Buchan and Ivey v Secretary of State for Trade and Industry [1997] IRLR 80 es un caso de derecho laboral y de insolvencia del Reino Unido relativo a la protección de los salarios de los empleados en caso de insolvencia de su empleador.
Dos directores poseían acciones de la empresa y presentaron una demanda contra el Fondo Nacional de Seguros por despido obligatorio en virtud de la Ley de Protección del Empleo (Consolidación) de 1978 (actualmente la Ley de Derechos Laborales de 1996, artículo 160). El Tribunal Laboral sostuvo que, como los directores podían bloquear las decisiones del directorio, incluidas las decisiones sobre su despido, no eran empleados.
El Juez Mummery del Tribunal de Apelaciones Laborales sostuvo que el propósito de la legislación no es ayudar a las personas cuyos negocios fracasaron. Por lo tanto, confirmó la opinión del tribunal de que los directores no podían reclamar el reembolso del Seguro Nacional.
Si el demandante puede, en virtud de un interés beneficioso en las acciones de la empresa, impedir su despido de su puesto en la empresa, se encuentra fuera de la clase de personas que se pretende proteger con las disposiciones de la Ley de 1978 y no es un empleado en el sentido de dicha Ley... Un accionista mayoritario puede impedir que la empresa lo despida de su puesto. Sería incompatible con los fines de la Ley de 1978 ampliar la protección a una persona que no puede ser despedida de su puesto en una empresa sin su consentimiento. Este resultado se ajusta tanto al sentido común como a las realidades industriales o comerciales de la situación... La decisión no significa que siempre habrá un contrato de servicio en tales circunstancias. Todo depende del contexto. Se trataba de un caso de reclamación de indemnización. El propósito de los acuerdos de seguro que cubrían a los empleados de la empresa era proporcionar una indemnización a una persona a cargo, como una viuda, en caso de accidente de un empleado. Ese propósito se vería frustrado si se determinara que el Sr. Lee no era un trabajador con contrato de servicio. La obligación de pagar una indemnización no podía evitarse mediante un ataque a la validez de las relaciones contractuales entre el Sr. Lee y la empresa (que no se sugirió que fueran una farsa). Su posición como accionista mayoritario no hacía imposible en esas circunstancias que su esposa cumpliera las condiciones para el pago de la indemnización en virtud del acuerdo de seguro.