El Código de prácticas sobre cámaras de vigilancia es un código de prácticas dedicado al funcionamiento de los sistemas de CCTV en el Reino Unido, en particular en Inglaterra y Gales. Se introdujo en virtud del artículo 30 (1) (a) de la Ley de protección de las libertades de 2012. Este código de prácticas se estableció en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el posible abuso o uso indebido de las tecnologías de vigilancia por parte de organismos gubernamentales, como las autoridades locales y las fuerzas policiales, en particular en espacios públicos. [1]
La necesidad de un código de este tipo surgió debido a los temores que suscitaba la expansión sin control de las capacidades de vigilancia por parte de las entidades estatales y las posibles consecuencias para las libertades civiles y los derechos a la privacidad. En Inglaterra y Gales, el Ministerio del Interior tomó medidas para abordar estas preocupaciones mediante la introducción del código, que hace hincapié en el uso responsable y transparente de las cámaras de vigilancia. [1]
El código no sólo se aplica a los organismos públicos, sino que también fomenta el cumplimiento por parte de los operadores privados de sistemas de vigilancia . Establece directrices claras para el uso, acceso, conservación y seguridad de los datos recopilados mediante cámaras de vigilancia. Además, aboga por el cumplimiento de normas operativas, técnicas y de competencia para garantizar el uso lícito y ético de las tecnologías de vigilancia.
Bajo los auspicios de la Ley de Protección de las Libertades de 2012, se creó el cargo de Comisionado de Cámaras de Vigilancia para supervisar la implementación del código. El comisionado, actualmente Andrew Rennison, tiene la tarea de promover el cumplimiento, evaluar la eficacia del código y recomendar las modificaciones necesarias.
El código establece que las cámaras de vigilancia deben emplearse únicamente para fines específicos y legítimos, y únicamente cuando exista una necesidad imperiosa de hacerlo. Además, hace hincapié en la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de privacidad de las personas.
Si bien los defensores del código sostienen que representa un paso significativo para garantizar el uso responsable de las tecnologías de vigilancia, los críticos, como el grupo activista Big Brother Watch, sostienen que no es suficiente para salvaguardar los derechos de privacidad individual. [1] Abogan por una aplicabilidad más amplia del código, mecanismos de aplicación más estrictos y una mayor rendición de cuentas por las infracciones.