El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (o WPPT ) es un tratado internacional adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. [1] Entró en vigor el 20 de mayo de 2002. El tratado se ocupa de los derechos de dos tipos de beneficiarios, en particular en el entorno digital : los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.); y los productores de fonogramas (personas o entidades jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de sonidos). [2]
En agosto de 2023, el tratado contaba con 112 partes contratantes. [3] El tratado está abierto a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a la Comunidad Europea. El tratado es administrado por la OMPI.
El WPPT se adoptó con el objetivo de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible. Este tratado no alteraría las obligaciones existentes que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión , hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (Convención de Roma). Los artículos 18 y 19 del WPPT [4] establecen obligaciones similares para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas ante los Estados contratantes, tal como se prevé en los artículos 11 y 12 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT). [5]
El Tratado se ocupa de los derechos de dos tipos de beneficiarios, en particular en el entorno digital: los artistas intérpretes o ejecutantes ( actores , cantantes , músicos , etc.); y los productores de fonogramas (personas o entidades jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de sonidos ). [6]
En cuanto a las limitaciones y excepciones , el artículo 16 del WPPT incorpora la denominada “ prueba de los tres pasos ” para determinar las limitaciones y excepciones, prevista en el artículo 9(2) del Convenio de Berna , extendiendo su aplicación a todos los derechos. La Declaración Concertada que lo acompaña prevé que dichas limitaciones y excepciones, tal como se establecen en la legislación nacional de conformidad con el Convenio de Berna, podrán extenderse al entorno digital. [6]
El plazo de protección debe ser de al menos 50 años.
El Tratado obliga también a las Partes Contratantes a prever recursos jurídicos contra la elusión de medidas tecnológicas (por ejemplo, el cifrado ) y contra la eliminación o alteración de información (por ejemplo, la identificación del artista intérprete o ejecutante). También obliga a las Partes Contratantes a adoptar medidas jurídicas para garantizar la aplicación del Tratado. [6]
La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital es la implementación del tratado en los Estados Unidos (véase Ley de Implementación de los Tratados de Derecho de Autor y de Interpretación o Ejecución y Fonogramas de la OMPI ). [7]
El texto fue copiado de esta fuente, que está disponible bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0).El texto fue copiado de esta fuente, que está disponible bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0).