El Ministerio Público ( en español : Ministerio Público ) de Costa Rica es la autoridad encargada de la persecución judicial de los hechos delictivos dentro del ordenamiento jurídico del estado. Organiza la investigación y el enjuiciamiento de delitos que afectan a la sociedad en general. En la investigación de delitos trabaja conjuntamente con el Departamento de Investigación Judicial . [1] [2]
En algunos casos, un representante del Ministerio Público podrá tener la autoridad para solicitar que el procesamiento penal se limite a determinados delitos o personas que participaron en el hecho. También podrá solicitar el sobreseimiento total o parcial del caso. La oficina también podrá intervenir en los procedimientos de ejecución penal, en la defensa civil de la víctima cuando corresponda, y asumir las demás funciones que le atribuya la ley. [ cita necesaria ]
La Ley No. 5377, aprobada el 19 de octubre de 1973, creó el actual código penal de Costa Rica. El artículo 39 de la ley disponía el establecimiento del Ministerio Público transfiriendo las facultades procesales del Ministerio Público al Poder Judicial. [3] Debido a que el Ministerio Público de Costa Rica fue creado por un acto legislativo , no forma parte de la organización constitucional del gobierno. El organismo que hoy existe como institución auxiliar del actual departamento de justicia entró en funcionamiento el 1 de junio de 1975. [2]
La actual fiscal general al frente del Ministerio Público es Emilia Navas Aparicio. Su antecesor, Jorge Chavarría Guzmán, ocupó el cargo desde 2010 hasta 2017, cuando se vio obligado a dimitir por acusaciones de que ocultó pruebas en relación con "el Cementazo", un escándalo político. [ cita necesaria ]
El Ministerio Público está integrado por diferentes departamentos y fiscalías, entre ellas:
La Oficina de Defensa Civil de la Víctima se creó el 1 de enero de 1998, como parte de un cambio legislativo del Código Penal. La oficina proporciona a las víctimas de un delito un representante legal para ayudarlas a obtener una indemnización por los daños que han sufrido. Cualquier ciudadano podrá tener asignado un abogado, de forma gratuita, quien tomará las medidas necesarias para que el imputado o responsable pague los daños y perjuicios causados. Si la oficina verifica que la víctima tuvo recursos suficientes para contratar un representante legal privado para manejar el caso, hará los arreglos necesarios para que la víctima pague por los servicios profesionales prestados. [ cita necesaria ]