht , Baker y Ruthenberg , quienes habían sido condenados por ayudar e instigar a otro a no registrarse para el reclutamiento". [164] Después de su discurso, Debs fue acusado y condenado bajo la Ley de Espionaje. Al confirmar su condena, la Corte razonó que aunque no había dicho ninguna palabra que representara un "peligro claro y presente", tomado en contexto, el discurso tenía una "tendencia natural y un efecto probable de obstruir los servicios de reclutamiento". [165] [166] En Abrams v. United States , cuatro refugiados rusos apelaron su condena por lanzar panfletos desde un edificio en Nueva York; Los panfletos se oponían a la intervención del presidente Woodrow Wilson en Rusia contra la Revolución de Octubre . La mayoría mantuvo su condena, pero Holmes y el juez Louis Brandeis discreparon, sosteniendo que el gobierno no había demostrado ningún "peligro claro y presente" en la defensa política de los cuatro. [161]
La Corte Suprema rechazó una serie de demandas de la Cláusula de Libertad de Expresión a lo largo de la década de 1920, incluida la apelación de un organizador laboral, Benjamin Gitlow, que había sido condenado después de distribuir un manifiesto que pedía una "dictadura revolucionaria del proletariado". [167] En Gitlow v. New York (1925), la Corte confirmó la condena, pero una mayoría también encontró que la Primera Enmienda se aplicaba a las leyes estatales, así como a las leyes federales, a través de la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda . [168] [169] Sin embargo, Holmes y Brandeis discreparon en varios casos más en esta década, planteando el argumento de que la Cláusula de Libertad de Expresión protegía una gama mucho mayor de discurso político de lo que la Corte había reconocido anteriormente. En Whitney v. California (1927), [170] en el que la organizadora del Partido Comunista de EE. UU. Charlotte Anita Whitney había sido arrestada por " sindicalismo criminal ", Brandeis escribió una disidencia en la que argumentó a favor de protecciones más amplias para el discurso político:
Quienes lograron nuestra independencia ... creían que la libertad de pensar como se quiera y de hablar como se piense son medios indispensables para el descubrimiento y la difusión de la verdad política; que sin libertad de expresión y de reunión el debate sería inútil; que con ellas, el debate ofrece normalmente una protección adecuada contra la difusión de doctrinas nocivas; que la mayor amenaza a la libertad es un pueblo inerte; que el debate público es un deber político; y que éste debería ser un principio fundamental del gobierno americano. [171]
En Herndon v. Lowry (1937), la Corte escuchó el caso del organizador afroamericano del Partido Comunista Angelo Herndon , quien había sido condenado bajo el Estatuto de Insurrección de Esclavos por defender el gobierno negro en el sur de los Estados Unidos. La Corte revocó la condena de Herndon, sosteniendo que Georgia no había podido demostrar ningún "peligro claro y presente" en la defensa política de Herndon. [172] La prueba del peligro claro y presente fue invocada nuevamente por la mayoría en la decisión de 1940 Thornhill v. Alabama en la que se invalidó una ley estatal contra los piquetes. [173] [174] [175] La importancia de la libertad de expresión en el contexto del "peligro claro y presente" fue enfatizada en Terminiello v. City of Chicago (1949) [176] donde la Corte Suprema señaló que la vitalidad de las instituciones civiles y políticas en la sociedad depende de la libre discusión. [177] La democracia requiere libertad de expresión porque sólo a través del debate libre y del libre intercambio de ideas el gobierno sigue respondiendo a la voluntad del pueblo y se efectúa un cambio pacífico. [177] Las restricciones a la libertad de expresión sólo son permisibles cuando es probable que la expresión en cuestión produzca un peligro claro y presente de un mal sustantivo grave que se eleve muy por encima de la incomodidad, molestia o malestar público. [177] El juez William O. Douglas escribió para la Corte que "una función de la libertad de expresión en nuestro sistema es invitar a la disputa. De hecho, puede servir mejor a su alto propósito cuando induce una condición de malestar, crea insatisfacción con las condiciones tal como son o incluso incita a la gente a la ira". [177]
Aunque la Corte se refirió a la prueba del peligro claro y presente en algunas decisiones posteriores a Thornhill , [178] la prueba de la mala tendencia no fue revocada explícitamente, [173] y la prueba del peligro claro y presente no se aplicó en varios casos posteriores de libertad de expresión que involucraban incitación a la violencia. [179] En 1940, el Congreso promulgó la Ley Smith , haciendo ilegal defender "la conveniencia de derrocar o destruir cualquier gobierno en los Estados Unidos por la fuerza y la violencia". [180] El estatuto proporcionó a las fuerzas del orden una herramienta para combatir a los líderes comunistas. Eugene Dennis fue condenado en el juicio de Foley Square por intentar organizar un Partido Comunista. [181] En Dennis v. United States (1951), [182] la Corte confirmó la Ley Smith. [g] [183] El presidente de la Corte Suprema, Fred M. Vinson, se basó en la prueba del "peligro claro y presente" de Holmes, adaptada por Learned Hand : "En cada caso, [los tribunales] deben preguntar si la gravedad del 'mal', descontada por su improbabilidad, justifica tal invasión de la libertad de expresión como necesaria para evitar el peligro". [184] Claramente, sugirió Vinson, el peligro claro y presente no implica "que antes de que el Gobierno pueda actuar, debe esperar hasta que el golpe esté a punto de ejecutarse, se hayan establecido los planes y se espere la señal". [185] En una opinión concurrente, el juez Felix Frankfurter propuso una "prueba de equilibrio", que pronto suplantó a la prueba del "peligro claro y presente":
Las exigencias de la libertad de expresión en una sociedad democrática, así como el interés en la seguridad nacional, se satisfacen mejor mediante una ponderación sincera e informada de los intereses en pugna, dentro de los límites del proceso judicial. [183]
En Yates v. United States (1957), la Corte Suprema limitó los procesos en virtud de la Ley Smith a la "defensa de acciones" en lugar de a la "defensa en el ámbito de las ideas". La defensa de una doctrina abstracta siguió estando protegida, mientras que las expresiones que incitaban explícitamente al derrocamiento forzoso del gobierno eran punibles en virtud de la Ley Smith. [186] [187]
Durante la Guerra de Vietnam , la posición de la Corte sobre la crítica pública al gobierno cambió drásticamente. Aunque la Corte confirmó una ley que prohibía la falsificación, mutilación o destrucción de las tarjetas de reclutamiento en Estados Unidos v. O'Brien (1968), [188] temiendo que la quema de las tarjetas de reclutamiento interferiría con el "funcionamiento fluido y eficiente" del sistema de reclutamiento, [189] [190] al año siguiente, la corte dictó su decisión en Brandenburg v. Ohio (1969), [191] revocando expresamente Whitney v. California . [192] Brandenburg descartó la prueba del "peligro claro y presente" introducida en Schenck y erosionó aún más Dennis . [193] [194] Ahora la Corte Suprema se refirió al derecho a hablar abiertamente de la acción violenta y la revolución en términos amplios:
[Nuestras] decisiones han establecido el principio de que las garantías constitucionales de la libertad de expresión y de prensa libre no permiten a un Estado prohibir o proscribir la defensa del uso de la fuerza o de la violación de la ley, excepto cuando dicha defensa esté dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente y sea probable que incite o cause dicha acción. [195]
En Cohen v. California (1971), [196] la Corte Suprema votó a favor de revocar la condena de un hombre que llevaba una chaqueta en la que se leía "Fuck the Draft" ("A la mierda con el reclutamiento") en los pasillos de un juzgado del condado de Los Ángeles . El juez John Marshall Harlan II escribió en la opinión mayoritaria que la chaqueta de Cohen entraba en la categoría de discurso político protegido a pesar del uso de un improperio: "La vulgaridad de un hombre es la lírica de otro". [197] En Matal v. Tam (2017) la Corte Suprema señaló que "la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda" contiene "un principio fundamental de la Primera Enmienda: no se puede prohibir la expresión sobre la base de que expresa ideas que ofenden". [198] [199] La Corte dictaminó que el gobierno no puede prohibir la expresión simplemente porque sea ofensiva. En la opinión mayoritaria, el juez Alito escribió:
El discurso que degrada a alguien por motivos de raza, etnia, género, religión, edad, discapacidad o cualquier otro motivo similar es odioso; pero el mayor orgullo de nuestra jurisprudencia sobre la libertad de expresión es que protegemos la libertad de expresar "el pensamiento que odiamos". Estados Unidos contra Schwimmer , 279 US 644, 655 (1929) (Holmes, J., disidente). [200] [201]
Una opinión pluralista [h] en Matal v. Tam (2017) afirmó el principio de que “la expresión pública de ideas no puede prohibirse simplemente porque las ideas en sí mismas sean ofensivas para algunos de sus oyentes”. Street v. New York , 394 US 576, 592 (1969).” [203]
La capacidad de criticar públicamente incluso a los políticos y líderes más destacados sin temor a represalias forma parte de la Primera Enmienda, porque el discurso político es un elemento central de la Primera Enmienda. Como afirmó el Tribunal Supremo con respecto al poder judicial del gobierno, la Primera Enmienda prohíbe "cualquier ley que restrinja la libertad de expresión o de prensa... Debe tomarse como una orden del alcance más amplio que permita el lenguaje explícito, leído en el contexto de una sociedad amante de la libertad. [...] La suposición de que se puede ganar respeto por el poder judicial protegiéndolo de las críticas publicadas evalúa erróneamente el carácter de la opinión pública estadounidense, ya que es un preciado privilegio estadounidense decir lo que se piensa, aunque no siempre con perfecto buen gusto, sobre todas las instituciones públicas. Y un silencio forzado, por limitado que sea, únicamente en nombre de preservar la dignidad del tribunal probablemente generaría resentimiento, sospecha y desprecio mucho más de lo que aumentaría el respeto". [204]
En Talley v. California (1960), [205] la Corte revocó una ordenanza de la ciudad de Los Ángeles que tipificaba como delito la distribución de panfletos anónimos. El juez Hugo Black escribió en la opinión mayoritaria: "No cabe duda de que un requisito de identificación de ese tipo tendería a restringir la libertad de distribuir información y, por lo tanto, la libertad de expresión... Los panfletos, folletos, folletos e incluso libros anónimos han desempeñado un papel importante en el progreso de la humanidad". [206] En McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995), [207] la Corte revocó una ley de Ohio que tipificaba como delito la distribución de material electoral anónimo. [208] Sin embargo, en Meese v. Keene (1987), [209] la Corte confirmó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938, en virtud de la cual varias películas canadienses se definían como "propaganda política", exigiendo que se identificara a sus patrocinadores. [210]
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En Buckley v. Valeo (1976), [211] la Corte Suprema revisó la Ley de Campaña Electoral Federal de 1971 y leyes relacionadas, que restringían las contribuciones monetarias que se podían hacer a las campañas políticas y los gastos de los candidatos. La Corte afirmó la constitucionalidad de los límites a las contribuciones de campaña, diciendo que "sirven al interés gubernamental básico de salvaguardar la integridad del proceso electoral sin afectar directamente los derechos de los ciudadanos individuales y los candidatos a participar en el debate y la discusión política". [212] Sin embargo, la Corte revocó los límites al gasto, que consideró que imponían "restricciones sustanciales a la cantidad de discurso político". [213] [214]
El tribunal volvió a examinar la regulación de la financiación de las campañas en McConnell v. Federal Election Commission (2003). [215] El caso se centró en la Ley de Reforma Bipartidista de Campañas de 2002 (BCRA), una ley federal que impuso nuevas restricciones a la financiación de las campañas. La Corte Suprema confirmó las disposiciones que prohibían la recaudación de dinero blando por parte de los partidos nacionales y el uso de dinero blando por parte de organizaciones privadas para financiar determinados anuncios relacionados con las elecciones. Sin embargo, la Corte anuló la regla de "elección de gastos", que exigía que los partidos pudieran realizar gastos coordinados para todos sus candidatos o permitir que los candidatos gastaran de forma independiente, pero no ambas cosas, lo que, según la Corte, "ponía una carga inconstitucional sobre el derecho de los partidos a realizar gastos independientes ilimitados". [216] La Corte también dictaminó que la disposición que impedía a los menores realizar contribuciones políticas era inconstitucional, basándose en Tinker v. Des Moines Independent Community School District .
En el caso de la Comisión Federal Electoral contra Wisconsin Right to Life, Inc. (2007), [217] la Corte Suprema admitió una impugnación de la BCRA en su forma "tal como se aplica" , sosteniendo que los anuncios sobre temas específicos no pueden prohibirse en los meses anteriores a una elección primaria o general. En el caso de Davis contra la Comisión Federal Electoral (2008), [218] la Corte Suprema declaró que las disposiciones de la "Enmienda de los Millonarios" de la BCRA eran inconstitucionales. La Corte sostuvo que flexibilizar las restricciones de la BCRA para un oponente de un candidato que se autofinancia y que gaste al menos 350.000 dólares de su propio dinero violaba la libertad de expresión del candidato que se autofinancia. [219]
En Citizens United v. Federal Election Commission (2010), [220] la Corte dictaminó que las restricciones federales de la BCRA a la promoción electoral por parte de corporaciones o sindicatos eran inconstitucionales por violar la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda. La Corte revocó la sentencia Austin v. Michigan Chamber of Commerce (1990), [221] que había confirmado que una ley estatal que prohibía a las corporaciones utilizar fondos del tesoro para apoyar u oponerse a candidatos en elecciones no violaba la Primera o la Decimocuarta Enmiendas. La Corte también revocó la parte de McConnell que confirmaba tales restricciones bajo la BCRA. [222] En otras palabras, se consideró que la sentencia sostenía que "el gasto político es una forma de expresión protegida bajo la Primera Enmienda". [223]
En McCutcheon v. Federal Election Commission (2014), [224] la Corte dictaminó que los límites agregados federales sobre cuánto puede donar una persona a candidatos , partidos políticos y comités de acción política , combinados respectivamente en un período de dos años conocido como "ciclo electoral", violaban la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda. [225]
La polémica cuestión de la profanación de la bandera como forma de protesta llegó por primera vez ante la Corte Suprema en Street v. New York (1969). [226] En respuesta a escuchar un informe erróneo sobre el asesinato del activista de derechos civiles James Meredith , Sidney Street quemó una bandera estadounidense de 48 estrellas . Street fue arrestado y acusado en virtud de una ley del estado de Nueva York que tipifica como delito "mutilar, desfigurar, profanar o desafiar, pisotear o despreciar públicamente, ya sea con palabras o actos, [cualquier bandera de los Estados Unidos]". [227] La Corte, basándose en Stromberg v. California (1931), [228] determinó que, dado que la disposición de la ley de Nueva York que penalizaba las "palabras" contra la bandera era inconstitucional, y el juicio no demostró suficientemente que hubiera sido condenado únicamente en virtud de las disposiciones que aún no se consideraban inconstitucionales, la condena era inconstitucional. Sin embargo, la Corte “resistió las presiones para decidir las cuestiones constitucionales involucradas en este caso sobre una base más amplia” y dejó sin abordar la constitucionalidad de la quema de banderas. [229] [230]
The ambiguity with regard to flag-burning statutes was eliminated in Texas v. Johnson (1989).[231] In that case, Gregory Lee Johnson burned an American flag at a demonstration during the 1984 Republican National Convention in Dallas, Texas. Charged with violating a Texas law prohibiting the vandalizing of venerated objects, Johnson was convicted, sentenced to one year in prison, and fined $2,000. The Supreme Court reversed his conviction. Justice William J. Brennan Jr. wrote in the decision that "if there is a bedrock principle underlying the First Amendment, it is that government may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the idea offensive or disagreeable."[232] Congress then passed a federal law barring flag burning, but the Supreme Court struck it down as well in United States v. Eichman (1990).[233][234] A Flag Desecration Amendment to the U.S. Constitution has been proposed repeatedly in Congress since 1989, and in 2006 failed to pass the Senate by a single vote.[235]
While the unauthorized wear or sale of the Medal of Honor has been a punishable offense under federal law since the early twentieth century,[236][237] the Stolen Valor Act criminalized the act of not only wearing, but also verbally claiming entitlement to military awards a person did not in fact earn.[238] In United States v. Alvarez (2012), the Supreme Court struck down the Act, ruling that the First Amendment bars the government from punishing people for making false claims regarding military service or honors where the false claim was not "made to effect a fraud or secure moneys or other valuable considerations". The Supreme Court could not agree on a single rationale for its decision.[239]
The Supreme Court has determined that the First Amendment also protects citizens from being compelled by the government to say or to pay for certain speech.
In West Virginia State Board of Education v. Barnette (1943), the Court ruled that school children could not be punished for refusing either to say the pledge of allegiance or salute the American flag. The Court also overruled Minersville School District v. Gobitis (1940), which had upheld such punishments of school children.[240]
In National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra (2018), the Court ruled that a California law requiring crisis pregnancy centers to post notices informing patients they can obtain free or low-cost abortions and include the number of the state agency that can connect the women with abortion providers violated those centers' right to free speech.[241]
In Janus v. AFSCME (2018), the Court ruled that requiring a public sector employee to pay dues to a union of which he is not a member violated the First Amendment. According to the Court, "the First Amendment does not permit the government to compel a person to pay for another party's speech just because the government thinks that the speech furthers the interests of the person who does not want to pay." The Court also overruled Abood v. Detroit Board of Education (1977), which had upheld legally obligating public sector employees to pay such dues.[242]
Commercial speech is speech done on behalf of a company or individual for the purpose of making a profit. Unlike political speech, the Supreme Court does not afford commercial speech full protection under the First Amendment. To effectively distinguish commercial speech from other types of speech for purposes of litigation, the Court uses a list of four indicia:[243]
Alone, each indicium does not compel the conclusion that an instance of speech is commercial; however, "[t]he combination of all these characteristics ... provides strong support for ... the conclusion that the [speech is] properly characterized as commercial speech."[244]
In Valentine v. Chrestensen (1942),[245] the Court upheld a New York City ordinance forbidding the "distribution in the streets of commercial and business advertising matter", ruling the First Amendment protection of free speech did not include commercial speech.[246]
In Virginia State Pharmacy Board v. Virginia Citizens Consumer Council (1976),[247] the Court overturned Valentine and ruled that commercial speech was entitled to First Amendment protection:
What is at issue is whether a State may completely suppress the dissemination of concededly truthful information about entirely lawful activity, fearful of that information's effect upon its disseminators and its recipients. ... [W]e conclude that the answer to this one is in the negative.[248]
In Ohralik v. Ohio State Bar Association (1978),[249] the Court ruled that commercial speech was not protected by the First Amendment as much as other types of speech:
We have not discarded the 'common-sense' distinction between speech proposing a commercial transaction, which occurs in an area traditionally subject to government regulation, and other varieties of speech. To require a parity of constitutional protection for commercial and noncommercial speech alike could invite a dilution, simply by a leveling process, of the force of the [First] Amendment's guarantee with respect to the latter kind of speech.[250]
In Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission (1980),[251] the Court clarified what analysis was required before the government could justify regulating commercial speech:
Six years later, the U.S. Supreme Court, applying the Central Hudson standards in Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Company of Puerto Rico (1986),[252] affirmed the Supreme Court of Puerto Rico's conclusion that Puerto Rico's Games of Chance Act of 1948, including the regulations thereunder, was not facially unconstitutional. The lax interpretation of Central Hudson adopted by Posadas was soon restricted under 44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island (1996),[253] when the Court invalidated a Rhode Island law prohibiting the publication of liquor prices.
In Tinker v. Des Moines Independent Community School District (1969),[254] the Supreme Court extended free speech rights to students in school. The case involved several students who were punished for wearing black armbands to protest the Vietnam War. The Court ruled that the school could not restrict symbolic speech that did not "materially and substantially" interrupt school activities.[255] Justice Abe Fortas wrote:
First Amendment rights, applied in light of the special characteristics of the school environment, are available to teachers and students. It can hardly be argued that either students or teachers shed their constitutional rights to freedom of speech or expression at the schoolhouse gate. ... [S]chools may not be enclaves of totalitarianism. School officials do not possess absolute authority over their students. Students ... are possessed of fundamental rights which the State must respect, just as they themselves must respect their obligations to the State.[256]
In Healy v. James (1972), the Court ruled that Central Connecticut State College's refusal to recognize a campus chapter of Students for a Democratic Society was unconstitutional, reaffirming Tinker.[257]
However, since 1969 the Court has also placed several limitations on Tinker. In Bethel School District v. Fraser (1986),[258] the Court ruled that a student could be punished for his sexual-innuendo-laced speech before a school assembly and, in Hazelwood v. Kuhlmeier (1988),[259] the Court found that schools need not tolerate student speech that is inconsistent with their basic educational mission.[260] In Morse v. Frederick (2007),[261] the Court ruled that schools could restrict student speech at school-sponsored events, even events away from school grounds, if students promote "illegal drug use".[262]
In 2014, the University of Chicago released the "Chicago Statement", a free speech policy statement designed to combat censorship on campus. This statement was later adopted by a number of top-ranked universities including Princeton University, Washington University in St. Louis, Johns Hopkins University, and Columbia University.[263][264]
In Packingham v. North Carolina (2017), the Supreme Court held that a North Carolina law prohibiting registered sex offenders from accessing various websites impermissibly restricted lawful speech in violation of the First Amendment.[265] The Court held that "a fundamental principle of the First Amendment is that all persons have access to places where they can speak and listen, and then, after reflection, speak and listen once more."[266][267]
According to the U.S. Supreme Court, the First Amendment's protection of free speech does not apply to obscene speech. Therefore, both the federal government and the states have tried to prohibit or otherwise restrict obscene speech, in particular the form that is now[update] called pornography. As of 2019[update], pornography, except for child pornography, is in practice free of governmental restrictions in the United States, though pornography about "extreme" sexual practices is occasionally prosecuted. The change in the twentieth century, from total prohibition in 1900 to near-total tolerance in 2000, reflects a series of court cases involving the definition of obscenity. The U.S. Supreme Court has found that most pornography is not obscene, a result of changing definitions of both obscenity and pornography.[39] The legal tolerance also reflects changed social attitudes: one reason there are so few prosecutions for pornography is that juries will not convict.[268]
In Rosen v. United States (1896), the Supreme Court adopted the same obscenity standard as had been articulated in a famous British case, Regina v. Hicklin (1868).[269] The Hicklin test defined material as obscene if it tended "to deprave or corrupt those whose minds are open to such immoral influences, and into whose hands a publication of this sort may fall".[270] In the early twentieth century, literary works including An American Tragedy (Theodore Dreiser, 1925) and Lady Chatterley's Lover (D.H. Lawrence, 1928) were banned for obscenity. In the federal district court case United States v. One Book Called Ulysses (1933), Judge John M. Woolsey established a new standard to evaluate James Joyce's novel Ulysses (1922), stating that works must be considered in their entirety, rather than declared obscene on the basis of an individual part of the work.[271]
The Supreme Court ruled in Roth v. United States (1957)[272] that the First Amendment did not protect obscenity.[271] It also ruled that the Hicklin test was inappropriate; instead, the Roth test for obscenity was "whether to the average person, applying contemporary community standards, the dominant theme of the material, taken as a whole, appeals to the prurient interest".[273] This definition proved hard to apply, however, and in the following decade, members of the Court often reviewed films individually in a court building screening room to determine if they should be considered obscene.[274] Justice Potter Stewart, in Jacobellis v. Ohio (1964),[275] famously said that, although he could not precisely define pornography, "I know it when I see it".[276][277]
The Roth test was expanded when the Court decided Miller v. California (1973).[278] Under the Miller test, a work is obscene if:
(a) 'the average person, applying contemporary community standards' would find the work, as a whole, appeals to the prurient interest ... (b) ... the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law, and (c) ... the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value.[279]
"Community" standards—not national standards—are applied to determine whether allegedly obscene material appeals to the prurient interest and is patently offensive.[271] By contrast, the question whether a work lacks serious value depends upon "whether a reasonable person would find such value in the material, taken as a whole."[280]
Child pornography is not subject to the Miller test, as the Supreme Court decided in New York v. Ferber (1982) and Osborne v. Ohio (1990),[281][282] ruling that the government's interest in protecting children from abuse was paramount.[283][284]
Personal possession of obscene material in the home may not be prohibited by law. In Stanley v. Georgia (1969),[285] the Court ruled that "[i]f the First Amendment means anything, it means that a State has no business telling a man, sitting in his own house, what books he may read or what films he may watch."[144] However, it is constitutionally permissible for the government to prevent the mailing or sale of obscene items, though they may be viewed only in private. Ashcroft v. Free Speech Coalition (2002)[286] further upheld these rights by invalidating the Child Pornography Prevention Act of 1996, holding that, because the act "[p]rohibit[ed] child pornography that does not depict an actual child" (simulated child pornography) it was overly broad and unconstitutional under the First Amendment[287] and:
First Amendment freedoms are most in danger when the government seeks to control thought or to justify its laws for that impermissible end. The right to think is the beginning of freedom, and speech must be protected from the government because speech is the beginning of thought.[288]
In United States v. Williams (2008),[289] the Court upheld the PROTECT Act of 2003, ruling that prohibiting offers to provide and requests to obtain child pornography did not violate the First Amendment, even if a person charged under the Act did not possess child pornography.[290][291]
In some states, there are Son of Sam laws prohibiting convicted criminals from publishing memoirs for profit.[292] These laws were a response to offers to David Berkowitz to write memoirs about the murders he committed. The Supreme Court struck down a law of this type in New York as a violation of the First Amendment in the case Simon & Schuster v. Crime Victims Board (1991).[293] That statute did not prohibit publication of a memoir by a convicted criminal. Instead, it provided that all profits from the book were to be put in escrow for a time. The interest from the escrow account was used to fund the New York State Crime Victims Board—an organization that pays the medical and related bills of victims of crime. Similar laws in other states remain unchallenged.[294]
American tort liability for defamatory speech or publications traces its origins to English common law. For the first two hundred years of American jurisprudence, the basic substance of defamation law continued to resemble that existing in England at the time of the Revolution. An 1898 American legal textbook on defamation provides definitions of libel and slander nearly identical to those given by William Blackstone and Edward Coke. An action of slander required the following:[295]
An action of libel required the same five general points as slander, except that it specifically involved the publication of defamatory statements.[296] For certain criminal charges of libel, such as seditious libel, the truth or falsity of the statements was immaterial, as such laws were intended to maintain public support of the government and true statements could damage this support even more than false ones.[297] Instead, libel placed specific emphasis on the result of the publication. Libelous publications tended to "degrade and injure another person" or "bring him into contempt, hatred or ridicule".[296]
Concerns that defamation under common law might be incompatible with the new republican form of government caused early American courts to struggle between William Blackstone's argument that the punishment of "dangerous or offensive writings ... [was] necessary for the preservation of peace and good order, of government and religion, the only solid foundations of civil liberty" and the argument that the need for a free press guaranteed by the Constitution outweighed the fear of what might be written.[297] Consequently, very few changes were made in the first two centuries after the ratification of the First Amendment.
The Supreme Court's ruling in New York Times Co. v. Sullivan (1964)[152] fundamentally changed American defamation law. The case redefined the type of "malice" needed to sustain a libel case. Common law malice consisted of "ill-will" or "wickedness". Now, a public officials seeking to sustain a civil action against a tortfeasor needed to prove by "clear and convincing evidence" that there was actual malice. The case involved an advertisement published in The New York Times indicating that officials in Montgomery, Alabama had acted violently in suppressing the protests of African-Americans during the civil rights movement. The Montgomery Police Commissioner, L. B. Sullivan, sued the Times for libel, saying the advertisement damaged his reputation. The Supreme Court unanimously reversed the $500,000 judgment against the Times. Justice Brennan suggested that public officials may sue for libel only if the statements in question were published with "actual malice"—"knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not".[298][299] In sum, the court held that "the First Amendment protects the publication of all statements, even false ones, about the conduct of public officials except when statements are made with actual malice (with knowledge that they are false or in reckless disregard of their truth or falsity)."[300]
While actual malice standard applies to public officials and public figures,[301] in Philadelphia Newspapers v. Hepps (1988),[302] the Court found that, with regard to private individuals, the First Amendment does "not necessarily force any change in at least some features of the common-law landscape".[303] In Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc. (1985)[304] the Court ruled that "actual malice" need not be shown in cases involving private individuals, holding that "[i]n light of the reduced constitutional value of speech involving no matters of public concern ... the state interest adequately supports awards of presumed and punitive damages—even absent a showing of 'actual malice'."[305][306] In Gertz v. Robert Welch, Inc. (1974), the Court ruled that a private individual had to prove malice only to be awarded punitive damages, not actual damages.[307][308] In Hustler Magazine v. Falwell (1988),[309] the Court extended the "actual malice" standard to intentional infliction of emotional distress in a ruling which protected parody, in this case a fake advertisement in Hustler suggesting that evangelist Jerry Falwell's first sexual experience had been with his mother in an outhouse. Since Falwell was a public figure, the Court ruled that "importance of the free flow of ideas and opinions on matters of public interest and concern" was the paramount concern, and reversed the judgement Falwell had won against Hustler for emotional distress.[310]
In Milkovich v. Lorain Journal Co. (1990),[311] the Court ruled that the First Amendment offers no wholesale exception to defamation law for statements labeled "opinion", but instead that a statement must be provably false (falsifiable) before it can be the subject of a libel suit.[312] Nonetheless, it has been argued that Milkovich and other cases effectively provide for an opinion privilege.[313]
Despite the common misconception that the First Amendment prohibits anyone from limiting free speech,[2] the text of the amendment prohibits only the federal government, the states and local governments from doing so.[314]
State constitutions provide free speech protections similar to those of the U.S. Constitution. In a few states, such as California, a state constitution has been interpreted as providing more comprehensive protections than the First Amendment. The Supreme Court has permitted states to extend such enhanced protections, most notably in Pruneyard Shopping Center v. Robins.[315] In that case, the Court unanimously ruled that while the First Amendment may allow private property owners to prohibit trespass by political speakers and petition-gatherers, California was permitted to restrict property owners whose property is equivalent to a traditional public forum (often shopping malls and grocery stores) from enforcing their private property rights to exclude such individuals.[316] However, the Court did maintain that shopping centers could impose "reasonable restrictions on expressive activity".[317] Subsequently, New Jersey, Colorado, Massachusetts and Puerto Rico courts have adopted the doctrine;[318][319] California's courts have repeatedly reaffirmed it.[320]
The free speech and free press clauses have been interpreted as providing the same protection to speakers as to writers, except for radio and television wireless broadcasting which have, for historical reasons, been given less constitutional protections.[321] The Free Press Clause protects the right of individuals to express themselves through publication and dissemination of information, ideas and opinions without interference, constraint or prosecution by the government.[132][133] This right was described in Branzburg v. Hayes as "a fundamental personal right" that is not confined to newspapers and periodicals, but also embraces pamphlets and leaflets.[322] In Lovell v. City of Griffin (1938),[323] Chief Justice Charles Evans Hughes defined "press" as "every sort of publication which affords a vehicle of information and opinion".[324] This right has been extended to media including newspapers, books, plays, movies, and video games.[325] While it is an open question whether people who blog or use social media are journalists entitled to protection by media shield laws,[326] they are protected equally by the Free Speech Clause and the Free Press Clause, because both clauses do not distinguish between media businesses and nonprofessional speakers.[132][133][327][328] This is further shown by the Supreme Court consistently refusing to recognize the First Amendment as providing greater protection to the institutional media than to other speakers.[329][330][331] For example, in a case involving campaign finance laws the Court rejected the "suggestion that communication by corporate members of the institutional press is entitled to greater constitutional protection than the same communication by" non-institutional-press businesses.[332] Justice Felix Frankfurter stated in a concurring opinion in another case succinctly: "[T]he purpose of the Constitution was not to erect the press into a privileged institution but to protect all persons in their right to print what they will as well as to utter it."[333] In Mills v. Alabama (1943) the Supreme Court laid out the purpose of the free press clause:
Whatever differences may exist about interpretations of the First Amendment, there is practically universal agreement that a major purpose of that Amendment was to protect the free discussion of governmental affairs. This, of course, includes discussions of candidates, structures and forms of government, the manner in which government is operated or should be operated, and all such matters relating to political processes. The Constitution specifically selected the press, which includes not only newspapers, books, and magazines, but also humble leaflets and circulars, see Lovell v. Griffin, 303 U. S. 444, to play an important role in the discussion of public affairs. Thus, the press serves and was designed to serve as a powerful antidote to any abuses of power by governmental officials, and as a constitutionally chosen means for keeping officials elected by the people responsible to all the people whom they were selected to serve. Suppression of the right of the press to praise or criticize governmental agents and to clamor and contend for or against change, which is all that this editorial did, muzzles one of the very agencies the Framers of our Constitution thoughtfully and deliberately selected to improve our society and keep it free.[334]
A landmark decision for press freedom came in Near v. Minnesota (1931),[335] in which the Supreme Court rejected prior restraint (pre-publication censorship). In this case, the Minnesota legislature passed a statute allowing courts to shut down "malicious, scandalous and defamatory newspapers", allowing a defense of truth only in cases where the truth had been told "with good motives and for justifiable ends".[336] The Court applied the Free Press Clause to the states, rejecting the statute as unconstitutional. Hughes quoted Madison in the majority decision, writing, "The impairment of the fundamental security of life and property by criminal alliances and official neglect emphasizes the primary need of a vigilant and courageous press."[337]
However, Near also noted an exception, allowing prior restraint in cases such as "publication of sailing dates of transports or the number or location of troops".[338] This exception was a key point in another landmark case four decades later: New York Times Co. v. United States (1971),[339] in which the administration of President Richard Nixon sought to ban the publication of the Pentagon Papers, classified government documents about the Vietnam War secretly copied by analyst Daniel Ellsberg. The Court found that the Nixon administration had not met the heavy burden of proof required for prior restraint. Justice Brennan, drawing on Near in a concurrent opinion, wrote that "only governmental allegation and proof that publication must inevitably, directly, and immediately cause the occurrence of an evil kindred to imperiling the safety of a transport already at sea can support even the issuance of an interim restraining order." Justices Black and Douglas went still further, writing that prior restraints were never justified.[340]
The courts have rarely treated content-based regulation of journalism with any sympathy. In Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo (1974),[341] the Court unanimously struck down a state law requiring newspapers criticizing political candidates to publish their responses. The state claimed the law had been passed to ensure journalistic responsibility. The Supreme Court found that freedom, but not responsibility, is mandated by the First Amendment and so it ruled that the government may not force newspapers to publish that which they do not desire to publish.[342]
Content-based regulation of television and radio, however, have been sustained by the Supreme Court in various cases. Since there is a limited number of frequencies for non-cable television and radio stations, the government licenses them to various companies. However, the Supreme Court has ruled that the problem of scarcity does not allow the raising of a First Amendment issue. The government may restrain broadcasters, but only on a content-neutral basis. In Federal Communications Commission v. Pacifica Foundation,[343] the Supreme Court upheld the Federal Communications Commission's authority to restrict the use of "indecent" material in broadcasting.
State governments retain the right to tax newspapers, just as they may tax other commercial products. Generally, however, taxes that focus exclusively on newspapers have been found unconstitutional. In Grosjean v. American Press Co. (1936),[344] the Court invalidated a state tax on newspaper advertising revenues, holding that the role of the press in creating "informed public opinion" was vital.[345] Similarly, some taxes that give preferential treatment to the press have been struck down. In Arkansas Writers' Project v. Ragland (1987),[346] for instance, the Court invalidated an Arkansas law exempting "religious, professional, trade and sports journals" from taxation since the law amounted to the regulation of newspaper content. In Leathers v. Medlock (1991),[347] the Supreme Court found that states may treat different types of the media differently, such as by taxing cable television, but not newspapers. The Court found that "differential taxation of speakers, even members of the press, does not implicate the First Amendment unless the tax is directed at, or presents the danger of suppressing, particular ideas."[348]
In Branzburg v. Hayes (1972),[349] the Court ruled that the First Amendment did not give a journalist the right to refuse a subpoena from a grand jury. The issue decided in the case was whether a journalist could refuse to "appear and testify before state and Federal grand juries" basing the refusal on the belief that such appearance and testimony "abridges the freedom of speech and press guaranteed by the First Amendment".[350] The decision was that such a protection was not provided by the First Amendment. However, a concurring opinion by Justice Lewis F. Powell, in which he said a claim for press privilege "should be judged on its facts by the striking of a proper balance between freedom of the press and the obligation of all citizens to give relevant testimony with respect to criminal conduct. The balance of these vital constitutional and societal interests on a case-by-case basis accords with the tried and traditional way of adjudicating such questions," has been frequently cited by lower courts since the decision.[351]
The Petition Clause protects the right "to petition the government for a redress of grievances".[132] The right expanded over the years: "It is no longer confined to demands for 'a redress of grievances', in any accurate meaning of these words, but comprehends demands for an exercise by the government of its powers in furtherance of the interest and prosperity of the petitioners and of their views on politically contentious matters."[352] The right to petition the government for a redress of grievances therefore includes the right to communicate with government officials, lobbying government officials and petitioning the courts by filing lawsuits with a legal basis.[328] The Petition Clause first came to prominence in the 1830s, when Congress established the gag rule barring anti-slavery petitions from being heard; the rule was overturned by Congress several years later. Petitions against the Espionage Act of 1917 resulted in imprisonments. The Supreme Court did not rule on either issue.[352]
In California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited (1972),[353] the Supreme Court said the right to petition encompasses "the approach of citizens or groups of them to administrative agencies (which are both creatures of the legislature, and arms of the executive) and to courts, the third branch of Government. Certainly the right to petition extends to all departments of the Government. The right of access to the courts is indeed but one aspect of the right of petition."[354] Today, thus, this right encompasses petitions to all three branches of the federal government—the Congress, the executive and the judiciary—and has been extended to the states through incorporation.[352][355] According to the Supreme Court, "redress of grievances" is to be construed broadly: it includes not solely appeals by the public to the government for the redressing of a grievance in the traditional sense, but also, petitions on behalf of private interests seeking personal gain.[356] The right protects not only demands for "a redress of grievances" but also demands for government action.[352][356] The petition clause includes according to the Supreme Court the opportunity to institute non-frivolous lawsuits and mobilize popular support to change existing laws in a peaceful manner.[355]
In Borough of Duryea v. Guarnieri (2011),[357] the Supreme Court stated regarding the Free Speech Clause and the Petition Clause:
It is not necessary to say that the two Clauses are identical in their mandate or their purpose and effect to acknowledge that the rights of speech and petition share substantial common ground ... Both speech and petition are integral to the democratic process, although not necessarily in the same way. The right to petition allows citizens to express their ideas, hopes, and concerns to their government and their elected representatives, whereas the right to speak fosters the public exchange of ideas that is integral to deliberative democracy as well as to the whole realm of ideas and human affairs. Beyond the political sphere, both speech and petition advance personal expression, although the right to petition is generally concerned with expression directed to the government seeking redress of a grievance.[357]
The right of assembly is the individual right of people to come together and collectively express, promote, pursue, and defend their collective or shared ideas.[358] This right is equally important as those of free speech and free press, because, as observed by the Supreme Court of the United States in De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 364, 365 (1937), the right of peaceable assembly is "cognate to those of free speech and free press and is equally fundamental ... [It] is one that cannot be denied without violating those fundamental principles of liberty and justice which lie at the base of all civil and political institutions—principles which the Fourteenth Amendment embodies in the general terms of its due process clause ... The holding of meetings for peaceable political action cannot be proscribed. Those who assist in the conduct of such meetings cannot be branded as criminals on that score. The question ... is not as to the auspices under which the meeting is held but as to its purpose; not as to the relations of the speakers, but whether their utterances transcend the bounds of the freedom of speech which the Constitution protects."[352] The right of peaceable assembly was originally distinguished from the right to petition.[352] In United States v. Cruikshank (1875),[359] the first case in which the right to assembly was before the Supreme Court,[352] the court broadly declared the outlines of the right of assembly and its connection to the right of petition:
The right of the people peaceably to assemble for the purpose of petitioning Congress for a redress of grievances, or for anything else connected with the powers or duties of the National Government, is an attribute of national citizenship, and, as such, under protection of, and guaranteed by, the United States. The very idea of a government, republican in form, implies a right on the part of its citizens to meet peaceably for consultation in respect to public affairs and to petition for a redress of grievances.[360]
Justice Morrison Waite's opinion for the Court carefully distinguished the right to peaceably assemble as a secondary right, while the right to petition was labeled to be a primary right. Later cases, however, paid less attention to these distinctions.[352] An example for this is Hague v. Committee for Industrial Organization (1939), where it was decided that the freedom of assembly covered by the First Amendment applies to public forums like streets and parks.[361][352] In Hague the right of assembly was given a broad meaning, because the right of assembly can be used "for communication of views on national questions"[362] as well as for "holding meetings and disseminating information whether for the organization of labor unions or for any other lawful purpose."[363] In two 1960s decisions collectively known as forming the Noerr-Pennington doctrine,[i] the Court established that the right to petition prohibited the application of antitrust law to statements made by private entities before public bodies: a monopolist may freely go before the city council and encourage the denial of its competitor's building permit without being subject to Sherman Act liability.[364]
Although the First Amendment does not explicitly mention freedom of association, the Supreme Court ruled, in NAACP v. Alabama (1958),[365][366] that this freedom was protected by the amendment and that privacy of membership was an essential part of this freedom.[367] In Roberts v. United States Jaycees (1984), the Court stated that "implicit in the right to engage in activities protected by the First Amendment" is "a corresponding right to associate with others in pursuit of a wide variety of political, social, economic, educational, religious, and cultural ends".[368] In Roberts the Court held that associations may not exclude people for reasons unrelated to the group's expression, such as gender.[369]
However, in Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian, and Bisexual Group of Boston (1995),[370] the Court ruled that a group may exclude people from membership if their presence would affect the group's ability to advocate a particular point of view.[371] Likewise, in Boy Scouts of America v. Dale (2000),[372] the Court ruled that a New Jersey law, which forced the Boy Scouts of America to admit an openly gay member, to be an unconstitutional abridgment of the Boy Scouts' right to free association.[373]
In Americans for Prosperity Foundation v. Bonta (2021), the Court ruled that California's requiring disclosure of the identities of nonprofit companies' big-money donors did not serve a narrowly tailored government interest and, thus, violated those donors' First Amendment rights.[374]
Today, the religious roots of the American order and the role of religion in its continued success are poorly understood. One source of the confusion is the phrase "separation of church and state," a phrase used by President Thomas Jefferson in a widely misunderstood letter to the Danbury Baptist Association of Connecticut in 1802. Many think this means a radical separation of religion and politics. Some have gone so far as to suggest that religion should be entirely personal and private, kept out of public life and institutions like public schools. That is incorrect: Jefferson wanted to protect states' freedom of religion from federal government control and religious groups' freedom to tend to their internal matters of faith and practice without government interference generally. Unfortunately, Jefferson's phrase is probably more widely known than the actual text of the Constitution's First Amendment: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof."
Accommodationists, on the other hand, read the establishment clause as prohibiting Congress from declaring a national religion or preferring one to another, but laws do not have to be shorn of morality and history to be declared constitutional. They apply Lemon only selectively because '[w]e are a religious people whose institutions presuppose a Supreme Being' as Justice Douglas wrote in Zorach v. Clauson 343 U.S. 306 (1952).
First Amendment Politics: At the risk of oversimplifying a very complicated situation, I suggest that conservative justices tend to favor a weak reading of both the Free Exercise and Establishment clause, while liberals tend to favor strong readings. That is, conservative justices have been less concerned about the dangers of establishment and less concerned to protect free exercise rights, particularly of religious minorities. Liberals, by contrast, have been opposed to any possibility of a religious establishment and they have been relatively more concerned to protect the free exercise rights of minorities.
Conservatives claim that liberals misinterpret the establishment and free exercise clauses of the First Amendment. They point to the opinion written for the Supreme Court by Hugo Black in Everson v. Board of Education: "The 'establishment of religion' clause of the First Amendment means at least this: neither a state nor a Federal government can set up a church. Neither can pass laws which aid one religion, aid all religions or prefer one religion over another." The establishment clause, conservatives insist, precludes the national state from promoting any religious denomination but does not prohibit state governments and local communities from developing policies that encourage general religious beliefs that do not favor a particular sect and are consistent with the secular government's goals.
The free exercise of religion means, first and foremost, the right to believe and profess whatever religious doctrine one desires. Thus, the First Amendment obviously excludes all "governmental regulation of religious beliefs as such." Sherbert v. Verner supra, 374 U.S. at 374 U. S. 402. The government may not compel affirmation of religious belief, see Torcaso v. Watkins, 367 U. S. 488 (1961), punish the expression of religious doctrines it believes to be false, United States v. Ballard, 322 U. S. 78, 322 U. S. 86–88 (1944), impose special disabilities on the basis of religious views or religious status, see McDaniel v. Paty, 435 U. S. 618 (1978); Fowler v. Rhode Island, 345 U. S. 67, 345 U. S. 69 (1953); cf. Larson v. Valente, 456 U. S. 228, 456 U. S. 245 (1982), or lend its power to one or the other side in controversies over religious authority or dogma, see Presbyterian Church v. Hull Church, 393 U. S. 440, 393 U. S. 445–452 (1969); Kedroff v. St. Nicholas Cathedral, 344 U. S. 94, 344 U. S. 95–119 (1952); Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich, 426 U. S. 696, 426 U. S. 708–725 (1976).
In McDaniel v. Paty, 435 U. S. 618 (1978), for example, we invalidated a state law that disqualified members of the clergy from holding certain public offices, because it "impose[d] special disabilities on the basis of ... religious status," Employment Div., Dept. of Human Resources of Ore. v. Smith, 494 U. S., at 877. ... The Free Exercise Clause "protect[s] religious observers against unequal treatment," Hobbie v. Unemployment Appeals Comm'n of Fla., 480 U. S. 136, 148 (1987) (STEVENS, J., concurring in judgment), and inequality results when a legislature decides that the governmental interests it seeks to advance are worthy of being pursued only against conduct with a religious motivation.
It is important to note that the First Amendment applies to many expressions, including verbal and non-verbal communication, written communication, sign language, body language, facial expressions, gestures, symbols, and images. This means that the First Amendment protects not just what we say but also how we express ourselves.
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