La Ley de Reforma Reguladora de Autobuses de 1982 ( Pub. L. 97–261, 96 Estad. 1102) fue promulgada por el presidente Ronald Reagan el 20 de septiembre de 1982. La ley contenía disposiciones consideradas " desregulatorias " de la industria de autobuses, lo que representa la mayor legislación de reforma regulatoria desde 1935.
Al firmar el proyecto de ley, Reagan declaró:
"Una de las políticas básicas de mi administración es que la empresa privada debe ser lo más privada posible, guiada por los juicios de mercado de los gerentes empresariales y no por los dictados de los reguladores gubernamentales. La promulgación de esta legislación es un hito importante en nuestros esfuerzos por desregular uno de los sectores económicos más vitales de nuestro país, la industria del transporte de superficie".
Ronald Reagan, Gerhard Peters y John T. Woolley, Proyecto de la Presidencia Estadounidense. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=43014
El proyecto de ley incluía reducir las restricciones a las líneas de autobuses para agregar o eliminar paradas y aumentar la facilidad de entrada de los empresarios al mercado de servicios de autobuses. Como tal, la autoridad podría otorgarse a cualquier transportista "apto, dispuesto y capaz", a menos que un protestante pudiera demostrar que la nueva autoridad era contraria al interés público. El proyecto de ley disponía que la Comisión de Comercio Interestatal podría investigar o suspender tarifas consideradas discriminatorias o predatorias. También podría anular a las autoridades reguladoras estatales en "cuestiones de tarifas y salidas" intraestatales si las sentencias estatales causaran "cargas indebidas" al comercio interestatal. [3]
Tras la promulgación de la nueva ley, la Comisión de Comercio Interestatal recibió más de 2000 solicitudes para operar nuevos servicios de autobús. [4] Sin embargo, la tasa de pérdida de servicio no fue sustancialmente diferente de la observada antes del pasaje. [3]
Los partidarios de la ley la consideran "beneficiosa para mejorar la eficiencia económica de los transportistas", mientras que existen "algunas reservas menores" "sobre sus efectos adversos en las ciudades más pequeñas y las zonas rurales". [5] Los más afectados por el proyecto de ley fueron los conductores de autobuses sindicalizados, ya que la desregulación de la industria permitió que nuevos trabajadores no sindicalizados inundaran el mercado y disminuyeran los salarios en todos los ámbitos, lo que llevó en 1983 a las huelgas de Greyhound Bus Line que duraron varios semanas a nivel nacional. [6]