El allanamiento de La Vega fue una redada policial que ocurrió el 8 de enero de 2021 en la parroquia La Vega , Caracas , Venezuela . El objetivo de la redada era tomar el control de la parroquia La Vega, la cual era controlada por una organización criminal , liderada por Leonardo José Polanco Angulo; él era un capo de la droga , conocido como "El Loco Leo". Miembros de la Policía Nacional de Venezuela (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional de Venezuela tomaron el control de la parroquia, asesinando a varias personas del barrio. Según periodistas de investigación y organizaciones de derechos humanos, el número de muertos fue de 23 personas. Hasta el 11 de enero, ningún miembro de la administración de Nicolás Maduro se había pronunciado sobre los hechos ni había anunciado una cifra de muertos.
En junio de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , Michelle Bachelet , documentó decenas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela e incluyó entre las recomendaciones de su informe la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la apertura de una investigación independiente sobre sus acciones. Pocos días después de la publicación del informe, Nicolás Maduro apareció públicamente con agentes de las FAES, elogiándolos. Aunque el gobierno de Maduro alegó que el informe estaba plagado de "falsedades", ha trabajado en conjunto con la Oficina de Bachelet. En una actualización de septiembre de 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet volvió a destacar las acciones de las FAES e informó que, según el Ministerio Público, setenta agentes de las FAES habían sido imputados en varios estados. [1]
Una misión de investigación de las Naciones Unidas , que afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro había cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad , pidió en 2020 la disolución de las FAES debido a su papel en ejecuciones extrajudiciales. [2]
En enero de 2021, información policial determinó que integrantes de una mafia que opera en la Cota 905 de Caracas y la organización criminal de El Loco Leo en la parroquia El Valle libraban una guerra contra la policía. [3]
En la mañana del 8 de enero, comisiones de la Policía Nacional de Venezuela (PNB), de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Guardia Nacional de Venezuela tomaron el control de la parroquia La Vega en Caracas . [4] [5] La policía llegó con agentes en motocicletas, vehículos blindados y una tanqueta ligera. Según fuentes policiales, todos los fallecidos tenían antecedentes penales o estaban en los registros policiales, pero familiares aseguraron que muchos fueron detenidos tras allanar sus casas y que luego fueron ejecutados. Testigos declararon que muchas de las víctimas que fueron identificadas en la morgue de Bello Monte de Caracas estaban con vida al momento de la detención. [6] No parecía haber ninguna muerte policial por los enfrentamientos. [2]
Hasta el 11 de enero, el gobierno de Maduro no había hecho ninguna declaración sobre los hechos ni anunciado un número de muertos. [3] El fiscal general Tarek William Saab y el ministro del Interior no respondieron a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo . [1] Ni el Ministerio de Información de Venezuela ni la fiscalía general respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters . [2]
La ONG Monitor de Víctimas registró extraoficialmente 24 muertes e identificó a 10 personas, tres de ellas menores de edad; [4] según un informe de Runrunes , “no podrían tener funerales y serían llevados directamente al cementerio”. El medio también informó que “varios de los entierros serían pagados por el Estado”. [7] [8] El ex fiscal y director del Ministerio Público , Zair Mundaray, declaró que los cuerpos de los fallecidos tenían un “patrón balístico que indica ejecuciones extrajudiciales ”. [9]
La organización de derechos humanos PROVEA , declaró que al menos 23 personas murieron durante el operativo, calificó los hechos como una "masacre" y pidió al Defensor del Pueblo , Alfredo Ruiz, ofrecer explicaciones sobre los hechos y presentar una denuncia. [10] [11] Marino Alvarado, coordinador de investigación de las organizaciones, declaró que los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar la detención de personas para luego ser ejecutadas. [3] Alvarado cuestionó que el operativo policial no dejara heridos entre los agentes de seguridad ni entre las víctimas, [ aclaración necesaria ] [4] declaró que el operativo policial fue "el más sangriento realizado en el país" desde que iniciaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015 y que podría interpretarse como un intento del gobierno de tomar el control de la zona para apaciguar las protestas sociales, comparando el operativo con las OLP realizadas en la Cota 905, que resultaron en 17 muertos, y una realizada en el estado Aragua en 2016, que resultó en 16 muertos. [12]