La justicia ambiental o ecojusticia es un movimiento social para abordar la injusticia ambiental , que ocurre cuando las comunidades pobres o marginadas se ven perjudicadas por desechos peligrosos , extracción de recursos y otros usos de la tierra de los que no se benefician. [1] [2] El movimiento ha generado cientos de estudios que muestran que la exposición al daño ambiental está distribuida de manera desigual. [3]
El movimiento comenzó en los Estados Unidos en la década de 1980. Fue fuertemente influenciado por el movimiento de derechos civiles estadounidense y se centró en el racismo ambiental dentro de los países ricos. El movimiento se expandió más tarde para considerar el género, la injusticia ambiental internacional y las desigualdades dentro de los grupos marginados. A medida que el movimiento logró cierto éxito en los países ricos, las cargas ambientales se trasladaron al Sur Global (como por ejemplo a través del extractivismo o el comercio mundial de residuos ). El movimiento por la justicia ambiental se ha vuelto así más global, y algunos de sus objetivos ahora están articulados por las Naciones Unidas . El movimiento se superpone con los movimientos por los derechos territoriales de los indígenas y por el derecho humano a un medio ambiente saludable . [4]
El objetivo del movimiento de justicia ambiental es lograr que las comunidades marginadas tengan capacidad de decisión en materia ambiental y que esto afecte sus vidas. El movimiento de justicia ambiental global surge de conflictos ambientales locales en los que los defensores del medio ambiente se enfrentan frecuentemente a corporaciones multinacionales dedicadas a la extracción de recursos u otras industrias. Los resultados locales de estos conflictos están cada vez más influenciados por las redes transnacionales de justicia ambiental. [5] [6]
Los estudiosos de la justicia ambiental han producido un gran cuerpo interdisciplinario de literatura sobre ciencias sociales que incluye contribuciones a la ecología política , el derecho ambiental y teorías sobre la justicia y la sostenibilidad . [2] [7] [8]
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos define la justicia ambiental como: [9]
El trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, en lo que respecta al desarrollo, la implementación y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales. El trato justo significa que ningún grupo de personas, incluidos los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe soportar una parte desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas resultantes de las operaciones industriales, municipales y comerciales o de la ejecución de programas y políticas federales, estatales, locales y tribales.
La justicia ambiental también se define como racismo ambiental o desigualdad ambiental . [10]
La justicia ambiental se define típicamente como justicia distributiva , que es la distribución equitativa de los riesgos y beneficios ambientales . [11] Algunas definiciones abordan la justicia procedimental , que es la participación justa y significativa en la toma de decisiones . Otros académicos enfatizan la justicia de reconocimiento , que es el reconocimiento de la opresión y la diferencia en las comunidades de justicia ambiental . La capacidad de las personas para convertir los bienes sociales en una comunidad floreciente es un criterio adicional para una sociedad justa. [2] [11] [12] Sin embargo, se han tomado iniciativas para expandir la noción de justicia ambiental más allá de los tres pilares de distribución, participación y reconocimiento para incluir también las dimensiones de autoridad de autogobierno, ontologías relacionales y justicia epistémica. [13]
Robert D. Bullard escribe que la justicia ambiental, como movimiento social y gestión ideológica, puede ser vista como una conversación sobre equidad. Bullard escribe que la equidad se destila en tres categorías principales: procedimental, geográfica y social. [1] En su publicación “Confronting Environmental Racism in the Twenty-First Century”, Bullard extrae la diferencia entre las tres dentro del contexto de las injusticias ambientales:
La equidad procesal se refiere a la cuestión de la “justicia”: la medida en que las normas, reglamentos, criterios de evaluación y cumplimiento se aplican de manera uniforme y no discriminatoria. La protección desigual puede ser resultado de decisiones no científicas y antidemocráticas, prácticas excluyentes, audiencias públicas celebradas en lugares remotos y en horarios inconvenientes, y el uso de material escrito únicamente en inglés como idioma para comunicarse y llevar a cabo audiencias para públicos que no hablan inglés.
La equidad geográfica se refiere a la ubicación y configuración espacial de las comunidades y su proximidad a peligros ambientales, instalaciones nocivas y usos de la tierra no deseados a nivel local (Lulus), como vertederos, incineradores, plantas de tratamiento de aguas residuales, fundiciones de plomo, refinerías y otras instalaciones nocivas. Por ejemplo, la protección desigual puede ser resultado de decisiones sobre el uso de la tierra que determinan la ubicación de los servicios y las incomodidades residenciales. Los pobres y las comunidades de color a menudo sufren una “triple” vulnerabilidad a la ubicación de instalaciones nocivas, al igual que las comunidades no incorporadas, escasamente pobladas que no están legalmente constituidas como ciudades o municipios y, por lo tanto, suelen estar gobernadas por gobiernos de condados distantes en lugar de tener sus propios funcionarios electos localmente.
La equidad social evalúa el papel de los factores sociológicos (raza, etnia, clase, cultura, estilos de vida, poder político, etc.) en la toma de decisiones ambientales. Las personas pobres y las personas de color a menudo trabajan en los empleos más peligrosos y viven en los barrios más contaminados, y sus hijos están expuestos a todo tipo de toxinas ambientales en los patios de recreo y en sus hogares.
En las comunidades no nativas, donde las industrias tóxicas y otras prácticas discriminatorias ocurren de manera desproporcionada, los residentes confían en las leyes y los marcos legales delineados por la EPA. Se basan en la justicia distributiva , centrada en la naturaleza de la propiedad privada. Los nativos americanos no están sujetos a los mismos marcos legales, ya que son ciudadanos de naciones indígenas, no minorías étnicas. Como individuos, están sujetos a las leyes estadounidenses. Como naciones, están sujetos a un régimen legal separado, construido sobre la base de la soberanía preexistente reconocida por los tratados y la Constitución de los EE. UU. La justicia ambiental para las personas indígenas no es entendida por las entidades legales, sino más bien por sus doctrinas culturales y religiosas distintivas. [14]
La justicia ambiental para los pueblos indígenas sigue un modelo que enmarca las cuestiones en términos de su condición colonial y puede afirmar la descolonización como un marco potencial dentro de la justicia ambiental. [15] Si bien las experiencias vividas por los pueblos indígenas varían de un lugar a otro, David Pellow escribe que existen “realidades comunes que todos comparten en su experiencia de colonización que hacen posible generalizar una metodología indígena al tiempo que se reconocen condiciones específicas y localizadas”. [15] Incluso ideas abstractas como el derecho a un medio ambiente limpio, un derecho humano según las Naciones Unidas, [16] contradicen la comprensión de los pueblos indígenas de la justicia ambiental, ya que refleja la mercantilización de la tierra cuando se la ve a la luz de los valores de la propiedad. [14]
El influyente concepto de ambientalismo de los pobres de Joan Martínez-Alier destaca las formas en que las comunidades marginadas, en particular las del Sur Global, se ven desproporcionadamente afectadas por la degradación ambiental y la importancia de incluir sus perspectivas y necesidades en la toma de decisiones ambientales. El trabajo de Martínez-Alier también introduce el concepto de "conflictos de distribución ecológica", que son conflictos por el acceso y el control de los recursos naturales y los impactos ambientales que resultan de su uso, y que a menudo tienen su raíz en desigualdades sociales y económicas. [4]
La violencia provocada por el cambio climático, la deriva tóxica, la deforestación, los derrames de petróleo y las consecuencias ambientales de la guerra se pueden caracterizar como violencia lenta . El término “violencia lenta” fue acuñado por el autor Rob Nixon en su libro de 2011 Slow Violence and the Environmentalism of the Poor [Violencia lenta y el ambientalismo de los pobres ] . [17] La violencia lenta se define como “violencia que ocurre gradualmente y fuera de la vista, una violencia de destrucción retardada que se dispersa a través del tiempo y el espacio, una violencia de desgaste que normalmente no se considera violencia en absoluto”. [17] La justicia ambiental como movimiento social aborda cuestiones ambientales que pueden definirse como violencia lenta y que de otro modo no podrían ser abordadas por los órganos legislativos. La violencia lenta exacerba la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas que son pobres, desempoderadas y a menudo desplazadas involuntariamente, al tiempo que alimenta los conflictos sociales que surgen de la desesperación. [17]
Basándose en conceptos de anarquismo , posthumanismo , teoría crítica , [18] y feminismo interseccional , el autor David Naguib Pellow creó el concepto de Justicia Ambiental Crítica (CEJ) en su obra What is Critical Environmental Justice . [19] La EJ crítica es una perspectiva destinada a abordar una serie de limitaciones y tensiones dentro de los estudios de EJ. La EJ crítica exige una erudición que se base en la investigación en estudios de justicia ambiental cuestionando supuestos y lagunas en trabajos anteriores en el campo, adoptando una mayor interdisciplinariedad y avanzando hacia metodologías y epistemologías que incluyan y vayan más allá de las ciencias sociales. [20] Los académicos de EJ crítica creen que, dado que múltiples formas de desigualdad impulsan y caracterizan la experiencia de la injusticia ambiental, el campo de EJ se beneficiaría de expandirse en esa dirección. [21]
La diferenciación entre los estudios ambientales convencionales y los estudios críticos de justicia ambiental se realiza a través de cuatro "pilares" distintivos. Estos incluyen, en los escritos de David Pellow: (1) cuestiones relativas al grado en que los académicos deben poner énfasis en una o más categorías sociales de diferencia (por ejemplo, raza, clase, género, sexualidad, especie, etc.) frente a un enfoque en múltiples formas de desigualdad; (2) el grado en que los académicos que estudian cuestiones de justicia ambiental deben centrarse en análisis de escala única frente a análisis de escala múltiple de las causas, consecuencias y posibles resoluciones de las luchas de justicia ambiental; (3) el grado en que varias formas de desigualdad social y poder -incluido el poder estatal- se consideran arraigadas e incrustadas en la sociedad; y (4) la cuestión en gran parte no examinada de la prescindibilidad de las poblaciones humanas y no humanas que enfrentan amenazas socioecológicas de los estados, las industrias y otras fuerzas económicas políticas. [21]
En su publicación de 2017 ¿Qué es la justicia ambiental crítica ?, David Pellow escribe como ejemplo de los cuatro pilares que trabajan en conjunto: [20]
Donde encontramos ríos represados para plantas hidroeléctricas, también tendemos a encontrar pueblos indígenas y pescadores, así como otras personas trabajadoras, cuyos medios de vida y salud se ven perjudicados como resultado; cuando la vida marina sufre la exposición a toxinas como el mercurio, encontramos que los seres humanos también sufren los efectos del mercurio cuando consumen esos animales; y el carácter interseccional de múltiples formas de desigualdad se revela cuando la radiación nuclear o el cambio climático afectan a todas las especies y a los humanos en todos los niveles de clase social, grupos raciales/étnicos, géneros, capacidades y edades.
David Pellow aplica su concepto de Justicia Ambiental Crítica a los movimientos actuales en su publicación Toward A Critical Environmental Justice Studies , en la que aplicó los pilares antes mencionados al movimiento Black Lives Matter y al problema de la violencia estatal. [21] Pellow sostiene que dentro de los estudios convencionales, “el movimiento Black Lives Matter y la lucha contra el racismo ambiental… es una conexión que muchos académicos podrían no hacer a primera vista porque la brutalidad policial y la política ambiental parecerían estar relacionadas solo tangencialmente”. [21] Siguiendo sus cuatro pilares de Justicia Ambiental Crítica, vincula el concepto al movimiento Black Lives Matter y los movimientos asociados, demostrando: [21]
(1) cómo la atención a múltiples categorías de diferencia y desigualdad (incluidas las especies más que humanas y el entorno construido); (2) un énfasis en el papel de la escala como una forma de entender la violencia del racismo y la promesa de los movimientos de resistencia; (3) un enfoque en vincular el carácter arraigado de las desigualdades sociales con perspectivas transformadoras, antiautoritarias y anarquistas; (4) y una aplicación de los conceptos de indispensabilidad racial y socioecológica pueden producir un relato enriquecido de las preocupaciones centrales de ese movimiento, sus limitaciones y sus posibilidades.
El primer pilar de los Estudios Críticos de Justicia Ambiental implica el reconocimiento de que la desigualdad social y la opresión en todas sus formas se entrecruzan, y que los actores en el mundo más que humano son sujetos de opresión y frecuentemente agentes de cambio social. [20] Desarrollada por Kimberlé Crenshaw en 1989, la teoría de la interseccionalidad afirma que los individuos existen en una encrucijada de todas sus identidades, con privilegios y marginación en la intersección entre su clase, raza, género, sexualidad, homosexualidad, cis o trans, etnia, capacidad y otros hechos de identidad. [22] [23] Como David Nibert y Michael Fox lo expresaron en el contexto de la injusticia, “La opresión de varios grupos devaluados en las sociedades humanas no es independiente y no relacionada; más bien, los acuerdos que conducen a varias formas de opresión están integrados de tal manera que la explotación de un grupo con frecuencia aumenta y agrava el maltrato de otros”. Así, la EJ crítica considera el racismo, el heteropatriarcado, el clasismo, el nativismo, el capacitismo, el edadismo, el especismo (la creencia de que una especie es superior a otra) y otras formas de desigualdad como ejes entrecruzados de dominación y control. [20]
La organización Intersectional Environmentalism, fundada por Leah Thomas en 2020, se basa en esta teoría para argumentar que el ambientalismo interseccional significa que “la justicia social [y] ambiental están entrelazadas y la defensa del medio ambiente que ignora esta conexión es dañina e incompleta”. [23]
El segundo pilar de la justicia ambiental crítica es el enfoque en el papel de la escala en la producción y posible resolución de las injusticias ambientales. [20] La justicia ambiental crítica adopta enfoques metodológicos y teóricos multiescalares para comprender mejor las complejas causas espaciales y temporales, las consecuencias y las posibles resoluciones de las luchas por la justicia ambiental. [21] Julie Sze escribe: “pensar globalmente y actuar localmente también exige que las personas comprendan más plenamente la relación entre lo local y lo global o, en otras palabras, que consideren la escala”. [20] La escala está profundamente racializada, generizada y clasista. Si bien las conclusiones de los científicos del clima son notablemente claras en cuanto a que el cambio climático antropogénico está ocurriendo a un ritmo dramático y con una intensidad creciente, David Pellow escribe en su publicación de 2016 Toward A Critical Environmental Justice Studies que “esto también está sucediendo de manera desigual, y las personas de color, los pobres, los pueblos indígenas, los pueblos del Sur global y las mujeres son los que más sufren”. [21]
Pellow contextualiza aún más la escala a través de dimensiones temporales. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla y cambia el surgimiento y el uso de plantas de energía a carbón y la economía basada en el petróleo a lo largo de períodos históricos, y a su vez revela las causas sociales de nuestras crisis ecológicas? [20] Pellow observa en su publicación de 2017 What is Critical Environmental Justice que si bien “una molécula de dióxido de carbono u óxido nitroso puede aparecer en un instante, … permanece en la atmósfera durante más de un siglo, por lo que las decisiones que tomamos en un momento dado pueden tener ramificaciones dramáticas para las generaciones venideras”. [20] La contaminación no se queda donde comienza, por lo que se debe considerar la escala de un problema en lugar de solo sus efectos.
El tercer pilar de la justicia ambiental crítica es la visión de que las desigualdades sociales -desde el racismo hasta el especismo- están profundamente arraigadas en la sociedad y reforzadas por el poder estatal, y por lo tanto el orden social actual se erige como un obstáculo fundamental para la justicia social y ambiental. [20] Pellow sostiene en su publicación de 2017 What is Critical Environmental Justice que los movimientos de cambio social pueden estar mejor si piensan y actúan más allá del estado y el capital como objetivos de reforma y/o como socios confiables. [21] Además, los académicos y activistas no se preguntan cómo podrían construir comunidades ambientalmente resilientes que existan más allá del estado, sino más bien cómo podrían hacerlo con un modelo diferente de intervención estatal. FUENTE Pellow cree que al construir y apoyar prácticas, relaciones e instituciones fuertemente democráticas, los movimientos por el cambio social se volverán menos dependientes del estado, mientras que cualquier elemento del estado a través del cual trabajen puede volverse más sólidamente democrático. [20]
Él contextualiza este pilar con el activista Common Ground Collective , de inspiración anarquista , que fue co-creado por Scott Crow para brindar servicios a los sobrevivientes del huracán Katrina en la Costa del Golfo en 2005. [20] Crow dio una idea de cómo se ve el cambio fuera del poder estatal, diciéndole a Pellow: [20]
Hicimos un trabajo de servicio, pero fue un análisis y una práctica revolucionarios. Creamos una organización horizontal que desafió al estado e hicimos nuestro trabajo a pesar del estado... no solo dimos de comer a la gente y les dimos ayuda y kits de higiene y cosas así, sino que también impedimos que se demolieran las viviendas, cortamos las cerraduras de las escuelas cuando dijeron que no podían abrirlas y limpiamos las escuelas porque los estudiantes y los maestros querían que eso sucediera. Y no hicimos una solución única como la Cruz Roja, preguntamos a las comunidades, a cada comunidad en la que entramos, preguntamos a varias personas, a las trabajadoras sexuales de la calle, a los gánsteres, a los líderes de la iglesia, a todos, hablamos con ellos: ¿qué podemos hacer para ayudar a su vecindario, para ayudar a su comunidad, para ayudarlos a ustedes? Y eso nos hizo diferentes porque para mí, es la superposición del anarquismo. En lugar de tener una franquicia, solo tienes conceptos y simplemente eliges los componentes que coinciden con las necesidades de la gente de allí.
El cuarto pilar de la Justicia Emocional Crítica se centra en un concepto que David Pellow llama “indispensabilidad”. Joen Márquez introduce el concepto de “prescindibilidad racial” en su libro Black and Brown Solidarity , en el que sostiene que “los cuerpos negros y morenos son, a los ojos del Estado y su sistema legal constituyente, generalmente vistos como criminales, deficientes, amenazantes y merecedores de una disciplina violenta e incluso de la aniquilación”. [20] La Justicia Emocional Crítica se basa en este trabajo al contrarrestar la ideología de la supremacía blanca y el dominionismo humano, y al articular la perspectiva de que las poblaciones, seres y cosas excluidas, marginadas y otras (tanto humanas como no humanas) deben ser vistas no como prescindibles sino más bien como indispensables para nuestro futuro colectivo. [21] Pellow utiliza la indispensabilidad racial cuando se refiere a las personas de color y la indispensabilidad socioecológica cuando se refiere a comunidades más amplias dentro y a través de la división humano/no humano y sus relaciones entre sí. [21] Pellow amplía su escrito en Toward A Critical Environmental Justice Studies diciendo que “la indispensabilidad racial tiene como objetivo desafiar la lógica de la prescindibilidad racial y es la idea de que las instituciones, políticas y prácticas que apoyan y perpetran el racismo anti-negro sufren de la suposición errónea de que el futuro de los afroamericanos está de alguna manera desvinculado del futuro de las comunidades blancas”. [21]
Las injusticias ambientales se han dejado sentir a lo largo de milenios de historia no documentada. Los pueblos indígenas sufrieron una devastación ambiental de tipo genocida antes de que se les reconociera a nivel federal. Los orígenes del movimiento por la justicia ambiental se remontan al Movimiento Ambiental Indígena, que ha involucrado a poblaciones indígenas que luchan contra el desplazamiento y la asimilación por la soberanía y los derechos sobre la tierra durante cientos de años.
Los términos "justicia ambiental" y " racismo ambiental " no entraron en el lenguaje común hasta que los residentes del condado de Warren, Carolina del Norte, protestaron contra un vertedero diseñado para aceptar bifenilos policlorados en las protestas de PCB de 1982 .
Treinta mil galones de líquido de PCB cubrieron 270 millas de carreteras en catorce condados de Carolina del Norte, y el estado anunció que se construiría un vertedero en lugar de someterse a una desintoxicación permanente. [24] Se eligió el condado de Warren, el condado más pobre del estado con un ingreso per cápita de alrededor de $ 5,000 en 1980 [1] , y el sitio fue fijado para la comunidad predominantemente negra de Afton. Sus residentes protestaron durante seis semanas, lo que llevó a más de 500 arrestos. [25] [26]
El hecho de que las protestas en el condado de Warren estuvieran encabezadas por civiles dio lugar a la creación de organizaciones ambientales de base, tanto actuales como futuras, que luchan por la justicia medioambiental. Deborah Ferruccio, colaboradora de la protesta, explicó en una entrevista con The Warren Record que los presentes eran personas corrientes. [ 27 ] Su marido, Ken Ferruccio, se enteró del vertido de PCB tras leer periódicos destinados a ser usados como abono para el jardín, [27] y días después él y el reverendo Leon White encabezaron un “bloqueo humanitario” para impedir que los camiones llegaran al vertedero. [28] Tras ser detenido por la manifestación, Furriccio continuó su desafío al condado negándose a pagar la fianza y realizando una huelga de hambre de diecinueve días. [28]
El reverendo Benjamin Chavis trabajaba para la Comisión de Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo (UCC) cuando fue enviado al condado de Warren para las protestas. Chavis estaba entre las 500 personas arrestadas por participar en las protestas no violentas y se le atribuye haber acuñado el término “racismo ambiental” mientras estaba en la cárcel del condado de Warren. [29] Su participación, junto con el reverendo Leon White, que también trabajaba para la UCC, sentó las bases para un mayor activismo y una mayor concienciación. [30] Chavis recordaría más tarde en un artículo del New Yorker titulado “La lucha contra el racismo ambiental en Carolina del Norte” que, si bien “el condado de Warren ocupaba los titulares… [él] sabía que en los años ochenta no se podía simplemente decir que había discriminación. Había que demostrarlo”. [31] Luchar por el cambio, no por el reconocimiento, es un factor adicional de la justicia ambiental como movimiento social.
En respuesta a las protestas del condado de Warren, se llevaron a cabo dos estudios transversales para determinar la demografía de las personas expuestas a vertederos de residuos tóxicos no controlados e instalaciones de residuos peligrosos comerciales. La Comisión para la Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo estudió la ubicación de las instalaciones de residuos peligrosos en los EE. UU. y descubrió que la raza era el factor más importante para predecir la ubicación de estas instalaciones. [32] Estos estudios fueron seguidos por objeciones generalizadas y demandas judiciales contra la eliminación de residuos peligrosos en comunidades pobres, generalmente negras. [33] [34] El movimiento ambientalista dominante comenzó a ser criticado por su liderazgo predominantemente blanco y adinerado, el énfasis en la conservación y la falta de atención a las preocupaciones por la equidad social. [35] [36]
La EPA creó el Grupo de Trabajo sobre Equidad Ambiental (EEWG, por sus siglas en inglés) en 1990 en respuesta a hallazgos adicionales de científicos sociales de que “las minorías raciales y las poblaciones de bajos ingresos soportan una carga de riesgo ambiental mayor que la población general” y que las inspecciones de la EPA no protegían adecuadamente a las comunidades de color de bajos ingresos”. [15] En 1992, la EPA publicó Equidad ambiental: reducción de riesgos para todas las comunidades , la primera vez que la agencia se embarcó en un examen sistemático de los riesgos ambientales para las comunidades de color. Esto actuó como su dirección para abordar la justicia ambiental. [15]
En 1993, la EPA fundó el Consejo Asesor Nacional de Justicia Ambiental (NEJAC, por sus siglas en inglés). En 1994, el nombre de la oficina cambió a Oficina de Justicia Ambiental como resultado de las críticas públicas sobre la diferencia entre equidad y justicia. FUENTE Ese mismo año, el presidente Bill Clinton emitió la Orden Ejecutiva 12898, que creó el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Justicia Ambiental. [15] El grupo de trabajo buscó abordar la justicia ambiental en las poblaciones minoritarias y las poblaciones de bajos ingresos. [15] David Pellow escribe que la orden ejecutiva "sigue siendo la piedra angular de la regulación de la justicia ambiental en los EE. UU., con la EPA como su árbitro ventral". [15]
Durante las décadas de 1970 y 1980, los movimientos de base y las organizaciones ambientalistas abogaron por regulaciones que aumentaron los costos de la eliminación de desechos peligrosos en los Estados Unidos y otras naciones industrializadas. Sin embargo, esto condujo a un aumento en las exportaciones de desechos peligrosos al Sur Global durante las décadas de 1980 y 1990. Esta injusticia ambiental global, que incluye la eliminación de desechos tóxicos, la apropiación de tierras y la extracción de recursos, desencadenó la formación del movimiento global de justicia ambiental.
La justicia ambiental como tema internacional comenzó en la Primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental de Personas de Color en 1991, celebrada en Washington, DC. La cumbre de cuatro días fue patrocinada por la Comisión para la Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo. Con una asistencia de alrededor de 1.100 personas, la representación incluyó a los 50 estados, así como a Puerto Rico, Brasil, Chile, México, Ghana, Liberia, Nigeria y las Islas Marshall. [37] [38] La cumbre amplió el movimiento de justicia ambiental más allá de su enfoque antitoxinas para incluir cuestiones de salud pública, seguridad de los trabajadores, uso de la tierra, transporte, vivienda, asignación de recursos y empoderamiento de la comunidad. [38] La cumbre adoptó 17 Principios de Justicia Ambiental, que luego se difundieron en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río, Brasil. Los 17 Principios tienen una semejanza con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. [39]
En el verano de 2002, una coalición de organizaciones no gubernamentales se reunió en Bali para preparar las negociaciones finales para la Cumbre de la Tierra de 2002. Las organizaciones incluían CorpWatch, World Rainforest Movement, Friends of the Earth International, Third World Network y Indigenous Environmental Network. [40] Buscaban articular el concepto de justicia climática. [41] Durante su tiempo juntos, las organizaciones codificaron los Principios de Bali de Justicia Climática, un programa de 27 puntos que identifica y organiza el movimiento de justicia climática. Meena Raman, directora de programas de Third World Network, explicó que en su redacción "se basaron en gran medida en el concepto de justicia ambiental, con una contribución significativa de los movimientos de los Estados Unidos, y reconocieron que la desigualdad económica, la etnicidad y la geografía desempeñaban un papel en la determinación de quién soportaba la peor parte de la contaminación ambiental". En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2007 , o COP13, en Bali, representantes del Sur Global y comunidades de bajos ingresos del Norte crearon una coalición titulada "¡ Justicia climática ahora! ". CJN! Emitió una serie de “soluciones genuinas” que se hacían eco de los Principios de Bali. [40]
Inicialmente, el movimiento de justicia ambiental se centró en abordar los peligros tóxicos y las injusticias que enfrentaban los grupos raciales marginados en las naciones ricas. Sin embargo, durante la Cumbre de Liderazgo de 1991, su alcance se amplió para abarcar la salud pública, la seguridad de los trabajadores, el uso de la tierra, el transporte y otras cuestiones. Con el tiempo, el movimiento se expandió aún más para incluir consideraciones de género, injusticias internacionales y disparidades intragrupales entre las poblaciones desfavorecidas.
La justicia ambiental ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento global integral que ha introducido numerosos conceptos en la ecología política, entre ellos la deuda ecológica, el racismo ambiental, la justicia climática, la soberanía alimentaria, la responsabilidad corporativa, el ecocidio, las zonas de sacrificio y el ambientalismo de los pobres. Su objetivo es ampliar el derecho de los derechos humanos, que tradicionalmente ha pasado por alto la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos. A pesar de los intentos de integrar la protección del medio ambiente en el derecho de los derechos humanos, persisten los desafíos, en particular en lo que respecta a la justicia climática.
Académicos como Kyle Powys Whyte y Dina Gilio-Whitaker han ampliado el discurso sobre la justicia ambiental en relación con los pueblos indígenas y el colonialismo de asentamiento. Gilio-Whitaker critica la justicia distributiva, que presupone una mercantilización capitalista de la tierra incompatible con las cosmovisiones indígenas. Whyte explora la justicia ambiental en el contexto de los catastróficos impactos ambientales del colonialismo sobre los medios de vida y las identidades tradicionales de los pueblos indígenas.
El movimiento de justicia ambiental busca abordar la discriminación ambiental y el racismo ambiental asociados con la eliminación de desechos peligrosos, la extracción de recursos, la apropiación de tierras y otras actividades. [42] Esta discriminación ambiental resulta en la pérdida de tradiciones y economías basadas en la tierra, [43] violencia armada (especialmente contra las mujeres y los pueblos indígenas) [44] degradación ambiental y conflicto ambiental . [45] El movimiento de justicia ambiental global surge de estos conflictos locales basados en lugares en los que los defensores ambientales locales con frecuencia se enfrentan a corporaciones multinacionales. Los resultados locales de estos conflictos están cada vez más influenciados por las redes transnacionales de justicia ambiental. [5] [6]
Existen muchas divisiones a lo largo de las cuales puede caer una distribución injusta de las cargas ambientales. Dentro de los Estados Unidos, la raza es el determinante más importante de la injusticia ambiental. [46] [47] En otros países, la pobreza o la casta (India) son indicadores importantes. [48] La afiliación tribal también es importante en algunos países. [48] Los académicos de justicia ambiental Laura Pulido y David Pellow sostienen que reconocer el racismo ambiental, como un elemento que se deriva de los legados arraigados del capitalismo racial , es crucial para el movimiento, ya que la supremacía blanca continúa dando forma a las relaciones humanas con la naturaleza y el trabajo. [49] [50] [51]
El racismo ambiental es un problema generalizado y complejo que afecta a comunidades de todo el mundo. Es una forma de discriminación sistémica que se basa en la intersección de factores raciales, de clase y ambientales. [34] En esencia, el racismo ambiental se refiere a la exposición desproporcionada de ciertas comunidades, en su mayoría las marginadas, a peligros ambientales como la contaminación, los desechos tóxicos y otros riesgos ambientales. Estas comunidades suelen estar ubicadas cerca de sitios industriales, instalaciones de desechos y otras fuentes de contaminación que pueden tener graves impactos en la salud. El racismo ambiental tiene una historia larga y preocupante, con muchos ejemplos que se remontan a principios del siglo XX. Por ejemplo, la práctica de "redlining" en los EE. UU., que implicaba negar préstamos y seguros a las comunidades de color, a menudo llevó a que estas comunidades se ubicaran en áreas con altos niveles de contaminación y peligros ambientales. [52] Hoy en día, el racismo ambiental sigue siendo un problema importante de justicia ambiental, y muchas comunidades de bajos ingresos y comunidades de color enfrentan una exposición desproporcionada a la contaminación y otros riesgos ambientales. Esto puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de estas comunidades, dando lugar a tasas más altas de asma, cáncer y otras enfermedades. [34] Para abordar el racismo ambiental se necesita un enfoque multifacético que aborde los factores sociales, económicos y políticos subyacentes que contribuyen a su persistencia. Más particularmente, los académicos de justicia ambiental de América Latina y otros lugares abogan por comprender esta cuestión a través de la lente de la descolonización. [53] [54] Esta última subyace al hecho de que el racismo ambiental emana de los proyectos coloniales de Occidente y su reproducción actual de la dinámica colonial.
A medida que los grupos de justicia ambiental han ganado éxito en países desarrollados como Estados Unidos, las cargas de la producción global se han trasladado al Sur Global, donde las regulaciones menos estrictas hacen que la eliminación de desechos sea más barata. La exportación de desechos tóxicos desde Estados Unidos aumentó durante las décadas de 1980 y 1990. [55] [42] Muchos países afectados no cuentan con sistemas adecuados de eliminación de estos desechos, y las comunidades afectadas no están informadas sobre los peligros a los que están expuestas. [56] [57]
El incidente de eliminación de desechos en el mar de Khian fue un ejemplo notable de los problemas de justicia ambiental que surgen del movimiento internacional de desechos tóxicos. Los contratistas que eliminaban las cenizas de las incineradoras de desechos en Filadelfia, Pensilvania, vertieron ilegalmente los desechos en una playa de Haití después de que varios otros países se negaran a aceptarlos. Después de más de diez años de debate, los desechos finalmente fueron devueltos a Pensilvania. [56] El incidente contribuyó a la creación del Convenio de Basilea que regula el movimiento internacional de desechos tóxicos. [58]
Los países del Sur Global soportan desproporcionadamente la carga ambiental de la producción global y los costos del consumo excesivo en las sociedades occidentales. Esta carga se ve exacerbada por los cambios en el uso de la tierra que desplazan vastas extensiones de tierra de la agricultura familiar y de subsistencia hacia inversiones multinacionales en especulación inmobiliaria, agricultura, minería o conservación. [43] Las apropiaciones de tierras en el Sur Global son engendradas por la ideología neoliberal y las diferencias en los marcos legales, los precios de la tierra y las prácticas regulatorias que hacen que los países del Sur Global sean atractivos para las inversiones extranjeras. [43] Estas apropiaciones de tierras ponen en peligro los medios de vida indígenas y la continuidad de las prácticas sociales, culturales y espirituales. La resistencia a la apropiación de tierras a través de la acción social transformadora también se ve dificultada por la inequidad social y la privación preexistentes; las comunidades afectadas a menudo ya están luchando simplemente por satisfacer sus necesidades básicas.
El acceso al agua potable es un aspecto indispensable de la vida humana, pero sigue siendo muy desigual y afecta desproporcionadamente a las comunidades marginadas de todo el mundo. La carga de la escasez de agua es particularmente notoria en los entornos urbanos empobrecidos y las zonas rurales remotas, donde la infraestructura inadecuada, los recursos financieros limitados y la degradación ambiental convergen para crear desafíos formidables. Las poblaciones marginadas, que a menudo ya se enfrentan a desigualdades sistémicas, se enfrentan a mayores vulnerabilidades cuando se trata de asegurar fuentes de agua seguras y confiables. Las prácticas discriminatorias pueden agravar aún más estos desafíos. [59] Las ramificaciones del acceso limitado al agua son profundas y permean varias facetas de la vida diaria, incluida la salud, la educación y el bienestar general. Reconocer y abordar estas disparidades no solo es una cuestión de justicia, sino también crucial para el desarrollo sostenible. En consecuencia, deben realizarse esfuerzos para implementar estrategias de gestión del agua inclusivas que prioricen las necesidades específicas de las comunidades marginadas, asegurando un acceso equitativo a este recurso fundamental y fomentando la resiliencia frente a los desafíos hídricos globales. Una forma de hacerlo es a través del Desarrollo Participativo Basado en la Comunidad. Cuando esto se ha aplicado, como en el caso de los pueblos indígenas de las Seis Naciones en Canadá trabajando con investigadores de la Universidad McMaster, ha demostrado cómo el intercambio y la integración de la ciencia y el conocimiento local liderados por la comunidad pueden combinarse en respuesta a la calidad del agua. [60]
La extracción de recursos es un claro ejemplo de una herramienta basada en dinámicas coloniales que engendra racismo ambiental. [61] Cientos de estudios han demostrado que las comunidades marginadas, a menudo comunidades indígenas, sufren desproporcionadamente las consecuencias ambientales negativas de la extracción de recursos. [3] Las comunidades cercanas a recursos naturales valiosos con frecuencia cargan con una maldición de los recursos en la que soportan los costos ambientales de la extracción y un breve auge económico que conduce a la inestabilidad económica y, en última instancia, a la pobreza. [3] Las comunidades indígenas que viven cerca de recursos naturales valiosos enfrentan una discriminación aún mayor, ya que en la mayoría de los casos simplemente son desplazadas de su hogar. [61] Las disparidades de poder entre las industrias extractivas y las comunidades afectadas conducen a una grave injusticia procesal en la que las comunidades locales son incapaces de participar de manera significativa en las decisiones que darán forma a sus vidas.
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Los estudios también han demostrado que la extracción de minerales críticos, madera y petróleo puede estar asociada con la violencia armada en las comunidades que albergan operaciones mineras. [44] El gobierno de Canadá encontró que la extracción de recursos conduce a la desaparición y asesinato de mujeres indígenas en comunidades afectadas por minas y proyectos de infraestructura como oleoductos. [62] El Atlas de Justicia Ambiental , que documenta los conflictos de justicia ambiental, demuestra múltiples conflictos con alta violencia en las poblaciones indígenas en torno a la extracción de recursos. [63]
El término intercambio desigual se utiliza para describir la relación económica y comercial desigual entre los países del Norte Global y del Sur Global. La idea es que el intercambio de bienes y servicios entre estos países no es igualitario, y que los países del Norte Global se benefician más que los demás. [64] Esto ocurre por diversas razones, como las diferencias en los costos laborales, la tecnología y el acceso a los recursos. El intercambio desigual percibe este marco de comercio a través de la lente de la descolonización: la dinámica del poder colonial ha llevado a un sistema comercial en el que los países del Norte pueden intercambiar su conocimiento y tecnología a un precio muy alto a cambio de recursos naturales, materiales y mano de obra a un precio muy bajo de los países del Sur. [65] Esto se mantiene gracias a mecanismos como patentes exigibles, regulaciones comerciales y fijación de precios por parte de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, donde los países del Norte tienen la mayor parte del poder de voto. [66] Por lo tanto, el intercambio desigual es un fenómeno que se basa en las relaciones coloniales y las perpetúa, ya que conduce a la explotación y refuerza las desigualdades existentes entre los países del Norte Global y el Sur Global. Esta interdependencia explica también las diferencias en las emisiones de CO2 entre los países del Norte y del Sur: evidentemente, como los países del Norte utilizan muchos recursos y materiales del Sur, producen y contaminan más. [67] [64]
Las comunidades de justicia ambiental que están expuestas desproporcionadamente a la contaminación química, la calidad reducida del aire y las fuentes de agua contaminadas pueden experimentar una reducción general de la salud. [68] La pobreza en estas comunidades puede ser un factor que aumenta su exposición a riesgos laborales como los productos químicos utilizados en la agricultura o la industria. [69] Cuando los trabajadores abandonan el entorno de trabajo pueden llevar consigo productos químicos en su ropa, zapatos, piel y cabello, lo que crea más impactos en sus familias, incluidos los niños. [69] Los niños en las comunidades de justicia ambiental están expuestos de forma única, porque metabolizan y absorben contaminantes de forma diferente a los adultos. [69] Estos niños están expuestos a un nivel más alto de contaminantes a lo largo de sus vidas, comenzando en el útero (a través de la placenta), y tienen un mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud, como afecciones respiratorias, gastrointestinales y mentales. [69]
La moda rápida expone a las comunidades de justicia ambiental a riesgos laborales, como una ventilación deficiente que puede provocar problemas respiratorios por la inhalación de partículas sintéticas y polvo de algodón. [70] El teñido de textiles también puede exponer a las comunidades de justicia ambiental a toxinas y metales pesados cuando las aguas residuales sin tratar ingresan a los sistemas de agua utilizados por los residentes y el ganado. [70] El 95% de la producción de ropa se lleva a cabo en países de ingresos bajos o medios donde los trabajadores carecen de recursos suficientes. [70]
Aunque el movimiento por la justicia ambiental busca abordar la discriminación, las mujeres han sido discriminadas históricamente a medida que el movimiento evoluciona desde la defensa de los derechos hasta el cambio institucional. Si bien las actividades de campaña de base suelen estar dominadas por mujeres, la desigualdad de género es más frecuente en las actividades institucionalizadas de las organizaciones dominadas por profesionales asalariados. [71] Las mujeres han luchado contra esta tendencia estableciendo sus propias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, como la Red de Mujeres para la Acción por el Clima y la Tierra (WECAN) y la Alianza de Mujeres para la Tierra (WEA).
La definición de injusticia ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no incluye el género, sino que menciona la injusticia ambiental en relación con la raza, el color, el origen nacional y los ingresos. Se ha observado que las desigualdades de género en los órganos de gobierno tienen un impacto en la naturaleza de las decisiones que se toman, y por lo tanto, la legislación federal y el debate en torno a la justicia ambiental a menudo no incluyen factores de género. Los autores David Pellow y Robert Brulle escriben en “Environmental justice: human health and environmental inequalities” que las injusticias ambientales “afectan a los seres humanos de manera desigual en función de la raza, el género, la clase y la nación, por lo que un énfasis en cualquiera de estos diluirá el poder explicativo de cualquier enfoque analítico”. [71] [72]
Estas desigualdades han llevado a la creación de la Alianza Mundial de Género y Clima, creada conjuntamente por las Naciones Unidas, la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y WEDO (Organización de Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo). Todas ellas se han creado para dar más importancia a las cuestiones de género en la formulación de políticas sobre cambio climático. [71]
Una de las principales barreras para la participación de las minorías en la justicia ambiental son los costos iniciales que supone intentar cambiar el sistema e impedir que las empresas arrojen sus desechos tóxicos y otros contaminantes en zonas donde viven muchas minorías. La lucha por la justicia ambiental y la lucha contra el racismo ambiental implican enormes gastos legales. [73] Por ejemplo, en el Reino Unido existe una norma que establece que el demandante puede tener que cubrir los gastos de sus oponentes, lo que agrava aún más los problemas de costes, especialmente en el caso de los grupos minoritarios de bajos ingresos; además, la única forma de que los grupos de justicia ambiental exijan a las empresas que rindan cuentas por su contaminación y por no cumplir con los requisitos de licencia para la eliminación de residuos sería demandar al gobierno por no hacer cumplir las normas. Esto daría lugar a unos gastos legales prohibitivos que la mayoría no podría permitirse. [74] Esto se puede comprobar por el hecho de que de 210 casos de revisión judicial entre 2005 y 2009, el 56% no prosiguió debido a los costes. [75]
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El cambio climático y la justicia climática también han sido un componente al discutir la justicia ambiental y el mayor impacto que tiene en las comunidades de justicia ambiental. [79] La contaminación del aire y del agua son dos contribuyentes al cambio climático que pueden tener efectos perjudiciales como temperaturas extremas, aumento de las precipitaciones y aumento del nivel del mar. [79] [80] Debido a esto, las comunidades son más vulnerables a eventos como inundaciones y sequías que pueden resultar en escasez de alimentos y una mayor exposición a enfermedades infecciosas, relacionadas con los alimentos y el agua. [79] [80] [81] Actualmente, sin un tratamiento suficiente, más del 80% de todas las aguas residuales generadas a nivel mundial se liberan al medio ambiente. Las naciones de altos ingresos tratan, en promedio, el 70% de las aguas residuales que producen, según ONU Agua. [82] [83] [84]
Se ha proyectado que el cambio climático tendrá el mayor impacto en las poblaciones vulnerables. [81]
La justicia climática se ha visto influenciada por la justicia ambiental, especialmente la justicia climática de base. [85]
La bióloga marina Ayana Elizabeth Johnson , directora de Ocean Collectiv y Urban Ocean Lab, describe la justicia oceánica como: "el punto de encuentro entre la conservación de los océanos y las cuestiones de equidad social: ¿quién sufre más por las inundaciones y la contaminación y quién se beneficia de las medidas de conservación? A medida que aumentan los niveles del mar y se intensifican las tormentas, estas cuestiones se volverán cada vez más urgentes y la equidad debe ser una consideración central a medida que las sociedades descubran cómo responderlas" [86].
En diciembre de 2023, la administración de Biden dio a conocer toda una estrategia para mejorar la justicia oceánica. Los principales objetivos de esta estrategia son:
Los grupos ambientalistas apoyaron la decisión. Según Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana (organización sin fines de lucro) : “ La perforación en alta mar , la gestión de la pesca y la reducción de la contaminación por plástico son solo algunas de las áreas en las que se necesitan estas voces”. [87]
En el documento oficial que resume la nueva estrategia, la administración dio varios ejemplos de la aplicación anterior de esos principios. Uno de ellos es Mai Ka Po Mai, una estrategia para la gestión del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, cerca de las islas hawaianas, concebida tras consultas con las comunidades nativas. [88]
En comparación con el ambientalismo en general, se considera que la justicia ambiental se centra más en las vidas de la gente común y es más de base . [89] Los defensores de la justicia ambiental han argumentado que los movimientos ambientalistas dominantes a veces han sido racistas y elitistas. [89] [90]
Muchos participantes del Movimiento por la Justicia Reproductiva consideran que su lucha está vinculada a la lucha por la justicia ambiental, y viceversa. Loretta Ross describe el marco de justicia reproductiva como un enfoque que aborda “la capacidad de cualquier mujer de determinar su propio destino reproductivo” y sostiene que esto está “vinculado directamente a las condiciones de su comunidad, y estas condiciones no son sólo una cuestión de elección y acceso individual”. [91] Entre esas condiciones se incluyen aquellas que son fundamentales para la justicia ambiental, como la ubicación de desechos tóxicos y la contaminación de los alimentos, el aire y las vías fluviales.
La partera mohawk Katsi Cook fundó el Proyecto de Leche Materna en la década de 1980 para abordar la contaminación tóxica de los cuerpos de las madres a través de la exposición a peces y agua contaminados por un sitio Superfund de General Motors . Al subrayar cómo la contaminación afectó desproporcionadamente a las mujeres de Akwesasne y a sus hijos durante la gestación y la lactancia, este proyecto ilustra las intersecciones entre la justicia reproductiva y ambiental. [92] Cook explica que, "en los senos de las mujeres fluye la relación de esas generaciones tanto con la sociedad como con el mundo natural". [93]
El ecofeminismo encuentra la intersección entre el ambientalismo y la filosofía feminista. El ecofeminismo no debe confundirse con movimientos o estudios sobre los impactos de las mujeres en la salud y el medio ambiente. La investigadora y autora Sarah Buckingham explica que la base del ecofeminismo se basa en el argumento de que “la igualdad de las mujeres no debe lograrse a expensas del empeoramiento del medio ambiente, y las mejoras ambientales tampoco deben lograrse a expensas de las mujeres”. [94] Sus orígenes se remontan a la teoría feminista, la espiritualidad feminista, los derechos de los animales, la ecología social y la organización antinuclear y antimilitarista. [95] Debido a su alcance de interseccionalidad, el ecofeminismo ha sido criticado por su incoherencia y falta de potencial para abordar la crisis climática. [96]
Las preocupaciones ecofeministas son asumidas por las investigadoras feministas que participan en organizaciones ambientales o contribuyen a los debates nacionales e internacionales. Algunos ejemplos de ello son la investigación de la Red Nacional de Salud de la Mujer sobre salud industrial y ambiental; las críticas a la tecnología reproductiva y la ingeniería genética por parte de la Red Feminista de Resistencia a la Ingeniería Reproductiva y Genética (FINRRAGE); y las críticas a los enfoques ambientales para el control de la población por parte del Comité sobre la Mujer, la Población y el Medio Ambiente. [95]
Las campañas de justicia ambiental han surgido a partir de conflictos locales en todo el mundo. El Atlas de Justicia Ambiental documentó 3.100 conflictos ambientales en todo el mundo hasta abril de 2020 y destacó que muchos más conflictos siguen sin documentarse. [5]
La minería de cobalto y cobre en la República Democrática del Congo (RDC) ha provocado injusticia ambiental y numerosos conflictos ambientales, entre ellos:
Los minerales de conflicto extraídos en la República Democrática del Congo perpetúan el conflicto armado.
La extracción de oro y otros minerales ha provocado injusticia ambiental y conflictos ambientales en Etiopía, incluidos
Desde su independencia en 1963, Kenia se ha centrado en el proteccionismo medioambiental. Activistas medioambientales como Wangari Maathai defendieron los recursos naturales y medioambientales, entrando a menudo en conflicto con Daniel Arap Moi y su gobierno. El país ha sufrido problemas medioambientales derivados de la rápida urbanización, especialmente en Nairobi, donde el espacio público, el parque Uhuru y los parques naturales como el Parque Nacional de Nairobi han sufrido invasiones para allanar el camino a desarrollos de infraestructura como el ferrocarril de vía estándar y la autopista de Nairobi. Uno de los abogados medioambientales, Kariuki Muigua, ha defendido la justicia medioambiental y el acceso a la información y la protección jurídica, y ha sido autor de la Tesis de Justicia Ambiental sobre los hitos de Kenia. [98]
Entre 1956 y 2006, se derramaron en el delta del Níger hasta 1,5 millones de toneladas de petróleo (50 veces el volumen derramado en el desastre del Exxon Valdez ). [99] [100] Los pueblos indígenas de la región han sufrido la pérdida de sus medios de vida como resultado de estos problemas ambientales , y no han recibido ningún beneficio a cambio de los enormes ingresos petroleros extraídos de sus tierras. Los conflictos ambientales han exacerbado el conflicto en curso en el delta del Níger . [101] [102] [103]
El pueblo ogoni , que es originario de la región del Delta de Nigeria, rica en petróleo, ha protestado por los desastrosos efectos ambientales y económicos de las perforaciones de Shell Oil y ha denunciado los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno nigeriano y de Shell. Su llamamiento internacional se intensificó dramáticamente después de la ejecución en 1995 de nueve activistas ogoni , entre ellos Ken Saro-Wiwa , que fue uno de los fundadores del no violento Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP). [104] [101] [102] [103]
En Sudáfrica, bajo los gobiernos coloniales y del apartheid , miles de sudafricanos negros fueron expulsados de sus tierras ancestrales para dejar paso a parques naturales. En 1988 se formó Earthlife Africa , lo que la convirtió en la primera organización de justicia ambiental de África. En 1992, se creó el Environmental Justice Networking Forum (EJNF), una organización paraguas de alcance nacional diseñada para coordinar las actividades de activistas ambientales y organizaciones interesadas en la justicia social y ambiental. En 1995, la red se amplió hasta incluir 150 organizaciones miembro y en 2000, incluía más de 600 organizaciones miembro. [105]
Con la elección del Congreso Nacional Africano (ANC) en 1994, el movimiento de justicia ambiental obtuvo un aliado en el gobierno. El ANC señaló que "la pobreza y la degradación ambiental han estado estrechamente vinculadas" en Sudáfrica. [ atribución requerida ] El ANC dejó en claro que las desigualdades e injusticias ambientales se abordarían como parte del mandato de reconstrucción y desarrollo post-apartheid del partido. La nueva Constitución sudafricana, finalizada en 1996, incluye una Declaración de Derechos que otorga a los sudafricanos el derecho a un "medio ambiente que no sea perjudicial para su salud o bienestar" y "a tener el medio ambiente protegido, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras a través de medidas legislativas y de otro tipo razonables que
La industria minera de Sudáfrica es el mayor productor individual de residuos sólidos , lo que representa alrededor de dos tercios del flujo total de residuos. [ vago ] Decenas de miles de muertes han ocurrido entre los trabajadores de las minas como resultado de accidentes durante el último siglo. [106] Ha habido varias muertes y enfermedades debilitantes por enfermedades relacionadas con el trabajo como la asbestosis . [ cita requerida ] Para aquellos que viven al lado de una mina, la calidad del aire y el agua es mala. El ruido, el polvo y los equipos y vehículos peligrosos también pueden ser amenazas para la seguridad de quienes viven al lado de una mina. [ cita requerida ] Estas comunidades suelen ser pobres y negras y tienen pocas opciones sobre la ubicación de una mina cerca de sus hogares. El Partido Nacional introdujo una nueva Ley de Minerales que comenzó a abordar consideraciones ambientales al reconocer las preocupaciones de salud y seguridad de los trabajadores y la necesidad de rehabilitación de la tierra durante y después de las operaciones mineras. En 1993, la Ley se modificó para exigir que cada nueva mina tuviera un Informe del Programa de Gestión Ambiental (EMPR) preparado antes de comenzar. Estos EMPR tenían por objeto obligar a las empresas mineras a delinear todos los posibles impactos ambientales de la operación minera en particular y a prever la gestión ambiental. [105]
En octubre de 1998, el Departamento de Minerales y Energía publicó un Libro Blanco titulado Una política de minerales y minería para Sudáfrica , que incluía una sección sobre gestión ambiental. El Libro Blanco afirma que "el Gobierno, en reconocimiento de la responsabilidad del Estado como custodio de los recursos naturales de la nación, garantizará que el desarrollo esencial de los recursos minerales del país se lleve a cabo en un marco de desarrollo sostenible y de conformidad con la política, las normas y los estándares ambientales nacionales". Añade que toda política ambiental "debe garantizar una industria minera rentable y competitiva". [105]
Noah Diffenbaugh y Marshall Burke, en su estudio sobre la desigualdad en Asia, demostraron el interaccionismo entre la desigualdad económica y el calentamiento global. Por ejemplo, la globalización y la industrialización aumentaron las posibilidades de calentamiento global, pero la industrialización también permitió que se perpetuara la desigualdad en materia de riqueza. Por ejemplo, Nueva Delhi es el epicentro de la revolución industrial en el continente indio, pero existe una importante disparidad en materia de riqueza. Además, debido al calentamiento global, países como Suecia y Noruega pueden sacar provecho de las temperaturas más cálidas, mientras que la mayoría de los países más pobres del mundo son significativamente más pobres de lo que habrían sido si no se hubiera producido el calentamiento global. [107] [108]
En China, las fábricas generan desechos nocivos, como óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que provocan riesgos para la salud. El periodista y escritor científico Fred Pearce señala que en China "la mayor parte del seguimiento del aire urbano todavía se concentra en uno o, como máximo, dos contaminantes, a veces partículas, a veces óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre u ozono. De manera similar, la mayoría de los estudios médicos sobre los impactos de estas toxinas buscan vínculos entre contaminantes individuales y efectos sospechosos para la salud, como enfermedades respiratorias y afecciones cardiovasculares". [ 109] El país emite alrededor de un tercio de todo el dióxido de azufre ( SO2 ), óxidos de nitrógeno ( NOx ) y partículas de contaminación de origen humano del mundo. [109] El Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades , una colaboración internacional, estima que 1,1 millones de chinos mueren por los efectos de esta contaminación del aire cada año, aproximadamente un tercio de la cifra mundial de muertes". [109] El costo económico de las muertes debido a la contaminación del aire se estima en 267 mil millones de yuanes (38 mil millones de dólares estadounidenses) por año. [110]
Los conflictos ambientales en Indonesia incluyen:
Los movimientos de justicia ambiental en Malasia han surgido de conflictos que incluyen:
Los movimientos de justicia ambiental en Corea del Sur han surgido de conflictos que incluyen:
Australia ha sufrido una serie de injusticias ambientales, que generalmente han sido causadas por proyectos corporativos contaminantes orientados a la extracción de recursos naturales. Por ejemplo, la ubicación discriminatoria de instalaciones nucleares y de desechos peligrosos. [112] [113] Estos proyectos han sido perjudiciales para el clima local, la biodiversidad y la salud de las poblaciones locales de las áreas económicamente más pobres. También han enfrentado poca resistencia de los gobiernos locales y nacionales, que tienden a citar sus beneficios "económicos". Sin embargo, estos proyectos han enfrentado una fuerte resistencia de las organizaciones de justicia ambiental, la comunidad y los grupos indígenas. [114] Australia tiene una población indígena prominente, y a menudo se enfrentan desproporcionadamente a algunos de los peores impactos de estos proyectos.
El proyecto de la autopista WestConnex surgió como una respuesta a la falta de infraestructura de Sídney para hacer frente a una ciudad en rápido crecimiento. El proyecto de la autopista está actualmente en construcción, abarca 33 km de autopistas nuevas y mejoradas y se conectará con las autopistas M4 y M5 de la ciudad. Las autopistas de peaje WestConnex más nuevas se inauguraron en 2019. El gobierno de Nueva Gales del Sur cree que la autopista es el "eslabón perdido" para el problema de la congestión del tráfico de la ciudad y ha argumentado que el proyecto proporcionará más beneficios económicos, como la creación de empleo.
El grupo de acción WestConnex Action Group (WAG) ha afirmado que los residentes que viven cerca de la autopista se han visto afectados negativamente por los altos niveles de contaminación del aire, provocados por el aumento del tráfico y las chimeneas sin ventilación en sus túneles. Los manifestantes también han argumentado que la proximidad de la autopista pondrá especialmente en riesgo a los niños.
La autopista ha enfrentado resistencia de diversas formas, incluyendo un campamento de ocupación de larga data en Sydney Park, así como enfrentamientos con la policía y trabajadores de la construcción que han conducido a arrestos. El WAG ha creado un registro de daños para las personas cuyas propiedades han sido dañadas por la autopista, con el fin de documentar el alcance de los daños y apoyar a los afectados. El WAG ha hecho esto mediante campañas para un fondo de compensación por daños, una evaluación independiente de los daños y una posible demanda colectiva. [115]
La mina de uranio de Yeelirrie fue facilitada por la empresa canadiense Cameco . El objetivo de la mina era cavar un pozo abierto de 9 km y destruir 2.400 hectáreas de tierras tradicionales, incluida la línea de la canción Seven Sisters Dreaming, importante para el pueblo tjiwarl. La mina ha enfrentado una fuerte resistencia por parte del pueblo tjiwral, especialmente de sus mujeres, durante más de una década.
La mina es el mayor depósito de uranio del país y utiliza nueve millones de litros de agua, además de generar millones de toneladas de residuos radiactivos. Se producirán alrededor de 36 millones de toneladas de estos residuos mientras la mina esté en funcionamiento, es decir, hasta 2043.
Un grupo de mujeres tjiwral llevó a Cameco a los tribunales, con un éxito inicial. La Autoridad de Protección Ambiental (EPA) detuvo la mina porque era muy probable que acabara con varias especies, incluida la rara estigofauna , toda la población occidental de un raro arbusto salado y dañara otras formas de vida silvestre como el malleefowl , el loro princesa y el bilbi mayor . Sin embargo, las autoridades estatales y federales se opusieron a la EPA y aprobaron la mina en 2019. [116]
En marzo de 2021, South Australia Northern Territory Oil Search (SANTOS) invirtió en el yacimiento de gas de Barossa en el mar de Timor , Territorio del Norte , y el gobierno del Territorio del Norte lo recibió con gran acogida, afirmando que generaría puestos de trabajo para la zona. La medida fue condenada por organizaciones de justicia ambiental, que afirmaron que tendrá graves repercusiones en el clima y la biodiversidad. Fundamentalmente, destacaron que no se consultó adecuadamente al pueblo tiwi , propietario de las islas locales, y les preocupaba que cualquier derrame dañara las poblaciones locales de tortugas planas y golfinas .
Este desprecio por el pueblo tiwi provocó protestas de varios grupos, incluido uno frente a la sede de SANTOS en Darwin, que exigía el fin del proyecto de gas de Barossa. En septiembre de 2021, una coalición de organizaciones de justicia ambiental de Australia, Corea del Sur y Japón se unieron bajo el nombre de Stop Barossa Gas para oponerse al proyecto. [117] En marzo de 2022, el pueblo tiwi solicitó una orden judicial para impedir que KEXIM y Korea Trade and Investment Corporation (instituciones coreanas de financiación para el desarrollo) financiaran el proyecto con casi 1.000 millones de dólares. El pueblo tiwi lo hizo basándose en la falta de consulta por parte de SANTOS y en los impactos ambientales perjudiciales que tendrá el proyecto. En junio de 2022, el pueblo tiwi presentó otra demanda por las mismas razones, pero esta vez directamente contra SANTOS. [118]
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) informa que la exposición a daños ambientales como la contaminación está correlacionada con la pobreza [119] y que los países más pobres sufren daños ambientales mientras que los países de ingresos más altos producen la mayor parte de la contaminación. Europa occidental tiene evidencia más amplia de desigualdad ambiental [119] .
Los romaníes son minorías étnicas que sufren discriminación ambiental. En muchos países, las leyes discriminatorias obligan a los romaníes a vivir en barrios marginales o guetos con acceso limitado al agua corriente y al alcantarillado, o donde están expuestos a desechos peligrosos. [120]
La Unión Europea está intentando luchar por la justicia medioambiental poniendo en práctica declaraciones que establecen que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano . La Declaración de Estocolmo, el Informe de la Comisión Brundtland de 1987 titulado “ Nuestro futuro común ”, la Declaración de Río y el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea son todas ellas formas en que los europeos han puesto en marcha leyes para trabajar por la justicia medioambiental. [120]
Suecia se convirtió en el primer país en prohibir el DDT en 1969. [121] En la década de 1980, las mujeres activistas se organizaron para preparar mermelada hecha de bayas contaminadas con pesticidas, que ofrecieron a los miembros del parlamento. [122] [123] Los miembros del parlamento se negaron, y esto a menudo se ha citado como un ejemplo de acción directa dentro del ecofeminismo .
Mientras que la agenda predominante del movimiento de Justicia Ambiental en los Estados Unidos ha estado abordando cuestiones de raza, desigualdad y medio ambiente, las campañas de justicia ambiental en todo el mundo han evolucionado y cambiado su enfoque. Por ejemplo, el movimiento de Justicia Ambiental en el Reino Unido es bastante diferente. Se centra en cuestiones de pobreza y medio ambiente, pero también aborda cuestiones de desigualdades en materia de salud y exclusión social . [124] Una ONG con sede en el Reino Unido, llamada Environmental Justice Foundation , ha tratado de establecer un vínculo directo entre la necesidad de seguridad ambiental y la defensa de los derechos humanos básicos. [125] Han lanzado varias campañas de alto perfil que vinculan los problemas ambientales con las injusticias sociales. Una campaña contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( INDNR ) destacó cómo los pescadores "piratas" están robando alimentos de las comunidades pesqueras artesanales locales. [126] [127] También han lanzado una campaña que expone los abusos ambientales y de los derechos humanos involucrados en la producción de algodón en Uzbekistán . El algodón producido en Uzbekistán suele ser cosechado por niños a cambio de poco o ningún salario. Además, la mala gestión de los recursos hídricos para el riego de los cultivos ha llevado a la casi erradicación del mar de Aral . [128] La Fundación para la Justicia Ambiental ha logrado que grandes minoristas como Wal-Mart y Tesco dejen de vender algodón uzbeko . [129]
En Francia , se han organizado o se organizarán en más de sesenta ciudades francesas y europeas, como Bilbao, Bruselas, Ginebra , Lyon o París , numerosos eventos Alternatiba , o pueblos alternativos , que ofrecen cientos de alternativas al cambio climático y a la falta de justicia medioambiental , tanto para sensibilizar a la población como para estimular cambios de comportamiento .
Los movimientos de justicia ambiental que surgen de los conflictos locales en Belice incluyen:
Los movimientos de justicia ambiental que surgen de conflictos locales en Canadá incluyen:
Movimientos de justicia ambiental surgidos de conflictos locales en República Dominicana:
Los movimientos de justicia ambiental que surgen de los conflictos locales en Guatemala incluyen
Los movimientos de justicia ambiental que surgen de los conflictos locales en El Salvador incluyen:
La empresa canadiense Pacific Rim Mining Corporation explota una mina de oro en el yacimiento de El Dorado, San Isidro, en el departamento de Cabañas. La mina ha tenido enormes impactos negativos sobre el medio ambiente local, incluida la reducción del acceso al agua potable debido al uso intensivo de agua en el proceso de extracción, así como la contaminación del suministro de agua local, lo que afectó negativamente la salud de los ciudadanos locales y su ganado. Además, los investigadores salvadoreños encontraron niveles peligrosamente altos de arsénico en dos ríos cercanos a la mina.
The operations of the mine has caused conflicts, increased divisions in the community, and prompted threats and violence against opposition to the mine. Following the suspension of the project in 2008 due to resistance from local groups, this violence escalated. As of today, at least half a dozen deaths among local group opposing the mine have been related with the presence of Pacific Rim. The strength of opposition to the mine contributed towards a national movement against the project. In 2008 and 2009, both the incumbent and elected Salvadorian presidents agreed publicly to deny the extension of the licence to Pacific Rim to connote its operations. More recently, the new president Sanchéz Cerén stated “mining is not viable in El Salvador.”[131]
Honduras has experienced a number of environmental justice struggles, particularly related to the mining, hydroelectric, and logging industries. One of the most high-profile cases was the assassination of Berta Caceres, a Honduran indigenous and environmental rights activist who opposed the construction of the Agua Zarca Dam on the Gualcarque River. Caceres' murder in 2016 sparked widespread outrage and drew international attention to the risks faced by environmental and indigenous activists in Honduras.[132]
Environmental justice movements arising from local conflicts in Mexico include
Environmental justice movements arising from local conflicts in Nicaragua include:
In 2012, the Nicaraguan government approved the construction of the Grand Canal, which will be 286 km long. A large section of the new canal will run through Lake Nicaragua, which is an important source of fresh water for the country. The canal will also have a width of 83 meters, and depth of 27.5 meters, making it suitable for large-range ships. Related infrastructures include two ports, an airport and an oil pipeline.
Opponents to the construction of the canal, such as the Coordinadora de la comunidad negra creole indígena de Bluefields (CCNCB), fear the impacts it will have on the biodiversity, and protected areas like Bosawás and the Bluefields wetlands. Opponents also fear the impacts on the Indigenous and tribal people that the canal would displace, such as the Miskito, Ulwa and Creole. To date, the Nicaraguan government has not made public the results of various viability studies.
Since the approval of the construction of the canal, environmental justice and indigenous groups have presented petitions for review to national courts, as well as one to the International Human Rights Commission. In 2017, these groups suffered a setback, when the National Court rejected the petition to refuse the "Law of the Grand Canal”.[133]
Definitions of environmental inequality typically emphasize either 'disparate exposure' (unequal exposure to environmental harm) or 'discriminatory intent' (often based on race). Disparate exposure has health and social impacts.[134] Poverty and race are associated with environmental injustice. Poor people account for more than 20% of the human health impacts from industrial toxic air releases, compared to 12.9% of the population nationwide.[135] Some studies that test statistically for effects of race and ethnicity, while controlling for income and other factors, suggest racial gaps in exposure that persist across all bands of income.[136]
States may also see placing toxic facilities near poor neighborhoods as preferential from a Cost Benefit Analysis (CBA) perspective. A CBA may favor placing a toxic facility near a city of 20,000 poor people than near a city of 5,000 wealthy people.[137] Terry Bossert of Range Resources reportedly has said that it deliberately locates its operations in poor neighborhoods instead of wealthy areas where residents have more money to challenge its practices.[138] Northern California's East Bay Refinery Corridor is an example of the disparities associated with race and income and proximity to toxic facilities.[139]
In Seattle, Washington, the Duwamish River Community Coalition (DRCC) was formed in 2001 in response to the designation of the Duwamish River as a Superfund site.[140] DRCC works with local communities and both private and public organizations to address the disparate exposure to air and water pollution families of the Duwamish Valley face. Residents of the Duwamish Valley are a population made of primarily South and Central American immigrants of low income, indigenous peoples, and refugees.[141]
African-Americans are affected by a variety of Environmental Justice issues. One notorious example is the "Cancer Alley" region of Louisiana.[142] This 85-mile stretch of the Mississippi River between Baton Rouge and New Orleans is home to 125 companies that produce one quarter of the petrochemical products manufactured in the United States. The nickname was given due to the high rates of residents diagnosed with cancer compared to the United States average.[143] The United States Commission on Civil Rights has concluded that the African-American community has been disproportionately affected by Cancer Alley as a result of Louisiana's current state and local permit system for hazardous facilities, as well as their low socio-economic status and limited political influence.[144] Another incidence of long-term environmental injustice occurred in the "West Grove" community of Miami, Florida. From 1925 to 1970, the predominately poor, African American residents of the "West Grove" endured the negative effects of exposure to carcinogenic emissions and toxic waste discharge from a large trash incinerator called Old Smokey.[145] Despite official acknowledgement as a public nuisance, the incinerator project was expanded in 1961. It was not until the surrounding, predominantly white neighborhoods began to experience the negative impacts from Old Smokey that the legal battle began to close the incinerator.
More so, many African-American residents have experienced missed or overlooked health issues that were cause by the environmental disparity of their communities. Unfortunately, many of these complications were overlooked by the healthcare industry and comprised the health of those struggling with respiratory and heart problems. The American Heart Association has compiled data analysis that shows the relationship between air pollution exposure and cardiovascular illness and death.[146]
Indigenous groups are often the victims of environmental injustices. Native Americans have suffered abuses related to uranium mining in the American West. Churchrock, New Mexico, in Navajo territory was home to the longest continuous uranium mining in any Navajo land. From 1954 until 1968, the tribe leased land to mining companies who did not obtain consent from Navajo families or report any consequences of their activities. Not only did the miners significantly deplete the limited water supply, but they also contaminated what was left of the Navajo water supply with uranium. Kerr-McGee and United Nuclear Corporation, the two largest mining companies, argued that the Federal Water Pollution Control Act did not apply to them, and maintained that Native American land is not subject to environmental protections. The courts did not force them to comply with US clean water regulations until 1980.[144]
The Inuit community in northern Quebec have faced disproportionate exposure to persistent organic pollutants (POPs) including dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs). Some of these pollutants may include pesticides used decades before in the United States.[147] PCBs bioaccumulate and biomagnify within the fatty tissues of organisms, so the traditional high-fat sea animal diet of the Inuit has posed significant health impacts to both adults and unborn infants.[147] Although the production of PCBs was banned internationally in 2001 by the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, they can exist in the environment and biosphere for decades or longer. They pose a significant risk to newborns due to intrauterine exposure and concentration within breast milk.[148]
The most common example of environmental injustice among Latinos is the exposure to pesticides faced by farmworkers. After DDT and other chlorinated hydrocarbon pesticides were banned in the United States in 1972, farmers began using more acutely toxic organophosphate pesticides such as parathion. A large portion of farmworkers in the US are working as undocumented immigrants, and as a result of their political disadvantage, are not able to protest against regular exposure to pesticides or benefit from the protections of Federal laws.[144] Exposure to chemical pesticides in the cotton industry also affects farmers in India and Uzbekistan. Banned throughout much of the rest of the world because of the potential threat to human health and the natural environment, Endosulfan is a highly toxic chemical, the safe use of which cannot be guaranteed in the many developing countries it is used in. Endosulfan, like DDT, is an organochlorine and persists in the environment long after it has killed the target pests, leaving a deadly legacy for people and wildlife.[149]
Residents of cities along the US-Mexico border are also affected. Maquiladoras are assembly plants operated by American, Japanese, and other foreign countries, located along the US-Mexico border. The maquiladoras use cheap Mexican labor to assemble imported components and raw material, and then transport finished products back to the United States. Much of the waste ends up being illegally dumped in sewers, ditches, or in the desert. Along the Lower Rio Grande Valley, maquiladoras dump their toxic wastes into the river from which 95 percent of residents obtain their drinking water. In the border cities of Brownsville, Texas, and Matamoros, Mexico, the rate of anencephaly (babies born without brains) is four times the national average.[150]
Held v. Montana was the first state constitutional law climate lawsuit to go to trial in the United States, on June 12, 2023.[151] The case was filed in March 2020 by sixteen youth residents of Montana, then aged 2 through 18,[152] who argued that the state's support of the fossil fuel industry had worsened the effects of climate change on their lives, thus denying their right to a "clean and healthful environment in Montana for present and future generations"[153]:Art. IX, § 1 as required by the Constitution of Montana.[154] On August 14, 2023, the trial court judge ruled in the youth plaintiffs' favor, though the state indicated it would appeal the decision.[155] Montana's Supreme Court heard oral arguments on July 10, 2024, its seven justices taking the case under advisement.[156]
Environmental justice struggles have been a significant feature of social and political movements in South America, where communities have faced the impacts of environmental degradation and resource extraction for decades. In particular, mining in South America has led to conflicts between mining companies, governments, and local communities over issues such as land rights, water use, and pollution. Indigenous peoples in particular have been disproportionately affected by mining, with many communities experiencing displacement, loss of traditional livelihoods, and negative health impacts from exposure to toxic chemicals and pollution. A report by Global Witness identifies South America as the most dangerous region in the world for environmental activists, with at least 98 people killed in 2019.[157]
Environmental justice movements arising from local conflicts in Argentina include
Environmental justice movements arising from local conflicts in Brazil include
Notable environmental justice movements in Ecuador have arisen from several local conflicts:
Notable environmental justice conflicts in Peru include
In late March, 2024, the Inter-American Court of Human Rights, based in Costa Rica, ruled that the government of Peru is liable for physical and mental harm to people caused by a metallurgical facility’s pollution, and ordered the government to provide free medical care and monetary compensation to victims.[162]
Many of the Environmental Justice Networks that began in the United States expanded their horizons to include many other countries and became Transnational Networks for Environmental Justice. These networks work to bring Environmental Justice to all parts of the world and protect all citizens of the world to reduce the environmental injustice happening all over the world. Listed below are some of the major Transnational Social Movement Organizations.[56]
Global Environmental Activism and Policy
Global environmental inequality is evidence that vulnerable populations are disproportionately victimized by environmental degradation as a result of global capitalism and land exploitation.[167] Yet, studies prove these groups have pioneered the need for intersection between human and environmental rights in activism and policy because of their close proximity to environmental issues.[168][167] It is important for environmental regulation to acknowledge the value of this global grassroots movement, led by indigenous women and women of the global south, in determining how institutions such as the United Nations can best deliver environmental justice.[169][170][171] In recent years, the United Nations' approach to issues concerning environmental health has begun to acknowledge the native practices of indigenous women and advocacy of women in vulnerable positions.[167][168][172] Further research by the science community and analysis of environmental issues through a gendered lens are essential next steps for the UN and other governing bodies to curate policy that meets the needs of the women activists leading the environmental justice movement.[173][174][169]
Over recent years social scientists have begun to view outer space in an environmental conceptual framework.[175] Klinger, an environmental geographer, analyses the environmental features of outer space from the perspective of several schools of geopolitical.[176] From a classical geopolitical approach, for instance, people's exploration of the outer space domain is, in fact, a manifestation of competing and conflicting interests between states, i.e., outer space is an asset used to strengthen and consolidate geopolitical power and has strategic value.[177] From the perspective of environmental geopolitics, the issue of sustainable development has become a consensus politics.[178] Countries thus cede power to international agreements and supranational organizations to manage global environmental issues.[179] Such co-produced practices are followed in the human use of outer space, which means that only powerful nations are capable of reacting to protect the interests of underprivileged countries, so far from there being perfect environmental justice in environmental geopolitics.[180]
Human interaction with outer space is environmentally based since a measurable environmental footprint will be left when modifying the Earth's environment (e.g., local environmental changes from launch sites) to access outer space, developing space-based technologies to study the Earth's environment, exploring space with spacecraft in orbit or by landing on the Moon, etc.[176] Different stakeholders have competing territorial agendas for this vast space; thus, the ownership of these footprints is governed by geopolitical power and relations, which means that human involvement with outer space falls into the field of environmental justice.[176]
On Earth, the environmental geopolitics of outer space is directly linked to issues of environmental justice - the launch of spacecraft and the impact of their launch processes on the surrounding environment, and the impact of space-based related technologies and facilities on the development process of human society.[176] As both processes require the support of industry, infrastructure, and networks of information and take place in specific locations, this leads to continuous interaction with local territorial governance.[181]
Rockets are generally launched in areas where conventional and potentially catastrophic blast damage can be controlled, generally in an open and unoccupied territory.[182] Despite the absence of human life and habitation, other forms of life exist in these open territories, maintaining the local ecological balance and material cycles.[182] Toxic particulate matter from rocket launches can cause localized acid rain, plant and animal mortality, reduced food production, and other hazards.[183]
Moreover, space activities result in environmental injustice on a global scale. Spacecraft are the only contributors to direct human-derived pollution in the stratosphere, which comes mostly from the launch activities of rich economies in the northern hemisphere, while the global north bears more of the environmental consequences.[184][185]
Environmental injustice is further evidenced by the limited research into the effects on downstream human and non-human communities and the inadequate tracking of pollutants in ecological chains and environments.[186]
While space-based technologies have been applied to tracking natural disasters and the spread of pollutants,[187] access to these technologies and the monitoring of data is deeply uneven within and between countries, exacerbating environmental injustice. Further, the use of technology by powerful countries can even lead to the creation of policies and institutions in less privileged nations, changing land-use regimes to favor or disadvantage the survival of certain human groups. For example, in the decades following the publication of the first report on the use of satellite imagery to measure rainforest deforestation in the 1980s, several environmental groups rose to prominence and also influenced changes in domestic policy in Brazil.[188]
In Sweden, feminists prepare jam from berries sprayed with herbicides and offer a taste to members of parliament: they refuse.
