La Ley de Desarrollo de Habilidades 97 de 1998 es una ley promulgada en Sudáfrica en 1998.
Esta ley fue promulgada por las autoridades en 1998, en medio de niveles máximos de desempleo, bajos niveles de inversión en el mercado laboral sudafricano, pronunciadas disparidades en la distribución de los ingresos, desigualdad de oportunidades como resultado del apartheid y pobreza (Brendan y Down, 2000). A través de esta ley, el gobierno pretendía cumplir dos prioridades centrales, a saber, la necesidad de reunir habilidades y aumentar la productividad para poder competir productivamente en la economía mundial, y la necesidad de superar los desequilibrios del apartheid y generar un nuevo mundo inclusivo y organizado (Mpilo Mthethwa, 2014).
IMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIONES - Actualización 2016
De acuerdo con los objetivos generales del gobierno establecidos anteriormente, los propósitos de la Ley son los siguientes (Sec. 2(1)):
La República de Sudáfrica define el desarrollo de habilidades de la siguiente manera:
Proporcionar un marco institucional para diseñar e implementar estrategias nacionales, sectoriales y en el lugar de trabajo para desarrollar y mejorar las habilidades de la fuerza laboral sudafricana; integrar esas estrategias dentro del Marco Nacional de Calificaciones contemplado en la Ley de la Autoridad de Calificaciones de Sudáfrica de 1995; prever: aprendizajes que conduzcan a calificaciones ocupacionales reconocidas; proporcionar financiamiento para el desarrollo de habilidades mediante un plan de subvenciones y un Fondo Nacional de Habilidades; proporcionar y regular servicios de empleo; y prever asuntos relacionados con los mismos.
Para hacer realidad sus objetivos de transformación, el gobierno creó una plataforma para que todos los interesados pudieran aportar sus opiniones sobre la aplicación de la Ley, a fin de proteger sus intereses y, al mismo tiempo, cumplir con sus respectivas responsabilidades ante sus electores. El gobierno también creó varias instituciones clave como vehículos para el cumplimiento de sus objetivos. Por último, el gobierno dispuso la financiación de las actividades asociadas con el desarrollo de las competencias a través de la Ley de Impuestos para el Desarrollo de las Competencias 9 de 1999. Los principales interesados en la aplicación exitosa de la Ley son:
Gobierno:
Los sindicatos participan en los tres niveles de implementación. A nivel estratégico, forman parte de la Autoridad Nacional de Habilidades, que asesora al Departamento de Trabajo sobre la formulación de políticas y estrategias. A nivel sectorial, participan en las Autoridades Sectoriales de Educación y Capacitación ( SETA ), que diseñan e implementan planes de habilidades específicos para cada sector. A nivel de empresa, los trabajadores participan en la formulación de planes e informes de habilidades para el lugar de trabajo, que abordan las necesidades de capacitación de la empresa y del sector. Los sindicatos aseguran el crecimiento y la empleabilidad de sus miembros participando en las diversas estructuras.
Las empresas reflejan la participación de los trabajadores organizados en los tres niveles de implementación. Además, las empresas organizadas financian la implementación de los planes de capacitación mediante el pago de impuestos. Según el Director Ejecutivo del Sector Forestal, Sr. Mkhwanazi (20 de julio de 2007), el 50% de los impuestos se pagan a todas las empresas participantes al presentar los planes de capacitación en el lugar de trabajo y los informes de implementación. Además, hasta el 20% de los impuestos se desembolsan a los empleadores que implementan programas de aprendizaje y otros programas de capacitación identificados como prioritarios en cada sector. El 10% de los impuestos se utilizan para el funcionamiento de los SETA. La mejora de los niveles actuales de capacitación y la creación de nuevas habilidades mediante programas de aprendizaje aumentan "la productividad, que es crucial para construir industrias competitivas a nivel internacional y sostener y expandir el empleo" (Strong, 2000).
La NSA asesora al Ministro de Trabajo sobre la formulación y aplicación de la estrategia y la política nacionales de competencias, las directrices de aplicación de las anteriores y la asignación de subvenciones del Fondo Nacional de Competencias. La NSA también colabora con las SETA e informa al Ministro sobre los avances en la aplicación de los planes de competencias.
Las SETA reciben el 80% de los impuestos que pagan las empresas. Las SETA desarrollan planes sectoriales de habilidades en línea con la estrategia nacional de desarrollo de habilidades. Aprueban los planes de habilidades en el lugar de trabajo presentados por las organizaciones de sus sectores. Las SETA también promueven y establecen programas de aprendizaje. Por último, las SETA desembolsan subvenciones a las empresas participantes, siempre que estas hayan presentado planes de habilidades en el lugar de trabajo e informes de implementación a la SETA antes del 30 de abril de cada año.
Esta legislación ofrece a todos los interesados clave la plataforma y la oportunidad de participar de manera significativa en la reconstrucción de nuestro país. A través de esta legislación, la transformación es “nuestra tarea”. Esta es una opción atractiva porque todos ganan y puede ayudar en cualquier situación para siempre.