La expresión “extinción de la esclavitud india ” describe las políticas de los Estados Unidos relacionadas con los nativos americanos desde mediados de la década de 1940 hasta mediados de la década de 1960. [1] Fue moldeada por una serie de leyes y prácticas con la intención de asimilar a los nativos americanos a la sociedad estadounidense dominante. La asimilación cultural de los nativos americanos no era nueva; la creencia de que los pueblos indígenas debían abandonar sus vidas tradicionales y convertirse en lo que el gobierno considera “civilizado” había sido la base de la política durante siglos. Lo que sí era nuevo, sin embargo, era la sensación de urgencia de que, con o sin consentimiento, las tribus debían ser exterminadas y comenzar a vivir “como estadounidenses”. [2] Con ese fin, el Congreso se propuso poner fin a la relación especial entre las tribus y el gobierno federal.
En términos prácticos, la política puso fin al reconocimiento por parte del gobierno federal de la soberanía de las tribus , la tutela sobre las reservas indígenas y la exclusión de la aplicabilidad de la ley estatal a las personas nativas. Desde la perspectiva del gobierno, los nativos americanos se convertirían en ciudadanos contribuyentes sujetos a los impuestos estatales y federales, así como a las leyes de las que anteriormente habían estado exentos. [3]
Desde el punto de vista indígena, el ex senador estadounidense de Colorado, Ben Nighthorse Campbell , de los cheyennes del norte , dijo sobre la asimilación y la terminación en un discurso pronunciado en Montana:
Si no puedes cambiarlos, absorbelos hasta que simplemente desaparezcan en la cultura dominante... En la infinita sabiduría de Washington, se decidió que las tribus ya no debían ser tribus, sin importar que hubieran sido tribus durante miles de años.
— Ben Nighthorse Campbell, discurso inaugural [4]
La política de extinción de tribus chocaba con los propios deseos de los pueblos indígenas americanos de preservar su identidad nativa. La política de extinción se modificó en los años 1960 y el creciente activismo dio lugar a las décadas siguientes de restauración de los gobiernos tribales y de una mayor autodeterminación de los indígenas americanos .
La terminación comenzó con una serie de leyes dirigidas a desmantelar la soberanía tribal. Desde junio de 1940 hasta septiembre de 1950, se aprobaron seis leyes que otorgaron a los estados jurisdicción penal o jurisdicción penal limitada sobre las tribus y reservas dentro de esos estados. En 1949, los informes de la Comisión Hoover , que recomendaban la integración de los pueblos indígenas en la sociedad dominante, y el Informe de la Cámara de Representantes de 1952 (HR No. 2503), que investigó a la Oficina de Asuntos Indígenas , describieron la terminación como una medida rentable y benigna en sus efectos. [5]
La resolución concurrente de la Cámara de Representantes 108 de 1953 anunció la política federal de terminación y pidió el fin inmediato de la relación federal con un grupo seleccionado de tribus. [6] La resolución estableció que el Congreso aprobaría leyes de terminación tribu por tribu. La mayoría de estas leyes incluían el cese del reconocimiento federal y toda la ayuda federal que venía junto con esa designación. Entre 1953 y 1964, el gobierno terminó el reconocimiento de más de 100 tribus y bandas como naciones dependientes soberanas. Estas acciones afectaron a más de 12.000 nativos americanos o el 3% de la población total de nativos americanos. Aproximadamente 2.500.000 acres (10.000 km 2 ) de tierras fiduciarias fueron retiradas del estado de protección durante estos años. Gran parte fue vendida por individuos a no nativos. [7]
La eliminación de estas tribus puso fin a la tutela y el reconocimiento del gobierno federal de esos gobiernos tribales y a la jurisdicción estadounidense de las tierras tribales. [8] Además de poner fin a los derechos tribales como naciones soberanas, la política puso fin al apoyo federal a la mayoría de los programas de atención sanitaria y educación, los servicios públicos y los departamentos de policía y bomberos disponibles para los indios en las reservas. Dado el considerable aislamiento geográfico de muchas reservas y los problemas económicos inherentes, no muchas tribus tenían los fondos para continuar con esos servicios después de que se implementara la eliminación. [9] Las tribus seleccionadas inicialmente para la eliminación habían sido consideradas grupos que habían tenido más éxito en los Estados Unidos, en algunos casos, debido a los recursos naturales controlados por sus reservas. [10]
Algunas tribus presentaron demandas legales para mantener el gobierno tribal y la relación de confianza con el gobierno federal. A través de la Comisión de Reclamaciones Indígenas , las tribus tenían la capacidad de presentar demandas contra el gobierno por incumplimiento de los tratados o quejas. El plazo de cinco años para presentar una reclamación, agosto de 1951, hizo que muchas tribus presentaran sus demandas en los meses anteriores al final del período de registro. En algunos casos, los casos de reclamaciones pendientes con cuestiones jurídicas complejas ayudaron a las tribus a evitar la rescisión, mientras que en otros, las tribus fueron nuevamente aprovechadas por agentes del gobierno y sus asociados. [11]
Indiana
Idaho
Hasta la década de 1940, la política federal había sostenido principalmente que el Gobierno federal tenía jurisdicción exclusiva sobre los indios. La Ley de Kansas de 1940 era una legislación "de prueba" que otorgaba jurisdicción estatal sobre la mayoría de los delitos cometidos por o contra los indios en las reservas indias. Si tenía éxito, se implementaría en otros lugares. [15] Kansas había estado ejerciendo jurisdicción sobre los delitos, incluidos los enumerados en la Ley de delitos graves de los indios, y su autoridad para hacerlo fue puesta en duda. Para aclarar la autoridad del estado, propusieron la ley [16] para llenar un vacío percibido en la jurisdicción. Ninguna de las cuatro tribus reconocidas federalmente que vivían en Kansas: Potawatomi , Kickapoo , Sac & Fox y Iowa , [17] tenían tribunales tribales para tratar los delitos, y la jurisdicción estatal no se extendía a las tierras indias. [18] La ley (Título 25 del Código de los Estados Unidos § 217a cap. 276, 54 Stat. 249), aprobada el 8 de junio de 1940, dio a los tribunales de Kansas jurisdicción para juzgar a personas por conducta que viola la ley estatal, incluso si el gobierno federal también puede juzgar el delito bajo jurisdicción federal. [19]
Casi inmediatamente, se aprobaron estatutos similares en Dakota del Norte, Iowa [20] y Nueva York, otorgando jurisdicción estatal sobre la mayoría de los delitos cometidos por o contra los indios en territorio indio. [21]
En 1943, el Senado de los Estados Unidos encargó una encuesta sobre las condiciones de vida de los indios. Indicó que las condiciones de vida en las reservas eran extremadamente malas. Se encontró que la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) y su burocracia eran culpables de los problemas preocupantes debido a la mala administración extrema. [22] El Congreso concluyó que algunas tribus ya no necesitaban "protección" federal y estarían mejor con más independencia, en lugar de depender de la BIA y ser mal supervisadas por ella. También pensaron que las tribus deberían asimilarse a la sociedad estadounidense dominante. [22] Los objetivos de la terminación incluían liberar a los indios de la dominación de la BIA, derogar las leyes que discriminaban a los indios y poner fin a la supervisión federal de los indios. [23] [24] El senador Arthur V. Watkins de Utah , el defensor más fuerte de la terminación, la comparó con la Proclamación de Emancipación , que había declarado la libertad de todos los esclavos en el territorio de los Estados Confederados de América . [24]
En 1953, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos anunciaron su apoyo a la política de terminación, con la Resolución Concurrente de la Cámara 108 : [25]
Considerando que es política del Congreso, lo más rápidamente posible, hacer que los indios dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos estén sujetos a las mismas leyes y tengan derecho a los mismos privilegios y responsabilidades que se aplican a los demás ciudadanos de los Estados Unidos, poner fin a su condición de pupilos de los Estados Unidos y concederles todos los derechos y prerrogativas propios de la ciudadanía estadounidense.
El 31 de mayo de 1946, el Congreso promulgó una ley para conferir jurisdicción al estado de Dakota del Norte sobre los delitos cometidos por o contra los indios en la reserva india de Devils Lake , [Ley Pública 394] 60 Stat. 229. En un lenguaje que recuerda a la Ley de Kansas de 1940, la ley otorgó jurisdicción al estado de Dakota del Norte para los delitos penales ocurridos en tierras ocupadas por la tribu Spirit Lake , pero conservó el derecho del gobierno federal a la jurisdicción sobre los delitos contra la ley federal. [26]
En 1945 se inició un debate serio sobre la creación de una Comisión de Reclamaciones Indígenas . La idea había estado circulando durante años, pero nunca había cobrado mucho impulso. Sin embargo, tras la terminación, cobró nueva vida. Los responsables de las políticas vieron que la resolución de las reclamaciones se convertiría en el medio para acelerar el proceso de poner fin a la "identidad india" y trasladar a los miembros de la tribu a la sociedad en general. Al mismo tiempo, eliminaría la necesidad de que el gobierno siguiera actuando como guardián tribal [27] o, al menos, permitiría al gobierno reducir "las asignaciones para las tribus en proporción al tamaño de sus reclamaciones". [28]
El 13 de agosto de 1946 se aprobó la Ley de la Comisión de Reclamaciones Indígenas de 1946, Ley Pública N.° 79-726, cap. 959. Su finalidad era resolver para siempre todas las quejas o reclamaciones pendientes que las tribus pudieran tener contra los EE. UU. por incumplimiento de los tratados, apropiación no autorizada de tierras, tratos deshonrosos o injustos o compensación inadecuada. Las reclamaciones debían presentarse en un plazo de cinco años. La mayoría de las 370 quejas que se presentaron [29] se presentaron cuando se acercaba el plazo de cinco años en agosto de 1951. [11]
La duración de la comisión se prolongó, pero finalmente el Congreso la disolvió el 30 de septiembre de 1978 y transfirió las reclamaciones pendientes al Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos. El caso final, Pueblo de San Ildefenso contra Estados Unidos , se resolvió finalmente en 2006. [29]
El 30 de junio de 1948, el Congreso promulgó una ley para conferir jurisdicción al estado de Iowa sobre los delitos cometidos por o contra los indios en la reserva india Sac y Fox , [Ley Pública 846] 62 Stat. 1161. En un lenguaje que recuerda a la Ley de Kansas de 1940, la ley otorgó jurisdicción al estado de Iowa para los delitos penales ocurridos en tierras ocupadas por la tribu Sac y Fox del Mississippi en Iowa, pero mantuvo el derecho del gobierno federal a la jurisdicción sobre los delitos contra la ley federal. [30]
El 2 de julio de 1948, el Congreso promulgó una ley para otorgar jurisdicción al estado de Nueva York con respecto a los delitos cometidos en las reservas indígenas dentro de dicho estado , [Ley Pública 881] 62 Stat. 1224. El lenguaje era prácticamente idéntico a los estatutos de Kansas, Dakota del Norte e Iowa, con dos diferencias importantes. Cubría todas las tierras de las reservas dentro del estado y prohibía la privación de los derechos de caza y pesca que pudieran haber sido garantizados a "cualquier tribu, banda o comunidad india, o miembros de las mismas". Además, prohibía al estado exigir a los miembros de las tribus que obtuvieran licencias de pesca y caza. [31]
El 5 de octubre de 1949, el Congreso promulgó una ley para otorgar jurisdicción al Estado de California sobre las tierras y los residentes de la Reserva Indígena de Agua Caliente en dicho Estado, y para otros fines , [Ley Pública 322] 63 Stat. 705, que establecía que "a partir del 1 de enero de 1950, todas las tierras ubicadas en la Reserva Indígena de Agua Caliente en el Estado de California, y los residentes indígenas de la misma, estarán sujetos a las leyes civiles y penales del Estado de California". La ley también establecía disposiciones para que la tribu y el Secretario del Interior negociaran servidumbres para mejoras de la ciudad, [32] por lo que no terminaba el estatus tribal.
En el plazo de dos años, el Congreso estaba revisando una segunda ley relativa a Nueva York , para otorgarle al estado jurisdicción civil y penal sobre los indios y las tribus. Durante las audiencias del Congreso sobre la ley, las tribus se opusieron firmemente a la aprobación, temerosas de que los estados las privaran de sus reservas. El estado de Nueva York negó cualquier intención de dividir o privar a las tribus de sus reservas y afirmó que "no tenían la capacidad para hacerlo". [33]
El 13 de septiembre de 1950, el Congreso promulgó una ley para otorgar jurisdicción a los tribunales del estado de Nueva York con respecto a las acciones civiles entre indios o en las que los indios fueran partes , [Ley Pública 785] 64 Stat. 845, [34] otorgó a los tribunales de Nueva York autoridad para resolver disputas civiles entre indios o indios y otros dentro del estado. Permitió a las tribus preservar las costumbres, prohibió los impuestos en las reservas, [35] y reafirmó los derechos de caza y pesca. También prohibió al estado hacer cumplir sentencias relacionadas con cualquier disputa de tierras o aplicar cualquier ley estatal a tierras tribales o reclamos antes de la fecha de vigencia de la ley el 13 de septiembre de 1952. [34]
La Resolución Concurrente de la Cámara de Representantes 108 de 1953 fue una declaración formal emitida el 1 de agosto de 1953 por el Congreso de los Estados Unidos que anunciaba la política federal oficial de terminación. La resolución exigía la terminación inmediata de las tribus Flathead , Klamath , Menominee , Potawatomi y Turtle Mountain Chippewa , así como de todas las tribus de los estados de California , Nueva York , Florida y Texas . La terminación de una tribu significaba la retirada inmediata de toda la ayuda, los servicios y la protección federales, así como el fin de las reservas. [6] Los miembros individuales de las tribus eliminadas se convertirían en ciudadanos estadounidenses de pleno derecho y tendrían los beneficios y las obligaciones de cualquier otro ciudadano estadounidense. La resolución también exigía que el Departamento del Interior identificara rápidamente más tribus que parecieran estar listas para la terminación en un futuro próximo. [36]
Un memorando del 21 de enero de 1954 del Departamento del Interior, en el que se revisaban los efectos de la Resolución 108, establecía que el Congreso estaba considerando proyectos de ley para exterminar a 66.000 indios ( 1 ⁄ 7 de la población total). Además de la lista anterior, el memorando establece disposiciones de proyectos de ley para la extinción de la Confederación Iroquesa de Seis Naciones, la tribu Séneca y la tribu Oneida de Wisconsin (antes de Nueva York); la tribu Seminole de Florida ; la tribu Alabama-Coushatta de Texas ; un proyecto de ley de Kansas que abarcaba a los Potawatomi , los Kickapoo , los Sac y Fox y la tribu Iowa ; y 41 rancherías de California. [37]
Un memorando fechado el 19 de enero de 1955 para la BIA emitido por el Departamento del Interior indicó que se estaban revisando terminaciones adicionales en la legislación propuesta para cuatro comunidades indígenas del sur de Minnesota , incluyendo la Comunidad Lower Sioux en los condados de Redwood y Scott, la Nueva Comunidad Upper Sioux en el Condado de Yellow Medicine, la Comunidad de Prairie Island en el Condado de Goodhue y alrededor de 15 personas que vivían en áreas restringidas en el Condado de Yellow Medicine. [38]
La Ley Pública 280, [39] aprobada en 1953, dio a los gobiernos estatales el poder de asumir jurisdicción sobre las reservas indígenas , que anteriormente habían sido excluidas de la jurisdicción estatal. [40] Inmediatamente otorgó al estado jurisdicción penal y civil sobre las poblaciones indígenas en California , Nebraska , Minnesota , Oregón y Wisconsin . Cláusulas especiales impidieron que esta ley se invocara en la reserva Red Lake en Minnesota y la reserva Warm Springs en Oregón. Después de ser admitido como estado en 1958, Alaska se agregó a la lista de estados cubiertos donde la terminación sería el objetivo. La Ley Pública 280 también permitió que cualquier estado asumiera jurisdicción sobre tierras indígenas mediante un estatuto o una enmienda a la constitución estatal. Esta ley hizo que tanto los estados como los nativos americanos se sintieran descontentos: los primeros porque tenían nuevas responsabilidades sin ningún aumento en la financiación para apoyar al personal y los suministros adicionales, los segundos porque estaban sujetos a nuevas leyes estatales. [41]
El objetivo federal al implementar la PL 280 fue doble: 1) llenar el vacío jurisdiccional resultante de la falta de sistemas judiciales formales independientes en las comunidades nativas, lo que había resultado en una percepción general de anarquía en sus comunidades y 2) asimilar a los pueblos nativos y sus tribus a las culturas de sus vecinos al trasladar la carga financiera de procesar los delitos en el territorio indígena a sus respectivos estados. [42]
El principal efecto de la Ley Pública 280 fue alterar la relación entre el gobierno federal y las tribus indígenas. Anteriormente, las tribus habían sido reguladas directamente por el gobierno federal. En Worcester v. Georgia (1832), la Corte Suprema había dictaminado que las leyes estatales no podían aplicarse en tierras indígenas. Si bien esto preservó una especie de soberanía e independencia para las tribus en las reservas, en otros aspectos dependían de una compleja burocracia para obtener servicios. [41]
En 1955, Nevada extendió la jurisdicción estatal sobre los delitos públicos "cometidos por o contra los indios en las áreas del territorio indio" y determinó que las costumbres y tradiciones indias que fueran incompatibles con cualquier ley estatal no tendrían plena vigencia y efecto en las acciones civiles. [43] Montana promulgó una legislación que cubría los delitos penales en la reserva Flathead. [44] El estado de Washington aprobó una ley en 1957 que permitía a las tribus pasar voluntariamente a la jurisdicción estatal y en 1963 asumió al menos una jurisdicción parcial en todas las reservas dentro del estado. En 1963, Idaho estableció disposiciones para que las tribus pudieran pasar a estar bajo la jurisdicción total del estado u operar con jurisdicción concurrente entre el territorio indio y el estado. [45]
Como parte de la Política de Despido de los Indios, se aprobó la Ley de Reubicación de los Indios de 1956. Se trataba de una ley federal que alentaba a los nativos americanos que vivían en reservas indígenas o cerca de ellas a trasladarse a zonas urbanas para tener más oportunidades de empleo. [46]
Se estima que entre los años 1950 y 1980, unos 750.000 indígenas americanos emigraron a las ciudades, algunos como parte del programa de reubicación, otros por su cuenta. En el censo de 2000, la población indígena urbana era un 64% mayor que en la era anterior a la terminación de la guerra, en los años 1940. [47]
California
En 1968, el presidente Lyndon B. Johnson propuso poner fin a la terminación, crear alianzas entre los gobiernos tribales y los Estados Unidos y fomentar la autodeterminación y el autodesarrollo tribales, aunque la propuesta nunca fue aprobada. Los presidentes posteriores siguieron este enfoque informal hasta 1988, cuando se abandonó formalmente la Resolución Concurrente 108 de la Cámara de Representantes. [49]
De las más de cien tribus extintas durante esta era, muchas recuperaron el reconocimiento federal. Las tribus lo lograron a través de largas batallas judiciales, que para algunas tribus duraron décadas y agotaron grandes sumas de dinero.
Algunas tribus, como los choctaw y los seneca , lograron retrasar la terminación lo suficiente como para que se cancelara antes de su implementación. Otras tribus estaban marcadas para la terminación, como las rancherías Cold Springs, Middletown y Montgomery Creek de California y la tribu Wyandotte de Oklahoma, pero, debido a errores en el proceso, no se logró terminar con éxito. Algunas tribus, como la Nación Oneida de Wisconsin y la Comunidad Stockbridge-Munsee, iniciaron un litigio federal para detener la terminación. Otras, aunque marcadas para la terminación, lucharon contra el proceso e impidieron que las leyes salieran del comité o llegaran al pleno para su votación.
Los líderes tribales desempeñaron un papel fundamental para que sus casos fueran escuchados por el Congreso de los Estados Unidos , a través del proceso político, y por la Corte Suprema en demandas y apelaciones. Las tribus ganaron publicidad creando grupos de resistencia. Estos protestaron públicamente contra la política de despidos y libraron batallas políticas y judiciales en Washington para restaurar la soberanía tribal u otros objetivos.
Las tribus que fueron eliminadas pero recuperaron su estatus de estados soberanos reconocidos a nivel federal incluyen:
A principios de la década de 1960, algunos líderes federales comenzaron a oponerse a la implementación de más medidas de terminación, aunque la administración del presidente John F. Kennedy supervisó algunas de las últimas terminaciones. Las dos últimas terminaciones ocurrieron en la década de 1960, las de la tribu Ponca de Nebraska , que comenzaron legalmente en 1962 (después de que Kennedy firmara la orden, a instancias del Secretario del Interior Stewart Udall ) y culminaron en 1966; [50] y la de los indios Tiwa de Ysleta, Texas, que transfirió la autoridad federal al estado de Texas en 1968. [51] (El estatus Ponca fue restaurado en 1990 y el estatus Tiwa fue restaurado en 1987). Los presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon cambiaron la política federal, alentando la autodeterminación indígena en lugar de la terminación. [52] [53]
En mi opinión, la terminación forzosa es incorrecta por varias razones. En primer lugar, las premisas en las que se basa son erróneas. ... La segunda razón para rechazar la terminación forzosa es que los resultados prácticos han sido claramente perjudiciales en los pocos casos en que realmente se ha intentado la terminación. ... El tercer argumento que presentaría contra la terminación forzosa se refiere al efecto que ha tenido sobre la abrumadora mayoría de las tribus que aún disfrutan de una relación especial con el gobierno federal. ... Las recomendaciones de esta administración representan un avance histórico en la política india. Estamos proponiendo romper radicalmente con los enfoques anteriores para abordar los problemas indios.
— Presidente Richard Nixon, Mensaje especial sobre asuntos indígenas, 8 de julio de 1970. [54]
Algunas tribus se resistieron a la terminación presentando demandas civiles . El litigio duró hasta 1980, cuando el asunto llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos . La decisión Boldt de 1974 fue confirmada por la Corte Suprema en 1980, reconociendo que las tribus conservaban los derechos del tratado para la pesca y la caza, incluido el derecho a realizar tales actividades fuera de la reserva y sin regulación estatal.
El activismo en la década de 1960 condujo a la fundación de varias organizaciones de derechos de los nativos americanos, como el Movimiento Indio Americano (AIM), y otras organizaciones que ayudaron a proteger los derechos de los indios y sus tierras. [55] En 1975, el Congreso rechazó implícitamente la política de terminación al aprobar la Ley de Autodeterminación Indígena y Asistencia Educativa , que aumentó el control tribal sobre las reservas y ayudó con la financiación para construir escuelas más cerca de las reservas. El 24 de enero de 1983, el presidente Ronald Reagan emitió una declaración de política india estadounidense que apoyaba el repudio explícito de la política de terminación. [56]
La rescisión, aunque a menudo iba acompañada de presión y coerción, se consideraba "voluntaria" y requería el consentimiento de la tribu. [57] Es posible que algunas de las tribus de esta categoría hayan tenido un acuerdo formal de rescisión aprobado, pero lograron evitar la rescisión hasta que fueron repudiadas o no se cumplieron los términos de su acuerdo. Otras tribus de esta categoría recibieron la aprobación para la rescisión, pero lograron testificar ante el Congreso que no debían ser rescindidas.
A partir de 1953, un grupo de trabajo federal comenzó a reunirse con las tribus de las Seis Naciones. A pesar de las objeciones tribales, se presentó una legislación al Congreso para su terminación. [58] La legislación propuesta involucraba a más de 11.000 indios de la Confederación Iroquesa y se dividió en dos proyectos de ley separados. Un proyecto de ley trataba sobre las tribus Mohawk , Oneida , Onondaga , Cayuga y Tuscarora y el otro trataba sobre los Seneca (véase § Nación Seneca). [37]
Los argumentos que las Seis Naciones presentaron en sus audiencias con los comités fueron que sus tratados demostraban que Estados Unidos reconocía que sus tierras pertenecían a las Seis Naciones, no a los Estados Unidos y que "la terminación contradecía cualquier interpretación razonable de que sus tierras no serían reclamadas ni sus naciones perturbadas" por el gobierno federal. [59] El proyecto de ley para la Confederación Iroquesa murió en el comité sin una consideración más seria. [58]
Un memorando del 21 de enero de 1954 del Departamento del Interior informaba que se iba a preparar un proyecto de ley para la terminación que incluyera a "unos 3.600 miembros de la tribu Oneida que residen en Wisconsin. Estos indios no tienen tierras bajo tutela federal y no están recibiendo ningún servicio federal en campos como la salud o la educación". [37] Se encontró una aclaración sobre quiénes eran estas tribus en un memorando del Departamento del Interior titulado Indian Claims Commission Awards Over $38.5 Million to Indian Tribes in 1964 (La Comisión de Reclamaciones Indígenas otorga más de 38,5 millones de dólares a las tribus indias en 1964 ), que establece que los indios emigrantes de Nueva York son "conocidos ahora como los indios Oneidas , Stockbridge-Munsee y Brotherton de Wisconsin". [60]
En un esfuerzo por luchar contra la terminación y obligar al gobierno a reconocer sus reclamaciones de tierras pendientes de Nueva York, las tres tribus comenzaron a presentar litigios en la década de 1950. [61] Como resultado de una reclamación presentada ante la Comisión de Reclamaciones Indígenas, el grupo recibió un acuerdo de $ 1,313,472.65 el 11 de agosto de 1964. [60] Para distribuir los fondos, el Congreso aprobó la Ley Pública 90-93 81 Stat. 229 Ley de Sentencia de los Indios Emigrantes de Nueva York de Wisconsin y preparó listas separadas de personas en cada uno de los tres grupos para determinar qué miembros tribales tenían al menos un cuarto de "sangre india de Nueva York emigrante". Además, ordenó a los órganos de gobierno tribales de los Oneidas y Stockbridge-Munsee que solicitaran al Secretario del Interior la aprobación de las distribuciones de fondos, poniendo así fin a los esfuerzos de terminación para estas tribus. En cuanto a los indios de Brothertown, sin embargo, aunque la ley no establecía específicamente que se les daría de baja, autorizaba que todos los pagos se hicieran directamente a cada inscripto, con disposiciones especiales para los menores de edad que serían manejadas por el secretario. Los pagos no estaban sujetos a impuestos estatales o federales. [62]
Cuando en 1978 se establecieron las directrices para recuperar el reconocimiento federal, los indios Brothertown presentaron una petición, que fue rechazada porque habían perdido el reconocimiento federal a través de la legislación del Congreso que les otorgaba la ciudadanía. La Oficina de Asuntos Indígenas reconoció en 1993 que el gobierno federal los había reconocido como tribu soberana en los tratados de 1831, 1832 y en la "ley de 1839 que les otorgó la ciudadanía y les dio tierras en Wisconsin". Basándose en estos hallazgos, la tribu volvió a presentar una petición al Departamento del Interior. [61] En 2012, el departamento, en la decisión final sobre la petición de Brothertown, determinó que el estatus tribal del grupo había sido terminado por la ley de 1839 que otorgaba la ciudadanía. El secretario adjunto interino señaló que solo el Congreso podía restaurar el estatus tribal. [63] En un esfuerzo continuo por recuperar el reconocimiento, la tribu pidió apoyo a la Junta Municipal de Brothertown, Wisconsin. En una votación celebrada el 27 de diciembre de 2013, la ciudad se negó a respaldar un plan para buscar la aprobación del Congreso. [64]
En 1954, en las audiencias del Congreso, las tribus Flathead pudieron resistir los planes del gobierno de exterminar su tribu. [57] Una opinión emitida el 8 de abril de 1980 en el tribunal de distrito de los EE. UU. para el estado de Montana confirmó que la reserva Flathead mantenida en fideicomiso por el gobierno de los EE. UU. no había sido disminuida ni exterminada desde la promulgación de la Ley Flathead del 23 de abril de 1904. Además, aclaró que la intención del Congreso de exterminarla debe ser clara y no puede inferirse, y declaró que "la determinación del Congreso de exterminarla debe expresarse en la faz de la Ley o debe ser clara a partir de las circunstancias circundantes y la historia legislativa". [65]
Debido a que la jurisdicción sobre asuntos penales ya había sido transferida al Estado de Kansas mediante la aprobación de la Ley de Kansas de 1940 , el gobierno señaló a las cuatro tribus de Kansas para su eliminación inmediata. [37] En febrero de 1954, los Subcomités de Asuntos Indígenas de la Cámara y el Senado celebraron audiencias conjuntas para las tribus de Kansas. [66]
La líder tribal de la Banda de la Pradera de la Nación Potawatomi , Minnie Evans (nombre indígena: Ke-waht-no-quah Wish-Ken-O), [67] encabezó el esfuerzo para detener la terminación. [68] Los miembros de la tribu enviaron peticiones de protesta al gobierno y varias delegaciones fueron a testificar en reuniones del Congreso en Washington, DC. [69] Los miembros del Consejo Tribal Vestana Cadue, Oliver Kahbeah y Ralph Simon de la Tribu Kickapoo en Kansas también viajaron por su cuenta para testificar. La fuerte oposición de las tribus Potawatomi y Kickapoo les ayudó, así como a la Tribu Sac & Fox y la Tribu Iowa , a evitar la terminación. [66]
Aunque se introdujo una legislación para la terminación (Legislación 4. S. 2748, HR 7316. 83.º Congreso. Terminación de la supervisión federal sobre la Banda Turtle Mountain de indios Chippewa), [70] la ley no se implementó. En 1954, en las audiencias del Congreso para la Banda Turtle Mountain de indios Chippewa , el presidente tribal Patrick Gourneau y una delegación hablaron en Washington, DC. Testificaron que el grupo no estaba preparado financieramente, tenía un alto desempleo y pobreza, sufría de bajos niveles de educación y la terminación sería devastadora para la tribu. Con base en su testimonio, los chippewa fueron eliminados de las tribus que debían ser eliminadas. [71]
Las discusiones entre la BIA y los indios de la comunidad Lower Sioux en los condados de Redwood y Scott, la nueva comunidad Upper Sioux en el condado de Yellow Medicine, la comunidad de Prairie Island en el condado de Goodhue y algunos individuos dispersos que vivían en áreas restringidas en el condado de Yellow Medicine [72] comenzaron en 1953 y continuaron durante 1954. Aunque las comunidades de Prairie Island y Lower Sioux redactaron acuerdos con propiedad individual de la tierra, los Upper Sioux se opusieron firmemente al título de propiedad absoluta de las tierras tribales.
El 26 de enero de 1955, el senador Edward Thye presentó al Congreso un proyecto de ley (S704) para prever la extinción de las tribus. No sólo los dakotas, sino también otros ciudadanos que se dieron cuenta de que sus gastos estatales podrían aumentar, se opusieron al comité que revisaba el proyecto de ley. La Comisión de Derechos Humanos del Gobernador de Minnesota también se opuso a la legislación, indicando que "no protegería adecuadamente los intereses de los indios". El proyecto de ley no llegó a la comisión y nunca llegó al pleno del Senado. [73]
La propuesta de terminación galvanizó a la Tribu Seminola de Florida . El 9 de octubre de 1953, se convocó una reunión de emergencia en la sede de la agencia en la Reserva Dania. Había dos cuestiones que considerar: 1) convencer al gobierno de que la tribu no estaba lista para asumir la gestión de sus propios asuntos y 2) convencer al gobierno de que no todos los nativos que vivían en Florida eran seminolas. El 1 y 2 de marzo de 1954, los miembros tribales designados testificaron en una Audiencia Conjunta ante los Subcomités de los Comités de Asuntos Internos e Insulares del 83.º Congreso. Se celebraron audiencias adicionales el 6 y 7 de abril de 1955, solicitando la continuación durante los siguientes 25 años de la supervisión gubernamental y la separación de los seminolas de los miccosukees y los tradicionales. Para el 26 de marzo de 1957, se había formado un comité para redactar una constitución y un estatuto corporativo. La constitución y los estatutos fueron aceptados por votación tribal el 21 de agosto de 1957 [74] y ratificados por el Congreso más tarde ese mismo año. Los Miccosukees formaron su propio gobierno, recibiendo el reconocimiento estatal en 1957 y el reconocimiento federal como Tribu Miccosukee de Indios de Florida en 1962. Algunos Tradicionalistas se negaron a afiliarse a cualquiera de las dos tribus, ya que no querían tener relaciones con el gobierno federal. [75]
El 1 de agosto de 1956, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública cap. 843, 70 Stat. 893 para terminar la relación con la Tribu Wyandotte de Oklahoma . Se asignaron tres años para completar la terminación [76] y una de las estipulaciones requería que una parcela de tierra en Kansas City, Kansas, reservada como el Cementerio Huron que había sido otorgado a los Wyandotte por tratado el 31 de enero de 1855, fuera vendida por los Estados Unidos. Un grupo de Wyandots ausentes presentó un litigio contra los Estados Unidos y la ciudad de Kansas City, Kansas, lo que resultó en una incapacidad de los EE. UU. para cumplir con los términos del estatuto de terminación y, en última instancia, impidió que la Tribu Wyandotte fuera terminada. [77] Los registros de la Oficina de Administración de Tierras confirman que el Registro Federal nunca publicó la terminación de las tierras Wyandotte y, por lo tanto, nunca se terminaron oficialmente. [78]
Para aclarar la incertidumbre, dado que se había aprobado una ley real, cuando el Congreso restableció las otras tribus de Oklahoma, incluyó a los Wyandotte en la derogación. El 15 de mayo de 1978, en una sola ley, titulada Ley Pública 95-281, se derogaron las leyes de terminación y las tres tribus fueron reinstauradas con todos los derechos y privilegios que tenían antes de la terminación. [79]
Se aprobó la terminación de 41 rancherías en California según los términos originales de la Ley de Terminación de Rancherías de California de 1958, Ley Pública 85-671, y otras 7 rancherías fueron objeto de la enmienda de 1964 a la Ley. El gobierno de los EE. UU. no completó la terminación de cinco de las rancherías:
Después de once años como jefe choctaw, Harry JW Belvin convenció al representante Carl Albert de Oklahoma para que presentara una legislación federal para comenzar a exterminar a la tribu choctaw, como un medio para evitar la intrusión de la BIA en los fondos tribales y el gobierno. [82] El 23 de abril de 1959, la BIA confirmó que la HR 2722 había sido presentada al Congreso a pedido de la tribu, y que vendería todos los activos tribales restantes, pero no afectaría ninguna ganancia individual de los choctaw. También preveía la retención de la mitad de todos los derechos minerales que podrían ser administrados por una corporación tribal. [83]
El 25 de agosto de 1959, el Congreso aprobó un proyecto de ley [84] para poner fin a la tribu, que más tarde se denominó la ley de Belvin , ya que él era el principal defensor de la misma. [85] En realidad, las disposiciones del proyecto de ley pretendían ser una disposición final de todas las obligaciones fiduciarias y una "disolución final de los gobiernos tribales". [83] La ley original debía haber expirado en 1962, pero fue enmendada dos veces para dar más tiempo a la venta de los activos tribales. A medida que pasaba el tiempo, Belvin se dio cuenta de que el proyecto de ley cortaba el acceso de los miembros de la tribu a los préstamos gubernamentales y otros servicios, incluida la exención fiscal tribal. En 1967, había pedido al congresista de Oklahoma Ed Edmondson que intentara derogar la ley de terminación. [82] El Congreso finalmente derogó la ley el 24 de agosto de 1970. [85]
El 31 de agosto de 1964, el Congreso aprobó [86] la ley HR 1794, Ley para autorizar el pago de ciertos intereses en tierras dentro de la Reserva Indígena Allegheny en Nueva York , y la envió al presidente para su firma. El proyecto de ley autorizaba el pago para el reasentamiento y la rehabilitación de los indios senecas . Como parte de su reserva se vio afectada por la construcción de la presa Kinzua en el río Allegheny, 127 familias senecas (unas 500) estaban siendo desalojadas. La legislación proporcionó beneficios para toda la Nación Séneca, porque la toma de la tierra india para la presa rompió (acortó) un tratado de 1794 entre el Gobierno y los senecas. Además, el proyecto de ley disponía que en un plazo de tres años, el Secretario del Interior debería presentar al Congreso un plan para retirar toda la supervisión federal sobre la Nación Séneca. (Técnicamente, el estado de Nueva York, y no el Gobierno Federal, había tenido la supervisión sobre los senecas desde 1949.) [87]
En consecuencia, el 5 de septiembre de 1967, un memorando del Departamento del Interior anunció que se había propuesto una legislación para poner fin a los vínculos federales con los seneca. [88] [89] En 1968, se nombró un nuevo enlace de la BIA para la tribu para ayudar a la tribu a prepararse para la terminación y rehabilitación. [90] Al igual que los choctaw, los seneca pudieron posponer la terminación hasta que el presidente Nixon emitió [91] su Mensaje Especial al Congreso sobre Asuntos Indígenas en julio de 1970. [54]
Se aprobaron leyes de terminación que afectaban a tribus o grupos de tribus en particular debido a circunstancias especiales. Seguían las políticas básicas de terminación, pero a veces tenían pequeñas variaciones. En algunos casos, cuando se revocaba la terminación, el gobierno otorgaba el reconocimiento, pero no se restituían las tierras en fideicomiso federal. Algunas de esas tribus, específicamente en California, todavía están tratando de recuperar las tierras de las reservas.
La tribu Menominee de Wisconsin fue una de las primeras tribus propuestas para su extinción. Los observadores creían que no necesitaban servicios gubernamentales debido al valor de sus tierras madereras. El 17 de junio de 1954, el Congreso aprobó la Ley de Extinción de la Tribu Menominee, poniendo fin a la relación especial entre la tribu Menominee de Wisconsin y el gobierno federal. [41] Aunque la ley se aprobó en 1954, no fue hasta el 30 de abril de 1961 que se les dio de baja oficialmente.
Los menominee no cooperaron inicialmente con la nueva política. Recientemente habían ganado un caso judicial contra el gobierno por mala gestión de las empresas forestales, y el senador Watkins amenazó con retener el acuerdo de 8,5 millones de dólares a menos que los menominee aceptaran la rescisión. Anteriormente, la tribu había podido mantenerse a sí misma y financiar la mayoría de los programas sociales con los ingresos generados por la industria maderera y el aserradero. Sin embargo, su situación económica era precaria, ya que sólo contaban con un recurso. [6]
Esta ley fue única porque excluyó la terminación de los derechos de caza y pesca de los menominee. El estado de Wisconsin intentó someter a la tribu menominee a las regulaciones estatales de caza y pesca, que incluían la exigencia de que las personas obtuvieran permisos para cazar. Cuando la tribu presentó una demanda contra el estado para defender sus derechos en virtud del tratado, la Corte Suprema de Wisconsin confirmó estas regulaciones. Dictaminó que el Congreso había derogado todos los derechos de caza y pesca de los menominee al aprobar la Ley de Terminación de los Menominee. [92]
La tribu apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1968 en el caso Menominee Tribe v. United States . [41] La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la terminación de una tribu no abrogaba los derechos del tratado a menos que hubiera una intención legislativa específica de hacerlo. [41] Los derechos de caza y pesca de los menominees estaban garantizados por el Tratado del Río Wolf de 1854. Dado que la Ley de Terminación de los Menominee no mencionaba estos derechos de caza y pesca del tratado, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que los derechos del tratado no habían sido abrogados. Decidieron que los menominees todavía tenían derecho a sus derechos tradicionales de caza y pesca libres del control estatal. [41]
La Corte Suprema de Wisconsin había actuado en contra de la Ley Pública 280 cuando negó a los menominee sus derechos de caza y pesca (124 NW2d 41, 1963). La Ley Pública 280 establece explícitamente que "Nada en esta sección... privará a ningún indio ni a ninguna tribu, banda o comunidad india de ningún derecho, privilegio o inmunidad otorgados por un tratado, acuerdo o estatuto federal con respecto a la caza, captura o pesca o el control, licencia o regulación de los mismos". [92] Estos procedimientos muestran que, si bien la derogación de los tratados federales es legal (según Lone Wolf v. Hitchcock ), la intención del Congreso de derogar estos tratados no se puede inferir, debe ser explícita. A menos que el Congreso los derogue específicamente, los derechos de los tratados siguen vigentes, ya sea que se extinga una tribu o no. [41]
Después de que se terminaron, las tierras y el dinero de propiedad común se transfirieron a la corporación Menominee Enterprises, Inc. (MEI), y el área geográfica de la reserva fue admitida en el estado como un nuevo condado. El condado de Menominee pronto se convirtió en el condado más pobre del estado. Los fondos de MEI se agotaron rápidamente. La preocupación por la corrupción dentro de MEI, incluida la venta de antiguas tierras tribales, llevó a miembros de la comunidad como Ada Deer y James White a formar un grupo llamado Determinación de Derechos y Unidad para Accionistas Menominee (DRUMS) en 1970.
Lucharon por recuperar el control de MEI y, a finales de 1972, controlaban la corporación. Los activistas trabajaron para restaurar el gobierno tribal menominee y recuperar la soberanía. Su éxito se reflejó en la Ley de Restauración Menominee , firmada por el presidente Richard Nixon en 1973. Con la ayuda del Comité de Restauración Menominee (MCR), la reserva fue reformada en 1975, se firmó una constitución tribal en 1976 y el nuevo gobierno tribal asumió el poder en 1979. [23]
La tribu Klamath en Oregón fue exterminada bajo la Ley de Extinción Klamath , o Ley Pública 587, promulgada el 13 de agosto de 1954. Bajo esta ley, toda la supervisión federal sobre las tierras Klamath, así como la ayuda federal proporcionada a los Klamath debido a su estatus especial como indios, fue terminada. [93] La legislación requería que cada miembro de la tribu eligiera entre seguir siendo miembro de la tribu, o retirarse y recibir un pago monetario por el valor de la parte individual de la tierra tribal. [6] Aquellos que se quedaron se convirtieron en miembros de un plan de gestión tribal. Este plan se convirtió en una relación de fideicomiso entre los miembros de la tribu y el Banco Nacional de los Estados Unidos en Portland, Oregón. [94] De los 2.133 miembros de la tribu Klamath en el momento de la terminación, 1.660 decidieron retirarse de la tribu y aceptar pagos individuales por la tierra. [93]
La terminación de la reserva Klamath, en realidad, incluía tres tribus distintas pero afiliadas. La Ley define a los miembros como las "tribus Klamath y Modoc y la Banda Yahooskin de Indios Serpiente, y de los miembros individuales de las mismas". [95] Una parte de la tribu Modoc había sido llevada como prisionera al Territorio Indio en 1873 después de la Guerra Modoc en Oregón. En 1965, como parte del acuerdo de los EE. UU. con la reserva Klamath, se llevaron a cabo una serie de audiencias de abril a agosto. Las audiencias concluyeron sin permitir que los Modoc de Oklahoma fueran incluidos en las listas de la tribu Klamath. [96]
Irónicamente, los Modoc occidentales recuperaron su estatus tribal el 15 de mayo de 1978, en una ley que restableció a las tribus Modoc, Wyandotte, Peoria y Ottawa de Oklahoma. [79] Casi una década después, gracias al liderazgo y la visión del pueblo Klamath y a la ayuda de algunos líderes del Congreso, la Ley de Restauración Klamath se convirtió en ley en 1986, restableciendo a los Klamath como estado soberano. [97]
La Ley de Terminación de los Indios del Oeste de Oregón , o Ley Pública 588, fue aprobada en agosto de 1954. Exigía la terminación de la supervisión federal sobre el fideicomiso y la propiedad restringida de numerosas bandas de nativos americanos y pequeñas tribus, todas ubicadas al oeste de las Montañas Cascade en Oregón. [98] La ley también exigía la disposición de la propiedad federal que se había comprado para la administración de los asuntos indígenas, y la terminación de los servicios federales que estos indios recibían bajo el reconocimiento federal. [98] Las estipulaciones de esta ley eran similares a las de la mayoría de las leyes de terminación.
La Ley de Terminación de los Indios del Oeste de Oregón fue única debido al número de tribus a las que afectó. En total, 61 tribus en el oeste de Oregón fueron eliminadas. Este total de tribus fue mayor que el total de las eliminadas bajo todas las demás leyes individuales. [98] La historia de la zona, con la Reserva Costera establecida por Orden Ejecutiva y no por tratado, luego dividida en las Reservas Siletz y Grande Ronde, luego esas dos reservas se combinaron, y nuevamente se separaron, hace que la situación sea complicada y difícil de determinar datos tribales específicos. [99] El registro final de las Tribus Confederadas de Siletz contenía 929 nombres [100] y el registro final de las Tribus Confederadas de Grand Ronde contenía 862 nombres. [99] El total combinado de la población de estas dos confederaciones fue de 1.791, aunque bien puede haber habido pueblos nativos dispersos en la región costera que no estaban afiliados a estas reservas.
Hubo leyes de restauración que restituyeron a todas las tribus que tenían miembros que habían estado ubicados en las reservas Grand Ronde o Siletz. Algunas de estas tribus fueron restauradas con esas leyes y luego obtuvieron su propio reconocimiento federal.
El 23 de agosto de 1954, el Congreso de los Estados Unidos aprobó dos leyes para poner fin a la relación federal con la tribu Alabama-Coushatta de Texas . La Ley Pública cap. 831, §1, 68 Stat. 768 disponía que el Secretario del Interior debía transferir al Estado de Texas las tierras tribales para beneficio de la tribu. Además, puso fin a la relación de fideicomiso federal con la tribu y los miembros individuales de la tribu y canceló todas las deudas federales. [107]
El 22 de marzo de 1983, el Procurador General de Texas, Jim Mattox, emitió una opinión (JM-17) en la que afirmaba que la asunción de poder por parte del estado sobre la propiedad de los Alabama-Coushatta constituía una violación de la Constitución de Texas. Afirmó que, dado que el gobierno federal había retirado su reconocimiento de que la tribu era "meramente una asociación no incorporada según la ley de Texas, con el mismo estatus legal que otras asociaciones privadas... la extensión de 3.071 acres está completamente libre de cualquier designación legalmente significativa como 'reservación india ' ". [108] En respuesta a las preocupaciones de la tribu, el representante Ronald D. Coleman de Texas presentó un proyecto de ley federal el 28 de febrero de 1985 para restablecer la jurisdicción federal de la tribu. [109] Debido a que el proyecto de ley inicial HR 1344 permitía los juegos de azar, se hicieron modificaciones y la Ley de Restauración de las Tribus Indígenas de Texas y de los Pueblos Yselta del Sur y Alabama y Coushatta se volvió a presentar como HR 318. [110] La Ley Pública 100-89, 101 STAT. 666 se promulgó el 18 de agosto de 1987 y restableció la relación federal con la tribu. La Sección 107 prohíbe específicamente todas las actividades de juego prohibidas por las leyes del estado de Texas. [111]
El 27 de agosto de 1954, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 671, Capítulo 1009 68 Stat. 868, para dividir la Tribu Indígena Ute de la Reserva Uintah y Ouray en Utah entre los miembros de sangre mixta y los de sangre pura. La Ley disponía la terminación de la supervisión federal sobre los miembros de sangre mixta, terminaba su acceso a los Servicios de Salud Indígena y permitía una distribución de activos entre ellos. Además, creó un programa de desarrollo para ayudar a los miembros de sangre pura a prepararse para la terminación federal. [112] Cualquier persona con menos de la mitad de sangre ute era clasificada automáticamente como parte del grupo de sangre mixta. Cualquier persona con más de la mitad de sangre ute podía elegir de qué grupo deseaba formar parte en el futuro. [113]
En virtud de la Ley, los mestizos debían elegir representantes en una asociación no constituida, los Ciudadanos Ute Afiliados (AUC), que a su vez creó la Corporación de Distribución Ute (UDC) para gestionar sus derechos de petróleo, gas y minerales y las reclamaciones no liquidadas contra el gobierno federal como parte del plan para distribuir los activos entre los mestizos individuales. La UDC emitió acciones de capital para los mestizos que podían canjearse a través del First Security Bank of Utah. Los mestizos que querían deshacerse de sus acciones antes del 27 de agosto de 1964, tenían que dar derechos de primera opción a los miembros de la tribu. [114]
En noviembre de 2002, los mestizos cuya ciudadanía en la tribu había sido revocada presentaron una demanda civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington DC, Felter vs. Kempthorne , para derogar la Ley de Partición de los Utes. [115] El 27 de enero de 2006, el caso fue desestimado [116] [117] y se presentó una apelación. En una decisión fechada el 19 de enero de 2007, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ordenó la devolución al tribunal de distrito para una revisión adicional. [118]
El 1 de septiembre de 1954, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Terminación de la Supervisión Federal sobre los Indios Paiute de Utah , Título 25, Secciones 741-60 del Código de los Estados Unidos. La legislación en el §742 especificaba que las bandas incluidas eran las bandas Shivwits, Kanosh, Koosharem e Indian Peaks de la Tribu Indígena Paiute (omitiendo la Banda Cedar). [119] Al igual que con otros acuerdos de terminación, la Ley preveía la terminación de los fideicomisos federales y la distribución de tierras tribales a individuos o una entidad organizada tribalmente. Tenía disposiciones para preservar los derechos de agua tribales y un programa de educación especial para ayudar a los miembros tribales a aprender a ganarse la vida, dirigir sus asuntos y asumir sus responsabilidades como ciudadanos. [120] La Oficina de Gestión de Tierras terminó los fideicomisos tribales el 1 de marzo de 1957, [78] al igual que el Servicio de Salud Indígena. [121] [ cita requerida ]
El 3 de abril de 1980, el Congreso aprobó la Ley de Restauración de la Tribu Indígena Paiute de Utah, Ley Pública 96-227 94 Stat. 317, que restableció la relación de fideicomiso federal de las Bandas Shivwits, Kanosh, Koosharem e Indian Peaks de la Tribu Indígena Paiute y restableció y reafirmó que la Banda Cedar era parte de la Tribu. La ley reconoció que las Bandas Kanosh, Koosharem e Indian Peaks habían perdido sus tierras como resultado de la terminación y que la Banda Cedar nunca había tenido ninguna. Propuso desarrollar dentro de los dos años siguientes a su promulgación un plan para asegurar tierras de reserva para la tribu que no excedieran de 15.000 acres. [122] La Oficina de Gestión de Tierras restableció el fideicomiso federal en 43.576,99 simultáneamente con la promulgación del estatuto. [78]
El 1, 2 y 3 de agosto de 1956, el Congreso aprobó tres leyes relacionadas que ponían fin a la supervisión federal de la Tribu Ottawa de Oklahoma ; [123] la Tribu de Indios Peoria de Oklahoma ; [124] y la Tribu Wyandotte de Oklahoma . [76] Las tres leyes eran sustancialmente idénticas y exigían la terminación de la supervisión federal sobre las tierras en fideicomiso al cabo de tres años mediante la creación de los medios para transferir a miembros individuales la propiedad de las tribus. La Nación Wyandotte no se terminó con éxito debido a una complicación legal.
El 15 de mayo de 1978, en una sola ley, titulada Ley Pública 95-281, se derogaron las leyes de terminación y las tres tribus fueron reinstaladas con todos los derechos y privilegios que tenían antes de la terminación. [79] Una sección especial de la Ley de Reincorporación se dirige a la Tribu Modoc de Oklahoma y confirma que las disposiciones de la Ley de Terminación Klamath no se aplicaban a ellos, excepto en lo que se disponía para compartir futuras reclamaciones contra los Estados Unidos. [79]
En los años 1950 y 1960 se aprobaron tres leyes de terminación de rancherías en California (y una enmienda). La primera ley, aprobada en 1956, la segunda en 1957, [125] y la ley final de 1958 apuntaban a 41 rancherías para su terminación y otras 7 bajo una enmienda de 1964.
La primera terminación ocurrió el 29 de marzo de 1956, para la Nación Koi de la Ranchería del Bajo Lago en dos leyes, la Ley Pública 443 [HR 585] 70 Stat. 58 [126] y la Ley Pública 751 [HR 11163] 70 Stat. 595 que enmendaron la descripción de la propiedad. [127] Después de años de intentar que se reafirmara su estatus, la Oficina de Asuntos Indígenas "citando descuidos en los registros oficiales", [128] reconoció a la tribu el 29 de diciembre de 2000. [78]
La segunda terminación ocurrió el 10 de julio de 1957, cuando la Banda de Indios Pomo del Valle Coyote fue desplazada con la aprobación de la Ley Pública 85-91 71 Stat. 283 que autorizaba la venta de la Ranchería del Valle Coyote por parte del Secretario del Interior al Secretario del Ejército para el proyecto de la Cuenca del Río Ruso para construir la Presa del Valle Coyote. [129] Al igual que en el caso de la Nación Koi, esto puede haber sido un error de registro, ya que la tribu es una entidad reconocida a nivel federal. [81]
Parece que una última ranchería fue clausurada antes de la Ley de 1958. Según los registros del programa de salud indígena, la Ranchería Laguna fue clausurada el 4 de febrero de 1958. [121] [ cita requerida ]
El 18 de agosto de 1958, el Congreso aprobó la Ley de Terminación de Rancherías de California, Ley Pública 85-671 (72 Stat. 619). La ley exigía la distribución de las 41 tierras y bienes comunales de las rancherías a los miembros individuales de la tribu. [130] Antes de que se pudieran distribuir las tierras, la ley exigía un estudio gubernamental de las tierras de la ranchería. El gobierno debía mejorar o construir todos los caminos que daban servicio a la ranchería, instalar o rehabilitar sistemas de irrigación, saneamiento y agua para uso doméstico, e intercambiar tierras en fideicomiso por la ranchería. [131] Todos los indios que recibieron una parte de los bienes no podían recibir más servicios federales que se les prestaran en función de su condición de indios.
En 1964, se promulgó una enmienda a la Ley de Terminación de Rancherías de California (78 Stat. 390), que terminaba con más tierras de ranchería. En total, hubo tres rancherías terminadas antes de la Ley Pública 85-671, 41 mencionadas en la Ley Pública 85-671, otras 7 incluidas en la enmienda de 1964 y 5 que nunca fueron terminadas pero que se incluyeron en la lista, corrigiendo el número de rancherías de California terminadas de las 41 citadas con frecuencia a 46 terminaciones en total.
Muchas tribus expresaron su insatisfacción con la terminación inmediatamente. [132] Los fracasos federales en cumplir con las mejoras prometidas y las oportunidades educativas que se suponía que formaban parte de un acuerdo para aceptar la terminación condujeron eventualmente a demandas que pedían revertir las terminaciones. [133]
La primera impugnación exitosa fue para la Ranchería Robinson el 22 de marzo de 1977, y fue seguida por otras cinco: la Ranchería Hopland fue restaurada el 29 de marzo de 1978; la Ranchería Upper Lake fue restaurada el 15 de mayo de 1979; la Ranchería Table Bluff fue restaurada el 21 de septiembre de 1981; la Ranchería Big Sandy fue restaurada el 28 de marzo de 1983; y la Ranchería Table Mountain fue restaurada en junio de 1983. Cada una de estas decisiones sólo se refería a una reserva.
El éxito de estas demandas y la frustración por las promesas incumplidas hicieron que Tillie Hardwick consultara en 1979 con California Indian Legal Services, que decidió presentar una demanda colectiva. [134] El 19 de julio de 1983, un tribunal de distrito de los EE. UU. en Tillie Hardwick, et al. v. United States of America, et al. Case #C-79-1710-SW ordenó el reconocimiento federal de 17 de las rancherías de California. [135] La decisión de Hardwick restauró más tribus terminadas que cualquier otro caso individual en California e impulsó a la mayoría de las rancherías terminadas a buscar la restauración federal.
De las 46 Rancherías terminadas, 31 han sido restauradas; 6 Rancherías aún están intentando restaurar su estatus federal.
El 21 de septiembre de 1959, el Congreso aprobó la Ley Pública N.° 86-322, 73 Stat. 592, que exigía la terminación de la Tribu Indígena Catawba de Carolina del Sur . [136] La Oficina de Administración de Tierras dio por terminada su condición de fideicomiso el 2 de julio de 1960. [78]
Tras su desistimiento en 1959, la nación Catawba de Carolina del Sur estaba decidida a luchar para recuperar el reconocimiento federal. En 1973, los Catawba presentaron su petición al Congreso de los Estados Unidos para obtener el reconocimiento federal. No fue hasta 20 años después, el 20 de noviembre de 1993, cuando finalmente se puso fin al acuerdo sobre la reclamación de tierras con el estado de Carolina del Sur y el gobierno federal.
En virtud del Tratado de Naciones Ford de 1840, los catawba aceptaron renunciar a sus derechos sobre las tierras que les había quitado el estado de Carolina del Sur. A cambio, la Nación Indígena Catawba recibió reconocimiento federal y 50 millones de dólares para desarrollo económico, educación, servicios sociales y compra de tierras. [137] El 27 de octubre de 1993, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley Pública N.º 103-116, 107 Stat. 1118, para restablecer la relación tribal con el gobierno federal y resolver las disputas territoriales. [138]
El 5 de septiembre de 1962 se aprobó la Ley Pública 87–629 76 Stat. 429 que puso fin a la Tribu Ponca de Nebraska . Las condiciones eran similares a otros acuerdos de terminación, pero a cada miembro de la tribu se le asignaron hasta 5 acres de tierra tribal para uso personal como sitio de vivienda y se ordenó la venta de las tierras restantes. Una disposición especial se refería a la retención de los derechos minerales de la propiedad por parte de individuos que poseyeran al menos el 25% de la tierra. [139] La Oficina de Administración de Tierras confirmó que el fideicomiso federal se dio por terminado el 27 de octubre de 1966. [78]
Fred Leroy, un veterano de Vietnam y de la tribu Ponca, formó el Comité de Restauración de la Tribu Ponca del Norte [140] en 1986-87 y comenzó a presionar al estado de Nebraska para que lo reconociera. En 1988, el estado reconoció a la tribu y acordó respaldarla para la restauración federal. [141] El 31 de octubre de 1990, el Congreso aprobó la Ley de Restauración de la Tribu Ponca y la firmó el presidente George HW Bush. [142] Simultáneamente con su restauración, la Oficina de Administración de Tierras restauró las tierras fiduciarias tribales de 241,84 acres. [78]
El 12 de abril de 1968, en virtud de la Ley Pública 90-287 82 Stat. 93, el Congreso de los Estados Unidos cedió toda responsabilidad por los indios tiwa de Ysleta, Texas , al Estado de Texas. La Ley de los Indios Tiwa especificaba que los miembros de la tribu no serían elegibles para ningún servicio, reclamo o demanda de los Estados Unidos como indios. [51]
El 18 de agosto de 1987 se promulgó la Ley Pública 100-89, que restableció la relación federal con la tribu al mismo tiempo que la de la tribu Alabama-Coushatta. La ley de restablecimiento cambió el nombre de la tribu a Pueblo Ysleta del Sur, derogó la Ley de los Indios Tiwa y prohibió específicamente todas las actividades de juego prohibidas por las leyes del estado de Texas. [143]
Como a Alaska no se le concedió la condición de estado hasta 1959, las cuestiones de los nativos americanos se desarrollaron de manera diferente allí. El descubrimiento de petróleo en las regiones de la península de Kenai y Cook Inlet en 1957, y a lo largo de North Slope en 1968, puso la cuestión de la propiedad de las tierras de los nativos en el primer plano de un conflicto sobre la selección de tierras estatales.
En 1936, la Ley de Reorganización Indígena (IRA, por sus siglas en inglés) se amplió para incluir a los nativos de Alaska. Como Alaska no se convirtió en estado hasta 1959, los nativos de Alaska fueron ignorados cuando se adoptó la política de terminación en 1953. El fervor por la terminación se desvaneció antes de que los nativos de Alaska se convirtieran en sujetos de discusión. Los nativos de Alaska presentaron rápidamente reclamos de tierras ante el Departamento del Interior a medida que se acercaba la selección de tierras estatales y la condición de estado.
El secretario del Interior Stewart Udall era un partidario de los nativos. En 1966, emitió una congelación de las selecciones de tierras estatales. En 1969 emitió la Deep Freeze, que declaró que el noventa por ciento del estado estaba fuera de los límites de cualquier forma de transferencia de tierras federales. Uno de los principales organismos responsables de representar los intereses de los nativos de Alaska es la Federación de Nativos de Alaska. De 1966 a 1971, este grupo presionó para una ley de resolución justa de reclamos de tierras, que resultó en la Ley de Resolución de Reclamos de los Nativos de Alaska (ANCSA). [144] La ANCSA tenía como objetivo proporcionar al estado las tierras prometidas al obtener la condición de estado y a los nativos una base de tierra de 40 millones de acres (160.000 km 2 ).
This act (43 U.S.C. § 1617) was signed into law by President Richard Nixon on December 18, 1971. It revoked previous land claims by Alaska Natives. Initially, the legislation divided the land into twelve regional (a thirteenth would be added later for Natives living outside of the state) and 220 local corporations. U.S. citizens with one-fourth (equivalent to one grandparent) or more Alaska Indian, Eskimo, or Aleut blood living when the Act was passed were considered Native American and were qualified to participate in receiving dividends from oil production. Natives could register with their village or, if they chose not to enroll with their village, could become "at large" shareholders of the regional corporation. (Note: The Tsimshian Indians of the Annette Island Reserve of Metlakatla had been granted a reserve from Congress after emigrating from Canada; they were exempt from ANCSA.)
Each registered member of the village corporations received 100 shares of stock in the village corporation. The corporations were granted the 44-million-acre (180,000 km2) land base, or about twelve percent of the state of Alaska. In addition, they received around $962.5 million from both federal and state governments, which was distributed over eleven years. The first five years saw 10% of the money received go to the shareholders of the company, and 45% each to the regional and local corporations. Afterward, half of the money was distributed to the regional corporations and half to the village corporations and "at large" shareholders on a per capita basis.[145]
The land grant came at a cost. Aboriginal title to the land and aboriginal hunting and fishing rights were extinguished by the act in exchange for fee-simple title to the land and monetary grants to the Native corporations. Certain aboriginal rights, including subsistence and medical care, were protected under other laws, including the Nelson Act of 1905, the Snyder Act of 1921, the Health Facilities Act of 1957, the Marine Mammal Protection Act, the Environmental Protection Act, the Indian Self-Determination Act of 1975, and the Indian Health Care Improvement Act of 1976. In addition, the Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA) protected over 100 million acres (400,000 km2) of federal lands in Alaska and the subsistence lifestyle of the Alaska Natives. This act, passed into law in 1980, doubled the size of the country's national park and refuge system. It created 10 new national parks and increased the area of three existing units.[146] By enacting this law, the government effectively protected land for Alaska Natives to continue subsistence living. These laws indicate that the government does not distinguish between tribal nations and Alaska Natives.[147]
A negative aspect of the ANCSA was that any child born after the passage of the ANCSA could receive no shares under the statute but could become shareholders by inheritance. Shares could also be inherited by non-Natives, putting the Natives in a difficult position in trying to maintain Native control of the corporations. Shares could also be sold after a 20-year period. Sovereignty was extinguished with the ANCSA and all aboriginal rights were subject to state law.[6] The village corporations owned only the surface of the selected land. Minerals located below the surface belonged to the regional corporations.
The political climate after World War II based its ideology on building a patriotic, strong, conforming society with all ethnic groups melding together in which free democracy protected American principles of growth through one's own achievement. The Truman administration laid the groundwork for termination, authorizing the Indian Claims Commission to settle and pay off Indian groups and surveying conditions in Indian country with the Hoover Task Force. The claims and large expenditures for the survey, coupled with high war debt, led the Eisenhower administration to seek ways to retrench federal budgeting and spending.[148]
In attempting to grasp what was meant by assimilation into the broader society, understanding the political landscape of the times is important. Assimilation did not mean amalgamation. Cultural diversity was not something to be appreciated, it was a problem that needed to be solved.[149] This was the United States of "separate but equal." To put the period in historic context, House Concurrent Resolution 108 passed in 1953, McCarthyism was in full swing and the Communist Control Act of 1954 was designed to keep "collectivism" out of politics. Brown v. Board of Education was decided in 1954,[150] and the US was a decade away from the passage of the Civil Rights Act of 1964. Anti-miscegenation laws were predominant and until the Perez v. Sharp decision of 1948 and Loving v. Virginia decision of 1967 racial inter-marriage was banned in over 30 states.
Allotment programs of the previous decades had led to surplus lands being sold by the government to allow non-tribal settlement on former reservation lands, creating an attitude that reservations were standing in the way of progress for both Native peoples and newly arrived whites. In fact, one of the main architects of the termination policy, Senator Arthur V. Watkins' parents had expanded their farm by purchasing surplus reservation lands from the Uintah and Ouray Reservation.[151] But it was not just land for settlement; reservations were barriers to the government earning revenues from oil leases, mining leases, timber leases and hydroelectric dams. The perception was that the Indians were under-utilizing their resources and blocking the ability of the government to exploit the environment as a revenue base.[152]
Politicians from both Democratic and Republican backgrounds supported termination[153][154] and in truth geographic location may have played a much stronger role in support than party affiliation. A review of the political figures involved shows a preponderance of supporters were from western states with high Indian populations.[155] In fact, rather than true opposition to termination, the question was whether termination should be unilaterally applied or whether tribal consent should be obtained. Even those who had a real understanding of Native peoples and customs, did not question that they should be terminated, but rather how quickly it should be done, how ready they were, whether Congress should immediately or gradually withdraw its trust obligations—in other words to what degree implementation would occur and when.[148][154][10]
The Native political positions were a little more clearly in favor or opposition. The Bureau of Indian Affairs had had management issues for decades. Poorly trained personnel, inefficiency, corruption, and lack of consistent policy plagued the organization almost from its founding.[156] For some tribes, relief from BIA oversight of policies and funds seemed as if it might pave the way for tribes to maintain their own traditional ways of operating.[82][157][158][159] But for the vast majority of tribes, termination meant death – an end to sovereignty, an end to communal life, an end to services like healthcare, utilities, and education.[160]
Some of the major supporters of the termination movement included political appointees, which clearly illustrate that support was not particularly partisan. Truman's appointee as Commissioner of Indian Affairs, Dillon S. Myer, was a hard-line "Terminationist" as well as an advocate of complete assimilation.[161] For example, in implementing the relocation program, Myer targeted school programs mainstreaming mixed-bloods into public schools and allowing only full-bloods to attend reservation schools, forbidding education on Indian cultures.[162] Myers' militaristic style[163] resulted in calls for his replacement when Eisenhower was elected, culminating in the appointment of Glenn L. Emmons. Emmons had lived and worked among New Mexico's Indians and while he favored termination, he was a "Protectionist", believing that with a gradual withdrawal of government assistance, Native peoples would learn to be self-sufficient. He opposed programs that exploited Native vulnerability and failed to take their wishes into consideration.[164]
Truman's first Secretary of the Interior Julius Krug forsook his obligation to preserve Alaskan Natives' rights to the Tongass National Forest. It was widely believed that he had relinquished responsibility to protect the Alaskan Natives in favor of corporate timber interests. Though urged to stop passage of the Tongass Timber Bill and set aside reservation lands, instead the bill was passed (Public Law 385) in 1947. The following year, Krug prepared the Krug Indian Land Confiscation Bill to put an end to all Native land claims in Alaska but was forced to abandon the measure due to opposition shortly before he resigned.[165] Krug was replaced by Oscar L. Chapman, a "Protectionist" who was a supporter of Bosone's termination amendment requiring tribal assent.[166] Eisenhower's election saw a shift back to a "Terminationist" Secretary of the Interior, with the appointment of Douglas McKay. McKay, former Republican governor of Oregon, supported termination as a means of fully assimilating the Indians.[167] Orme Lewis, Arizona Republican and Assistant Secretary of the Interior Department, clearly supported termination and was one of the primary officials to meet with Watkins to map out the termination policy.[168]
The ranks of "Protectionist" elected officials—who felt that the Tribes should be consulted, policies should move slowly, and termination should occur only when Indians were ready—were small, but powerful. Some of the leaders were Utah Senator Reva Beck Bosone, Democrat who introduced House Joint Resolution 490, which allowed termination only with the Indians' consent, on their own terms, as she felt they were capable of managing their own affairs.[154] Oregon Senator Richard L. Neuberger, Democrat and Oregon Representative Albert Ullman, Democrat worked together to delay implementation of the Klamath termination law until hearings with the Indians were held and amendments could be made.[10]
Montana Senator James Murray, Democrat and Montana Representative Lee Metcalf, Democrat strongly opposed ending federal trust status unless the tribes had requested it.[169] and worked on four proposals demanding restoration of the federal responsibility for Indian welfare, education, employment and health care.[170] New Mexico Senator Clinton P. Anderson, Democrat advocated that the views of the tribes should be considered, or legislation should not be passed, as did Oregon Senator Guy Cordon, Republican.[171]
The chief Congressional proponent of Indian termination and leader of the "Terminationists" was Republican Senator Arthur V. Watkins of Utah.[172] He was appointed as chairman of the Senate Subcommittee on Indian Affairs in 1947, shortly after he was elected to the Senate[2] and quickly went to work to free the Indians from their wardship status under the BIA.[173]
William H. Harrison (Wyoming Republican Congressman) met with Watkins on February 27, 1953, to map out the strategy for termination[168] and subsequently introduced House Concurrent Resolution 108 into the House, while Henry M. Jackson (Washington Democratic Senator) introduced it into the Senate.[169] E.Y. Berry (South Dakota Republican Congressman), was the chairman of the House Indian Affairs Subcommittee, the corollary position to Watkin's own chairmanship in the House of Representatives.[53]
Patrick McCarran (Nevada Democratic Senator),[99] introduced the McCarran Amendment in 1952 as part of the Department of Justice's Appropriation Act. The Amendment was supposed to simplify Indian water rights by waiving, on a limited basis, the U.S. sovereign immunity for state litigation involving water. Since Native rights are held in the name of the U.S., the Supreme Court ruled in 1971 in the US v. District Court for the County of Eagle and US v. District Court for Water Division No. 5, that their rights are usage rights and not legal title; thus, states can determine whether tribal rights apply or not.[174] Karl E. Mundt South Dakota Republican Congressman),[172] believed that unless a permanent solution to Indian claims was offered, "detribalization" would remain out of reach and Native Americans would continue to rely on the government to do what they should be doing for themselves.[175] William Langer (North Dakota Republican Senator), chairman of the Senate Civil Service Committee saw dissolution of the BIA as a means to reduce excessive government spending.[176]
Several tribal leaders played important roles in the process of termination, including Choctaw Chief Harry J. W. Belvin. Belvin lobbied heavily for Choctaw termination, which contributed to the tribe's being one of more than 100 scheduled for termination. The effective date of the policy was pushed back three times, and the termination law was repealed in 1970, after another change in policy. Many of the younger members of the Choctaw tribe opposed termination and got Belvin's attention. By 1970, Belvin had turned from supporting termination to advocating its repeal.[85]
Ada Deer was instrumental in reversing termination. She was a leader in regaining tribal status for the Menominee tribe. Deer and other Menominee leaders believed that "only repeal of the termination act, return of the land to its trust status, and full recognition of the tribe and its sovereign authority could right the wrongs against their people and their land".[6] Ada Deer faced strong opposition from House Interior Committee chairman Wayne Aspinall, who had been a long-time supporter of termination. The Menominee bill to reverse termination had to go through his committee. Deer's work paid off when Aspinall was upset in the Colorado Democratic primary in 1972, and thus lost his committee chair.
In 1973, Congressmen Lloyd Meeds and Manuel Lujan held House field hearings. The Menominee Restoration Act moved quickly through Congress, and President Richard Nixon signed it into law December 1973. In 1975, the restoration was complete when Secretary of the Interior Rogers Morton held a ceremony in which he signed the documents that dissolved Menominee Enterprises, Incorporated. He gave all Menominee lands back to the tribe. Ada Deer's work to reverse Menominee termination was successful.[6]
James White worked alongside Ada Deer to help bring about the reversal of termination. White helped found the organization known as Determination of Rights and Unity for Menominee Stockholders (DRUMS) in 1970. Members of DRUMS strongly protested the development of the Legend Lake project and put up their own candidates for election to Menominee Enterprises, Inc. board of directors. DRUMS succeeded in blocking the planned Legend Lake development and controlled most of the board of MEI by 1972. In addition, White's work with DRUMS helped bring about the reversal of Menominee termination.[24]
Tillie Hardwick was a Pomo Indian woman who was instrumental in reversing the California Indian Rancheria termination policy of the U.S. government. She filed suit on behalf of the Pinoleville Indian Rancheria in 1979 which was modified into a class action lawsuit in 1982. The case, Tillie Hardwick, et al. v. United States of America, et al. Case #C-79-1710-SW (often cited as Hardwick I) confirmed, as of December 22, 1983, that 17 of the California Rancherias had been wrongfully terminated and reaffirmed their recognition by the federal government. As many of the tribes involved had lost their lands to private parties, an amended Hardwick case was filed in 1986 (often cited as Hardwick II) to partially restore land claims.[177] The Hardwick case affected more tribes than any other case in California and became precedent not only for additional wrongful termination cases but is cited in nearly every gaming decision for the California tribes.[178]
Bill Osceola (June 30, 1919 – April 16, 1995)[179] participated in both the March 1–2, 1954 and April 6–7, 1955 Congressional hearings on the Seminole Tribe of Florida. On April 4, 1955, when the tribe created a board of directors to organize the tribe, he was appointed chairman. Lacking the necessary funds to make repeated trips to Washington, D.C., and Tallahassee, Florida to argue their case, Osceola came up with a plan to build a rodeo arena on the Dania Reservation as a tourist attraction. He convinced cattlemen in Brighton to commit cattle and got lumber donations from people in Broward County. Opening day at the Rodeo saw 500 spectators and proceeds were used to organize the tribe and gain federal recognition.[74] The rodeo that Osceola began in an effort to save his tribe was christened on February 7, 1997, as the Bill Osceola Memorial Rodeo, to honor his memory.[180]
In February 1954 in hearings before the joint Senate and House Subcommittees on Indian Affairs in Washington, D.C., two delegations from Kansas were successfully able to thwart termination attempts against the Kansas Tribes. Prairie Band of Potawatomi Nation tribal chair Minnie Evans, along with James Wahbnosah and John Wahwassuck[181] and a delegation from the Kickapoo Tribe in Kansas Tribal Council including members Vestana Cadue, Oliver Kahbeah, and Ralph Simon traveled at their own expense to argue against termination.[66]
During 1953–1964, more than 100 tribes were terminated, approximately 1,365,801 acres (5,527 km2) of trust land were removed from protected status, and 13,263 Native Americans lost tribal affiliation.[182] As a result of termination, the special federal trustee relationship of the Indians with the federal government ended, they were subjected to state laws, and their lands were converted to private ownership.[23]
The tribes disapproved of Public Law 280, as they disliked states having jurisdiction without tribal consent. The State governments also disapproved of the law, as they did not want to take on jurisdiction for additional areas without additional funding. Consequently, additional amendments to Public Law 280 were passed to require tribal consent in law enforcement.[22] On May 3, 1958, the Inter Tribal Council of California (ITCC) was founded in response to the pressures of termination and other issues.
Many scholars believe that the termination policy had devastating effects on tribal autonomy, culture and economic welfare.[24][183][184] The lands belonging to the Native Americans, rich in resources, were taken over by the federal government. The termination policy had disastrous effects on the Menominee tribe (located in Wisconsin) and the Klamath tribes (located in Oregon), forcing many members of the tribes onto the public assistance roll.
Termination had a devastating effect on the health care and education of Indians along with the economic stability of tribes. Along with the end of federal control over land came the end of many federal services which included education and health care.[41]
By 1972, termination clearly had affected the tribes' education. There was a 75% dropout rate for the Menominee Tribe, which resulted in a generation of Menominee children who had only a ninth grade education.[185] The tribes lost federal support for their schools, and the states were expected to assume the role of educating the Indian children.[186] The Menominee children, for example, did not have their own tribal schools anymore and were discriminated against within the public schools. The Menominee education program became a part of Joint School District No. 8. Younger children were still able to attend schools close to their homes, but high school students had to travel to either Gresham or Shawano, Wisconsin for schooling.[187] All terminated tribes faced new education policies, which gave the children fewer educational opportunities that were not as good as what the whites received.
The idea of termination was to restore complete sovereignty to the United States, and to encourage assimilation into a modern, individualistic society, rather than a tribal one. In 1966 the Keshena and Neopit 3rd and 6th graders' success on the Iowa Test for basic skills was compared to the rest of their school district (Joint School District No. 8). The school district had a composite grade for the 3rd and 6th graders of 82% and 60%, respectively. However, the two schools composed mostly of Indian students had drastically lower scores. Keshena's scores on this same test were about 13% for the 3rd graders and 17% for the 6th graders, while Neopit's were 15% for the 3rd graders and 8% for the 6th graders. From these test scores, it can be seen that education was not improved when termination occurred, and the Indians' level of education was nowhere near that of whites in the area.[188]
Terminated tribal children struggled to stay in school, and those who did were excluded from programs that paid for higher Indian education. In 1970 the BIA began to make annual grants that gave scholarships to Indians to attend college. This helped the non-terminated tribes, but individuals within terminated tribes were not allowed to apply for these funds. As a result, individuals who were successful and managed to graduate from high school had trouble going to college because they could not apply for scholarship assistance.[189]
The Indian Health Service provided health care for many Indian tribes, but once a tribe was terminated all tribe members lost their eligibility.[41] Many no longer had easy access to hospitals and had no means to get health care. For example, the Menominee people had no tribal hospitals or clinics. The tribal hospital at Keshena had to close because it did not meet state standards, and the lack of funds available prevented the county from making improvements. Along with the hospital, the tribal clinic was also closed after termination occurred.[190] When there was a tuberculosis epidemic, 25% of the people were affected and had no means to get treatment because there was no longer a hospital or a clinic.[6] The health standards of Indians fell well below those of whites. The Menominee tribe had three times the infant mortality rate as the rest of the state. Dental care was also affected by termination; ninety percent of school age children in the Menominee tribe were in need of dental care, which was no longer provided as a free service since they did not have tribal status.[187] The Western Oregon tribes who were terminated, much like the Menominee tribe, also felt the effects of termination on their health care services. In a 1976 survey, 75% of the Indians in Western Oregon reported needing dental care and 30% were in need of eyeglasses. In addition to affecting adults, schools also reported that the primary problem for Indian children was the need of medical treatment that their parents could not afford.[189]
Many Indians relocated off the reservations during termination and also had no access to health care. When they relocated they were given private health care for six months, but then they had none unless they were close to a city with an Indian health care facility. Eventually the Bureau of Indian Affairs could not provide necessary health services for the many tribes that were terminated, and Congress began reform the Indian health care policy.[191] In 1955, the Indian Health Service was transferred from the administration of the BIA to the Public Health Service, which resulted in an almost immediate improvement in funding, training and services. By 1964 the reforms were leading to progress, as Indian life expectancy rose from 51 years in 1940 to 63.5 years.[192]
Termination, although not the only cause of Indian poverty, had a significant effect on it. The Menominee tribe proves a strong example of this; although the economy of the Menominee tribe had never flourished, it became even worse after the tribe was terminated. Prior to termination, Menominee income centered around the mill which was built on a community philosophy and tried to employ as many individuals as possible. After termination the mill was run as a business and unemployment rose to between 18 and 28 percent. The mill did generate increased net sales, however; $4,865,000 in 1973 compared to $1,660,700 in 1961. Despite higher sales, the mill's net loss was also much higher in 1973 ($709,000 compared with only a net loss of $108,700 in 1961); this was largely due to the mill's property taxes increasing from $164,000 in 1961 to $607,300 in 1973.[188] With no new industry and the new taxes being introduced, 80 percent of the tribal population fell below the poverty line. In the 1960s, they were forced to sell ancestral land and went from having $10 million in a federal reserve to being considered a "pocket of poverty". Welfare costs within the county also increased during the period of termination. In 1963, tribal members were given a total of $49,723 for welfare, but by 1968 the amount had nearly doubled. As termination continued, the struggles only became worse for the tribe.[187]
As termination continued, the unemployment rates continued to increase. The Menominee tribe had 800 individuals within the tribe and 220 individuals who were unemployed in June 1968. By June 1973, right before the termination policy ended, the tribe had almost a 40 percent unemployment rate, with only 660 individuals in the tribe and 260 individuals who were unemployed.[188]
The Menominee Indians experienced high poverty rates from the very beginning of termination, unlike the Klamath Tribe which was able to escape poverty for a brief period. The Klamath tribe had for years been living off timber and revenue from leasing tribal lands. When termination occurred, tribal land was sold and most of the Klamath tribe was considered above the poverty line, because each tribal member gained $40,000 from the sale. While they had escaped poverty briefly, their economy still suffered from termination. Most families quickly spent the money earned from the initial land sale and were forced to sell more land in order obtain food for the family. After just a few years, the Klamath tribe was in the same situation as many other tribes that were terminated.[189]
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