La Constitución de la República del Chad ( en francés : Constitution de la République du Tchad ) es la ley suprema del Chad . [1] La séptima constitución del Chad, [2] fue adoptada en 1996, seis años después de que el presidente Idriss Déby llegara al poder tras una rebelión exitosa contra el presidente Hissène Habré . Este documento formal establece el marco del Estado y el gobierno chadianos y enumera los derechos y libertades de sus ciudadanos. En su forma actual, el contenido de la Constitución incluye un preámbulo , 16 partes y 225 artículos. [1]
La Constitución, compuesta originalmente por 239 artículos y 15 partes, [3] fue modificada en 2005 por primera vez desde 1996. En las enmiendas aprobadas por el pueblo chadiano en medio de acusaciones de fraude, se eliminaron los límites de mandato para la presidencia, una enmienda que causó un profundo rechazo entre la oposición y sectores del establishment. Fue reemplazada por un nuevo texto en 2018.
Antes de que se aprobara la actual Constitución en 1996, Chad ya había estado sujeto entre 1959 y 1990 a ocho constituciones. La primera Constitución fue aprobada el 31 de marzo de 1959, cuando el país todavía era una colonia francesa . La constitución originó un sistema parlamentario , con poderes ejecutivos ejercidos por un mandato de cinco años por un Primer Ministro , sujeto a la confirmación de la Asamblea Nacional . Esta constitución fue reemplazada anticipadamente el 28 de noviembre de 1960, cuando el país acababa de alcanzar la independencia, por una nueva que introdujo un sistema semipresidencial. El presidente François Tombalbaye reemplazó esa constitución el 16 de abril de 1962, por una tercera constitución que preveía un sistema plenamente presidencial . Según esta constitución, el presidente era elegido por un mandato de siete años por un colegio electoral restringido, compuesto por diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes, concejales y jefes municipales. La nueva Constitución también abrió el camino hacia el sistema de partido único al restringir la elección de los diputados a una lista electoral única. El paso al régimen de partido único se oficializó posteriormente mediante la ley constitucional del 29 de diciembre de 1965, que modificó la Constitución de 1962. Finalmente, Tombalbaye optó por una nueva Constitución en noviembre de 1973, en la ola de la revolución cultural y la desaparición del Partido Progresista Chadiano en favor del Movimiento Nacional para la Revolución Cultural y Social , de modo que el nuevo texto constitucional consagrara la ideología del régimen. [4]
Tras la caída de Tombalbaye en 1975 y el acuerdo entre el presidente Félix Malloum y el líder insurgente Hissène Habré en 1978, el 29 de agosto de 1978 se redactó una nueva constitución para crear un gobierno de coalición, en el que el poder ejecutivo estaría compartido entre el presidente y el primer ministro. Como parte del acuerdo de coalición se creó un Consejo Nacional representativo de todas las prefecturas, así como un Consejo de Defensa y Seguridad en el que los partidarios de Malloum y de Habré tenían una representación igualitaria. [4]
Otro texto constitucional que siguió fue la efímera Declaración de Yamena , un documento provisional originado el 8 de mayo de 1982, después de largas negociaciones entre las facciones que componían el Gobierno de Transición de Unidad Nacional . La declaración preveía un presidente ejecutivo, Goukouni Oueddei , y un órgano de formulación de políticas de 15 hombres en el que todas las facciones debían estar representadas por ley. Los miembros del consejo no podían presentarse como candidatos al gabinete, que dependía de Goukouni y estaba encabezado por el primer ministro Djidingar Dono Ngardoum . [4] Después de menos de un mes, la declaración ya estaba obsoleta, cuando las fuerzas de Habré conquistaron la capital el 7 de junio. [5] Una vez llegado al poder, Habré diseñó el 29 de septiembre una constitución en línea con sus necesidades y las de su facción, las Fuerzas Armadas del Norte (FAN). La Constitución preveía un Presidente poderoso que fuera a la vez jefe de Estado y de Gobierno, designado en su lugar por el buró político de la FAN. En caso de alta traición, el Presidente debía rendir cuentas de sus actos ante un tribunal superior creado ad hoc por la FAN. También se había previsto un Consejo Consultivo Nacional compuesto por 30 miembros, cuyos integrantes provendrían de todas las prefecturas del Chad y serían nombrados y destituidos por el Presidente. [4]
Tras la victoria de Habré sobre Libia en la Guerra Toyota , Francia ejerció una considerable presión sobre Chad para que iniciara un proceso de democratización y avanzara hacia la reconciliación nacional. Como respuesta a estas presiones, el gobierno de Habré elaboró en junio de 1989 un proyecto de constitución que debía establecer un presidente fuerte elegido por un período de siete años y restablecer la Asamblea Nacional, siempre en el marco de un sistema de partido único. Con una participación oficial pero improbable del 99,4%, un referéndum popular sancionó la aprobación de la constitución con un 92% de votos a favor. Un referéndum de este tipo difícilmente podría legitimar el régimen y daba pocas esperanzas de avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional. [6]
El 2 de diciembre de 1990, al día siguiente de su ascenso al poder, Idriss Déby suspendió la Constitución de 1989. [7] Esta fue reemplazada el 1 de marzo de 1991 por una carta nacional transitoria, adoptada el 28 de febrero por el Consejo de Salvación Nacional, que se anunció que sería reemplazada en 30 meses por una nueva constitución elaborada por una Conferencia Nacional Soberana. [8] La Carta, si bien otorgaba poderes vastos, si no exorbitantes, a la presidencia, [9] aseguraba libertades y derechos fundamentales, incluidas la libertad de opinión y de asociación, la libertad de prensa, la libre circulación de personas y bienes, el derecho a la propiedad y las libertades individuales y colectivas en el marco de una democracia pluralista. [10] La Carta también prohibía a los magistrados, militares y servicios de seguridad ser miembros de cualquier partido. La Carta también intentó evitar el retorno del caudillismo y la política sectaria, que habían plagado el Chad durante mucho tiempo: el artículo 5 exigía a los partidos "evitar la intolerancia, el tribalismo, el regionalismo, la discriminación religiosa y la xenofobia y la incitación al odio, así como el recurso a la violencia en todas sus formas", mientras que el artículo 6 prohibía a los partidos "crear organizaciones militares o paramilitares; reconstituir en partidos políticos los antiguos órganos político-militares". Para debilitar el tribalismo, también se añadió que para registrarse, los partidos necesitarían al menos tres miembros elegidos de cada una de las diez prefecturas . A pesar de esto, la Carta fue vista ampliamente como un intento de un gobierno comprometido sólo a regañadientes con la democracia de mantener estrictamente el control de cada parte del proceso de democratización. [11]
En diciembre de 1991, con considerable retraso y debido a los graves desafíos armados al régimen de Déby y a la presión francesa, [9] se creó una comisión de 79 miembros para preparar el terreno para la conferencia que, prevista originalmente para mayo de 1992, se pospuso en esa ocasión. Tras un mes de debates, la comisión articuló un plan para la conferencia y su composición. [12] En noviembre de 1992 se creó otra comisión, conocida como la Comisión Tripartita, compuesta por representantes de los partidos políticos, el gobierno y la sociedad civil, bajo la presidencia del Ministro del Interior. La Comisión nombró a los 830 delegados que estarían representados en la CNS de un sector representativo de la sociedad chadiana. La conferencia, que se inauguró el 15 de enero de 1993, obtuvo poderes soberanos y se le encargó preparar un proyecto de constitución en un mes. [13]
La conferencia nacional, que permaneció en el poder hasta el 6 de abril [14] , eligió en su lugar un Consejo Superior de Transición (CST), un parlamento de transición de 57 miembros y un gobierno de transición, ambos concebidos para permanecer en el poder durante un año, es decir, hasta el 6 de abril de 1994, período en el que se celebrarían elecciones y se aprobaría una constitución definitiva. Mientras tanto, la conferencia adoptó la Carta Nacional como constitución provisional. Como se había logrado poco durante el primer año de transición, el CST extendió el período hasta el 9 de abril de 1995 [15]. Este período fue ampliado nuevamente por el CST el 31 de marzo de 1995, y la fecha para la aprobación por referéndum de la constitución se fijó para el 31 de marzo de 1996 [16].
Finalmente, después de más de tres años de transición, el referéndum se celebró como estaba previsto en 1996 , proponiendo un proyecto inspirado en la constitución francesa , promoviendo un estado presidencial y unitario. [17] [18] El proyecto propuesto, concebido principalmente entre el séquito presidencial y los aliados franceses de Déby, [9] fue aprobado por el 61,4% de los votantes, pero encontró una fuerte oposición en el sur de Chad: en cuatro prefecturas la constitución fue rechazada con más del 80% de los votos, lo que confirma la existencia de profundas divisiones en Chad entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista. [19] Entre las motivaciones aducidas por los partidarios del "No" estaban que no creaba un poder judicial independiente, que concentraba demasiado poder en la presidencia y que establecía el árabe como lengua oficial. [13]
La Constitución comienza con un preámbulo que critica severamente el pasado chadiano, argumentando que "años de dictadura y de régimen de partido único han impedido el florecimiento de cualquier cultura democrática y de la política multipartidista", y han favorecido la difusión del " tribalismo " y las violaciones de los derechos humanos , generando así "guerra, violencia política, odio, intolerancia y sospecha entre las diferentes comunidades que componen la nación chadiana". [20] Para poner fin a la "crisis institucional y política que ha sacudido al Chad durante más de tres décadas", el preámbulo afirma que el pueblo chadiano se compromete a "construir un Estado de derecho y una nación unida fundada en las libertades públicas y los derechos humanos fundamentales, la dignidad de la persona humana y el pluralismo político, sobre los valores africanos de solidaridad y fraternidad", y también a tratar de alcanzar el objetivo de la unidad africana . En el preámbulo se prevé el derecho de revolución : los individuos no sólo tienen el derecho, sino también el deber de oponerse a "cualquier órgano estatal que asuma el poder por la fuerza o lo ejerza en violación de la presente Constitución". [3]
La constitución también promete respetar los derechos humanos, definiéndolos por su respaldo a la Carta de las Naciones Unidas , la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Declaración Universal de Derechos Humanos . [3] El respaldo constitucional a la Declaración Universal de Derechos Humanos es un aspecto que Chad tiene en común con muchas constituciones nacionales: entre los países africanos, está respaldado por Benin , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Cabo Verde , Comoras , Congo-Brazzaville , Costa de Marfil , Guinea Ecuatorial , Etiopía , Gabón , Guinea , Guinea-Bissau , Malí , Mauritania , Níger , Ruanda , Senegal y Tanzania . [21] Un problema está representado por la implementación de las normas de derechos humanos, ya que existe un vacío legal debido a la falta de las disposiciones necesarias en el Código Penal, que debe modificarse para que la legislación nacional se ajuste a los instrumentos internacionales de derechos humanos. [22]
La primera sección de la Constitución aborda en 11 artículos los temas relativos al Estado y a la soberanía. El primer artículo establece que "el Chad es una República laica", añadiendo que "se afirma la separación entre el Estado y la religión", mientras que en el segundo se afirma que el país está organizado en "las colectividades territoriales descentralizadas, cuya autonomía está garantizada por la Constitución". La soberanía está en manos del pueblo, que la expresa ya sea mediante referéndum o mediante la elección de representantes por sufragio universal. El francés y el árabe son designados como idiomas oficiales. Yamena es nombrada capital nacional. La Constitución también define el lema nacional, la bandera y el himno . [3]
La segunda parte (12-58 artículos) enumera los derechos y deberes de los ciudadanos chadianos. Hombres y mujeres son iguales ante la ley (artículo 13), y el Estado "tiene el deber de velar por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de asegurar la protección de sus derechos en todos los ámbitos de la vida privada y pública" (artículo 14). En los demás artículos se afirma que "la persona humana es sagrada e inviolable" (artículo 17), y que se prohíben la tortura, la esclavitud, la detención y el encarcelamiento arbitrarios y la responsabilidad penal colectiva. Entre los derechos de los chadianos figuran los de opinión, circulación, prensa, huelga, trabajo, educación, cultura y a un medio ambiente sano. "La propiedad privada es inviolable y sagrada" (artículo 41), al igual que el domicilio, y "la ley garantiza el secreto de la correspondencia". El Estado y las colectividades territoriales descentralizadas se comprometen a proteger el medio ambiente (artículo 48). [3]
Entre los deberes de los ciudadanos, además del respeto a la Constitución, figuran “la defensa de la patria” mediante el servicio militar obligatorio (artículo 51), el respeto del medio ambiente y la participación en los gastos públicos. Entre los deberes del Estado figuran, en cambio, el respeto a la neutralidad del gobierno y de las fuerzas armadas, así como el ejercicio de su “soberanía completa y permanente sobre todas las riquezas nacionales y los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad nacional” (artículo 57). [3]
La tercera sección de la Constitución trata del poder ejecutivo (artículos 59 a 105), que es ejercido por el Presidente y el Gobierno . El Presidente, que es el Jefe del Estado y comandante de las fuerzas armadas , es elegido por voto popular por cinco años y puede ser reelegido una sola vez. Debe ser chadiano de nacimiento y ser "de alta moralidad". El Consejo Constitucional es el encargado de vigilar la regularidad de las elecciones . En caso de vacante o de destitución por parte del Tribunal Supremo , los poderes presidenciales son ejercidos por el Presidente del Senado . El Presidente nombra y reemplaza al Primer Ministro y, por recomendación de este, a todos los ministros. El Presidente asiste y preside las reuniones del gabinete. El Presidente puede oponerse a las deliberaciones de la Asamblea Nacional, devolviendo a la Asamblea una ley ya aprobada, pero si es nuevamente aprobada, debe aceptarla. El presidente puede nombrar embajadores, nombrar personal civil y militar, disolver la Asamblea Nacional y declarar el estado de emergencia por 15 días, prorrogable con el consentimiento de la Asamblea Nacional. [3]
El Gobierno está encabezado por el Primer Ministro, cuya misión es coordinar el gobierno y asegurar la administración del país. Tras su designación por el Presidente, debe presentarse ante el Parlamento para aprobar una moción de confianza . Puede sustituir al Presidente en el Consejo de Ministros, pero sólo en el marco de su mandato anterior. Sus actos, en los ámbitos específicos, deben ser firmados también por el ministro correspondiente. [3]
La cuarta parte trata en detalle el poder legislativo desde el artículo 106 hasta el artículo 124. El poder legislativo está en manos de la Asamblea Nacional y del Senado; mientras que los representantes de la Asamblea Nacional son elegidos directamente por sufragio universal , los del Senado representan a las Colectividades Territoriales Descentralizadas y son elegidos indirectamente por un colegio compuesto por consejeros regionales, departamentales y municipales. Mientras que los primeros son elegidos por cuatro años, los segundos lo son por seis. Los diputados y senadores gozan de inmunidad parlamentaria frente a la persecución judicial, salvo cuando el parlamentario es sorprendido en flagrancia. Un parlamentario puede ser perseguido legalmente e incluso detenido por decisión de su cámara del Parlamento. [3]
La quinta parte (125 – 145 artículos) trata de las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo. Se afirma que, si bien la elaboración de leyes compete al Parlamento, al igual que la declaración de guerra, la proclamación del estado de excepción corresponde al Presidente, y el Gobierno puede obtener del Parlamento la autorización para promulgar ordenanzas en los ámbitos que generalmente competen al cuerpo legislativo. La iniciativa legislativa compete tanto al Gobierno como a los miembros del Parlamento. Siempre que surja un conflicto entre los órganos ejecutivo y legislativo sobre la conformidad de una enmienda propuesta con la ley en discusión, corresponde al Consejo Constitucional decidir por uno u otro lado. [3]
Esta sección toma en cuenta el tercer poder del Estado, el judicial (artículos 146 – 163). Se afirma su autonomía respecto del legislativo y del ejecutivo, y es ejercida por la Corte Suprema , las Cortes de Apelaciones, los tribunales y los Jueces de Paz . La máxima jurisdicción es la Corte Suprema, compuesta por 16 miembros. De ellos, el Presidente nombra al Presidente del tribunal y a 6 jueces, 5 por el Presidente de la Asamblea Nacional y los 4 restantes por el Presidente del Senado. La independencia del Poder Judicial está garantizada por el Presidente con la ayuda del Consejo Superior de la Magistratura, que preside el Presidente. El Consejo Superior propone las nominaciones y ascensos al Presidente, a quien le corresponde colocarlos y removerlos. [3]
También se deja un espacio al derecho consuetudinario y tradicional : puede aplicarse en los lugares donde está reconocido y en la medida en que no interfiera con el orden público o las garantías constitucionales de igualdad para todos los ciudadanos. Asimismo, las normas tradicionales que dictan regímenes matrimoniales y sucesorios sólo pueden aplicarse con el consentimiento de las partes interesadas, o en su defecto se aplica el derecho nacional. [3] Esta referencia constitucional explícita a la costumbre es una peculiaridad del Chad en el África francófona, ya que los demás países francófonos parecen negar la existencia de la costumbre. [23]
La séptima parte (artículos 164 a 175) se ocupa del Consejo Constitucional , integrado por 9 miembros que ejercen un mandato de 9 años cada uno, de los cuales un tercio son elegidos por el Presidente del Chad, otro tercio por el Presidente de la Asamblea Nacional y el tercio restante por el Presidente del Senado. Su misión es determinar si las leyes y los tratados son o no conformes con la Constitución y supervisar la regularidad de los referendos y las elecciones legislativas y presidenciales. También interviene para resolver los conflictos entre las instituciones del Estado. [3]
La octava parte (artículos 176-182) también se ocupa del poder judicial, esta vez a cargo de la Alta Corte de Justicia , integrada por 15 miembros, de los cuales 10 son parlamentarios y 5 magistrados del Consejo Constitucional y de la Corte Suprema. Es la única jurisdicción que puede juzgar al Presidente y a sus Ministros en casos de alta traición (que incluye en su definición las violaciones de los derechos humanos, la malversación de fondos, la corrupción, la extorsión y el tráfico de drogas), el único delito por el cual un Presidente puede ser juzgado mientras está en funciones. Para ser llevado ante el tribunal, el Presidente debe ser previamente destituido por el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras del Parlamento. [3]
La novena parte (artículos 183 a 187) trata de la creación de un Consejo Superior de la Comunicación, compuesto por nueve miembros elegidos por el Presidente (artículo 184). El consejo tiene como misión velar por el respeto de las normas deontológicas en materia de información y comunicación, garantizar la libertad de prensa y asegurar a los partidos políticos un acceso igualitario a los medios de comunicación públicos (artículo 186). [3]
La décima parte (artículos 188 a 202) se refiere a la seguridad interior y la defensa nacional, que están garantizadas por las fuerzas armadas y de seguridad (artículo 188). Estas fuerzas son el Ejército Nacional del Chad (ANT), la Gendarmería, la Policía Nacional y la Guardia Nómada y Nacional (GNNT). El ANT y la Gendarmería se emplean en la defensa nacional, mientras que la GNNT, la Policía y la Genarmería garantizan el orden público. Las fuerzas armadas y de seguridad están subordinadas al poder civil y deben respetar la legalidad republicana (artículo 190). [3]
La sección undécima (artículos 203 a 213) se refiere a las colectividades territoriales descentralizadas, representadas por las regiones , los departamentos , las comunas y las comunidades rurales del Chad (artículo 203). Las colectividades territoriales descentralizadas tienen autonomía económica y financiera y son dirigidas por asambleas locales elegidas; entre sus funciones figuran la administración del territorio, el mantenimiento del orden público y el desarrollo cultural, sanitario y económico, así como la protección del medio ambiente. [3]
La sección duodécima (artículos 214 – 217) se ocupa de las autoridades tradicionales y consuetudinarias, que son consideradas como garantes de las tradiciones y costumbres, y son colaboradoras de las administraciones locales. [3]
Los argumentos tratados aquí se refieren a la cooperación, los tratados y los acuerdos internacionales (artículos 218 – 222). Al Presidente le corresponde negociar y ratificar los tratados, pero el Parlamento debe dar su aprobación a la ratificación de los tratados de paz, los tratados comerciales y los que se refieren al bienestar de las personas. [3]
Esta sección se ocupa de la revisión de la Constitución (artículos 223 a 226). Compete al Presidente conjuntamente con el Consejo de Ministros y el Parlamento. Para que una enmienda sea tomada en consideración, debe ser aprobada por ambas cámaras del Parlamento por una mayoría de 2/3 de sus miembros. Después de la votación del Parlamento, debe realizarse un referéndum para que la revisión sea válida. Hay partes de la Constitución que no pueden ser revisadas: éstas se refieren a la forma republicana del Estado, al pluralismo político, a los derechos humanos fundamentales y a la división entre el Estado y la religión. [3]
En el último capítulo se tratan las disposiciones transitorias (artículos 227 – 235). Éstas prevén que la Constitución deberá ser aprobada por referéndum; que el actual Presidente, Idriss Déby , permanecerá en el cargo hasta nuevas elecciones; y que el Consejo Superior de Transición seguirá siendo mientras tanto el órgano legislativo del país. También se añade que antes de que el Senado entre en funcionamiento, sus poderes estarán en manos de la Asamblea Nacional. En cuanto a los órganos judiciales superiores se establece que, antes de su creación, sus funciones serán ejercidas por el Tribunal de Apelaciones de Yamena . [3]
En noviembre de 2003, durante el congreso del gobernante Movimiento de Salvación Patriótica (MPS), los militantes del partido expresaron por primera vez la idea de revisar la Constitución. La propuesta fue rápidamente respaldada por la Asamblea Nacional controlada por el MPS, que creó una comisión parlamentaria que concluyó que "después de ocho años desde su creación para corregir los defectos de la Constitución, la corrección de la misma se ha vuelto inevitable e indispensable", proponiendo ocho artículos para la revisión constitucional. Estas enmiendas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 26 de mayo de 2004, con 123 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra. Debido a su aplastante mayoría en la cámara, el MPS no tuvo dificultades para obtener la mayoría necesaria de dos tercios, mientras que los diputados de la oposición abandonaron la sesión en señal de protesta. [24]
Las enmiendas reemplazaron al Senado por un Consejo Económico, Social y Cultural designado por el presidente, e hicieron de las revisiones constitucionales una prerrogativa presidencial, [25] pero el punto más controvertido resulta de la enmienda del artículo 61, que establecía que el presidente puede ser reelegido en el cargo sólo una vez. Esto descartó la posibilidad de que el presidente Idriss Déby pudiera presentarse a la reelección en las elecciones presidenciales de 2006 , pues ya había sido reelegido en 2001. Tras la enmienda, se eliminó el límite de dos mandatos, lo que despertó temores de que Déby estuviera buscando extender su mandato indefinidamente. La oposición provino tanto de los partidos más pequeños, que se unieron en la Coordinación de Partidos Políticos de la Defensa de la Constitución (CPDC), como de segmentos importantes del MPS y del grupo étnico de Déby, los zaghawa . [26] La reforma de la constitución también fue duramente criticada por la opinión internacional y se pusieron en duda el futuro del proceso de democratización, en lo que se vio como una "restauración autoritaria". [27]
Según lo sancionado por el artículo 224, las modificaciones constitucionales debían ser sometidas a referéndum. Originalmente previsto para finales de 2004, el referéndum se celebró finalmente en junio de 2005. En medio de acusaciones de irregularidades generalizadas en el proceso de registro de votantes y de represión gubernamental a los medios de comunicación independientes durante la campaña del referéndum, el referéndum fue aprobado con un 71% de votos a favor, un resultado que la oposición afirmó que estaba fijado de antemano. La oposición legal se presentó dividida en el referéndum, con algunos partidos haciendo campaña por el voto en contra y otros por el boicot. [25] [26]