En el derecho constitucional canadiense , el principio de diálogo es un enfoque para la interpretación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades donde se dice que la revisión judicial de la legislación es parte de un "diálogo" entre las legislaturas y los tribunales. Específicamente implica que los gobiernos redacten legislación en respuesta a fallos judiciales y que los tribunales reconozcan el esfuerzo si la nueva legislación es cuestionada.
Este enfoque fue introducido por los constitucionalistas Peter Hogg y Allison Bushell, y ha tenido aceptación en gran parte del mundo académico y en los tribunales. Sin embargo, sigue siendo un principio controvertido ya que intenta justificar lo que muchos críticos ven como activismo judicial en los tribunales.