La Polícia Judiciária ( PJ ; en español: Policía Judicial ) es la agencia policial de investigación criminal nacional de Portugal , centrada en la lucha contra los delitos graves, incluidos los homicidios , los secuestros , el crimen organizado , el terrorismo , el tráfico ilegal de drogas , la corrupción , los delitos cibernéticos y los delitos financieros . Está integrada en el Ministerio de Justicia , pero opera bajo la supervisión del Ministerio Público .
Varios países y territorios que en su día fueron provincias de ultramar de Portugal mantienen cuerpos policiales de investigación criminal modelados a semejanza de los portugueses, y algunos de ellos conservan también el nombre de Polícia Judiciária . Son los casos de Cabo Verde , Guinea-Bissau y Macao . [1]
La Policía Judicial Militar es una agencia policial de investigación criminal independiente que opera bajo el Ministerio de Defensa Nacional . Esta agencia es responsable de la investigación de los crímenes militares y los crímenes cometidos en las Fuerzas Armadas portuguesas .
En 1945, tras una reestructuración general de la policía en Portugal, se creó, mediante el Decreto-Ley nº 35042, de 20 de octubre de 1945, bajo la dirección del juez Monteiro Júnior, la Polícia Judiciária (Policía Judicial) tal como existe hoy, y fue integrada orgánicamente en el Ministerio de Justicia, sustituyendo a la Policía de Investigación Criminal (PIC).
Integrada en el esquema general del sistema procesal ordinario y de las instituciones de prevención y represión del delito, la Policía Judicial fue definida como la entidad encargada de "investigar los delitos y encontrar a sus autores, realizar las investigaciones preparatorias de los correspondientes procesos y organizar la prevención del delito, principalmente en lo que se refiere a la delincuencia habitual".
En 1958, la Policía Judicial inauguró sus nuevas instalaciones en la calle Gomes Freire, en Lisboa, construidas con mano de obra penitenciaria. El edificio pasó a ser la sede de la institución, situación que persiste hasta hoy.
El Laboratorio de Ciencias Forenses, bajo la dirección del profesor Alberto Ralha, y la Escuela Práctica de Ciencias Penales, ambos integrados orgánicamente a la Policía Judicial, fueron fundados en 1957.
La primera gran reestructuración de la Policía Judicial se produjo en 1977, bajo la dirección del juez Lourenço Martins. El Decreto-Ley nº 364/77, de 2 de septiembre de 1977, definió este servicio policial como "un servicio de prevención e investigación de delitos, de auxilio a la administración de justicia, organizado jerárquicamente bajo la autoridad del Ministro de Justicia".
La Escuela de Policía Judicial fue creada en 1978, con base en la ya existente Escuela Práctica de Ciencias Penales, con el objetivo de "garantizar la formación y reciclaje del personal de la Policía Judicial", así como planificar e implementar acciones de selección, formación y perfeccionamiento de los agentes de la Policía Judicial.
Con sede inicialmente en Lisboa, Oporto y Coímbra, pocos años después de su creación la Polícia Judiciária emprendió un proceso de expansión territorial, creando nuevos departamentos en diversas partes del país, especialmente en zonas con altos índices de criminalidad.
En 1990, en el ámbito de la Dirección General de la Policía Judicial y además de la ya existente Oficina Central de Combate al Bandidaje, el Decreto-Ley nº 295-A/90, de 21 de septiembre de 1990, creó la Oficina Central de Investigación del Narcotráfico, la Oficina Central de Investigación de la Corrupción, Fraude y Delitos Económicos y Financieros, así como el Departamento Central de Registro de Información y Prevención del Delito a partir de la entonces extinta Oficina Central de Prevención e Investigación y del Archivo Central de Registros e Información.
La Unidad Nacional de Europol fue creada en 1996, integrada orgánicamente en la Policía Judicial y ubicada temporalmente en Leiria, a partir de una estructura que ya existía allí asegurando conexiones con la entonces llamada Unidad de Drogas de Europol, futura "Europol".
Tras un protocolo firmado por los responsables, la Policía Judicial, junto con las demás fuerzas y servicios policiales y de seguridad, inició un proceso de cooperación operativa para combatir el narcotráfico basado en el intercambio de información, la cooperación entre fuerzas, la coordinación operativa y la intervención conjunta.
En el año 2000, la estructura de la policía nacional fue reformada tras la aprobación de la Ley de Organización de la Investigación Criminal (LOIC). Como resultado, la Policía Judicial fue reestructurada por segunda vez en virtud del Decreto-Ley n.º 275-A/2000, de 9 de noviembre de 2000. Ambos instrumentos fueron modificados en 2008 con la publicación de la LOIC n.º 49/2008, de 27 de agosto de 2008, y de la nueva ley orgánica de la Policía Judicial, la Ley n.º 37/2008, de 6 de agosto de 2008.
Español Más de 19 años después de la entrada en vigor del Decreto-ley n.º 275-A/2000, de 9 de noviembre de 2000, por el que se aprueba la estructura organizativa de la PJ y las normas estatutarias que rigen el cuerpo especial de esta policía, y más de 10 años después de la Ley n.º 37/2008, de 6 de agosto de 2008, destinada a adaptar la estructura a las nuevas necesidades organizativas y operativas y que desde entonces ha sido completada por el Decreto-ley n.º 42/2009, de 12 de febrero de 2009, por el que se definen las competencias de las unidades básicas de la PJ, la realidad muestra un cambio que es necesario afrontar.
En efecto, en las últimas décadas se han producido profundos cambios sociales y económicos que trascienden las fronteras territoriales del Estado, con inequívocas repercusiones en el modo en que se cometen los actos delictivos. El peligro que hoy plantea el fenómeno del terrorismo y la constante evolución del crimen organizado transnacional, cada vez más sofisticado, plantean realidades que exigen una respuesta adecuada y eficaz por parte del Estado.
En el actual contexto criminológico de inminente peligro para bienes jurídicos esenciales dignos de protección penal, y ante la imprevisibilidad del accionar de las organizaciones criminales y terroristas, resulta imprescindible que el Estado asegure el propósito de fortalecer al PJ en su papel primordialmente reconocido en la prevención e investigación de las más graves modalidades de criminalidad, como es el caso del crimen organizado transnacional y el cibercrimen, debido a la sofisticación en la acción criminal con el recurso a nuevas y complejas tecnologías que no se limitan al ámbito geográfico del territorio nacional.
El marco jurídico que regula la estructura de la PJ, disperso en diversas normas, justifica la redefinición organizativa de la PJ, dotándola internamente de unidades operativas más interactivas y eficientes, con el fin de potenciar la contribución de esta policía en el ámbito de su intervención primaria en el sistema judicial y de persecución penal, al que la PJ está íntimamente vinculada, así como dentro del sistema de seguridad interior en el que se integra. De este modo, se profundiza en la misión y cometidos de la PJ, a la vista del actual marco jurídico e institucional en materia de investigación criminal y seguridad interior, con la consiguiente organización anticipada de las competencias conferidas por los citados sistemas.
Los retos a los que se enfrenta actualmente la sociedad portuguesa se basan en la firme convicción de que es imprescindible una policía criminal especialmente preparada, robusta técnica y científicamente, apoyada en una estructura organizativa basada en la idea de una mayor interconexión entre las distintas unidades, siendo evidente que la estructura básica operativa se basa en unidades que integran el área de investigación criminal. Es importante destacar también que la actuación de esas unidades marcadamente operativas se complementa con unidades que, compartiendo la misma naturaleza, desempeñan la tarea esencial de dar apoyo técnico a la prevención e investigación del delito, estableciendo así una mayor interconexión operativa.
Se refuerza también la autonomía científica de aquellas unidades que realizan tareas especializadas de apoyo, de carácter técnico y científico, a la investigación criminal. Dicha autonomía resulta no sólo de su confirmación formal, sino, sobre todo, de la definición de sus competencias, teniendo en cuenta el carácter eminentemente técnico y científico de las tareas que legalmente les son encomendadas para la realización de pericias y exámenes, como es el caso del Laboratorio de Ciencias Forenses, la Unidad de Pericia Financiera y Contable y la ya creada Unidad de Pericia Tecnológica e Informática.
Al mismo tiempo, se ha redefinido el papel de otras unidades organizativas, integrándolas en el área de gestión y desarrollo organizacional y en el área de control de gestión, evaluación del desempeño e inspección y control disciplinario, otorgándoles competencias que revelan una adecuación a los modernos paradigmas organizativos del Estado y un perfeccionamiento de los instrumentos de gestión y evaluación, como paso fundamental para dotar a la PJ de mecanismos que la sitúen a la altura de una moderna policía de investigación criminal capaz de responder eficazmente, también desde el punto de vista organizativo, a los retos que se presenten. La Dirección de Servicios de Innovación y Desarrollo y la Dirección de Servicios de Planificación, Calidad y Evaluación son ejemplos de ello, junto con las tradicionales unidades de gestión tanto de patrimonio como de recursos humanos.
Sin dejar de reconocer el importante papel del Instituto de Policía Judicial y Ciencias Penales, manteniéndolo como unidad central en la dependencia del director nacional, debe destacarse su desempeño en materia de formación específica del personal de la PJ y la consolidación del conocimiento técnico y científico en materia de investigación criminal y otras áreas afines, junto con el impulso que puede constituir en la profundización del conocimiento, en cuanto al intercambio con otras entidades afines o académicas, así como en la promoción y divulgación de la investigación científica multidisciplinaria.
A medida que evoluciona y se adapta a la complejidad y sofisticación de la sociedad, la Policía Judicial se define como una fuerza policial criminal superior, jerárquicamente posicionada bajo el Ministro de Justicia y supervisada de acuerdo con la ley.
Su misión es coadyuvar a las autoridades judiciales y fiscales en las investigaciones, así como desarrollar y promover acciones de prevención, detección e investigación de los delitos de su ámbito de competencia o que le encomienden las autoridades judiciales y fiscales competentes.
La Policía Judicial está dirigida por un Director Nacional, designado conjuntamente por el Primer Ministro y el Ministro de Justicia.
De acuerdo con el decreto-ley que regula su nueva estructura organizativa y la Ley de Organización de la Investigación Criminal (LOIC) (Ley n.º 49/2008, de 27 de agosto), es misión de la Policía Judicial auxiliar a las autoridades judiciales y fiscales en las investigaciones penales específicamente encomendadas a ella por la LOIC o delegadas a ella por las autoridades judiciales o fiscales competentes.
El PJ persigue los siguientes objetivos:
Realizar, como entidad oficial, pericias y exámenes.
Aunque la Polícia Judiciária puede utilizar prácticamente cualquier arma de cualquier calibre si es necesario, se les entrega la Glock 19 como arma de fuego estándar, al igual que sus homólogas de la Polícia de Segurança Pública y la Guarda Nacional Republicana , mientras que la Glock 26 es utilizada principalmente por agentes femeninos.