El Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente al Tratado Antártico , también conocido como Protocolo de Madrid , es un instrumento jurídico complementario al Tratado Antártico firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991. Entró en vigor el 14 de enero de 1998.
El Protocolo de Madrid designa a la Antártida como "reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia" (art. 2). Complementa y refuerza el Tratado Antártico con el fin de aumentar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados.
A partir de 2024, a las 26 naciones originales que firmaron el Protocolo de Madrid se han sumado otras 16. De los 42 signatarios en total, 29 son Partes Consultivas del Tratado Antártico y las otras 13 son Partes No Consultivas (véase el Apéndice 1).
El Protocolo consta de un preámbulo, un cuerpo principal con 27 artículos, un apéndice sobre Arbitraje (13 artículos adicionales) y seis anexos, el último de los cuales aún no ha entrado en vigor.
El preámbulo del Protocolo describe el deseo de las Partes del Tratado Antártico de desarrollar un régimen integral para la protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, en interés de la humanidad en su conjunto.
El cuerpo principal del Protocolo incluye las siguientes disposiciones clave:
El Protocolo cuenta con seis anexos con disposiciones prácticas para la protección del ecosistema antártico. El artículo 9 del Protocolo permite la enmienda o modificación de los anexos y prevé la posibilidad de que se añadan nuevos anexos a los existentes, a fin de garantizar un mecanismo de actualización permanente.
Los anexos son:
El Protocolo y sus primeros cuatro anexos entraron en vigor el 14 de enero de 1998, tras ser adoptados por todas las Partes Consultivas del Tratado Antártico. El Anexo V se redactó después de los cuatro primeros anexos y entró en vigor el 24 de mayo de 2002. El sexto anexo fue acordado en la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (Estocolmo, 2005) y aún no ha entrado en vigor, ya que todavía está pendiente de adopción por todas las Partes Consultivas. En 2024, 20 de las 29 Partes Consultivas lo han adoptado. En 2009 se adoptó una enmienda al Anexo II.
Este Anexo establece que todas las actividades que se realicen en el área del Tratado Antártico deben ser precedidas por una evaluación de impacto ambiental (EIA), para prever los probables impactos que dichas actividades podrían causar sobre el medio ambiente antártico. La EIA es un proceso que tiene como objetivo proporcionar información a los tomadores de decisiones sobre las consecuencias ambientales de una actividad propuesta. Dicha evaluación permite el desarrollo e implementación de medidas de mitigación y restauración.
Con el fin de proteger la fauna y flora antárticas y teniendo en cuenta que la actividad humana puede representar una amenaza para su supervivencia, el Anexo II establece que queda prohibida la captura e intromisión perjudicial de especies antárticas, así como la introducción de especies no nativas al continente, salvo permiso expedido por una Parte del Tratado Antártico.
De acuerdo al Anexo II, la captura de especies antárticas significa matar, herir, capturar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos, o retirar o dañar tales cantidades de plantas o invertebrados autóctonos que su distribución o abundancia local se vería afectada significativamente. El Anexo II también establece que la interferencia perjudicial a una especie antártica puede ocurrir debido a múltiples razones, entre las que se encuentran:
El Anexo II también prohíbe la introducción en tierra o plataformas de hielo, o en el agua, en el Área del Tratado Antártico de cualquier especie no nativa de organismos vivos, excepto de conformidad con un permiso. La prohibición de introducir especies no nativas está relacionada con su potencial para afectar negativamente a las especies nativas. Una especie no nativa puede actuar como competidora (por hábitat y/o alimento) con las especies nativas; como vector de enfermedades a las que las especies nativas no están acostumbradas; como agente modificador del hábitat, o como depredador de las especies nativas. Los únicos tipos de especies a los que se permite entrar en la Antártida, después de que se ha expedido un permiso, son las plantas cultivadas y sus propágulos reproductivos para uso controlado y las especies de organismos vivos para uso experimental controlado.
Finalmente, el Anexo II permite designar como Especies Antárticas Especialmente Protegidas aquellas especies de mamíferos, aves, plantas e invertebrados nativos, cuya supervivencia o estabilidad pudiera verse en una situación particularmente comprometida.
De conformidad con este Anexo, la gestión de desechos antárticos incluye la planificación, clasificación, gestión, almacenamiento, transporte y disposición final de todos los desechos generados al sur de los 60°S.
El Anexo III prohíbe la quema a cielo abierto o la eliminación de desechos en zonas libres de hielo o en sistemas de agua dulce.
También establece que la cantidad de desechos producidos o eliminados en el área del Tratado Antártico se reducirá en la medida de lo posible a fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente antártico.
El Protocolo contempla tres métodos para la disposición final de los residuos en la Antártida:
En este Anexo se propone también un sistema de clasificación de los residuos generados en la Antártida, que sirva de base para llevar un registro de los mismos y facilitar los estudios destinados a evaluar los impactos sobre el medio ambiente de las actividades científicas y del apoyo logístico asociado. Para ello, este Anexo establece que los residuos generados deberán clasificarse en cinco grupos:
• Grupo 1: aguas residuales y residuos líquidos domésticos,
• Grupo 2: otros residuos líquidos y productos químicos, incluidos combustibles y lubricantes,
• Grupo 3: sólidos a quemar,
• Grupo 4: otros residuos sólidos, y
• Grupo 5: material radiactivo.
Para reducir aún más el impacto de los desechos en el medio ambiente antártico, el Anexo III del Protocolo establece que cada Programa Nacional* debe preparar, revisar y actualizar periódicamente los planes de tratamiento de desechos de las bases, campamentos y buques, especificando programas de limpieza de los sitios de disposición de desechos existentes y de los sitios de trabajo abandonados.
* Nota: Un Programa Antártico Nacional se define como "la entidad con responsabilidad nacional de gestionar el apoyo a la investigación científica en el Área del Tratado Antártico en nombre de su gobierno y en el espíritu del Tratado Antártico". Cada signatario del Tratado Antártico establece normalmente un Programa Antártico Nacional para coordinar sus actividades en la Antártida [1] .
Este Anexo establece prohibiciones y restricciones al vertimiento de desechos de buques, mientras operen en el área del Tratado Antártico. Este Anexo forma parte de las disposiciones de la convención para prevenir la contaminación marina por buques, conocida internacionalmente como MARPOL 73/78 (firmada originalmente en 1973, con enmiendas en 1978), en cuyo marco, en 1990, se acordó otorgar a las aguas antárticas el estatus de Zona Especial , donde se deben observar mayores restricciones que en otras aguas internacionales.
De esta manera, se prohibirá cualquier descarga al mar de petróleo o mezcla oleosa, de cualquier sustancia líquida nociva y de cualquier otra sustancia química o de otro tipo (en cantidades o concentraciones que sean nocivas para el medio marino), así como todos los plásticos (incluidos, entre otros, cuerdas sintéticas, redes de pesca sintéticas y bolsas de basura de plástico).
El Anexo regula también las descargas al mar de aguas residuales no tratadas, según se definen en el Anexo IV del MARPOL 73/78, y establece que todos los buques, antes de ingresar al área del Tratado Antártico, estén equipados con un tanque o tanques de capacidad suficiente a bordo para la retención de todos los lodos, lastres sucios, aguas de lavado de tanques y otros residuos y mezclas oleosas.
Por último, el Anexo IV establece que, para responder más eficazmente a las emergencias de contaminación marina, las Partes elaborarán planes de contingencia para la respuesta a la contaminación marina en el área del Tratado Antártico.
El Anexo V del Protocolo establece un nuevo esquema de áreas protegidas en la Antártida, integrado por tres categorías: Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP), Zonas Antárticas Especialmente Administradas (ZAEA) y Sitios y Monumentos Históricos (SMH).
Una Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) es un área terrestre o marina que posee valores ambientales, científicos, estéticos, históricos o naturales excepcionales, o investigaciones científicas en curso o planificadas, que la Reunión Consultiva del Tratado Antártico [2] (RCTA), a propuesta de cualquiera de las Partes, designa como tal para proteger esos valores. Los antiguos Sitios de Especial Interés Científico y antiguas Áreas Especialmente Protegidas , designados como tales por Reuniones Consultivas anteriores, fueron luego reclasificados como ZAEP.
El Anexo V prohíbe el ingreso a una ZAEP, salvo que se cuente con un permiso expedido por alguna de las Partes del Tratado Antártico. También establece que cada ZAEP deberá contar con un Plan de Gestión, documento que identifica los valores que se desea proteger y las medidas que se deben adoptar para garantizar su adecuada gestión.
Una zona antártica especialmente gestionada (ZAEA) es un área en la que concurren diferentes tipos de actividades humanas (logísticas, científicas, de conservación, turísticas) y que pueden plantear riesgos de interferencia mutua o impactos ambientales acumulativos. Se las designa como ZAEA para ayudar a planificar y coordinar actividades, evitar posibles conflictos de intereses, mejorar la cooperación entre las Partes o minimizar los impactos ambientales adversos. Las ZAEA pueden comprender sectores marinos o terrestres y pueden contener ZAEP. El ingreso a las ZAEA no requiere un permiso, pero, si hay una ZAEP en su interior, el ingreso a esta sí lo requiere.
Por último, determinados sitios, tumbas, objetos, construcciones o artefactos ubicados en el continente antártico tienen un valor histórico que el Sistema del Tratado Antártico reconoce mediante su designación como Sitios y Monumentos Históricos Antárticos (SMH). Los SMH pueden formar parte de ZAEP, ZAEA o simplemente estar inscritos como tales. Los elementos que forman parte de un Sitio y Monumento Histórico no deben ser dañados, removidos o destruidos.
En 2024, existen 76 ZAEP, 6 ZAEA y 91 SMH, aunque estas cifras tienden a aumentar gradualmente a medida que se avanza en el conocimiento del continente. La Secretaría del Tratado Antártico mantiene una base de datos y mapas de todas las áreas protegidas de la Antártida.
En este Anexo se describen las medidas para prevenir y responder a las emergencias ambientales en la zona del Tratado Antártico derivadas de programas de investigación científica, turismo y otras actividades gubernamentales y no gubernamentales. Se establecen las normas que rigen la responsabilidad por las emergencias ambientales y se dispone que se podrá reclamar una indemnización al contaminador si no ha adoptado medidas de respuesta rápidas y eficaces.
La protección del medio ambiente antártico no era uno de los principales objetivos originales del Tratado Antártico. Los principales motores de este acuerdo eran la salvaguarda de la paz y la libertad para el desarrollo de la investigación científica. Sin embargo, algunas prohibiciones y restricciones contenidas en el Tratado, especialmente las referidas a la actividad nuclear, pueden considerarse importantes desde el punto de vista ambiental. Una vez que el Tratado Antártico entró en vigor en 1961, se acordaron una serie de medidas al amparo de lo dispuesto en su artículo IX (que prevé la creación de medidas destinadas a “la preservación y conservación de los recursos vivos en la Antártida”), o en convenciones separadas, que se centraron en cuestiones como la protección de la flora y la fauna, la designación de áreas protegidas, y la gestión de residuos y combustibles, entre otras.
El Protocolo de Madrid fue negociado por las Partes del Tratado Antártico entre 1989 y 1991, tras no lograrse un acuerdo sobre un instrumento regulatorio internacional que regulase la minería en la Antártida (la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre los Recursos Minerales Antárticos , o CRAMRA).
El Protocolo se basó en una serie de disposiciones ambientales acordadas en varias RCTA desde la firma del Tratado, incluidas las Medidas acordadas de 1964 sobre la conservación de la fauna y la flora antárticas. [3] También recogió elementos de gestión ambiental que se habían desarrollado durante las negociaciones de CRAMRA (como disposiciones de respuesta a emergencias), así como trabajos previos del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) y la Organización Marítima Internacional (OMI), sobre gestión de desechos y contaminación marina, respectivamente.
El acuerdo sobre el Protocolo de Madrid constituyó la culminación de años de desarrollo de normas y prácticas ambientales, que se sintetizaron y articularon en un único acuerdo integral. El Protocolo estableció nuevas reglas sobre protección ambiental, incluidas nuevas restricciones a la actividad humana en la Antártida y un marco para incorporar nuevas cuestiones mediante la elaboración de anexos adicionales. A través del Protocolo, la protección del medio ambiente antártico se estableció como el tercer pilar del Tratado Antártico, junto con el uso pacífico y la cooperación científica internacional.
El artículo 7 del Protocolo de Madrid prohíbe expresamente cualquier actividad relacionada con la explotación de los recursos minerales antárticos, salvo la investigación científica. En principio, esta prohibición de exploración y explotación de los recursos minerales tiene vigencia indefinida, si bien el artículo 25 del Protocolo establece la posibilidad de que cualquier Parte Consultiva pueda solicitar una revisión de la aplicación de su contenido, una vez transcurridos 50 años desde la entrada en vigor del Protocolo (en el año 2048). Esta disposición se aplica por extensión al artículo 7. Con particular referencia a los recursos minerales, el artículo 25, en su primer párrafo, establece que, antes de proceder a una modificación del artículo 7, deben cumplirse una serie de circunstancias y condiciones previas. Es por ello que algunos autores sostienen que el Protocolo establece una moratoria de 50 años a la exploración y explotación de los minerales antárticos, aunque, en realidad, una moratoria implicaría la caída automática de las disposiciones del artículo 7, y este no es exactamente el caso planteado por el artículo 25.
*El Protocolo entró en vigor el 14 de enero de 1998.
El tratado fue el resultado de una larga campaña de Greenpeace , que incluyó la construcción de una base antártica entre 1987 y 1991. [4] [5] Greenpeace afirma que el protocolo es una victoria. [6]
El domo de Madrid, en las montañas Aristóteles , en la Antártida, recibe su nombre en relación con el Protocolo. [7]
Este artículo incorpora material de dominio público de The World Factbook (edición de 2024). CIA . (Edición archivada en 2003.)
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