S v Mhlungu and Others es una decisión del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en la que el tribunal interpretó una disposición transitoria de la Constitución provisional de Sudáfrica relacionada con el manejo de causas penales que estaban pendientes cuando dicha constitución entró en vigor el 27 de abril de 1994. El fallo, dictado el 8 de junio de 1995, sostuvo que tales casos estaban sujetos a las protecciones de los derechos humanos en el Capítulo 3 de la Constitución provisional a pesar de una cláusula que parecía excluirlos.