La orientación administrativa es un asesoramiento no vinculante que brinda un organismo administrativo al público sobre la mejor manera de cumplir con una ley o un reglamento en particular. También se la puede denominar con términos como "asesoramiento" o "recomendación". La orientación se utiliza a menudo para explicar el objetivo o la interpretación de una ley o un requisito vagos o no específicos.
Si bien los documentos de orientación no suelen ser normas o requisitos exigibles por sí mismos, a menudo definen normas o expectativas que forman parte de una norma o requisito. Por ejemplo, una reglamentación podría exigir pruebas adecuadas para microorganismos relevantes en recipientes estériles y se utilizaría un documento de orientación para explicar qué pruebas son adecuadas y qué organismos son relevantes.
Los documentos de orientación también se utilizan para explicar políticas o prácticas internas con el fin de simplificar las interacciones de una organización con otras partes. Por ejemplo, un documento de orientación podría explicar cómo preparar un informe o qué información se debe recopilar antes de presentar una queja.
La orientación administrativa (行政指導, gyōsei shidō ) es una práctica del gobierno japonés definida en el Artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1993 como "orientación, recomendaciones, consejos u otros actos mediante los cuales un Órgano Administrativo puede buscar, dentro del alcance de sus deberes o asuntos bajo su jurisdicción, cierta acción o inacción por parte de personas específicas para lograr objetivos administrativos, donde dichos actos no son Disposiciones". [1]
Históricamente, el gobierno de Japón empleó esta práctica para imponer sus políticas a individuos y organizaciones, lo que implicaba un peor trato para aquellos que no cumplían con sus consejos no vinculantes.
La Ley de 1993 fue la primera ley que reguló específicamente la práctica de la orientación administrativa. En virtud de la Ley:
En el derecho de los Estados Unidos , si bien la orientación administrativa no suele ser vinculante para el público en su conjunto, puede servir como autoridad persuasiva en cuanto a la interpretación correcta de la ley. [2] Además, si un miembro del público ha solicitado voluntariamente una orientación, esta puede ser vinculante para la persona que la solicitó. [2]
En los Estados Unidos, los documentos de orientación publicados por agencias federales deben cumplir una serie de requisitos para garantizar que los documentos que publican sean útiles y precisos. [3] Estas reglas se conocen como " buenas prácticas de orientación " (BGP, por sus siglas en inglés) y requieren controles específicos. Por ejemplo, las agencias deben solicitar comentarios públicos antes de publicar documentos de orientación importantes, de manera similar a los requisitos para nuevas reglas y regulaciones.