La historia de los derechos humanos en Malawi durante las últimas décadas es complicada y la situación actual se encuentra en un estado de transición dramática y positiva.
Hasta 1994, las condiciones eran bastante insatisfactorias. Las cosas mejoraron tras la ratificación, ese mismo año, de la nueva Constitución de Malawi , "inusualmente progresista" [1] , que introdujo la democracia multipartidista. Sin embargo, hacia el final de la presidencia de Bingu wa Mutharika, que murió en el cargo en abril de 2012, la situación empeoró, para luego mejorar rápidamente tras el acceso a la presidencia de la vicepresidenta de Mutharika, Joyce Banda .
La Fundación Internacional para la Protección de los Derechos Humanos señaló a finales de 2011 que Malawi “antes era considerado un país donde la sociedad civil podía expresarse libremente”. [2]
En un informe de 2010 elaborado por la Alta Comisión Británica se afirmaba que Malawi había “logrado avances importantes en materia de derechos humanos desde la introducción de la democracia multipartidista” en 1994, cuando entró en vigor la Constitución de Malawi. El informe británico señalaba que la Constitución de Malawi “protege los derechos fundamentales”, que el país “ha firmado la mayoría de los tratados internacionales” y que “no hay presos políticos en las cárceles de Malawi, como ocurría durante la era del partido único”. El informe también señalaba avances “en las áreas de estabilidad macroeconómica y acceso a derechos sociales y económicos básicos como la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la justicia”, al tiempo que pedía mejoras “en las áreas de libertad de prensa, libertad de reunión y de expresión y los derechos de los grupos minoritarios”. [3]
Sin embargo, un estudio empírico sobre la educación y la defensa de los derechos humanos en el terreno concluyó que el concepto de derechos humanos se había traducido al chichewa , el idioma más hablado en Malawi, sin una consulta adecuada entre sus hablantes, lo que dio lugar a un cierto elitismo entre los primeros defensores de los derechos humanos y a un malestar acerca de su misión entre la población. [4]
Hacia el final de la presidencia (2004-2012) de Bingu wa Mutharika , la situación de los derechos humanos en Malawi se deterioró significativamente. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las condiciones de los derechos humanos en Malawi en 2010, los principales problemas de derechos humanos incluían “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que resultó en muertes y lesiones; la impunidad de las fuerzas de seguridad, aunque el gobierno hizo algunos esfuerzos para procesar a los abusadores; la violencia ocasional de las turbas; las duras y peligrosas condiciones carcelarias; los arrestos y detenciones arbitrarios ; las largas detenciones preventivas; las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa; la corrupción oficial; la violencia social contra las mujeres; la trata de personas; y el trabajo infantil”. [5]
A finales de 2011, la Fundación Internacional para la Protección de los Derechos Humanos dijo que Malawi había “caído en una espiral de autoritarismo en los últimos años” e indicó que “la situación se deterioró aún más a principios de 2011, cuando la sociedad civil reaccionó a los escándalos de corrupción y los altos precios de los productos básicos con demandas de reformas y buena gobernanza. El Gobierno, consciente de los acontecimientos en el norte de África, reaccionó con fuerza. Las autoridades hicieron declaraciones incitando a la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil”.
De manera similar, un informe de Human Rights Watch describió la situación de los derechos humanos en Malawi como “un deterioro significativo en 2011, con el gobierno del presidente Bingu wa Mutharika actuando de una manera cada vez más represiva”. Durante el año, Mutharika había “firmado una nueva legislación represiva, incluyendo la Sección 46 del código penal, que permite al ministro de información prohibir publicaciones consideradas ‘contrarias al interés público’”. Una nueva Ley de Mandatos Judiciales que prohíbe la presentación de demandas civiles contra funcionarios del gobierno. Profesores y estudiantes universitarios que habían criticado las fallas del gobierno en materia de derechos humanos habían sido acosados, y un estudiante universitario que era vicepresidente de Jóvenes por la Libertad y la Democracia (YFD) había sido “encontrado muerto en el campus politécnico con un corte profundo en la cabeza. Aunque la policía dictaminó que su muerte fue un suicidio, activistas de la sociedad civil acusaron al gobierno de estar involucrado en la muerte de Chasowa”. [6]
La crisis de derechos humanos en Malawi llegó a su punto más crítico el 20 de julio de 2011, cuando la policía de Malawi mató a 19 personas desarmadas que participaban en protestas nacionales contra las condiciones económicas y la creciente represión del Presidente Mutharika. Unas quinientas personas fueron detenidas y varios periodistas fueron golpeados o se les impidió cubrir las protestas y las atrocidades. [7]
Mutharika continuó con sus agresiones a activistas de derechos humanos y otros opositores a su régimen. En septiembre, se lanzaron bombas incendiarias contra las casas y oficinas de varios críticos del gobierno; en octubre, la policía arrestó a cinco activistas antigubernamentales por “celebrar una manifestación ilegal”. En marzo de 2012, se advirtió a periodistas y activistas que cualquiera que insultara al presidente sería procesado y podría enfrentar una pena de prisión. El 16 de marzo, el jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Malawi fue arrestado sin orden judicial y acusado de posesión de “material con palabras sediciosas”, [7] aunque en realidad no se encontraron tales materiales. [8] El 21 de marzo, un miembro destacado del partido de oposición, el Frente Democrático Unido, fue arrestado y acusado de incitar a la violencia. [7]
El 23 de marzo, Human Rights Watch comentó con preocupación sobre la “reciente oleada de arrestos y amenazas contra críticos” del gobierno de Mutharika, que describió como un reflejo de “una represión más amplia de la libertad de expresión y otros derechos básicos”. La situación de los derechos humanos en Malawi se volvió tan grave que en el transcurso de 2011, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, el Banco Mundial, la UE, el Banco Africano de Desarrollo y Noruega suspendieron o congelaron parcialmente la ayuda al país, en respuesta a lo cual un furioso Mutharika se negó a reunirse con las delegaciones del Banco Mundial y el FMI y acusó a los países donantes de brindar apoyo financiero a sus oponentes. [9]
En abril de 2012, el presidente Mutharika murió repentinamente y asumió la vicepresidenta Joyce Banda. En agosto de 2012, Human Rights Watch señaló que Malawi había “logrado avances notables” en materia de derechos humanos desde que Banda llegó a la presidencia, que había introducido una mayor libertad de prensa, estaba pidiendo la derogación de las leyes antigay y amenazaba “con detener al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, buscado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, si intentaba entrar en su país”. [10] Bajo el mandato de Banda, los países donantes que habían suspendido total o parcialmente su ayuda a Malawi reanudaron su apoyo. [11]
En una conferencia de prensa celebrada en junio de 2012 en Malawi, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, dijo que Banda había “actuado rápidamente para abordar muchas preocupaciones urgentes en materia de derechos humanos” y elogió “su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos y el bienestar del pueblo de Malawi”. Tras observar que “Malawi tiene una constitución muy progresista con fuertes disposiciones en materia de derechos humanos y un buen conjunto de leyes e instituciones para promover y proteger los derechos humanos”, Kyung-wha Kang dijo que “[e]l momento es ahora de fortalecer una cultura de derechos humanos y el estado de derecho en las instituciones gubernamentales y en las personas responsables de la protección, promoción y cumplimiento de toda la gama de derechos humanos para el pueblo de Malawi”. Kyung-wha Kang destacó que los malauíes, que estaban saliendo “de un período de represión política”, necesitaban “escuchar de sus líderes que las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión serán respetadas plenamente, y ver que se adoptan medidas concretas para demostrar este compromiso”. [12]
Un indicio del cambio de actitud hacia los derechos humanos bajo el gobierno de Banda fue su anuncio en junio de 2012 de que Malawi, que tenía previsto acoger la cumbre de la Unión Africana (UA) en julio, no lo haría si se permitía asistir al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. “La presidenta de Malawi, Joyce Banda, adoptó una postura firme en apoyo de la justicia a pesar de la dura presión de la Unión Africana”, dijo Undule Mwakasungula, directora del Centro de Malawi para los Derechos Humanos y la Rehabilitación. “Hoy Malawi ha hecho lo correcto por las víctimas de Darfur”. [13]
Aunque la situación de los derechos humanos ha mejorado claramente bajo el gobierno de Banda, “algunos malauíes”, según la Voz de América , “han estado acusando a los grupos de derechos humanos de silenciar deliberadamente sus críticas a la nueva administración”, diciendo que “no ha respondido a los consumidores afectados por la devaluación de la moneda y las subidas de precios”. La VOA cita a Billy Banda, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Malawi Watch, diciendo que su grupo y otros “no estaban guardando silencio deliberadamente”, sino que estaban “presionando silenciosamente” para ayudar al gobierno de Banda a sobrevivir en un momento difícil. “Pero al brindar apoyo, eso no significa necesariamente que estemos condonando a la administración actual. Estamos instando a la administración a abrir una ventana de interacción para que siempre que la gente exprese sus preocupaciones, las escuche”. [14]
El siguiente gráfico muestra las calificaciones de Malawi desde 1972 en los informes Libertad en el Mundo , publicados anualmente por Freedom House . Una calificación de 1 significa "libre"; 7, "no libre". [15] 1
La Comisión de Derechos Humanos de Malawi (MHRC) fue creada por la constitución del país en 1994 y entró en pleno funcionamiento en 1998 [16] o 1999 [17]. Está encargada de proteger los derechos humanos e investigar las violaciones. La Comisión tiene “amplios poderes para escuchar y obtener cualquier prueba necesaria, realizar registros después de obtener una orden judicial emitida por un magistrado y ejercer una 'autoridad sin trabas' para visitar centros de detención 'con o sin previo aviso'”. No tiene el poder de procesar a los infractores, pero “puede intervenir en los casos judiciales y ha actuado como amicus curiae”. [16] Transparencia Internacional informó en 2004 que “la MHRC es percibida como una de las instituciones públicas más eficientes del país”. [16] o 1999 [17]
Durante la presidencia de Bingu wa Mutharika, la Comisión de Derechos Humanos se vio obstaculizada por la falta de recursos y el temor a represalias. Sin embargo, incluso bajo el gobierno de Mutharika, la MHRC mantuvo su independencia, según el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, como “lo demuestran los esfuerzos concertados del presidente saliente de la MHRC, John Kapito”, cuyas críticas abiertas al gobierno de Mutharika dieron lugar a amenazas y acoso. A pesar de las preocupaciones sobre su sostenibilidad, la MHRC continuó bajo el gobierno de Mutharika “ejecutando su mandato lo mejor que pudo”. [16]
En junio de 2012, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, dijo que la Comisión había “realizado un trabajo ejemplar, incluso en tiempos muy difíciles durante el año pasado. Es importante que se mantengan y respeten la independencia y el amplio mandato de la Comisión”. Al juramentar a los nuevos miembros de la Comisión en agosto de 2012, la Presidenta Banda les aseguró su apoyo a su trabajo y su compromiso con su independencia. Los instó a aprovechar al máximo su “papel consultivo” y les aseguró “que mi oficina no detendrá a nadie y que no dudaré en pedir consejo a su institución”. [18]
La Constitución de Malawi ha sido descrita a menudo como muy sólida en sus garantías de derechos humanos. La Carta de Derechos incluida en la Constitución, según la Asociación Internacional de Abogados, protege explícitamente “los derechos a la vida, la dignidad, la igualdad y el derecho a la libertad de conciencia, creencia, pensamiento y religión y a la libertad académica”. También protege “la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de movimiento y la libertad de reunión. Cualquier límite o restricción impuesta a los derechos y libertades debe ser coherente con las obligaciones de Malawi en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”. [16]
El informe de 2012 del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados indica que incluso en los últimos días del régimen de Mutharika, cuando los medios de comunicación fueron objeto de “interferencias y acoso” e “incidentes de intimidación”, “permanecieron relativamente libres” y continuaron “presentando una diversidad de opiniones”. El informe citó “la quema de vehículos de la radio independiente Zodiak”, las amenazas de muerte que habrían recibido periodistas, el arresto y las palizas a periodistas en las manifestaciones de julio de 2011 y el “apagón informativo” de esas manifestaciones ordenado por el gobierno. [16]
Bajo el gobierno de Banda, las protecciones constitucionales de los derechos fundamentales están siendo respetadas por el gobierno en un grado mucho mayor que durante los últimos años de Mutharika. Por ejemplo, el artículo 46 del Código Penal, en virtud del cual un ministro del gabinete podía cerrar periódicos que se consideraran “contrarios al interés público”, ha sido derogado. También se ha derogado la Ley de Mandatos Judiciales, en virtud de la cual los funcionarios del gobierno gozaban de inmunidad judicial. [19]
Durante su visita a Malawi en junio de 2012, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, señaló que había “varios proyectos de ley sobre cuestiones como el VIH/SIDA, la igualdad de género y la trata de personas que estaban pendientes de examen”, y expresó su esperanza “de que las nuevas leyes estuvieran en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos”. [19]
El tema de los derechos LGBT ha sido inusualmente prominente y ha sido foco de gran controversia durante los últimos años del régimen de Mutharika y los primeros meses del gobierno de Banda.
Según las leyes de sodomía de la era colonial de Malawi, las relaciones homosexuales consentidas entre hombres se castigan con hasta 14 años de prisión. En diciembre de 2009, durante la presidencia de Bingu wa Mutharika, dos hombres fueron condenados a 14 años de trabajos forzados por “prácticas antinaturales entre hombres y grave indecencia pública”. Tras las críticas públicas generalizadas a este duro castigo, el presidente los indultó. Sin embargo, ese mismo mes, el parlamento aprobó una ley que penalizaba las relaciones sexuales entre mujeres [20] y las castigaba con hasta 5 años de prisión.
Dos grupos activistas de Malawi, el Centro para el Desarrollo del Pueblo (CEDEP) y el Centro para los Derechos Humanos y la Rehabilitación (CHRR), han presionado durante mucho tiempo a las autoridades malauíes para que cambien la ley. En mayo de 2012, en su primer discurso a la nación después de convertirse en presidenta, Joyce Banda dijo que las leyes contra los “actos contra la naturaleza y la indecencia” serían revisadas “con carácter de urgencia”, y sugirió que despenalizaría los actos homosexuales derogando las secciones 153 y 156 del Código Penal. [21] Esta declaración fue ampliamente notada y aplaudida, y el Ministro de Asuntos Exteriores canadiense, John Baird, elogió a Banda por su “compromiso de derogar la legislación discriminatoria, incluida la legislación que persigue a los gays y las lesbianas”. [22] Sin embargo, en septiembre de 2012, Banda “dijo a los periodistas de los medios internacionales en septiembre que los malauíes podrían no estar listos para un cambio de ese tipo, y sugirió que los miembros del parlamento deberían llevar la cuestión de la despenalización a sus distritos electorales”.
En un debate radial celebrado el 5 de noviembre de 2012, el ministro de Justicia, Ralph Kasambara, anunció una moratoria de las detenciones por cargos de sodomía, una medida que Human Rights Watch calificó de “una posición de compromiso, que permitirá al parlamento debatir posibles cambios legislativos”. Según se informa, al menos parte de la razón de la acción de Kasambara fue la preocupación de que la ley antigay de Malawi pudiera violar el fuerte lenguaje de la constitución sobre la “dignidad y el valor inherentes de cada ser humano” y “los derechos y opiniones de todos los individuos”, y que fuera incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Malawi es signatario.
Tiseke Kasambala, de Human Rights Watch, felicitó a Malawi por haber dado “este valiente paso adelante, poniendo el respeto por sus propias garantías constitucionales de igualdad en primer plano”. [23] Un representante de Amnistía Internacional dijo que la organización “recibe con agrado la declaración del Ministro Kasambara y espera que sirva como primer paso para poner fin a la discriminación y persecución basadas en la orientación sexual y la identidad de género reales o percibidas en Malawi”. [24] Sin embargo, tres días después de su anuncio de la moratoria, que había sido ferozmente criticada por los funcionarios de la iglesia malauí y por la Law Society, el Ministro Kasambara afirmó que nunca había declarado una moratoria de ese tipo y dijo que “todavía se estaban aplicando leyes que castigaban con hasta 14 años de prisión por cometer actos homosexuales”. [25]
En Malawi existe un gran estigma asociado con el VIH/SIDA y una considerable discriminación. El Comisionado de la MHRC Dalitso Kubalasa dijo en octubre de 2012 que “el VIH y el SIDA son una cuestión de derechos humanos en la medida en que la falta de respeto por los derechos humanos aumenta la propagación y el impacto de la epidemia. Además, la enfermedad expone a las personas afectadas por el virus a diversas violaciones de los derechos humanos a través del estigma y la discriminación”. Instó a que se impartiera a los comisionados de distrito una formación que redujera este estigma y esta discriminación. [26]
Un informe de 2012 del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, basado en observaciones realizadas antes de la llegada de Banda a la presidencia, señaló “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente en el contexto del manejo de la disidencia política”. El informe criticó la conducta policial durante las manifestaciones de julio de 2011 y se centró en “la muerte sospechosa del activista estudiantil y vicepresidente de Jóvenes por la Libertad y la Democracia, Robert Chasowa”, en septiembre de 2011, señalando que “un informe post mortem contradecía las afirmaciones de la policía de que Chasowa se había suicidado”, indicando más bien “que sus heridas probablemente se debieron a una agresión”. El informe señaló “con satisfacción” que Banda había “designado una comisión de investigación para investigar la muerte de Chasowa”. [16]
En julio de 2012, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, expresó “serias preocupaciones por los malos tratos y la violencia, que en algunos casos condujeron a la muerte, por parte de la policía contra los sospechosos de delitos”. Kyung-wha Kang elogió al gobierno de Banda por su determinación de restablecer la confianza pública en la policía y dijo que esperaba “ver este compromiso respaldado por acciones concretas, incluida la capacitación y los esfuerzos para luchar contra la impunidad por tales violaciones”. Como un “paso bienvenido en la dirección correcta”, elogió el “nuevo mecanismo de denuncia contra la policía”. [19]
Durante su visita a Malawi en julio de 2012, la funcionaria de derechos humanos de la ONU Kyung-wha Kang señaló “deficiencias en la administración de justicia en Malawi” [19] . La MHRC ha alegado que “ciertos miembros del poder judicial parecen estar alineados con el ejecutivo y que esto socava la eficacia de la MHRC”. Asimismo, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados señaló en 2012 que la oficina del Director de la Fiscalía Pública “actualmente tiene una grave escasez de personal” y carece de personal experimentado. Esto causa importantes demoras en la administración de justicia, ya que “los casos penales… tardan de dos a tres años en promedio antes de ser juzgados”.
Según la Asociación Internacional de Abogados, “la remuneración de los jueces y del personal de apoyo judicial es un problema grave”, lo que genera inquietudes “de que algunos jueces podrían estar más inclinados a buscar otras formas, a veces inadecuadas, de obtener ingresos adicionales”. Además, la Asociación Internacional de Abogados observó con preocupación que no existe una cualificación, capacitación o código de conducta específicos para los magistrados, y que la mayoría de los jueces de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Supremos de Apelaciones “obtuvieron sus títulos de abogado durante la era del partido único, cuando los derechos humanos no se cubrían ampliamente en el plan de estudios”, un problema que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones han tratado de remediar organizando “talleres y seminarios sobre derechos humanos para el poder judicial”. [16]
En julio de 2012, Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló la persistencia de una serie de problemas graves en las cárceles de Malawi, entre ellos "la detención prolongada en celdas gravemente superpobladas, debido a la acumulación de casos y a la lenta tramitación de las solicitudes de libertad bajo fianza". Señaló que se estaban haciendo esfuerzos para resolver este problema "y para explorar alternativas a la detención y el encarcelamiento", y elogió "este cambio de mentalidad". [19]
Malawi Watch Human Rights, fundada en 1992, “es una organización no gubernamental que trabaja en áreas de gobernanza política y económica y que ejerce presión sobre los derechos humanos”. Su sitio web no se actualiza desde enero de 2011. [27]
El Centro para el Desarrollo de los Pueblos (CEDEP) es una organización de derechos humanos “dedicada a abordar las necesidades, mejorar las vidas y brindar apoyo a algunos de los grupos minoritarios más desatendidos de Malawi mediante la educación cívica, la capacitación, el desarrollo de capacidades, la creación de redes y la investigación”. Sus miembros creen “que mejorar el bienestar de los grupos minoritarios, incluidos los presos, los trabajadores sexuales y las personas que mantienen relaciones del mismo sexo, es crucial para la salud y el bienestar de todos los pueblos”. [28]
El Comité Consultivo de Derechos Humanos, fundado en 1995, es una red integrada por instituciones eclesiásticas, grupos de derechos humanos y la Sociedad de Abogados de Malawi, que trabajan juntos en la promoción, el seguimiento y otras actividades con el objetivo de proteger y promover los derechos humanos en Malawi. La casa del coordinador nacional interino del HRCC fue objeto de un ataque incendiario en 2011. [29]
El Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (CHRR) es otra importante organización de derechos humanos de Malawi, también fundada en 1995.
El Instituto para la Interacción Política es otro grupo de derechos humanos de Malawi. Su director, Rafiq Hajat, se vio obligado a esconderse durante la presidencia de Mutharika. El 3 de septiembre de 2011, una bomba incendiaria fue arrojada a las oficinas del IPI en Blantyre, causando daños considerables. [30]
Malawi es signatario de los siguientes acuerdos internacionales: • Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981)
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1987)
• Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990)
• Convención sobre los Derechos del Niño (1991)
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1993)
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1993)
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1996)
• Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996)
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1996)
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998)
• Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África (2005)
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2009)
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2009)
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2010). [16]
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