La Defensoría del Pueblo del Perú es un organismo constitucional autónomo creado durante la presidencia de Alberto Fujimori que fue adicionado a la Constitución del Perú de 1993. Tiene su sede en la ciudad de Lima, capital del Perú, y cuenta con representación en todo el territorio peruano.
Según el Capítulo XI de la Constitución peruana vigente establece que la función de la Defensoría del Pueblo del Perú y su organización son proteger los derechos y libertades constitucionales de la persona y de la comunidad; vigilar el cumplimiento de las funciones de la administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población.
El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien la dirige y representa. Es elegido por el Congreso de la República para un periodo de cinco años. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica , goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere.
El Defensor del Pueblo busca la solución de problemas concretos antes de acusar a nadie. No es juez ni fiscal, por lo que no dicta sentencias ni ordena detenciones. Su poder reside en la persuasión, en las propuestas de modificación de conducta que formula en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de protección preventiva, en la mediación que asume para encontrar soluciones y en su capacidad de denuncia pública en casos extremos.
El primer Defensor del Pueblo peruano fue Jorge Santistevan de Noriega, seguido por Walter Albán, Beatriz Merino y Eduardo Vega. El Defensor del Pueblo en 2021 fue Walter Gutiérrez Camacho [1] y en 2022 la Defensora del Pueblo en funciones fue Eliana Revollar. [2]
En 2023, los fujimoristas en el Congreso, Acción Popular y Perú Libre se aliaron para nombrar al ex abogado de Vladimir Cerrón , Josué Gutiérrez Cóndor, como defensor del pueblo. [3] Según IDL-Reporteros , esta alianza para nombrar a Gutiérrez Cóndor, quien carecía de experiencia previa relacionada con el cargo, se produjo durante un impulso de los fujimoristas para establecer aliados dentro de las instituciones del Perú y evitar investigaciones de abusos por parte del gobierno. [3]
La Defensoría del Pueblo protege los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisa el cumplimiento de las funciones de la administración del país y la prestación de los servicios públicos a la población.
Por ello, la Defensoría del Pueblo del Perú es un actor fundamental del país que actúa, con autonomía, en nombre del bien común y en defensa de los derechos ciudadanos. Por ello, su mandato se ejerce con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca mediante una oposición arbitraria o injustificada.
El Defensor del Pueblo no puede acusar ni denunciar al Estado en su búsqueda de soluciones.