La Ley de Litigios Administrativos (行政事件訴訟法, Gyōsei jiken soshō-hō ) es una ley japonesa promulgada en 1962 que regula los juicios que involucran al gobierno de Japón . Se superpone al Código de Procedimiento Civil, y el Código regula dichos casos en la medida en que la Ley no se pronuncia al respecto.
La Ley prevé cuatro tipos de litigio administrativo :
La objeción del Primer Ministro es que el Primer Ministro impugna la orden judicial de suspender la ejecución en el litigio de anulación . Esto está previsto en el artículo 27 de la ley. Esta institución solo existe en Japón y no existe ninguna institución similar en ningún otro país.
Muchos juristas de derecho administrativo no admiten que esta institución sea constitucional, por constituir una violación al principio de separación de poderes .
Sin embargo, en 1969, el Tribunal de Distrito de Tokio rechazó el delito de un jurista que apeló que esta institución no era constitucional. [1]
La Ley de Apelaciones Administrativas también puede utilizarse para apelar un acto gubernamental injusto. Las apelaciones administrativas se presentan directamente al organismo gubernamental cuyo acto se está apelando. Por lo general, el solicitante puede elegir cualquiera de las dos vías para impugnar un acto gubernamental. Sin embargo, existen ciertos casos especiales (como las reclamaciones relacionadas con impuestos) en los que se debe completar un proceso de apelación administrativa antes de que un tribunal pueda conocer del caso.
行政処分の効力または執行を停止することを裁判所の権限としたのは、本来的な行政作用のように司法機関に行わせるかは立法政策の問題であるから、行政事件訴訟法第27条第1項、第4項の規定は憲法第76条第1項に違反するとはいえない。行政事件訴訟Capítulo 27, Capítulo 4規定は憲法第76条第3項に違反するとはいえない。行政事件訴訟法第27条に基づく内閣総理大臣の異議申述は憲法第32条に違反するとはいえない。行政事件訴訟法第27条Capítulo 3 、第6項前段は、いずれも裁判所に対する関係にいてはいわゆる訓示規定であり、これに対する適合性の有無は、適法、違法、の問題として裁判所で審判の対象となるものではない..