El Ministerio Público de Venezuela es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano , tiene carácter autónomo e independiente. Está bajo la dirección del Fiscal General de la República quien es elegido por la Asamblea Nacional para un período de siete años.
El artículo 285 de la Constitución de Venezuela establece que el Fiscal General de la República tiene la siguiente función: [1]
Como se señala en la reseña histórica del Ministerio Público, [2] en la época colonial la función de Procurador General de la República era ejercida por un funcionario designado por la Monarquía de España , cuya tarea era velar por el cumplimiento de la Ley Española en la Capitanía General de Venezuela .
Luego de adelantados los procesos independentistas que dieron origen a la nación venezolana en 1819, en el marco del origen de la república, fue cuando se instauró la figura del Procurador General, quien era el encargado de velar por el cumplimiento y aplicación del orden jurídico. Años más tarde, en 1830, la Constitución de la Gran Colombia , consagraría al Ministerio Público como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, en la figura del Procurador General de la República. No fue hasta 1901 cuando la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela establece el Ministerio Público, a cargo del Procurador General de la Nación, diferenciando sus funciones de las correspondientes al Poder Judicial .
Mucho tiempo después, en 1935, Isaías Medina Angarita promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público, nombrando al Procurador General para su dirección. Posteriormente, en 1948, el Congreso Nacional reformó dicho instrumento legal y nombró a Fernando Álvarez Manosalva como Fiscal General. En 1953, con la llegada al poder del dictador Marcos Pérez Jiménez , las funciones del Ministerio Público vuelven a ser asignadas a la Procuraduría. Sin embargo, tras el derrocamiento de Pérez, en 1961 la Constitución de la República de Venezuela establecería al Ministerio Público como una institución autónoma e independiente de los demás poderes, bajo la responsabilidad del Procurador General de la República.
En la Quinta República, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Constitución), se crea el Poder Ciudadano, que actualmente es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Procurador General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, y, al mismo tiempo, se establece su autonomía.
En 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, a petición de Pedro Carreño , inició un proceso judicial que culminó con la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general, procedimiento que constitucionalmente solo puede realizar la Asamblea Nacional. [4] El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro , designó a Tarek William Saab como titular del Ministerio Público. Ortega Díaz desconoció la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre su destitución e ignoró la designación de Saab como fiscal general, y varios diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su apoyo a la funcionaria afectada. [5] Luis Almagro , Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y varios mandatarios y fiscales del mundo manifestaron su rechazo y repudio a la destitución de Luisa Ortega Díaz. [6] [7]
Letra: Nery Carballo
Música: Michel Eustache